En la tarde de este viernes, 31 de julio, se registraron protestas en inmediaciones del ingreso de la Universidad Nacional por la avenida El Dorado. Según la secretaría de Gobierno, agentes del UNDMO, antiguo Esmad, intervienen tras la presencia de personas encapuchadas y para levantar los bloqueos. Por esta situación, la estación Ciudad Universitaria de TransMilenio estuvo fuera de servicio durante algunos minutos.De acuerdo con el reporte oficial del Distrito, el Equipo de Diálogo Social se desplazó hasta la Universidad Nacional, en la localidad de Teusaquillo, luego de recibir información sobre la presencia de personas con el rostro cubierto al interior del campus. Posteriormente, comenzó la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) en inmediaciones de la calle 26.Otras manifestaciones en BogotáLa Secretaría de Gobierno también informó que durante la jornada se adelantaron otras manifestaciones en distintos puntos de Bogotá. Una de ellas fue de integrantes de la comunidad campesina del Valle del Cauca, quienes realizaron un bloqueo sobre la carrera 6 con calle 9, frente al Ministerio de Vivienda, para exigir la instalación de una mesa de diálogo con las entidades competentes.Como respuesta a esa movilización, el Equipo de Diálogo Social y la Secretaría Distrital de Movilidad implementaron cierres viales preventivos con el propósito de facilitar el desarrollo de la protesta y reducir las afectaciones para los demás actores viales.En otro punto de la ciudad, frente al Ministerio del Interior, en la localidad de Candelaria, se desarrolló un plantón de mujeres.Entretanto, la Secretaría de Gobierno confirmó que finalizó el acompañamiento institucional a la manifestación del resguardo Sisapiatú de Puerto Gaitán, Meta, frente a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en Teusaquillo.
La Procuraduría General de la Nación ordenó compulsar copias para que se abra una nueva investigación disciplinaria contra el capitán Manuel Cubillos Rodríguez, integrante del entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), dentro del proceso por la muerte de Dilan Cruz, el joven de 18 años que recibió el impacto de un proyectil durante una jornada de protesta el 23 de noviembre de 2019 en Bogotá.En la providencia, el Ministerio Público señaló que, de acuerdo con la versión entregada por el propio capitán Cubillos, la instrucción recibida durante la jornada fue dispersar la manifestación y restablecer la movilidad. Sobre ese punto, la Procuraduría indicó: “Teniendo en cuenta que, para el día de los sucesos investigados, el capitán (ct.) Manuel Cubillos Rodríguez, según lo manifestado por este, recibió como orden dispersar la manifestación y restablecer la movilidad, instrucción que, presuntamente, le impartió el coronel (cr.) Néstor Raúl Cepeda Cifuentes, quien fungía como comandante nacional de los Escuadrones Móviles Antidisturbios (…) Por esta Delegada se estima necesario compulsar copias de la presente actuación para que, de manera separada, bajo un nuevo radicado, se inicie la actuación disciplinaria a que haya lugar, en aras de determinar si existe responsabilidad disciplinaria alguna del citado coronel (cr.) Cepeda Cifuentes por las órdenes u orientaciones impartidas el día 23 de noviembre de 2019”.La Procuraduría calificó la conducta atribuida al capitán Cubillos como presuntamente dolosa. Al respecto, indicó: “De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, la falta endilgada al capitán (ct.) Manuel Cubillos Rodríguez se califica a título de DOLO, por cuanto, a pesar de tener el conocimiento de los deberes constitucionales y legales que le son exigibles (…) utilizó su arma de dotación de manera libre y voluntaria, en una jornada de manifestaciones donde se encontraban presentes muchos ciudadanos, detonándola en tres ocasiones, según el gasto que reportó, ocasionando la muerte a Dilan Mauricio Cruz Medina, obrando con pleno conocimiento de su comportamiento antijurídico y contrario a derecho”.La nueva decisión disciplinaria se conoce semanas después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declarara administrativamente responsable a la Nación, al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional por los daños ocasionados a los familiares de Dilan Cruz.
