La acción fue interpuesta por Juan Carlos Calderón España, presidente de la Veeduría Ciudadana Vercontrol, quien señala como principal causal una presunta violación de los topes máximos de financiación electoral. De acuerdo con el documento, los recursos habrían salido del contrato de los carrotanques de la UNGRD, que tenía como propósito llevar agua a comunidades de La Guajira.
El cuestionamiento parte de los reportes oficiales de la campaña en el aplicativo Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral. Allí aparecen ingresos por $277.440.000 y gastos por $277.468.000. Sin embargo, los tres mil millones de pesos mencionados en la demanda no aparecen registrados.
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La Veeduría sostiene que, si se demuestra que ese dinero ingresó a la campaña o fue utilizado en su beneficio, los recursos manejados superarían ampliamente lo reportado oficialmente y también el límite individual de gastos establecido por el Consejo Nacional Electoral para esa elección. En otras palabras, se trataría de una suma que multiplicaría por más de diez los ingresos reportados por la campaña.
Pero la demanda plantea, además, una segunda causal: una presunta indebida destinación de dineros públicos. El argumento de la veeduría es que recursos que estaban destinados a un contrato para atender las necesidades de agua en La Guajira habrían terminado, según lo expuesto por el accionante, beneficiando una campaña electoral.
Para sustentar sus señalamientos, Vercontrol cita las declaraciones entregadas por Olmedo López y elementos del proceso de pérdida de investidura contra el exsenador Iván Name. La Veeduría sostiene que estos elementos permitirían establecer el presunto vínculo entre los recursos de la UNGRD y la campaña de María Clara Name.
Con la demanda, el accionante pide al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que decrete la pérdida de investidura de la concejal y que, además, se compulsen copias a las autoridades competentes para establecer si existen responsabilidades penales o disciplinarias. Los señalamientos, sin embargo, tendrán que ser examinados y probados dentro del proceso judicial.