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La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, tras detectar presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de cámaras de seguridad.
Este acuerdo, firmado en 2023 y valorado en más de 14.339 millones de pesos, tenía como objetivo la instalación de 200 cámaras de videovigilancia tipo LPR en la ciudad. Sin embargo, a la fecha solo han sido instaladas 50, lo que equivale apenas al 25 % del componente principal del proyecto.
Pese a que el contrato registra un avance físico del 68,5 % y una ejecución presupuestal del 50 %, la baja implementación de las cámaras ha levantado alertas sobre el uso de los recursos públicos destinados a fortalecer la seguridad ciudadana en Bogotá.
La investigación disciplinaria también se fundamenta en otros hallazgos preocupantes: una planeación deficiente con fallas técnicas no previstas, tres prórrogas y tres suspensiones del contrato sin respaldo presupuestal, controversias contractuales por más de 2.000 millones de pesos, y la sustitución de la interventoría externa por una supervisión interna, sin justificación técnica adecuada.
Por estos hechos, la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción ordenó la recolección de pruebas que permitan establecer si se incurrió en faltas disciplinarias y, de ser así, determinar las responsabilidades individuales dentro del proceso.
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El ente de control reiteró su compromiso con la vigilancia y la transparencia en la gestión de los recursos públicos, especialmente aquellos destinados a la seguridad, un tema sensible para la ciudadanía y prioritario en la agenda distrital.
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