La Procuraduría General de la Nación sancionó disciplinariamente a dos integrantes del antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional por la muerte de un manifestante ocurrida durante las protestas del 1 de mayo de 2021 en el portal de TransMilenio Banderas, en Bogotá.En un fallo de primera instancia, el ente de control destituyó e inhabilitó por 18 años al patrullero del ESMAD Abberson de Jesús Salas, al concluir que accionó un fusil lanzagás contra la multitud y causó lesiones mortales a un joven que participaba en las manifestaciones.Según la Procuraduría, el uniformado actuó bajo órdenes del entonces subteniente y comandante de la sección 1 de ese antiguo escuadrón, Jorge Enrique Bombita.Por estos mismos hechos, la Procuraduría sancionó a Bombita con suspensión e inhabilidad por ocho meses, al considerar que ordenó la intervención de la multitud mediante el uso de la fuerza.En los últimos días, la Procuraduría ha proferido una serie de fallos relacionados con la protesta social de 2021. Los hechos son similares, ya que los patrulleros sancionados, en el marco del uso de la fuerza ante los disturbios, accionaron sus armas e hirieron mortalmente a varios manifestantes.Las protestas de 2021 se dieron luego de que el gobierno del entonces presidente Iván Duque, a través de su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentara una reforma tributaria que derivó en varios días de intensos enfrentamientos.
En diálogo con Mañanas Blu, el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Helberth Choachí, defendió la posición de su institución frente a los graves disturbios y actos de vandalismo registrados en las inmediaciones de la calle 72 en Bogotá.El académico cuestionó duramente el papel de las autoridades, señalando que los hechos violentos fueron, en parte, consecuencia de lo que calificó como una "actuación desmedida de la que es el cuerpo de policía".Según Helberth Choachí, es fundamental diferenciar las diversas situaciones que se presentaron durante la jornada para no estigmatizar a toda la comunidad estudiantil.El origen del conflicto y la denuncia de los estudiantesEl rector explicó que la movilización inicial surgió como rechazo a un video que circuló masivamente, donde se observaban agresiones de un grupo de vigilancia privada contra jóvenes de una universidad vecina y estudiantes de la Pedagógica.En ese sentido, enfatizó que la institución ha realizado el acompañamiento legal de estos casos, radicando denuncias en la Fiscalía y trabajando de la mano con la Defensoría del Pueblo. Respecto a los ataques sufridos por el sistema Transmilenio, el rector pidió no generalizar, afirmando que "no hay que hacer afirmaciones decolados" y que muchos de sus estudiantes son beneficiarios de alianzas con el distrito para el uso del transporte público. Su intención, según sus palabras, es "construir cultura sobre lo público", lo cual incluye el respeto por los espacios que habitan.Para el rector, resulta inexplicable que, habiendo una presencia masiva de la policía y de antiguos agentes del ESMAD (UNDEMO), se permitieran daños a la infraestructura de la Sergio Arboleda. Denunció, además, que se ignoraron los protocolos de mediación establecidos para la protesta social."Presuntamente violando los protocolos porque no hubo ninguna mediación frente a disuadir alguna acción que presuntamente pudiera ser violenta", afirmó el rector al cierre de su intervención.Escuche aquí la entrevista:
Un juez condenó a siete años de prisión al patrullero del antiguo Esmad, Danilo José Núñez Zabaleta, por haber disparado un proyectil de bala de goma que le causó la pérdida de un ojo a la joven Leidy Natalia Cadena Torres, el 28 de abril de 2021.De acuerdo con la decisión judicial, el uniformado fue hallado responsable del delito de lesiones personales con perturbación funcional permanente, luego de comprobarse que disparó en contravía de los protocolos establecidos sobre el uso de la fuerza. En el fallo, la jueza determinó que “a la pena principal de 84 meses legales mensuales vigente a título de autor penalmente responsable del título del delito de lesiones personales con perturbación funcional permanente con circunstancias de mayor punibilidad (...) el sentenciado deberá cumplir la pena de prisión dentro del establecimiento carcelario, patio de servidores públicos que él asigne para tal fin, por lo que, una vez ejecutoriado el fallo, se librará la correspondiente orden de captura a través del centro de servicios judiciales del sistema penal acusatorio de esta ciudad”.La decisión reconoce que el uniformado incurrió en lesiones personales con perturbación funcional al accionar un arma menos letal de forma directa contra la joven, provocándole una afectación permanente en su integridad física.En el mismo fallo, la jueza también resolvió absolver a otro funcionario, quien había sido vinculado previamente al proceso penal por los mismos hechos. Sobre este punto, la decisión judicial indicó: “Absolver a Álvaro Ramírez Castro por la totalidad de los cargos endilgados, esto es, lesiones personales con perturbación funcional permanente y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto”.El expediente relacionado con la agresión a Leidy Natalia Cadena Torres permaneció en la justicia ordinaria luego de que se determinara que el caso no debía trasladarse a la justicia penal militar. El alto tribunal descartó esa posibilidad al considerar que existían indicios de uso desproporcionado de la fuerza, lo que justificaba que el proceso continuara en la jurisdicción ordinaria.
