Los hechos se presentaron en medio de una protesta que se adelantó en el centro de Bogotá, en la que varios comerciantes del sector de San Victorino pedían que vuelva ‘el madrugón’, mientras el secretario de Gobierno de la capital intentó mediar para llegar a un acuerdo."Como la respuesta es no, no, no; la respuesta de la Administración será: no, no, no”, expresó el secretario de Gobierno de Bogotá en medio de una reunión que sostuvo con los comerciantes en la Plaza de Bolívar.Los ánimos se alteraron entre las dos partes lo que llevó a que una de las personas que estaban en el lugar le gritara a Luis Ernesto que irían a la av. Caracas.Ante esto el secretario de Gobierno le respondió “vayan a la Caracas” y continúo intentando explicar a los comerciantes la situación que afronta la ciudad frente a la reapertura del comercio.Plan piloto en San Victorino arrancaría la próxima semanaTras la protesta que se realizó por parte de los comerciantes y que exigían a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, levantar las restricciones en los horarios para el tradicional madrugón, se acordó realizar una mesa de diálogo entre Secretaría de Gobierno y representantes del sector.Durante cerca de dos horas, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, estuvo en la plaza de Bolívar para tratar de dialogar con las más de dos mil personas que llegaron hasta ese punto. Allí se comprometió a que se iba a adelantar un plan piloto desde la próxima semana.“Es importante dejar claro que San Victorino funciona, sin embargo, la feria tradicional de comercio popular y al por mayor del madrugón del miércoles y sábado que es la que genera la presión y aglomeración es la que no ha funcionado”, expresó Luis Ernesto.La idea de algunos comerciantes, es que se pueda habilitar el horario habitual, que iniciaba a las 2:00 de la mañana.“La idea es acordar unas reglas de juego y así poder adelantar un plan piloto desde el próximo miércoles”, puntualizó el secretario.Cabe señalar que, según los comerciantes, “ese horario desde las 10:00 de la mañana no sirve, a esa hora ya nadie llega, la gente madruga es para venir a comprar, la situación es compleja y la Alcaldía no nos ayuda”.
Luego de la polémica por la adquisición de dos pares de audífonos AirPods en más de dos millones de pesos por la Secretaría de Hábitat, la Alcaldía respondió y aseguró que estos dispositivos hacen parte del uso institucional de la entidad.“Desde el 2019 la Secretaría de Hábitat cuenta en su inventario con celulares marca Apple, que son utilizados para las actividades institucionales de la entidad, mediante los cuales se desarrollan transmisiones, videoconferencias, reuniones en diferentes plataformas y en las actividades en las que se difunden programas y proyectos de la Secretaría, medio intensificado en la virtualidad”, dice.Además, se señala que por esta razón se hizo necesaria la adquisición de dos audífonos de la misma marca. “Porque brindan una conectividad óptima, sin ruidos, ni interferencias y mayor latencia de señal tanto de audio en los micrófonos como en los audífonos y garantizan una cancelación de ruido óptima para transmisiones en vivo sobre plataformas, características necesarias para el desarrollo de las estrategias de comunicaciones”.También destaca el Distrito que esta compra se hizo a través del portal Colombia Compra Eficiente, cumpliendo los principios de transparencia y garantizando el mejor precio.“Los audífonos no son de uso personal de la secretaria, ni de ningún directivo de la entidad, su uso es completamente institucional, al igual que los teléfonos de la misma marca”, concluye.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, rechazó la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, durante la protesta de estudiantes el pasado 24 de febrero en el centro de la ciudad.López respondió a la polémica sobre si la Alcaldía sabía o no de esta intervención, luego de las declaraciones del comandante de la Policía en Bogotá y del Ministro de Defensa, quienes aseguraron que el secretario de Seguridad estaba presente cuando se tomó la decisión.