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Justo el día que los recicladores están realizando protestas en Bogotá, mostrando su inconformidad por un decreto, se conoció un auto de la Corte Constitucional que protege a esta población.
En su decisión, el alto tribunal amparó los derechos a la dignidad humana, la igualdad, el trabajo y el mínimo vital, al concluir que varias entidades del Distrito incurrieron en omisiones que afectan de manera directa las condiciones de vida y laborales de los recicladores.
En ese sentido, la Corte le pidió a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico expedir, a más tardar el 25 de enero de 2026, un acto administrativo de carácter transitorio para proteger los derechos de la población recicladora de oficio, mientras se define y adopta el marco regulatorio y contractual definitivo para la prestación del servicio público de aseo en Bogotá.
Incluso, la Corte Constitucional también exigió que las políticas públicas relacionadas con la gestión de residuos incorporen un enfoque diferencial, reconociendo el rol social, económico y ambiental que cumplen los recicladores, y evitando su tratamiento como trabajadores informales o marginales.
En su cascada de órdenes, la Corte también le pidió a la Procuraduría estar vigilante del cumplimiento de estas órdenes.
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