El presidente Gustavo Petro señaló que la seguridad de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá estuvo garantizada durante los desmanes y protestas del Congreso de los Pueblos que dejaron cuatro policías heridos con flechas. El mandatario afirmó que fue un "grupo radical" el responsable de los daños pese a que habían llegado a acuerdos para levantar los bloqueos.Vale recordar que los uniformados fueron atacados cuando intentaban bloquear la avenida El Dorado para impedir el avance de los manifestantes hacia la sede diplomática. En videos y fotografías quedó evidenciado cómo los policías resultaron heridos en piernas, brazos y uno de ellos en la cara por estas flechas."La embajada se cuidó como prometí. Colombia cumple los tratados internacionales", escribió el presidente Petro, recordando que hace más de una semana había expresado que esta edificación no sufriría ninguna afectación por las manifestaciones propalestina, cuando se conmemoró el 7 de octubre dos años del inicio de la guerra en Medio Oriente.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reaccionó ante los hechos de violencia contra los policías y aseguró que estos ataques con un "intento de homicidio"."El Estado colombiano, no tolera ni tolerará estos ataques contra nuestros miembros de la Fuerza Pública. Quien ataca a un soldado o policía está atacando a una institución, está atacando al Estado", escribió el ministro en X, al mismo tiempo que afirmó que los responsables serán capturados.Entretanto, la Alcaldía de Bogotá denunciará ante la justicia, Defensoría y la ONU los hechos violentos reportados en la inmediaciones de la embajada. Según el alcalde Carlos Fernando Galán, fue necesaria la intervención de la la fuerza pública ante el uso de artefactos incendiarios, explosivos y flechas. “Siempre que haya violencia y destrucción, en Bogotá vamos a responder con el uso legítimo de la fuerza, como hicimos hoy”, dijo.
La Universidad Nacional de Colombia fue escenario de nuevos disturbios este lunes en Bogotá. Minutos antes de este hecho de alteración del orden público, se evidenció el momento cuando un grupo de encapuchados robó las hachas que forman parte de los equipos contra incendios de la institución.En videos quedó registrado cómo los encapuchados, que usualmente no son estudiantes de la universidad, robaron estos elementos de uno de los edificios de la institución de educación superior, pese a que miembros de la seguridad privada intentaron persuadirlos y evitar el hurto.Estos elementos, así como las bombas molotov, suelen ser usados por los encapuchados para bloquear la movilidad en la zona y amenazar a los conductores que no quieran ceder ante los bloqueos.Vale recordar que los bloqueos y problemas de movilidad que generaron estos encapuchados durante este lunes, 24 de febrero, duró cerca de tres horas, y se requirió la intervención del antiguo ESMAD para restablecer el orden en inmediaciones de la universidad, a la altura de la carrera 30 o también conocida Avenida NQS.Por el momento, la Unal no ha emitido algún comunicado refiriéndose sobre lo sucedido con estos encapuchados y el hurto de estas hachas, que son fundamentales en caso de una emergencia en la institución educativa.Autonomía universitariaEn ocasiones anteriores, la universidad ha reiterado que los encapuchados no son estudiantes de la institución y que la Policía no puede intervenir en el campus debido a la autonomía universitaria. Sin embargo, la situación ha generado preocupación entre la comunidad universitaria y los vecinos de la zona por los reiterados actos vandálicos.
