La reciente expedición del Decreto 117 de 2026 por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá ha generado un intenso debate entre autoridades distritales, vendedores informales y la ciudadanía. La normativa, que busca regular el uso del espacio público y garantizar condiciones de salubridad y seguridad, ha sido defendida por la directora del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), Lucía Bastidas, quien en entrevista explicó los alcances y motivaciones de la medida.
El decreto establece restricciones clave para las ventas ambulantes, entre ellas la prohibición del uso de cilindros de gas y sustancias inflamables en el espacio público, así como la regulación de actividades como la venta de alimentos, servicios de peluquería, tatuajes e incluso procedimientos odontológicos informales. Estas disposiciones buscan, según el Distrito, equilibrar el derecho al trabajo con la protección del espacio público y la salud ciudadana.
Seguridad y salubridad: ejes del decreto
Uno de los puntos más controvertidos es la prohibición del uso de pipetas de gas por parte de vendedores ambulantes, una práctica común en la preparación de alimentos como arepas, chorizos o mazorcas. Frente a esta medida, Bastidas fue enfática: “Para la salubridad de todos los bogotanos, por supuesto vamos a establecer zonas especiales, food trucks que cumplan con las condiciones”.
La funcionaria explicó que el uso inadecuado de estos elementos representa un riesgo significativo. “La pipeta de gas manipulada sin cumplir con las normas […] puede provocar una emergencia, y eso es lo que quiere evitar la alcaldía”, se detalla en la explicación del decreto.
Además, se busca garantizar condiciones higiénicas en la venta de alimentos. Bastidas ilustró la problemática con un ejemplo contundente: “Hemos visto […] alguien va y orina en un arbolito en la esquina y luego viene y le vende esa arepa […] eso afecta la seguridad de todos los bogotanos”.
Regulación del espacio público y lucha contra mafias
Otro de los objetivos centrales del Decreto 117 es recuperar el control del espacio público, que según las autoridades, ha sido capturado en algunos casos por estructuras ilegales. “Hay que recuperar los andenes, los puentes […] quitarle a las mafias que se adueñan del espacio”, señala el documento base de la medida.
En ese sentido, la administración distrital pretende diferenciar entre vendedores vulnerables y aquellos que operan bajo esquemas informales más estructurados. “No podemos decir que todos los vendedores informales son iguales, hay de todo”, explicó Bastidas tras destacar que muchos de estos trabajadores podrían entrar en procesos de formalización.
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La estrategia incluye la creación de rutas y espacios autorizados, así como alternativas como los denominados “bajopuentes” y zonas organizadas para el comercio informal. Estas medidas buscan garantizar tanto la movilidad de los peatones como el derecho al trabajo.
Servicios informales bajo la lupa
El decreto también pone el foco en prácticas que, aunque comunes en algunas zonas de la ciudad, representan riesgos sanitarios significativos. Tal es el caso de servicios odontológicos y de estética realizados en plena vía pública.
“Es un horror […] ortodoncia y piercing sin ningún requerimiento de salubridad”, afirmó Bastidas, refiriéndose a situaciones detectadas en sectores como San Victorino.
La funcionaria subrayó que estos servicios deben cumplir con normativas estrictas y realizarse en espacios adecuados. “Si usted va a sacarse una muela en plena plaza está accediendo a toda clase de infecciones”, advirtió, resaltando el riesgo para la salud pública.
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Alternativas y respuesta social
Pese a las restricciones, el Distrito ha insistido en que el decreto no busca eliminar el sustento de los vendedores informales, sino reorganizarlo. En este contexto, entidades como el Instituto para la Economía Social (IPES) ofrecerán programas de formación, empleo y reubicación.
Según cifras oficiales, más de 19 mil vendedores han sido caracterizados desde 2024, lo que permitirá diseñar estrategias diferenciadas. La administración también ha reiterado que los operativos de recuperación del espacio público se realizarán respetando el debido proceso.
Sin embargo, las medidas han generado protestas por parte de vendedores que consideran que su derecho al trabajo se ve amenazado. Ante esto, Bastidas respondió: “Lo que queremos es un tema de seguridad, de salubridad y de derecho al trabajo, por supuesto, pero cumpliendo reglas del juego claras”.
Un cambio estructural en la ciudad
El Decreto 117 de 2026 marca un punto de inflexión en la gestión del espacio público en Bogotá. Con un enfoque que combina regulación, formalización y control, la administración busca transformar la dinámica de la economía informal en la capital.
“La importancia de este Decreto ya la podemos demostrar con hechos […] buscamos organización, limpieza y seguridad”, concluyó Bastidas.
Escuche la entrevista completa aquí:
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