“Pero la Policía ni el Esmad tiene autorización para quitarles ojos a nuestros jóvenes y vida a nuestros manifestantes. Todos los protocolos de la Alcaldía y del Gobierno Nacional e internacionales prohíben que el Esmad dispare cualquier cosa al cuerpo”, dijo.La alcaldesa hizo una advertencia para las movilizaciones que están convocadas en la ciudad.“Este será un año electoral y de altísima movilización. Si cada movilización por intervención del Esmad va terminar costándole el ojo o la vida a un joven, esta democracia se socava”, dijo.“Nosotros del Esmad no necesitamos explicaciones, sino cambios y reformas porque mientras el círculo vicioso sea qué hay eventos de abuso en los que pueden la vida o la visión de un ojo y siguen excusas e impunidad esta democracia está en jaque”, añadió.Cabe señalar que durante las manifestaciones de la semana pasada en Bogotá cuatro personas resultaron heridas. Tres funcionarios de la Secretaría de Gobierno y la Personería, además de un joven en uno de sus ojos.Escuche esta noticia en Mañanas BLU:
Este es el pico y placa en Bogotá del 1 al 5 de marzo, decretado por la Alcaldía de Bogotá.Lunes 1 de marzo: 1 – 3 – 5 – 7 – 9Martes 2 de marzo: 0 – 2 – 4 – 6 – 8Miércoles 3 de marzo: 1 – 3 – 5 – 7 – 9Jueves 4 de marzo: 0 – 2 – 4 – 6 – 8Viernes 5 de marzo: 1 – 3 – 5 – 7 – 9Recuerde que la multa por incumplir la medida es de $438.000.Horario de pico y placa en Bogotá.Horario de la mañana: 6:00 a.m. a 8:30 a.m.Horario de la tarde: 3:00 p.m. a 7:30 p.m.Recuerde que los usuarios que quieran ser exentos del pico y placa pueden registrarse en la página de la Secretaría de Movilidad y usar su vehículo con 3 o más personas. Además, está el pico y placa solidario, la modalidad con la que usted puede pagar semestralmente para usar su vehículo sin ninguna restricción.
“Hay un paquete de alivios que le llegarán a las actividades que más han perdido como hoteles, gastrobares y restaurantes”, dijo el funcionario.En total, los alivios del Distrito llegarían a cerca de 2.500 establecimientos en la capital."La gran ayuda es cerca de 38 mil empresas que han sido financiadas por el Gobierno Nacional. Los apoyos del Distrito son más limitados, llegarían a 2.500”, afirmó Ramírez.Escuche a Mauricio Ramírez, secretario de Hacienda de Bogotá, en Mañanas BLU:
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lamentó, en sus redes sociales, el caso del joven Gareth Steven Sella Forero, de 24 años, quien resultó seriamente afectado en su ojo izquierdo durante las protestas de este miércoles.“Gareth Steven fue trasladado a la Clínica San Ignacio, agradezco a la Clínica Santa Fe la atención. En estos momentos acompaño a Gareth y a su familia. Desafortunadamente el diagnóstico médico es de trauma severo en su ojo. Gareth entra a cirugía”, escribió la funcionaria en sus redes sociales.De acuerdo con la Alcaldía, el joven resultó herido en confusos hechos por un elemento aún no identificado."Debo hacer un llamado, reiterar, que es absolutamente innecesario entrar en choques violentos, la marcha venía pacífica, salió de diferentes puntos, pero hay que evitar choques violentos porque en medio de eso pasa cualquier desgracia como esta", sostuvo la alcaldesa tras el encuentro con familiares del joven herido.
Hasta el momento en la Registraduría Nacional se han inscrito 65 comités de revocatorias de mandatos de alcaldes y gobernadores del país en estos primeros dos meses de 2021.Estas organizaciones están a la espera que las autoridades de salud informen cómo pueden recolectar las firmas de los ciudadanos sin correr riesgos de contagios de COVID-19.A su vez, precisaron que esto podría aumentar los costos de estos mecanismos de participación.En los últimos días, tres juzgados de la República fecharon varias tutelas que pretendía que se reactivaran los términos de la revocatoria del mandato.“La Registraduría continúa a la espera de la respuesta de la solicitud que se le hizo al Ministerio de Salud y Protección Social a efectos que autorizará la entrega de formularios de recolección de firmas, que estableciera los lineamientos y los protocolos de bioseguridad”, manifestó Farfán.Según la Constitución, y algunas normas electorales, una vez entregados los formularios de la recolección de firmas, los comités tienen seis meses de plazo para recolectar los apoyos que serán verificados por la Registraduría.