Usuarios en redes sociales denunciaron un caso de desalojo contra una fundación de animales en la localidad de Fontibón, noroccidente de Bogotá. Según se evidencia en los diferentes videos, al lugar llegaron los uniformados de la UNDMO (antiguo Esmad) para realizar el operativo, ante la negativa de los trabajadores de abandonar el predio.La indignación no se hizo esperar por parte de quienes vieron el accionar de las autoridades, pues la fundación tendría en su cuidado a 35 perros y 16 gatos. Tras la polémica, desde el Distrito aclararon lo sucedido con el lugar.“Se trata del cumplimiento de una orden de segunda instancia sobre un predio privado que está siendo ocupado ilegalmente, proceso que inició con una querella policiva desde 2023 (...). Todas las audiencias que se surtieron previamente ofrecieron alternativas por parte del querellante a los ocupantes. Lamentablemente estas propuestas fueron rechazadas”, dijo el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.Según afirmó el Distrito, quienes hacían parte de la fundación hicieron caso omiso a la orden y a los avisos proporcionados por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA). De hecho, el secretario de Gobierno reiteró que en medio del operativo se volvieron a ofrecer alternativas, todas rechazadas.“En la diligencia de hoy se presentaron agresiones a las personas que adelantaban el operativo por lo que fue necesaria la presencia de la Policía. Se ha contado con el acompañamiento de la Defensoría y la Personería. Estamos encima del procedimiento para darle garantía a todos los actores involucrados en esta diligencia y en especial para que los animales no se vean afectados”, finalizó Quintero.Tras el desalojo, la interrogante pasa ahora por la situación de los perros y gatos que ya no tienen un hogar. Fuentes de Protección Animal le confirmaron a Blu Radio que este proceso de reubicación le corresponde a los dueños de la fundación, quienes deberán encontrar un sitio para los animales que tenía en su poder. El Distrito asegura que acompañará la medida.
Problemas de orden público en la tarde de este miércoles, 5 de febrero, en la capital del país. Sobre la avenida Caracas en la calle 14; es decir, cerca a la estación de la Jimenez de Transmilenio en el centro de la ciudad, se registró un fuerte enfrentamiento entre encapuchados y miembros de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), el antiguo Esmad.Las fuertes protestas hoy en Bogotá se dieron frente a la sede de la Universidad Distrital ubicada en esta zona. Todo comenzó cuando encapuchados empezaron a bloquear el corredor vial frente a la sede artes. La Policía tuvo que intervenir para recuperar la movilidad en la zona, pues suele ser un sector con alto flujo vehicular y crucial durante la hora pico para el retorno de miles de personas a sus hogares.Este es uno de los videos de la protesta hoy en BogotáDicho clip da cuenta de cómo los fuertes enfrentamientos llevaron a que varias personas que se movilizaban en este sector tuvieran que salir evacuados de la zona; incluso, la Policía tuvo que poner caminos alternos para los servicios alternos del transporte público y para todos los vehículos que se movilizaban en esta zona. Por ejemplo, lo zonales que se dirigen hasta el Portal Norte desde el Portal de la América, o viceversa, fueron los más afectados-En desarrollo.
La Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), antiguo ESMAD, aseguró que el uso de la fuerza en manifestaciones y eventos de control público se implementó solo en un 7.1 % de los casos, según datos de la Policía Nacional. De acuerdo con el coronel Nelson Zambrano, comandante de la UNDMO, se ha priorizado el diálogo, la mediación y la educación en derechos humanos para que los uniformados reduzcan la necesidad de intervenir físicamente en contextos de protesta.“La UNDMO no es simplemente una unidad de control de disturbios, sino un grupo especializado en crear espacios de diálogo y solución pacífica de conflictos. Nuestro objetivo es evitar, siempre que sea posible, el uso de la fuerza. Nuestro personal está entrenado para manejar situaciones de alto estrés sin recurrir a la fuerza como primera opción. Esto ha cambiado la forma en que la ciudadanía nos percibe y ha mejorado nuestra relación con la comunidad”, dijo Zambrano.A lo anterior se suma que la entidad también ha incorporado la tecnología para garantizar que las actuaciones de sus uniformados se encuentren acordes con los protocolos de derechos humanos. “Cámaras corporales, sistemas de monitoreo en tiempo real y otros dispositivos tecnológicos nos permiten registrar y analizar cada intervención, asegurando que se respeten los derechos tanto de los manifestantes como de los policías”, continuó el coronel.Por último, desde la UNDMO consideran que el cambio en la capacitación hace que la entidad se consolide como un referente en la gestión de las manifestaciones pacíficas, pues demostraría que la prevención y el diálogo son mecanismos mucho más efectivos que la represión.
Este jueves en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos, nacionales e internacionales más importantes, acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.
