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Esta semana, el Congreso aprobó en cuarto debate la reforma laboral impulsada por el Gobierno, un paquete de modificaciones que ha despertado tanto aplausos como alertas.
Para entender su impacto, Sala de Prensa Blu conversó con Javier Almanza, coordinador del área laboral del Observatorio Jurídico de la Universidad del Rosario, quien explicó los efectos inmediatos que la reforma tendrá sobre empresas, trabajadores y la economía del país.
“La progresividad de los derechos no significa la garantía de los mismos”, fue la frase con la que Almanza resumió el espíritu de la reforma.
Según él, aunque las intenciones del Gobierno apuntan a dignificar el empleo, los cambios generan una carga significativa para muchos empleadores, especialmente los pequeños y medianos.
Uno de los puntos más relevantes es la ampliación del recargo nocturno, que ahora empieza a partir de las 7:00 p.m., en vez de las 9:00 p.m. Esto, sumado a la reducción de la jornada laboral, genera un aumento automático en las horas extras.
“Cada hora que se recorte en la jornada regular implica más horas extras”, explicó Almanza. Además, estas horas deben pagarse con recargos del 25% si son extras o del 35% si son nocturnas.
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En sectores como la vigilancia privada, donde se trabaja 24/7, ya se estima un aumento entre el 18% y el 22% en los costos operativos. “Ese costo lo van a trasladar, por ejemplo, a la cuota de administración de los conjuntos residenciales”, advirtió.
Uno de los puntos más debatidos ha sido la conversión del contrato de aprendizaje del Sena en un contrato laboral formal. Para Almanza, esto puede generar más temor que beneficios.
“El empleador ahora deberá pagar cerca de 2,200,000 pesos por aprendiz, incluyendo prestaciones”, explicó. Frente a esto, muchas empresas podrían preferir pagar la multa del Sena, que ronda los 1,500,000 pesos semestrales, antes que vincular aprendices.
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“Eso puede reducir oportunidades para los jóvenes que buscan experiencia. No por el derecho que se les concede, sino por la carga que se impone a las empresas”, añadió.
La reforma también introduce licencias remuneradas por calamidad doméstica, citas médicas y participación escolar.
Si bien ya existían figuras similares, ahora están formalizadas en la norma, lo que según Almanza puede dar pie a malentendidos, abusos y conflictos laborales.
“Estamos en un momento de polarización jurídica. Eso puede tensar más la relación entre empleador y trabajador”, señaló.
Por último, Almanza recordó que más del 60% de los empleos en Colombia los generan pequeñas y medianas empresas. “No somos un país de grandes industrias. Si se aprueba una norma sin ver la realidad de estas empresas, el golpe puede ser muy fuerte”, concluyó.
Aunque los cambios buscan proteger al trabajador, los expertos advierten que sin un equilibrio entre derechos y sostenibilidad, los efectos pueden ser contraproducentes.
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