Este martes, un grupo de al menos 100 comerciantes, dueños de bares y discotecas que por la pandemia funcionaban como gastrobares, bloqueó la avenida Boyacá con Primero de Mayo en sentido sur- norte en Bogotá en protesta por el decreto que restringe los gastrobares.BLU Radio acompañó a estas personas, quienes aseguran estar "en la quiebra", por lo que le piden a la Alcaldía de Bogotá que retire las medidas decretadas."Tengo dos negocios de vallenato y funcionaban como gastrobar. Vendíamos comida y cervezas a la mesa. Tenía un convenio con otro gastrobar y ellos nos vendían la comida. Vamos reunirnos en la cuadra alegra para hacer una mesa de concertación entre nosotros a ver cuando salimos a marchar de nuevo para que deroguen el decreto 055", dijo uno de los afectados con el decreto.Luego, desde las 5:00 de la tarde los manifestantes se reunieron nuevamente, esta vez, en la calle 85 con carrera 15, en donde bloquearon la vía durante algunos minutos y se dirigieron hacia la Autopista Norte. Los manifestantes bloquearon la Autopista Norte en varios sentidos durante varios minutos, finalmente, el Esmad hizo presencia en la zona y, usando aturdidoras, despejaron la vía. Vea aquí más detalles de las protestas:Escuche aquí más detalles de esta noticia:
La Alcaldía de Bogotá dio a conocer un decreto en el que pone en cintura a los bares que funcionan actualmente en la ciudad y que incorporaron la venta de comida para poder funcionar como gastrobares.Esto hasta tanto no se cuente con las condiciones epidemiológicas necesarias definidas por la Secretaría de Salud.Es decir, los establecimientos de comercio cuya actividad económica principal consiste en la venta al público, con o sin servicio a la mesa de bebidas alcohólicas para su consumo dentro de los mismos tales como bares y gastrobares, “no estarán autorizados para funcionar en espacios públicos y establecimientos de comercio”.Solamente el decreto autoriza a los establecimientos gastronómicos a expender de manera excepcional bebidas embriagantes como complemento a platos principales servidos a la mesa.“Expendio a la mesa de comidas preparadas. Expendio por autoservicio de comidas preparadas. Expendio de comidas preparadas en cafeterías. Otros tipos de expendio de comidas preparadas”, agrega.
Mediante una resolución, la Alcaldía de Bogotá dio a conocer los nuevos lineamientos que se tendrán en cuenta como protocolos de bioseguridad para seguir evitando más contagios de COVID-19.Dentro de lo destacado, se encuentra la eliminación de medidas como la toma de la temperatura, los tapetes con alcohol y la limpieza de las llantas de los vehículos.La nueva resolución hace énfasis en los cuidados personales y comunitarios.“Según la evidencia, prácticas cotidianas como desinfección de zapatos, registros de temperatura y listado de personas al ingreso de establecimientos no generan mayor aporte en el control frente a la transmisión del virus, por lo que es posible prescindir de estas medidas”, dicen.“La evidencia más reciente se enfoca a transmisión por aerosoles por lo que retoma mayor preponderancia mantener una buena ventilación en espacios cerrados, sin hacinamiento y con una adecuada higiene respiratoria o de la tos”, puntualiza el documento.También se señala que se debe mantener el distanciamiento social en espacios cerrados y abiertos como parques, plazoletas, centros comerciales, etc.“La limpieza y desinfección de superficies: aumentar la frecuencia de la limpieza en las áreas comunes y de contacto frecuente por diversas personas como manijas de puertas, botones de ascensores, barandas, pasamanos, transporte público, entre otros”.
