La Alcaldía de Bogotá proyecta ahorrar al menos 40.000 millones de pesos anuales mediante una reforma administrativa que contempla fusionar y suprimir varias entidades distritales, trasladar sus funciones a diferentes secretarías y reducir cargos directivos y asesores.Así lo explicó en entrevista con Blu Radio Miguel Silva Moyano, secretario general de la Alcaldía de Bogotá, quien aseguró que la iniciativa es resultado de una revisión de la estructura administrativa del Distrito que se ha adelantado durante varios meses por instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán.Silva aclaró que el documento conocido recientemente es todavía un borrador de proyecto de acuerdo y que no representa decisiones definitivas. La administración espera radicar la propuesta ante el Concejo de Bogotá en febrero, para que sea discutida por los cabildantes.“Este es un documento de trabajo, es un borrador de proyecto de acuerdo que aún no es definitivo y que consolida gran parte de los hallazgos que hemos encontrado hasta la fecha en las posibilidades que tenemos de modernización del Distrito”, explicó Silva Moyano.Según el secretario general, la última gran reforma administrativa de la ciudad se realizó en 2006. Desde entonces se han creado nueve entidades y no se había adelantado una revisión integral de la estructura institucional para identificar funciones similares y oportunidades de optimización.“Existe una oportunidad de ahorrarle al menos 40.000 millones de pesos al Distrito cada año en funcionamiento a través de la fusión de algunas entidades”, señaló.La propuesta contempla que varias entidades dejen de funcionar de manera independiente y que sus responsabilidades sean asumidas por secretarías u otros organismos distritales.Entre los cambios planteados está trasladar las funciones del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron) a la Secretaría de Integración Social. “La misionalidad del Idipron se parece con lo que hace Integración Social en el tema de habitabilidad de calle, entonces podemos fortalecer a la Secretaría de Integración y hacer más con menos, hacer más programas sociales con menos gasto administrativo”, afirmó Silva.También se contempla integrar el Instituto para la Economía Social (IPES) a la Secretaría de Desarrollo Económico, mientras que la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (Fuga) sería fusionada con el Instituto Distrital de las Artes (Idartes).Otros cambios incluidos en el borrador son el traslado del Departamento Administrativo del Servicio Civil a la Secretaría General, del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP) a la Secretaría de Hacienda y del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP) a la Secretaría de Educación.Reducción en cargos administrativos y liquidación de entidadesUno de los puntos que explicó el secretario Miguel Silva tiene que ver con los cambios en la planta de personal del Distrito, pues la propuesta contempla inicialmente la reducción de 53 cargos de libre nombramiento y remoción, correspondientes a empleos directivos y asesores.“Son 53 cargos, puede ser menos, puede ser más, depende de la conversación con el Concejo de la ciudad”, precisó. Sin embargo, aseguró que los trabajadores vinculados mediante carrera administrativa conservarán sus derechos y que se respetarán los acuerdos sindicales.“Todos los servidores de carrera administrativa se mantienen, eso no tiene discusión, garantizamos sus derechos y lo que estamos buscando es una estructura administrativa mucho más simplificada que le sirva a la ciudad”, sostuvo.El secretario general agregó que la administración también viene adelantando otras medidas de austeridad. Según sus cifras, actualmente hay 700.000 millones de pesos menos en contratos de prestación de servicios frente al mismo periodo del año anterior.La reforma también contempla revisar el futuro de dos organismos distritales: la Agencia Analítica de Datos (Ágata) y la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica (EGAT).En el caso de Ágata, la Alcaldía estudia alternativas como su venta o liquidación. Según explicó Silva Moyano, la intención es fortalecer a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), que busca ampliar su papel en el sector tecnológico.El funcionario recordó que la empresa viene adelantando una transformación para ampliar su campo de acción más allá de las telecomunicaciones. "Lo que corresponde es fortalecer a ETB. (...) Esto lo estamos hablando con los socios, es una compañía que ha venido trabajando en materia de transición y de transformación digital", explicó.No obstante, aclaró que todavía no existe una decisión definitiva sobre el futuro de Ágata y que las alternativas continúan en evaluación.Frente a la EGAT, entidad que presta apoyo administrativo y técnico al sector salud, Silva Moyano explicó que su eventual liquidación responde a un proceso que ya venía adelantándose progresivamente.Otro de los componentes de la reforma es la creación del Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de Bogotá, una figura que tendría participación pública y privada y estaría vinculada a la Secretaría de Cultura.De acuerdo con Silva, este mecanismo permitiría agilizar la contratación y ejecución de recursos destinados a programas como la red de bibliotecas públicas y los festivales al parque.“Este es un instrumento que se ha venido estudiando por parte de la Secretaría de Cultura, que permite sobre todo vehículos mucho más ágiles en materia de contratación para el programa de bibliotecas públicas, por ejemplo, darle sostenibilidad a diferentes iniciativas como los festivales al parque”, explicó.El funcionario agregó que el modelo permitiría movilizar recursos de manera más eficiente y facilitar la ejecución de proyectos culturales.La alcaldía espera presentar el proyecto de acuerdo ante el Concejo de Bogotá en febrero. A partir de ese momento, la iniciativa deberá surtir el debate correspondiente y podrá recibir modificaciones durante su discusión.Silva Moyano señaló que, si la propuesta avanza, la administración espera desarrollar el proceso de transición durante 2027, de manera que los cambios puedan reflejarse en el presupuesto de 2028, que corresponderá al primer año del siguiente gobierno distrital.
