Las protestas en inmediaciones del Museo Nacional, en Bogotá, dejaron reportes de personas heridas durante el fin de semana y encendieron las alertas de la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien expresó su preocupación por la actuación de la fuerza pública y el riesgo de que se recurra rápidamente al uso de la fuerza contra los manifestantes.
“Vemos unas interpretaciones muy ligeras que dan paso al uso de la fuerza, y que el ESMAD está en una proximidad casi que generando una especie de provocación a las personas que están protestando”, afirmó la defensora del Pueblo.
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Además, ha observado que el ESMAD se acerca demasiado a los manifestantes, incluso cuando no hay evidencias claras de que la protesta vaya a tornarse violenta. A su juicio, estas actuaciones pueden aumentar la tensión durante las movilizaciones.
La funcionaria también cuestionó algunos aspectos del decreto que regula la intervención de la fuerza pública durante las manifestaciones. Aunque reconoció que el Gobierno incorporó observaciones de diferentes sectores, incluida la Defensoría, señaló que todavía existen preocupaciones sobre la manera en que se está aplicando la norma.
“De una parte, se mantiene principio de diálogo, pero muy ligeramente se da paso al uso de la fuerza. Es decir, no es que realmente se agote el diálogo de una manera significativa, sino ante cualquier situación rápidamente se pasa al uso de la fuerza”, explicó.
Según Marín, las autoridades estarían recurriendo demasiado rápido a la intervención policial sin agotar suficientemente las posibilidades de conversación con los manifestantes.
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Otro punto que genera preocupación es la interpretación de las conductas que pueden justificar la intervención policial. Para la defensora, el decreto permite considerar ciertas acciones como contrarias a la protesta pacífica sin analizar suficientemente las circunstancias de cada caso.
“Por ejemplo, la obstrucción de vías, no necesariamente ni en todos los casos es una protesta violenta, y cualquier obstrucción se está entendiendo como si lo fuera en el decreto. Ni siquiera es tan preciso en ese sentido”, afirmó la defensora, al advertir que bloquear una calle no debería convertirse automáticamente en motivo para intervenir.
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A estas preocupaciones se suma el discurso de algunas autoridades, que, según Marín, tiende a presentar las protestas como un problema de orden público y puede terminar estigmatizando a quienes se manifiestan.
Finalmente, Marín indicó que la Defensoría ya había presentado observaciones al proyecto de decreto y que, tras su expedición, evaluaría las acciones pertinentes para que los jueces tomaran las decisiones correspondientes.
Su llamado es a garantizar un diálogo efectivo, evitar el uso injustificado de la fuerza y proteger el derecho de la ciudadanía a manifestarse pacíficamente.