Ricardo Ospina, director del Servicio informativo de BLU Radio, explica los tres caminos que tiene la Fiscalía en el caso Uribe. La decisión del caso contra el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) por manipulación de testigos entra en su recta final en la Fiscalía General, que deberá decidir si lo acusa o solicita la preclusión del proceso que inició la Corte Suprema de Justicia.Estas son las claves del caso:VOLTERETA JUDICIALEl proceso comenzó en febrero de 2012 cuando el expresidente demandó por supuesta manipulación de testigos al senador Iván Cepeda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.Esa demanda acabó volviéndose contra Uribe cuando el magistrado José Luis Barceló, que fue quien recibió el caso en la Corte Suprema, no solo lo archivó sino que decidió abrir una investigación a Uribe por supuesta manipulación de testigos.La Corte consideró que Cepeda no buscó a exparamilitares para fabricar un cartel de falsos testigos contra Uribe, como él denunció, y determinó que las pruebas dejaron en evidencia que Juan Guillermo Villegas Uribe, hombre cercano al expresidente, y otras personas fueron los que buscaron testigos para acusar al senador de izquierdas.UN EXPARAMILITAR, TESTIGO CLAVEEn el caso son clave los testimonios de exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve, preso en la cárcel La Picota de Bogotá, a quien supuestamente el abogado Diego Cadena, que hacía parte del equipo de Uribe, le ofreció ayudas si cambiaba las declaraciones que hizo contra el expresidente.Monsalve, hijo del administrador de la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia de Uribe, testificó que el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), del cual hizo parte, se fundó en esa finca entre 1996 y 1997 con la participación de varias personas, entre ellas el expresidente y su hermano Santiago Uribe.La versión que ha contado Monsalve es que en ese predio se planearon matanzas que luego cometieron los escuadrones del grupo, acusaciones que Uribe y su defensa siempre han negado.SUPUESTA MANIPULACIÓN DE TESTIGOSMonsalve posteriormente se retractó de esas acusaciones y dijo que cambió su testimonio por presiones de Cadena, a quien acusa de haberle ofrecido conseguir mejores condiciones en la cárcel y revisar su caso sin cobrarle honorarios.Uribe ha insistido en que eso es falso, pero la Corte Suprema, a quien acusa ser sesgada en su contra, determinó que Cadena, por orden del expresidente, visitó a varios paramilitares y narcotraficantes en distintas cárceles del país para que declararan a su favor.La defensa de Uribe argumenta por su parte que nunca hubo presiones o amenazas y que quienes fueron contactados por personas cercanas al exmandatario tenían el interés de testificar en beneficio de Uribe, quien nunca ordenó entregarles dinero a cambio.Entre las pruebas del caso la Corte recopiló testimonios, conversaciones de WhatsApp, interceptaciones telefónicas a Cadena -cuya validez es cuestionada por la defensa-, audios que Monsalve grabó con un reloj-grabadora desde la cárcel y soportes de los supuestos dineros o ayudas entregadas a los testigos.DETENCIÓN DE URIBE Y GIRO DEL PROCESOEn octubre de 2019 la Corte Suprema de Justicia, quien investiga a los aforados del país, tomó la decisión de vincular al exmandatario por los delitos de "fraude procesal y soborno en concurso homogéneo y sucesivo" después de escuchar a Uribe en una extensa indagatoria.Después de meses de investigación, el 4 de agosto de 2020 el alto tribunal ordenó la detención domiciliaria de Uribe al considerar que había un riesgo de que el entonces senador del partido de derechas Centro Democrático obstruyera la justicia, decisión que ahondó la polarización alrededor de la figura del exmandatario y generó un gran revuelo político.Uribe fue reseñado como el preso número 1.087.985 el 12 de agosto y una semana después renunció al Senado alegando violaciones y falta de garantías procesales en la Corte, con lo que perdió su fuero de congresista.Con la renuncia, considerada por la contraparte como una estrategia de Uribe para "evadir a la justicia" y evitar un posible