Después del terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, Bogotá busca fortalecer las herramientas que tiene para reaccionar ante este tipo de emergencias. Una de ellas estaría los postes de alumbrado público.El Distrito presentó un proyecto para modernizar esta infraestructura y hacer que, además de iluminar, pueda servir para conectar diferentes equipos que ayuden a la ciudad en situaciones de emergencia.En el caso de un terremoto hay una aclaración importante, el sistema no permitiría predecir cuándo va a ocurrir un sismo. Sin embargo, una vez el movimiento sea detectado y se genere una alerta, esta podría difundirse rápidamente a través de postes equipados con altavoces, sirenas y otros dispositivos de comunicación.La apuesta es que la información pueda llegar al mismo tiempo a diferentes sectores de la ciudad, incluyendo comunidades, colegios, hospitales y lugares en los que se concentran grandes cantidades de personas.El proyecto de Acuerdo por una Ciudad Inteligente busca convertir progresivamente el alumbrado público de Bogotá en una red que pueda soportar diferentes herramientas tecnológicas.Además de su posible uso durante un sismo, esta infraestructura podría ayudar en la atención de incendios, inundaciones y deslizamientos. También permitiría conectar cámaras de seguridad y detectar fallas en el alumbrado para facilitar su atención.El Distrito plantea además reemplazar la iluminación actual por tecnología LED y contar con un sistema que permita conocer de manera remota cuándo una luminaria presente problemas. La propuesta todavía deberá ser discutida por el Concejo de Bogotá antes de entrar en funcionamiento.¿Quién pagaría el nuevo alumbrado?Para financiar la modernización, la Alcaldía propone crear un cobro adicional en el impuesto predial. Las viviendas y pequeños comercios de los estratos 1, 2 y 3 no tendrían que pagarlo.La secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, explicó que este tipo de cobro permite tener una fuente específica de recursos para mantener el alumbrado público y que su implementación dependerá del Concejo.“Es el Concejo de Bogotá el que determina que se pueda cobrar y si en algún momento determina que no desea seguirlo cobrando, también sería un trámite ante el Concejo”, señaló Cadena.De acuerdo con las estimaciones presentadas por el Distrito, el pago promedio sería equivalente a cerca de $11.000 mensuales para una vivienda de estrato 4, $19.000 para estrato 5 y $29.000 para estrato 6. Para los predios comerciales se calcula un promedio de $67.000 mensuales.Por ahora, estos valores no son un cobro vigente debido a que la propuesta tendrá que superar su discusión en el Concejo. De ser aprobada, Bogotá comenzaría el proceso para que los postes que hoy sirven principalmente para iluminar las calles también puedan convertirse en una herramienta para la seguridad y la respuesta de la ciudad ante diferentes emergencias.
Tras 72 horas del sismo registrado el pasado 10 de agosto, la Clínica Comfamiliar Risaralda informó que mantiene activos sus servicios de salud, pese a las afectaciones presentadas en parte de su infraestructura física.Desde el momento de la emergencia, la institución activó sus protocolos de respuesta y dispuso equipos médicos, técnicos y operativos para evaluar las condiciones de sus instalaciones, proteger a pacientes, colaboradores, afiliados y visitantes, y garantizar la continuidad de la atención.El director de Comfamiliar Risaralda, Lucas Arbeláez Cifuentes, explicó que los daños están siendo evaluados y que la prioridad continúa siendo la atención a la comunidad.“Si bien la emergencia produjo daños en infraestructura que actualmente son objeto de evaluación, recuperación y reconstrucción, el compromiso institucional es mantener la prestación de los servicios y acompañar a los risaraldenses durante esta etapa”.Atención hospitalaria continúaLa Clínica Comfamiliar señaló que logró atender a personas afectadas por el sismo y dar de alta a pacientes hospitalizados, cuando sus condiciones lo permitieron, con el propósito de liberar camas y disponer de capacidad para nuevos requerimientos médicos.Actualmente, la institución reporta pacientes en diferentes servicios, entre ellos 12 en cuidados intensivos, tres en UCI pediátrica, seis en cuidado intermedio en Hemodinamia y dos en cuidado intermedio.También registra pacientes con requerimiento de oxígeno, en observación de urgencias y en urgencias pediátricas, además de atención en obstetricia, cirugía, pediatría, medicina interna y neonatos.Recuperación de infraestructuraMientras continúa la prestación de los servicios, los equipos técnicos adelantan la evaluación de las zonas afectadas y las acciones correspondientes para su recuperación y reconstrucción.Comfamiliar Risaralda reiteró que su respuesta frente a la emergencia tiene como prioridad proteger la vida, garantizar la atención y acompañar a las familias de la región.
El Consejo Superior de la Judicatura prorrogó hasta el 11 de septiembre de 2026 la suspensión de términos judiciales y administrativos en los despachos y dependencias administrativas ubicados en zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto.La medida cobija a los departamentos de Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca, además incluiría a los municipios de Puerto Boyacá, en Boyacá, y Puerto Salgar, en Cundinamarca.La decisión fue adoptada mediante el Acuerdo PCSJA26-12567, como parte de las medidas extraordinarias implementadas por la Rama Judicial para responder a la emergencia, proteger a sus servidores y garantizar la continuidad del servicio de administración de justicia.Entre el 12 de agosto y el 11 de septiembre, se suspendió el reparto de acciones de tutela, solicitudes de hábeas corpus y solicitudes de audiencias de control de garantías relacionadas con personas privadas de la libertad, en los despachos judiciales permanentes ubicados en los municipios afectados.Ademas, para garantizar la atención de estos casos, el Consejo Superior de la Judicatura determinó transformar temporalmente despachos judiciales de diferentes distritos del país en despachos de apoyo itinerante, con competencia territorial adicional para atender asuntos provenientes de las zonas afectadas.Estos despachos podrán conocer temporalmente acciones de tutela, hábeas corpus, solicitudes de control de garantías con personas privadas de la libertad y otros actos urgentes.También ordenó redistribuir a estos despachos de apoyo itinerante las acciones de tutela, hábeas corpus, solicitudes de audiencias de control de garantías y actos urgentes recibidos entre el 5 y el 12 de agosto que no hayan sido atendidos por los despachos de los distritos afectados.El Consejo Superior de la Judicatura pidió, adicionalmente, a los consejos seccionales y a las direcciones seccionales de administración judicial adoptar las medidas necesarias para informar a los usuarios sobre la presentación y trámite de tutelas, hábeas corpus y solicitudes de audiencias preliminares durante la vigencia de estas medidas.Apoyo psicológico y de seguridad para servidores judicialesEl Consejo Superior de la Judicatura también priorizó a las servidoras y servidores judiciales afectados por el terremoto, con medidas de apoyo integral para proteger su bienestar, salud mental y seguridad.Entre las acciones está la prestación de acompañamiento psicosocial especializado, tanto en sus viviendas y entornos familiares como en sus lugares de trabajo y otras situaciones relacionadas con la emergencia.Organizaron apoyo técnico para evaluar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los funcionarios afectados, con el objetivo de identificar posibles riesgos y adoptar medidas para proteger su vida, integridad y bienestar.
En medio de la tragedia que atraviesa Cali tras el terremoto de magnitud de 7.4 del pasado lunes, Ryan Castro tomó una decisión radical sobre su concierto en el Pascual Guerrero: cancelarlo. En un comunicado, el paisa expresó que sentía que "no era momento de celebrar" y quería "seguir ayudando a los que más lo necesitan"."La situación que hoy atraviesa nuestro país nos pone ante un escenario de fuerza mayor y, por respeto a quienes están viviendo las consecuencias de esta tragedia, creemos que este es el momento de acompañarnos, ser solidarios y poner el corazón donde más se necesita. Como colombiano, me duele ver a mi gente atravesando momentos como este. Hoy no es momento de celebrar. Hoy es momento de estar unidos, de acompañar a quienes sufren y de levantar entre todos a nuestro país", expresó.El evento estaba programado para el 22 de agosto en el Pascual Guerro, pero, ante la situación, el 'Cantante del Guetto' optó por quitarlo del calendario para que el enfoque de la ciudad sea el 100 % de su recuperación tras esta emergencia. Pero dejo en claro que tanto la fecha en Bucaramanga y Bogotá se mantienen como se tenía previsto en sus fechas establecidas."Cuando llegue el momento de encontrarnos, queremos hacerlo como Cali merece: con tranquilidad, con seguridad y con toda la energía para vivir una noche inolvidable. Gracias por su comprensión y por acompañarnos siempre. Y a mi gente de Bucaramanga, nos vemos en la fecha programada, donde además estaremos sumando una serie de acciones para seguir apoyando y aportando a nuestro país. Próximamente más información. Hoy mi corazón está con las familias afectadas y con toda Colombia", añadió.Es importante destacar que el paisa ha sido uno de los más activos a la hora de ayudar a los damnificados por el terremoto, tanto en sus redes sociales como en sus equipo al mover ayudas humanitarias o disponer de aviones para el transporte de personal médico.