La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá exigió acciones inmediatas a la EPS Sanitas y al gestor farmacéutico Colsubsidio para solucionar las demoras en la entrega de medicamentos a los usuarios. La solicitud se produjo después de varias denuncias ciudadanas y visitas de inspección que permitieron evidenciar tiempos de espera de hasta seis horas en uno de los puntos de dispensación.Durante las jornadas de inspección, vigilancia y control se identificaron dificultades operativas en dos establecimientos farmacéuticos de Colsubsidio que prestan servicios a los afiliados de Sanitas.Por ejemplo, en uno de los puntos, la situación fue calificada como crítica. Según los hallazgos, los usuarios deben esperar hasta seis horas para reclamar sus medicamentos: cuatro horas en las escaleras, antes de ingresar al establecimiento, y otras dos horas dentro de la sala de espera.La Secretaría también encontró que no estaban funcionando todas las ventanillas disponibles, lo que estaría reduciendo la capacidad de atención y contribuyendo a la congestión. Además, advirtió sobre los riesgos que representan las largas filas en las escaleras para la seguridad de los ciudadanos, especialmente para las personas mayores, mujeres embarazadas y pacientes con movilidad reducida.En el segundo establecimiento inspeccionado se encontraron condiciones similares, debido a que tampoco estaban habilitadas todas las ventanillas disponibles para la operación. Allí, el tiempo promedio de espera para reclamar medicamentos era de aproximadamente tres horas.Frente a este panorama, la Secretaría Distrital de Salud solicitó a Sanitas implementar medidas de contingencia e intervenir de manera inmediata las barreras que están afectando la dispensación de medicamentos.Frente a los requerimientos, Sanitas informó que solicitó a Colsubsidio un informe de trazabilidad operativa y una auditoría del sistema de digiturnos para establecer las causas de las demoras.La EPS también aseguró que inició una revisión de los medicamentos pendientes y de los afiliados afectados, con el propósito de activar una ruta de gestión y despacho prioritario. Entre las medidas anunciadas está la entrega domiciliaria de medicamentos en un plazo máximo de 48 horas, especialmente para personas mayores y pacientes con dificultades de movilidad.Adicionalmente, Sanitas señaló que dará prioridad a los usuarios con enfermedades crónicas, oncológicas, psiquiátricas, VIH, insulinodependencia y trasplantes, considerados población de alto riesgo.La entidad también contempla redistribuir usuarios hacia otros puntos habilitados de su red, acudir a gestores farmacéuticos alternativos o realizar compras directas cuando se presenten situaciones de desabastecimiento.Como parte de las acciones de seguimiento, la EPS solicitó a Colsubsidio un informe técnico detallado, programó una visita de auditoría operativa presencial y exigió la presentación de un Plan de Mejoramiento Institucional.
Las autoridades distritales y el Concejo de Bogotá buscan frenar a los mal parqueados en Bogotá con un tipo de multas sustentadas en evidencias en video grabadas directamente por los ciudadanos a través de sus dispositivos móviles. La iniciativa, que ya fue aprobada por el Concejo Distrital y solo se encuentra a la espera de la firma del alcalde Carlos Fernando Galán para convertirse en norma oficial, pretende atacar de forma drástica el parqueo prohibido en vías públicas, una infracción responsable del 54 % de la congestión vehicular o trancones en la capital.¿Cómo funcionará la nueva plataforma para sancionar con videos ciudadanos?De acuerdo con lo explicado por el concejal Juan David Quintero en entrevista con Noticias Caracol, la medida ordena a la Secretaría de Movilidad implementar una plataforma digital especializada. A través de este sistema, cualquier habitante de la ciudad o incluso los circuitos de videovigilancia de centros comerciales podrán subir reportes o videos sobre vehículos estacionados de manera indebida.Para garantizar la validez legal y respetar el debido proceso, los videos deberán cumplir con criterios estrictos antes de que se pueda imponer un comparendo:Georreferenciación y temporalidad: la grabación enviada debe registrar con exactitud la fecha, hora y ubicación geográfica del hecho.Curaduría por agentes de tránsito: la información llegará a una central de datos en la Secretaría de Movilidad, donde agentes investidos de autoridad contrastarán la prueba con lo estipulado en el Código de Tránsito antes de formalizar la multa.Filtros contra inteligencia artificial: el sistema utilizará herramientas tecnológicas para detectar y bloquear intentos de fraude o manipulación digital de imágenes.El impacto del parqueo prohibido en las vías de la capitalEl estacionamiento indebido y la invasión de carriles no solo obstruyen la movilidad fluida, sino que generan graves riesgos de seguridad para peatones y conductores. Reportes de la Secretaría de Movilidad indican que solo en lo corrido del año 2026 se han impuesto más de 10.000 comparendos por esta infracción y se han efectuado 847 inmovilizaciones de vehículos. Pese al impacto en el tráfico, los infractores suelen justificarse aduciendo paradas momentáneas o desconocimiento de zonas autorizadas de estacionamiento.Localidades y corredores viales con mayor número de infractoresLas estadísticas oficiales de las autoridades de tránsito permiten identificar los puntos con mayor concentración de infractores en la ciudad:Localidades con más sanciones: Chapinero y Fontibón registran los índices más altos, superando los 8.000 comparendos por mal estacionamiento en cada una.Corredores viales críticos: las vías con mayor recurrencia de vehículos mal estacionados abarcan la calle 26 (entre la avenida Ciudad de Cali y el aeropuerto El Dorado), además de las carreras 7.ª y 11 a la altura de las calles 111 y 123.Con la firma del alcalde Galán, el Distrito le apostará a la fiscalización participativa para despejar los principales ejes viales de la ciudad.