juicio, el caso dio un vuelco y el expediente pasó a la Fiscalía General, donde el expresidente considera que tendrá un trato más imparcial.Ese cambio además produjo que el caso ya no se pueda conducir bajo la Ley 600 del año 2000 sino por la Ley 906 de 2004 en la que hay un fiscal que investiga, un juez de control de garantías que toma decisiones y un juez de conocimiento que es el que dirige el eventual juicio.LIBERTAD DE URIBEUribe, quien permaneció 67 días privado de la libertad en su hacienda "El Ubérrimo", en el departamento caribeño de Córdoba, quedó libre por orden de una jueza de Bogotá el pasado 10 de octubre, aunque siguió vinculado al proceso.La jueza 30 penal con función de garantías de Bogotá, Clara Ximena Salcedo Duarte, determinó después de una extensa audiencia, que para que haya una orden de detención contra Uribe es necesario que exista "una solicitud elevada por la Fiscalía General de la Nación ante un juez de garantías".La Fiscalía asignó a principios de septiembre a Gabriel Jaimes Durán como fiscal especial del caso y será él quien decidirá si se acusa a Uribe o solicita la preclusión del proceso.El senador Cepeda, que ahora es parte civil en calidad de víctima, desconfía de la imparcialidad del fiscal y ha denunciado que Jaimes ha ordenado pruebas que ya fueron practicadas por la Corte para dilatar el proceso.El hecho de que el caso haya pasado a la Fiscalía, cuyo titular, Francisco Barbosa, es amigo de vieja data del presidente Iván Duque, ahijado político de Uribe, ha despertado sospechas en sectores que anticipan que el ente investigador pedirá el cierre del proceso. EFE
El contralor General de La República, Felipe Córdoba, llegó a Neiva para inspeccionar algunas obras consideradas como ‘elefantes blancos’, es decir, que están sin concluir.Durante la primera jornada visito en el municipio de Aipe donde encontó tres obras inconclusas como el estadio de fútbol, el patinódromo y la Plazoleta Lúdica y Ágora, la cual hoy ya tiene proceso de responsabilidad fiscal.“Vinimos a Aipe a mirar varias obras, dentro de las cuales estuvieron: el patinódromo, que toca de una u otra manera ponerlo sobre ruedas de nuevo. La cancha de fútbol, ustedes vieron los niños jugando en una esquina, porque además tienen todos los problemas ahí debemos reconocer que el alcalde ha venido presionando definitivamente a los contratistas”, señalo el contralor General.Otro de los emblemáticos elefantes blancos que visito en este municipio es el Megacolegio ‘Santa Rita’, el cual se proyectó desde el año 2010 con una inversión superior a los 5.000 millones de pesos.Aunque estaba proyecto para construirse en cinco meses, hoy casi 11 años después aún no ha sido puesto en funcionamiento.“Nos da pesar de ese megacolegio que hoy este sin mantenimiento, por eso hacemos un llamado al señor gobernador para que efectivamente, con el alcalde del municipio de Aipe, entreguen los recursos para que tengamos por lo menos semipresencialdad, porque como esta efectivamente los niños no van a poder llegar a estudiar a ese colegio”, enfatizó.Por último, indico que, desde la Contraloría, seguirán haciendo seguimiento permanente, para que se entreguen bien las obras y en el menor tiempo posible.
Este jueves Boyacá Chicó recibió a Millonarios en el estadio La Independencia de Tunja para disputar un partido pendiente de la fecha dos de la liga colombiana, donde varias jugadas desataron polémica.El equipo de Alberto Gamero logró rescatar tres puntos al imponerse 1-0 al Chicó, dejando así una racha de derrotas que actualmente lo tienen fuera de los cinco primeros en la tabla.El gol de la victoria para los ‘embajadores’, y el único del partido, vino tras un cobro de penal de Cristian Arango al minuto 49, tras una falta que pitó el árbitro por una supuesta mano del defensor Henry Plazas, jugada que generó polémica y disgusto en los ‘ajedrezados’.Finalizando el encuentro Dubán Felipe Gonzáles recibió tarjeta roja al minuto 90+5 por una fuerte entrada a Elvis Perlaza.Con este resultado, Millonarios es noveno con 16 puntos mientras que Boyacá Chicó es colero en la tabla en la posición 18 con cuatro puntos.
