A pocas horas de conocerse la propuesta planteada por parte del presidente Abelardo De La Espriella para definir un protocolo que le permita a la policía intervenir al interior de las universidades públicas cuando se registren alteraciones al orden público, desde Antioquia ya empiezan a conocerse voces de respaldo a la iniciativa.Una de ellas es la del alcalde Federico Gutiérrez quien sostuvo que a raíz de situaciones como las ocurridas en la Universidad de Antioquia y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid en los últimos meses, han logrado constatar la influencia de grupo criminales en este tipo de expresiones que obligan al cierre de vías y la interrupción de actividades académicas, deportivas y culturales en los planteles.Tras la intención del jefe de Estado de dotar a la fuerza pública con las herramientas jurídicas necesarias para actuar en estas situaciones, el alcalde de Medellín indicó que la identificación y salida de los violentos de las universidades, debe ser una tarea integral y de la que participan diferentes instituciones."Aquí lo mejor es que definitivamente entre todos, con rectores, con sociedad académica, pero también la fuerza pública y la Fiscalía a través de inteligencia saca esa gente", dijo.El mandatario recordó que también el pasado Gobierno nacional habría defendido este tipo de prácticas a través de los canales de comunicación con los que contaban algunos de los manifestantes con los ministerios del Interior y Defensa para impedir la intervención de los organismos de seguridad."En varias ocasiones, con el Gobierno nacional anterior, donde ellos cometían hechos graves en vía pública y se escondían en la universidad, estas mismas personas llamaban desde adentro al Gobierno nacional, desde el Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa para que no se pudiera entrar y no los agarraran", añadió.A propósito de la reapertura sobre el debate de la intervención de la fuerza pública en estos casos, el alcalde recordó la captura de Diego Manuel Guzmán, alias ‘Cuervo’, quien es señalado de accionar un arma de fuego contra integrantes de la Fuerza Pública desde el interior del campus de la Universidad de Antioquia durante protestas el pasado 5 de junio.Tras su captura, minutos después de abandonar la universidad, el capturado fue dejado en libertad por decisión de la Fiscalía, pese a que también allanamientos a su dirección de residencia permitieron la incautación de elementos de propaganda alusivos al ELN.En el mismo sentido de Gutiérrez se pronunció el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. "Una manera de zanjar definitivamente esta problemática es abrir al público los campus universitarios, quitarles los cercos y establecer límites de seguridad en las edificaciones", dijo en su cuenta de X.
La senadora del Centro Democrático María Clara Posada le está pidiendo al Gobierno que revise el decreto 003 de 2021, el cual reguló el uso de la fuerza durante las manifestaciones. La congresista explica que el documento puede tener buenas intenciones pero que en muchos casos terminó limitando la reacción de las autoridades para contener fuertes escenarios de violencia."Actualmente los alcaldes y gobernadores no pueden limitar el lugar donde se realizarán las protestas, lo cual permite que los manifestantes bloqueen vías principales y carreteras fundamentales para la circulación de las personas. Esto no tiene sentido. Una protesta no tiene por qué detener el funcionamiento de las ciudades y mucho menos tapar corredores viales esenciales para el suministro de bienes y servicios", explicó la congresista.La sugerencia que está haciéndole al gobierno la senadora es que los mandatarios locales puedan impedir las protestas en las zonas de circulación clave de las ciudades. Además asegura que la figura de gestores de convivencia durante las manifestaciones ha sido inútil, pues considera que tiene buenas intenciones pero expone a jóvenes sin protección a sufrir todo tipo de ataques."Hoy el Esmad solo puede actuar cuando la protesta se salió de control y hay fuertes escenarios de violencia, lo cual muchas veces no tiene sentido. En casos de bloqueos de carreteras o vías principales, por ejemplo, el Esmad debe actuar de inmediato para garantizar la circulación de los vehículos. Así mismo, el Esmad no puede estar amarrado de manos mientras los protestantes destruyen locales comerciales e infraestructura pública", dijo Posada.
En la tarde de este viernes, 31 de julio, se registraron protestas en inmediaciones del ingreso de la Universidad Nacional por la avenida El Dorado. Según la secretaría de Gobierno, agentes del UNDMO, antiguo Esmad, intervienen tras la presencia de personas encapuchadas y para levantar los bloqueos. Por esta situación, la estación Ciudad Universitaria de TransMilenio estuvo fuera de servicio durante algunos minutos.De acuerdo con el reporte oficial del Distrito, el Equipo de Diálogo Social se desplazó hasta la Universidad Nacional, en la localidad de Teusaquillo, luego de recibir información sobre la presencia de personas con el rostro cubierto al interior del campus. Posteriormente, comenzó la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) en inmediaciones de la calle 26.Otras manifestaciones en BogotáLa Secretaría de Gobierno también informó que durante la jornada se adelantaron otras manifestaciones en distintos puntos de Bogotá. Una de ellas fue de integrantes de la comunidad campesina del Valle del Cauca, quienes realizaron un bloqueo sobre la carrera 6 con calle 9, frente al Ministerio de Vivienda, para exigir la instalación de una mesa de diálogo con las entidades competentes.Como respuesta a esa movilización, el Equipo de Diálogo Social y la Secretaría Distrital de Movilidad implementaron cierres viales preventivos con el propósito de facilitar el desarrollo de la protesta y reducir las afectaciones para los demás actores viales.En otro punto de la ciudad, frente al Ministerio del Interior, en la localidad de Candelaria, se desarrolló un plantón de mujeres.Entretanto, la Secretaría de Gobierno confirmó que finalizó el acompañamiento institucional a la manifestación del resguardo Sisapiatú de Puerto Gaitán, Meta, frente a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en Teusaquillo.
La Procuraduría General de la Nación ordenó compulsar copias para que se abra una nueva investigación disciplinaria contra el capitán Manuel Cubillos Rodríguez, integrante del entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), dentro del proceso por la muerte de Dilan Cruz, el joven de 18 años que recibió el impacto de un proyectil durante una jornada de protesta el 23 de noviembre de 2019 en Bogotá.En la providencia, el Ministerio Público señaló que, de acuerdo con la versión entregada por el propio capitán Cubillos, la instrucción recibida durante la jornada fue dispersar la manifestación y restablecer la movilidad. Sobre ese punto, la Procuraduría indicó: “Teniendo en cuenta que, para el día de los sucesos investigados, el capitán (ct.) Manuel Cubillos Rodríguez, según lo manifestado por este, recibió como orden dispersar la manifestación y restablecer la movilidad, instrucción que, presuntamente, le impartió el coronel (cr.) Néstor Raúl Cepeda Cifuentes, quien fungía como comandante nacional de los Escuadrones Móviles Antidisturbios (…) Por esta Delegada se estima necesario compulsar copias de la presente actuación para que, de manera separada, bajo un nuevo radicado, se inicie la actuación disciplinaria a que haya lugar, en aras de determinar si existe responsabilidad disciplinaria alguna del citado coronel (cr.) Cepeda Cifuentes por las órdenes u orientaciones impartidas el día 23 de noviembre de 2019”.La Procuraduría calificó la conducta atribuida al capitán Cubillos como presuntamente dolosa. Al respecto, indicó: “De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, la falta endilgada al capitán (ct.) Manuel Cubillos Rodríguez se califica a título de DOLO, por cuanto, a pesar de tener el conocimiento de los deberes constitucionales y legales que le son exigibles (…) utilizó su arma de dotación de manera libre y voluntaria, en una jornada de manifestaciones donde se encontraban presentes muchos ciudadanos, detonándola en tres ocasiones, según el gasto que reportó, ocasionando la muerte a Dilan Mauricio Cruz Medina, obrando con pleno conocimiento de su comportamiento antijurídico y contrario a derecho”.La nueva decisión disciplinaria se conoce semanas después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declarara administrativamente responsable a la Nación, al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional por los daños ocasionados a los familiares de Dilan Cruz.