El presidente Abelardo De La Espriella adelantó un consejo de seguridad en Bogotá. El mandatario hizo referencia a la operación que se desarrolló en la mañana en la ciudad y se refirió a la situación de seguridad en algunas zonas de la ciudad.“Hay que tener el control militar en el Sumapaz y en el corredor de Usme y Sumapaz para contener la expansión de esas redes. Hay que decirlo, le ha tocado muy duro al alcalde durante dos años y medio solo, peleando contra un Gobierno que estaba y que no quería combatir el crimen. Eso ha cambiado, estamos más articulados que nunca y se ven los resultados”, dijo el mandatario.Entretanto, hizo referencia a los migrantes venezolanos que están en la ciudad.“También vamos a fortalecer todos los días la coordinación de la nación y el Distrito para atender la situación de los migrantes venezolanos en condición irregular en el marco de la ley. Los que estén delinquiendo y tengan anotaciones los vamos a deportar sin ninguna dilación y es la orden que le he dado al director de Migración Colombia”, señaló el mandatario.Además, se refirió a la situación regional y sus posibles incidencias en la capital.“Las amenazas de alcance regional, ustedes saben que Bogotá es una especie de laboratorio de toda Colombia, aquí confluye todo. Se duplica y se magnifica por las dimensiones de la ciudad, tenemos al Tren de Aragua, tenemos al ELN, tenemos el ‘Mesa’ y otros grupos como los de anoche”, dijo el mandatario.
TransMilenio tendrá ajustes en varios puntos de Bogotá, donde las condiciones de acceso y el funcionamiento de las puertas hacen parte de las medidas que busca fortalecer la Administración distrital. La intervención se realizará por etapas y contempla cambios en estaciones de distintos corredores de la ciudad.El proyecto busca coordinar el funcionamiento de los buses con la infraestructura de las estaciones, mejorar los controles de ingreso y facilitar la identificación de problemas técnicos. Con ello, el Distrito espera responder con mayor rapidez ante las fallas que puedan afectar la prestación del servicio.¿En qué estaciones de TransMilenio se implementarán las medidas?La primera fase contempla estaciones ubicadas en la avenida Caracas, la Autopista Norte y la calle 80. En estos puntos funcionan puertas de vidrio con mecanismos electromecánicos tradicionales.La segunda etapa busca incorporar otras 20 estaciones en corredores como la avenida carrera 68, la avenida Ciudad de Cali, la avenida de Las Américas, la Autopista Sur, en Soacha, y la avenida Caracas.Según la Alcaldía, estos puntos hacen parte de corredores con alta circulación de pasajeros. La intervención busca fortalecer los controles de acceso y mejorar el funcionamiento de las estaciones.¿Cómo funcionará el nuevo sistema para frenar los colados?Uno de los cambios previstos es la implementación de un Sistema Inteligente de Gestión y Monitoreo de Puertas, que permitirá supervisar los mecanismos y coordinar su funcionamiento con los buses y el centro de gestión.Hasta ahora, la sincronización dependía de señales de radiofrecuencia que el conductor debía activar manualmente después de seleccionar el tipo de puerta. Además, las fallas se detectaban cuando el personal en campo o los usuarios las reportaban.Con la nueva tecnología, las puertas podrán registrar aperturas, cierres, bloqueos y problemas en el suministro eléctrico. También contarán con cámaras y sensores para reconocer las placas de los buses y verificar su proximidad antes de habilitar la apertura correspondiente.El sistema incluirá botones luminosos y asistencia auditiva para solicitar la apertura en situaciones excepcionales de falla, sin comprometer la seguridad operacional.Con estas medidas, la Alcaldía busca dificultar el ingreso irregular y detectar fallas con mayor rapidez. Sin embargo, el Distrito todavía no ha establecido una meta de reducción de colados ni una fecha para completar la intervención en las 49 estaciones de TransMilenio.