Decenas de pasajeros que llegaron al aeropuerto Simón Bolívar de Caracas protestaron y rebasaron los controles sanitarios impuestos como forma de rechazar la obligatoriedad de someterse --y pagar 60 dólares-- a un test de coronavirus, según lo estipulado por el Gobierno.Los manifestantes, la mayoría con mascarillas, rompieron a empujones el cerco humano que fue diseñado en este aeropuerto, el principal del país, para frenar el tránsito de los pasajeros que lleguen a Venezuela desde el extranjero.Este nuevo control sanitario, que entró en vigor el miércoles, establece que toda persona que pise territorio venezolano debe someterse a una PCR en un único laboratorio antes de pasar por los trámites de migración, retirar el equipaje o atravesar la aduana.En el primer día, algunos usuarios de las redes sociales publicaron fotografías para mostrar largas filas de personas que esperaron entre dos y cuatro horas para someterse a estos exámenes.Según algunos comentarios en Twitter, hubo problemas para el pago de estas pruebas, pues deben ser abonadas exclusivamente con dólares en efectivo y el personal no disponía de dinero para dar cambio, un escenario que se repite en casi todos los comercios de Venezuela.En los videos compartidos este jueves se observa a parte del personal sanitario tratando de contener a los pasajeros, pero estos lograron avanzar sin someterse a la prueba, aunque se desconoce si luego fueron devueltos por las autoridades.El aeropuerto, también a través de Twitter, aseguró hoy que los pasajeros procedentes de vuelos internacionales "cumplen con el protocolo de bioseguridad y cerco epidemiológico establecidos", una afirmación que fue respaldada por un vídeo en el que muestran la aparente normalidad con que transcurre este proceso.La aerolínea venezolana Laser informó de la activación de una página web "donde todo pasajero debe registrarse antes de iniciar su viaje de retorno" a Venezuela, si bien no aclaró si esta información será manejada por la compañía privada o por las autoridades aeronáuticas.Laser ratificó que antes de embarcar en los vuelos con destino a Venezuela, será obligatorio que los pasajeros presenten una prueba PCR negativa, "de acuerdo con los procedimientos ya establecidos por la autoridad aeronáutica nacional".
José Augusto Rendón, a través de la Resolución 298 el pasado 26 de febrero, fue nombrado como defensor Regional del pueblo en Urabá, Antioquia.Sin embargo, su llegada a ese cargo no ha sido bien recibida pues ha causado algunas reacciones contrarias. Las críticas llegaron, principalmente, porque Rendón ha sido abogado y representante legal de empresas involucradas en demandas de restitución y despojo de tierras, justo en esa región así como en el norte del Chocó y en Córdoba.También ha sido cuestionado por declaraciones en las que en reuniones con víctimas, donde no solo criticó a la Unidad de Tierras y a la institución que hoy representa sino que insinuó que reclamar tierras solo llevaría a generar más violencia."No saben cómo van a volver a convertir a Colombia, en una violencia y por la tierra. Si eso es lo que pretenden con decisiones amañadas, manejadas y estigmatizadas están fallando en su misión como funcionarios públicos”, añadió. Esas declaraciones, incluso, están reseñadas en las actas que ha hecho la misma Defensoría durante las visitas a los territorios.Por eso, para Gerardo Vega director de Forjando Futuros, este nombramiento es incoherente y afecta la confianza en la institución.“Él ha estado del lado de empresarios de los que se ha demostrado aportaron dinero a grupos ilegales para despojar de sus predios a campesinos. En esas reuniones, que son públicas, se ha visto cómo lanza frases amenazantes contras las víctimas que reclaman tierras”, aseveró Vega.Según el director, esto es un reflejo de que en el Urabá hay una silla giratoria entre lo público y lo privado al pasar sus funcionarios por diferentes cargos de ambos lados.“Es una cooptación de las instituciones, pero todo en defensa de esos intereses de los grandes empresarios. Hoy, un abogado que representaba esos intereses, es nombrado Defensor del Pueblo, qué confianza puede haber en esa institucionalidad”, agregó Vega.Por ahora, la Defensoría del Pueblo no ha respondido a estos cuestionamientos.Esta es la resolución de nombramiento: