Clausuraron dos establecimientos por venta de licor adulterado en Engativá, Bogotá

Por medio de un trabajo en conjunto por parte de la Alcaldía de Engativá, la Policía de Bogotá y la Secretaría de Seguridad se clausuraron dos establecimientos durante un proceso de control los barrios Santa María del Lago y San Antonio.De acuerdo con la información entregada por las autoridades, en estos establecimientos se encontraron 13 botellas de licor adulterado y otras 14 cajas de envases vacíos en los cuales se presume que iban a reenvasar las bebidas alcohólicas.Además de los dos establecimientos, otros seis también fueron puestos a prueba para saber si cumplían con los parámetros necesarios para su operación. A esta función también se sumó la sensibilización a los comerciantes y residentes del sector. La Secretaría de Integración Social (SDIS) también se hizo presente y orientó a los ciudadanos con habitabilidad de calle que frecuentan estas zonas del noroccidente de la ciudad para que también puedan acceder a los servicios del Distrito.Este operativo obedece al plan distrital de desarrollo Bogotá Camina Segura, el cual inicio este mismo año y tiene como fecha de terminación en el año 2027, siendo desarrollado durante el mandato del alcalde Carlos Fernando Galán. Este plan que tiene una inversión de más de 142 billones de pesos tiene cinco objetivos los cuales se esperan cumplir al momento de dar por terminado el proyecto. Los objetivos son:Objetivo 1: Bogotá avanza en seguridad. Inversión: $ 7,5 billonesObjetivo 2: Bogotá confía en su bienestar. Inversión: $ 27,6 billonesObjetivo 3: Bogotá confía en su potencial. Inversión: $ 24,4 billonesObjetivo 4: Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática. Inversión: $ 23 billonesObjetivo 5: Bogotá confía en su Gobierno. Inversión: $ 8,5 billonesSe espera que estos controles se sigan realizando por todas las localidades de la ciudad. La venta de licor adulterado puede incurrir en una sanción de 11 años de prisión, además del cierre del establecimiento y una multa de 1.500 salarios mínimos legales vigentes, por lo cual es responsabilidad de los comerciantes que ante cualquier sospecha informen a las autoridades.