La veeduría ciudadana Vercontrol interpuso una acción de tutela para que se suspendan los conciertos y eventos no deportivos que requieran estructuras sobre la cancha de El Campín, hasta que la grama esté en condiciones adecuadas para el fútbol profesional. También solicitó una medida provisional para frenar los montajes y espectáculos programados, empezando por el concierto del próximo 24 de octubre.La tutela, presentada por Juan Carlos Calderón España, presidente de Vercontrol, está dirigida contra la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Además, solicita vincular a Sencia S.A.S., concesionario del estadio, y a la Secretaría Distrital de Ambiente. La organización considera que el deterioro afecta los derechos a la recreación, el deporte, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad, así como el derecho a un ambiente sano.Como medida provisional, la veeduría pide que se suspendan los montajes y conciertos desde la admisión de la tutela y hasta que el juez tome una decisión de fondo. Argumentando que esperar el fallo podría permitir nuevos daños en la cancha.“La medida es necesaria porque el fallo llegaría después de iniciado el montaje, cuando el daño adicional a la cancha y al recurso natural ya se habría causado. Es además proporcional: el Distrito ya adoptó una medida idéntica en febrero de 2026, los eventos pueden reprogramarse en otros escenarios o fechas, como ocurrió entonces con el Festival Pa' Gozar y Cantar 2.0.”, se lee en la tutela, señalando que para ese entonces, la suspensión se dio luego de que Acolfutpro denunció problemas de drenaje y un evidente deterioro de la cancha.A la par, Vercontrol pide que la Alcaldía y el IDRD suspendan, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, los eventos que requieran estructuras sobre el terreno de juego, es decir, “conciertos y eventos no deportivos en el Estadio Nemesio Camacho El Campín”.Se solicita que la restricción se mantenga hasta que la grama esté apta para el fútbol profesional, condición que deberá acreditarse mediante un concepto técnico de la interventoría, con participación de la Dimayor o de un experto en céspedes deportivos.La organización también solicita que el IDRD exija a Sencia cumplir su obligación contractual de mantener la cancha, como mínimo, en el estado en que la recibió en octubre de 2024.Pero también se realizan se pide que ordene a la Secretaría Distrital de Ambiente evaluar los efectos de los conciertos sobre la vegetación, el suelo, el ruido y los residuos, y establecer medidas de recuperación.Además, busca que la programación del estadio priorice las actividades deportivas, conforme a la destinación establecida en la escritura pública de donación de 1936.La preocupación se extiende a los conciertos previstos entre octubre y diciembre: Fonseca, el 24 de octubre; el 31 de octubre, Ryan Castro; el 7 de noviembre, Los Tigres del Norte; el 20 de noviembre, el Festival Megaland; el 21 de noviembre, Juntos de Nuevo y del 4 al 6 de diciembre Karol G.Y recuerda que El Campín estuvo fuera de servicio para el fútbol entre el 23 de septiembre y el 16 de octubre de 2026, por el concierto de BTS, realizado el 2 y 3 de octubre, y los trabajos posteriores de recuperación, razón por la cual el partido de ida de la final de la Liga Femenina de Independiente Santa Fe tuvo que jugarse fuera de Bogotá.Vercontrol advierte que los montajes, el peso de las estructuras y el cubrimiento del césped pueden afectar la vegetación, compactar el suelo y perjudicar el drenaje. La veeduría busca que se prevengan nuevos daños y se garantice el uso deportivo del estadio, pero la suspensión de los eventos dependerá de la decisión judicial.
La reforma tributaria de Bogotá avanza en el Concejo Distrital con uno de sus componentes centrales ya aprobado: la sobretasa al alumbrado público, un nuevo cobro que recaerá sobre los predios residenciales de estratos 4, 5 y 6, así como sobre inmuebles comerciales, industriales y financieros. La medida busca garantizar recursos durante los próximos 10 años para modernizar el sistema de iluminación de la capital, pero ha generado reparos entre sectores como los centros comerciales, que advierten sobre un posible incremento de sus costos.La secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, explicó que la propuesta hace parte de una transformación del sistema de alumbrado público hacia un modelo que incorpore tecnología, sensores y cámaras, además de herramientas para mejorar la movilidad y responder ante situaciones como incendios o inundaciones.“Lo que nosotros le estamos apostando acá es a transformar la ciudad y transformarla a partir de una columna vertebral que es su alumbrado”, señaló Cadena durante una entrevista con Mañanas Blu.La funcionaria explicó que actualmente el alumbrado público se financia con recursos ordinarios del Distrito, es decir, con recursos que hacen parte del presupuesto general. Con la nueva sobretasa se busca establecer una fuente específica de financiación que no pueda ser destinada a otros sectores.¿Cuánto se pagará por el alumbrado público en Bogotá?De acuerdo con las estimaciones entregadas por la Secretaría de Hacienda, el cobro comenzaría a aplicarse a partir de 2027, siempre y cuando la reforma tributaria sea aprobada en su totalidad por el Concejo de Bogotá.Para los predios residenciales, el promedio estimado sería de $133.000 anuales para el estrato 4, $227.000 para el estrato 5 y $348.000 para el estrato 6. En términos mensuales, la Secretaría de Hacienda ha calculado aproximadamente $11.000, $19.000 y $29.000, respectivamente.La sobretasa también alcanzaría a otros tipos de predios. El promedio anual estimado sería de $807.000 para inmuebles comerciales, $1.672.000 para industriales, $2.342.000 para financieros, $577.000 para lotes y $2.400.000 para predios dotacionales.La medida, sin embargo, contempla mecanismos para proteger a propietarios que no tengan capacidad de pago. Cadena explicó que los propietarios de predios residenciales de estratos 4, 5 y 6 que estén clasificados en los niveles A, B o C del Sisbén podrán acceder a una tarifa de cero pesos. También se contemplan excepciones para predios comerciales cuyos propietarios carezcan de capacidad de pago, en los casos establecidos, y para establecimientos comerciales de hasta 30 metros cuadrados ubicados en viviendas de estratos 1, 2 y 3.“Hemos tenido el cuidado (...) de buscar que este cobro, pues si bien significa un esfuerzo para todos, sea muy cuidadoso en no afectar a quienes menos capacidad de pago tienen”, afirmó la secretaria de Hacienda.Bogotá busca modernizar su alumbrado públicoUno de los argumentos de la Administración Distrital para defender la sobretasa es la necesidad de pasar de un sistema tradicional de iluminación a uno de carácter inteligente. Según Cadena, la modernización permitiría implementar sensores, cámaras y sistemas de telegestión, con los que sería posible detectar fallas de manera remota y optimizar el consumo de energía.“¿Qué queremos? Telegestionar nuestro alumbrado. Eso genera eficiencias, ahorro en consumo de energía, y los recursos para eso ya van a estar determinados”, sostuvo. La funcionaria también explicó que la reforma tributaria no define quién será el operador del servicio de alumbrado público. Actualmente, buena parte de la infraestructura está relacionada con Enel, en el marco de un convenio que lleva cerca de 30 años.El contrato vigente, según la secretaria, llega a una etapa de cambio a finales de noviembre. La definición del nuevo esquema contractual corresponde al proceso que adelanta la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, y el Distrito. Cadena señaló que uno de los objetivos será garantizar que las inversiones que haga Bogotá sobre la infraestructura queden para la ciudad.Centros comerciales advierten por aumento de costosMientras la Administración Distrital defiende la sobretasa como una fuente de financiación para modernizar Bogotá, los centros comerciales han expresado su oposición al mecanismo de cobro.Carlos Betancourt, director ejecutivo de la Asociación de Centros Comerciales de Colombia, Acecolombia, cuestionó que la sobretasa se calcule sobre el avalúo catastral y no sobre el consumo efectivo de energía: “La sobretasa (...) en este caso en particular es un 1% sobre el valor del avalúo catastral”, explicó Betancourt, quien considera que los avalúos de algunos inmuebles comerciales en Bogotá pueden generar cargas tributarias elevadas.El dirigente puso como ejemplo locales con avalúos de hasta $60 millones por metro cuadrado. Según su explicación, un local de 100 metros cuadrados podría representar un avalúo de $6.000 millones y, bajo el cálculo planteado, una sobretasa de $60 millones.Para Betancourt, esta situación puede generar una presión adicional sobre establecimientos que ya enfrentan elevados costos de operación: “Yo creo que no estamos para más impuestos, estamos en un momento en el que hay que recuperar actividad, preservar empleo, seguir trabajando en construir oportunidades”, manifestó.Acecolombia alerta por posible traslado del costo al consumidorEl representante de los centros comerciales también advirtió que el impacto de la sobretasa podría trasladarse a otros integrantes de la cadena comercial. De acuerdo con Betancourt, algunos establecimientos podrían verse obligados a aumentar precios para compensar el incremento de sus obligaciones tributarias, mientras que otros negocios con menores márgenes podrían enfrentar dificultades para mantenerse en el mercado.“Inevitablemente todo termina en una cadena de traslado de costos. Entonces vamos a tener una presión de inflación por esa vía”, afirmó. El dirigente también señaló que el modelo de cobro basado en el avalúo podría tratar de la misma manera a establecimientos comerciales con realidades económicas diferentes.Como ejemplo, mencionó negocios de accesorios, bisutería o joyería que pueden ocupar áreas similares, pero que no necesariamente tienen los mismos niveles de ventas, arriendos o márgenes de rentabilidad.Reforma tributaria aún tiene artículos pendientesAunque la sobretasa al alumbrado público ya fue aprobada dentro del debate, la reforma tributaria distrital todavía tiene artículos pendientes de discusión. La secretaria de Hacienda explicó que el proyecto contempla 54 artículos, de los cuales 27 habían sido aprobados durante la sesión mencionada en la entrevista. Entre los principales componentes de la reforma están el alumbrado público, las modificaciones relacionadas con el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) y los incentivos a la inversión.Sobre este último punto, la Administración Distrital calcula que durante los próximos 10 años Bogotá podría atraer inversiones por más de $70 billones y generar alrededor de 215.000 empleos, de acuerdo con sus propias proyecciones.
El Concejo de Bogotá aprobó este 24 de septiembre un nuevo cobro al alumbrado público con una sobretasa al impuesto predial con 23 votos a favor y 20 en contra. La medida hace parte de la reforma tributaria propuesta por el alcalde Carlos Fernando Galán.El nuevo valor sería cobrado a estratos 4, 5 y 6 y a viviendas con avalúo comercial superior a los $1.000 millones, a partir de enero de 2027. Esta aprobación únicamente es para el artículo del alumbrado público, no para toda la reforma tributaria.¿Quiénes quedarían exentos de pagar cobro de alumbrado público?Anteriormente, durante el debate en la Comisión de Hacienda, se aprobó que algunos predios y establecimientos no tengan que pagar la nueva sobretasa, de acuerdo con determinadas condiciones.Los predios de estratos 4, 5 y 6 sin capacidad de pago quedarían exentos cuando el propietario pertenezca a los grupos A, B o C del Sisbén.Tampoco pagarían los predios comerciales sin capacidad de pago, cuando el propietario esté clasificado en los grupos A o B del Sisbén.Además, quedarían exentos los establecimientos comerciales de hasta 30 metros cuadrados ubicados en viviendas de estratos 1, 2 y 3.Frente a lo anterior, la Secretaría de Hacienda indica en su página web que los hogares de estratos 1, 2 y 3 no pagarían este cobro cuando el valor usado para calcular el predial sea de hasta 20.000 UVT, equivalentes a cerca de $1.047 millones en 2026. Por ejemplo, una vivienda de estrato 2 con un valor de $300 millones para calcular el predial no tendría que pagar la sobretasa.La propuesta también contempla medidas de protección para hogares en pobreza extrema, pobreza moderada o condición de vulnerabilidad. Además de las viviendas, el cobro también se aplicaría a otros tipos de predios, entre ellos los comerciales, industriales y financieros, explica la entidad. Es importante recordar que el cobro aprobado contemplaría la aplicación de la sobretasa al impuesto predial a los estratos 4, 5 y 6 y a las viviendas con un avalúo comercial superior a $1.000 millones, a partir de enero de 2027.El objetivo que plantea la propuesta del Distrito con este recaudo es convertir el alumbrado público de Bogotá en una infraestructura multifuncional de gran escala. Es decir, se implementará una iluminación moderna 100 % LED, herramientas de telegestión para lograr avanzar en soluciones relacionadas con seguridad, conectividad y movilidad inteligente.
La Policía Metropolitana de Bogotá frustró un intento de hurto de $18 millones que, según las autoridades, pretendían ser sustraídos de un casino ubicado en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, en el sur de la ciudad.El operativo fue adelantado por uniformados de la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, quienes capturaron en flagrancia a tres adultos y aprehendieron a un menor de edad por los presuntos delitos de hurto y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.De acuerdo con la Policía, el procedimiento fue posible gracias a labores de investigación y a la información entregada por una fuente humana, lo que permitió anticipar el supuesto intento de robo al establecimiento de juegos de azar.Las autoridades indicaron que, de acuerdo con las indagaciones realizadas, los detenidos estarían vinculados con el hurto de establecimientos dedicados a los juegos de azar. Según la institución, para cometer estos hechos habrían establecido funciones y roles específicos entre los integrantes.Durante el procedimiento, la Policía incautó dos armas de fuego y tres teléfonos celulares. Además, fue inmovilizada una motocicleta que, según las autoridades, estaría relacionada con el procedimiento.La institución también señaló que las tres personas capturadas ya registraban anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio, SPOA, por los delitos de hurto agravado y estafa.El coronel Julián Cetina, comandante de la estación de Policía de Tunjuelito, explicó que la información obtenida durante las labores de investigación permitió frustrar el robo antes de que se concretara.Los tres adultos capturados, el menor aprehendido y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá adelantar el proceso de judicialización correspondiente.
Con el objetivo de apoyar el talento en la ciudad y brindar ayuda a las personas, la Alcaldía de Bogotá, de la mano de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SSDE), anunció ofertas de empleo para 1.102 vacantes en diferentes cargos, funciones y perfiles de todo tipo, de los cuales no se necesitan experiencia previa.“Desde el Distrito seguimos acercando las oportunidades de empleo a las distintas localidades de Bogotá. Esta semana tendremos una oferta amplia, con vacantes par a personas con y sin experiencia y jornadas presenciales que nos permiten acompañar directamente a quienes están buscando una oportunidad laboral. Nuestro propósito es facilitar ese encuentro entre el talento de la ciudad y las empresas que necesitan incorporar nuevos trabajadores a sus equipos”, afirmó María del Pilar López Uribe, secretaría Distrital de Desarrollo Económico.¿Qué cargos se buscan en esta convocatoria?Desarrollador a junior.Desarrolladora o desarrollador de software.Ejecutiva (o) comercial.Asesor(a) comercial.Gerente comercial.Agente de call center bilingüe.Operador(a) de tienda.Asesor(a) supernumerario(a).Analista de crédito.Auxiliar de talento humano y selección.Patronista.Trazador(a).Analista de fichas técnicas.Analista de costos.Líder comercial.Directora administrativa.Gerente de cuentas.Ingeniera inspectora de calidad.Administradora o administrador de tienda.Técnica (a) electrónico(a).Médica(o).Analista de contabilidad.Coordinadora de contact center.Auxiliar de farmacia.Tecnólogo(a) en radiología e imágenes diagnósticas.Auxiliar de servicios de salud.Gerente de regulación.Practicante de Seguridad y Salud en el Trabajo.Coordinadora financiera.Profesional en inteligencia artificial.Asesor(a) de servicio al cliente.Asesora de cobranza.Jefe(a) de enfermería.Camillero (a).Auxiliar de archivo y gestión documental.Programador(a) de automatización.Asistente médico(a) y estético(a).Cosmetólogo(a).Auxiliar de nómina.Contador (a) junior.Analista de tesorería.Líder de cuadrilla de obra.Asesor(a) empresarial.Practicante universitario(a).Técnico(a) biomédico(a).Nutricionista.Analista de cartera y cobranzas.Analista de operaciones.Promotor(a) de servicios.Desarrollador(a) Python.Desarrollador(a) RPA.Desarrollador(a) Full Stack.Desarrollador(a) .NET.Directora o director de operaciones.Líder técnico(a) de desarrollo.Gestor(a) de proyectos.Director(a) financiero(a).Auxiliar de laboratorio.Auxiliar de patología.Auxiliar de implementaciones.Así puede aplicar a estas ofertas de empleo en BogotáLos interesados en postularse a estas ofertas deben ingresar a https://www.serviciodeempleo.gov.co/ y llenar la hoja de vida, según la necesidad de las vacantes de interés del perfil de cada persona.Por otro lado, también podrán acercarse de manera presencial a la carrera 13 #27-00 en el local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde para recibir acompañamiento personalizado.
El presidente Abelardo De La Espriella ordenó revocar la designación de Camilo Noguera Pardo como director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). De acuerdo con lo informado por el mandatario, la decisión se tomó tras detectarse la modificación del manual de funciones de la entidad para presuntamente facilitar su vinculación al cargo.¿Por qué el Gobierno revocó la designación de Camilo Noguera en el ICANH?Según explicó el presidente De La Espriella a través de sus canales oficiales, el designado director, Camilo Noguera Pardo, quien es yerno del ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, adelantó cambios en los requisitos del manual de funciones en coordinación con el director encargado del instituto, Javier Estrada.El jefe de Estado señaló que las modificaciones administrativas se realizaron a espaldas de la ministra de Cultura, Paola Holguín. De la Espriella precisó que, aunque el ICANH es una entidad adscrita al Ministerio de Cultura con autonomía administrativa, no existe autorización para alterar los reglamentos internos con el fin de favorecer o acomodar aspirantes a cargos públicos.¿Qué medidas administrativas ordenó el presidente De la Espriella?Ante las irregularidades reportadas en la tramitación del nombramiento, el mandatario dispuso la salida inmediata del director encargado de la entidad y la anulación de la designación del nuevo funcionario."Mi instrucción ha sido clara: en el gobierno no se modifican los manuales de funciones para favorecer personas o acomodar cargos. Quien no entienda esta regla no puede formar parte de mi gobierno", aseveró el presidente.El mandatario concluyó que la institucionalidad y los manuales de funciones deben respetarse sin excepción, ratificando que ningún funcionario cuenta con aval para adoptar determinaciones presupuestales o administrativas al margen de los ministerios de cabeza de sector.
Una operación conjunta entre las autoridades de Colombia y España permitió desarmar una red transnacional que esclavizaba a más de 100 colombianos en centros de llamadas en Camboya, informaron este martes fuentes oficiales.La Policía colombiana, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), y la Policía de España realizaron tres capturas por orden judicial y dos retenciones por notificaciones rojas de Interpol en las localidades españolas de Zamora y Castellón, como parte de una investigación contra una red de trata de personas vinculada a la 'mafia china' en Asia.La organización criminal, liderada por alias de Jiaxing Ye, se dedicaba a captar ciudadanos colombianos mediante falsas ofertas de empleo en el extranjero para trasladarlos a Camboya y obligarlos a participar en fraudes financieros y estafas virtuales.Según las investigaciones, la red funcionaba mediante cabecillas financieros y coordinadores internacionales establecidos en Zamora y Castellón, que a su vez coordinaban con reclutadores en Colombia encargados de identificar, captar y trasladar a las víctimas.Los reclutadores buscaban principalmente a hombres y mujeres de entre 25 y 35 años con dificultades económicas, a quienes ofrecían trabajos bien remunerados en supuestos centros de llamadas en Tailandia o Camboya, dedicados a la comercialización de criptomonedas.La ruta comenzaba en Colombia, continuaba con escalas en Países Bajos o España y seguía hacia Tailandia antes de terminar en Phnom Penh, la capital camboyana, o en zonas fronterizas con Vietnam.Una vez en Camboya, los colombianos eran despojados de sus documentos, sometidos a vigilancia armada y obligados a trabajar jornadas nocturnas de hasta doce horas en complejos tecnológicos cerrados, con acceso restringido a atención médica.Para recuperar su libertad, la red exigía a las víctimas el pago de una supuesta deuda de 30 millones de pesos colombianos (unos 9.000 dólares) por los gastos de traslado o que cumplieran al menos seis meses de trabajo forzado.En esos centros recibían una capacitación delictiva denominada "mastereo", mediante la cual eran obligados a llamar a ciudadanos en Colombia y hacerse pasar por funcionarios de la Registraduría Nacional para ofrecerles tramitar la cédula digital.Durante las llamadas, los trabajadores inducían a las víctimas a instalar aplicaciones en sus teléfonos móviles, lo que permitía a los miembros de la organización acceder a los dispositivos y vaciar sus cuentas bancarias.La Policía identificó a Eslaineir Alexis Campo Rodríguez y Cristian Camilo Ortiz Avendaño como responsables de perfilar, captar y trasladar a las víctimas hacia Camboya. También están acusadas Yuris Marcela Reyes Zambrano, Karina Yulieth Doncell Rojas y Viviana Karoly Daza Ospino.Las autoridades también emitieron tres notificaciones azules de Interpol para localizar a otros integrantes de esta red.
A pocas semanas de su regreso a Colombia, la agrupación mexicana Maná presentó mundialmente MANÁ: VIVIR SIN AIRE TOUR (LIVE FROM RED ROCKS), un especial audiovisual que recoge uno de los conciertos más destacados de su trayectoria, grabado en el legendario Red Rocks Amphitheatre, en Morrison, Colorado. El estreno gratuito se realizó el pasado 6 de noviembre, a través del canal oficial de la banda en YouTube, donde permanece disponible para sus seguidores.El lanzamiento, realizado en alianza con YouTube y Warner Music, incluye un espectáculo con producción visual cinematográfica y sonido de alta definición, además de un mini documental que revela la conexión emocional de Fher Olvera con este escenario. Cuando tenía 21 años, el vocalista vivía en Denver y trabajaba lavando platos mientras soñaba con presentarse algún día en el emblemático anfiteatro. Cuatro décadas después, aquel anhelo se convirtió en realidad.El especial reúne algunas de las canciones más representativas de la banda, que ha vendido más de 50 millones de discos y se ha consolidado como uno de los grandes referentes del rock en español.Maná prepara su regreso a ColombiaEste lanzamiento sirve como antesala al regreso de Maná al país. El próximo 28 de noviembre, la agrupación abrirá su Vivir Sin Aire Tour en Latinoamérica con un único concierto en Colombia, programado en Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá. La gira continuará por Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y Ciudad de México.El repertorio promete clásicos como “Rayando el Sol”, “Clavado en un Bar”, “Labios Compartidos” y “Oye Mi Amor”.En 2026, Maná también recibió el premio a Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo, en los Premios Billboard de la Música Latina. Además, fue incluida entre las 50 mejores bandas de rock de todos los tiempos, según Billboard, y alcanzó 47 presentaciones en arenas de Los Ángeles.
En el borrador del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, el Gobierno de Abelardo De La Espriella planteó una transformación de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).La propuesta, incluida en el eje de Patriotismo Constitucional, busca fortalecer la capacidad del Estado para anticipar amenazas, recuperar la confianza en sus organismos de inteligencia y debilitar las estructuras económicas de las organizaciones criminales y surge en medio de las nuevas denuncias de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol por el uso indebido y otras irregularidades en la entidad durante el Gobierno de Gustavo Petro.En el diagnóstico sobre la DNI, el Gobierno identificó problemas operativos y una pérdida de capacidades institucionales y “del enfoque diferencial de la inteligencia civil frente a los demás organismos de inteligencia”, así como “la obsolescencia de material y equipo” y una “rigidez institucional que impide atender las necesidades operacionales”.El documento reconoce además que existe una “limitada comprensión y la distorsión que existen sobre la finalidad, alcance, y controles de las actividades de inteligencia, que hoy afectan la confianza y ponen en duda su credibilidad ante la ciudadanía y las instituciones”.El documento también cuestiona que la inteligencia estatal haya concentrado sus esfuerzos en asuntos coyunturales, en detrimento de los temas estratégicos de seguridad. Para cambiar ese enfoque, propone que la DNI genere “conocimiento anticipativo y prospectivo” que permita “reducir la incertidumbre que generan actores estatales y no estatales”, en particular frente a fenómenos como el crimen transnacional y las disputas por recursos estratégicos.La modernización de la DNI contempla inversiones en “nuevas tecnologías seguras y resilientes para el procesamiento y la analítica masiva de información”. El plan también incluye renovar los medios técnicos y fortalecer el talento humano, con personal profesional y especializado, formación, gestión del conocimiento y mejores condiciones de bienestar.En el ámbito internacional, el Gobierno busca revertir la “tendencia de reducción de la cooperación internacional y su presencia en instancias estratégicas de inteligencia”. Además, pretende posicionar a la DNI como un “proveedor objetivo de análisis para la identificación de prioridades estratégicas y la toma de decisiones del Estado”, con canales de relacionamiento con las instituciones, la academia y la ciudadanía.La segunda transformación se concentra en la UIAF, una entidad también bajo la lupa durante el gobierno anterior. Dicha estrategia responde al plan para desfinanciar las economías ilegales y afectar la capacidad económica de las organizaciones criminales pues señala que el lavado de activos movilizó “cerca de 169,73 billones de pesos entre 2022 y 2025”, recursos que, según el diagnóstico, alimentan las redes criminales y sus mecanismos de corrupción.Para enfrentar esas operaciones, el Gobierno propone modernizar la capacidad tecnológica de la UIAF, con énfasis en el procesamiento de grandes volúmenes de información, la analítica avanzada, la inteligencia financiera y la ciberseguridad para enfrentar los “riesgos emergentes derivados de los activos virtuales, las plataformas digitales, las tecnologías financieras y las nuevas modalidades de criminalidad económica”.
La ministra de Salud, Ana María Vesga, dio a conocer que puso a disposición de las autoridades competentes una serie de hallazgos sobre la contratación directa realizada en el sector salud por la administración anterior entre 2022 y 2026, la cual asciende a más de 20.600 contratos por un valor cercano a los 8,47 billones de pesos.De acuerdo con el reporte oficial del ministerio, la revisión evidenció que 143 personas contaban con contratos simultáneos en distintas entidades del sector. En algunos casos, la sumatoria de honorarios percibidos mensualmente ascendía a los 46 millones de pesos. A esto se suma el hallazgo de 176 contratistas con posibles inconsistencias en sus aportes al Sistema de Seguridad Social.En el caso puntual del Ministerio de Salud, se identificaron 8.517 contratos directos durante el periodo analizado. Más de la mitad de estas vinculaciones contractuales se concentraron entre enero de 2025 y agosto de 2026.Frente al alcance de las indagaciones, la ministra de Salud, Ana María Vesga, aclaró que la contratación directa o la pluralidad de contratos no constituyen en sí mismas una conducta ilegal. No obstante, enfatizó la necesidad de auditar la efectividad de las obligaciones contraídas al señalar: "Contratar directamente o tener varios contratos no es ilegal. Lo que debe establecerse es si esos servicios eran necesarios, si efectivamente se prestaron, si los valores estaban justificados y quién verificó su cumplimiento".El ministerio explicó que estas auditorías buscan esclarecer la trazabilidad de los recursos públicos, verificar la pertinencia de las contrataciones y constatar la ejecución real de las actividades pactadas. Ante esto, los antecedentes recopilados fueron trasladados a los organismos de control disciplinarios, fiscales y judiciales correspondientes para que determinen si existieron faltas o delitos.La ministra Vesga reiteró el compromiso de la cartera sanitaria con la protección de los dineros del sector: "Los recursos de la salud son de los colombianos. Nuestra obligación es protegerlos y exigir que cada peso esté debidamente justificado".