La Procuraduría General de la Nación sancionó disciplinariamente a dos integrantes del antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional por la muerte de un manifestante ocurrida durante las protestas del 1 de mayo de 2021 en el portal de TransMilenio Banderas, en Bogotá.En un fallo de primera instancia, el ente de control destituyó e inhabilitó por 18 años al patrullero del ESMAD Abberson de Jesús Salas, al concluir que accionó un fusil lanzagás contra la multitud y causó lesiones mortales a un joven que participaba en las manifestaciones.Según la Procuraduría, el uniformado actuó bajo órdenes del entonces subteniente y comandante de la sección 1 de ese antiguo escuadrón, Jorge Enrique Bombita.Por estos mismos hechos, la Procuraduría sancionó a Bombita con suspensión e inhabilidad por ocho meses, al considerar que ordenó la intervención de la multitud mediante el uso de la fuerza.En los últimos días, la Procuraduría ha proferido una serie de fallos relacionados con la protesta social de 2021. Los hechos son similares, ya que los patrulleros sancionados, en el marco del uso de la fuerza ante los disturbios, accionaron sus armas e hirieron mortalmente a varios manifestantes.Las protestas de 2021 se dieron luego de que el gobierno del entonces presidente Iván Duque, a través de su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentara una reforma tributaria que derivó en varios días de intensos enfrentamientos.
En diálogo con Mañanas Blu, el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Helberth Choachí, defendió la posición de su institución frente a los graves disturbios y actos de vandalismo registrados en las inmediaciones de la calle 72 en Bogotá.El académico cuestionó duramente el papel de las autoridades, señalando que los hechos violentos fueron, en parte, consecuencia de lo que calificó como una "actuación desmedida de la que es el cuerpo de policía".Según Helberth Choachí, es fundamental diferenciar las diversas situaciones que se presentaron durante la jornada para no estigmatizar a toda la comunidad estudiantil.El origen del conflicto y la denuncia de los estudiantesEl rector explicó que la movilización inicial surgió como rechazo a un video que circuló masivamente, donde se observaban agresiones de un grupo de vigilancia privada contra jóvenes de una universidad vecina y estudiantes de la Pedagógica.En ese sentido, enfatizó que la institución ha realizado el acompañamiento legal de estos casos, radicando denuncias en la Fiscalía y trabajando de la mano con la Defensoría del Pueblo. Respecto a los ataques sufridos por el sistema Transmilenio, el rector pidió no generalizar, afirmando que "no hay que hacer afirmaciones decolados" y que muchos de sus estudiantes son beneficiarios de alianzas con el distrito para el uso del transporte público. Su intención, según sus palabras, es "construir cultura sobre lo público", lo cual incluye el respeto por los espacios que habitan.Para el rector, resulta inexplicable que, habiendo una presencia masiva de la policía y de antiguos agentes del ESMAD (UNDEMO), se permitieran daños a la infraestructura de la Sergio Arboleda. Denunció, además, que se ignoraron los protocolos de mediación establecidos para la protesta social."Presuntamente violando los protocolos porque no hubo ninguna mediación frente a disuadir alguna acción que presuntamente pudiera ser violenta", afirmó el rector al cierre de su intervención.Escuche aquí la entrevista:
Un juez condenó a siete años de prisión al patrullero del antiguo Esmad, Danilo José Núñez Zabaleta, por haber disparado un proyectil de bala de goma que le causó la pérdida de un ojo a la joven Leidy Natalia Cadena Torres, el 28 de abril de 2021.De acuerdo con la decisión judicial, el uniformado fue hallado responsable del delito de lesiones personales con perturbación funcional permanente, luego de comprobarse que disparó en contravía de los protocolos establecidos sobre el uso de la fuerza. En el fallo, la jueza determinó que “a la pena principal de 84 meses legales mensuales vigente a título de autor penalmente responsable del título del delito de lesiones personales con perturbación funcional permanente con circunstancias de mayor punibilidad (...) el sentenciado deberá cumplir la pena de prisión dentro del establecimiento carcelario, patio de servidores públicos que él asigne para tal fin, por lo que, una vez ejecutoriado el fallo, se librará la correspondiente orden de captura a través del centro de servicios judiciales del sistema penal acusatorio de esta ciudad”.La decisión reconoce que el uniformado incurrió en lesiones personales con perturbación funcional al accionar un arma menos letal de forma directa contra la joven, provocándole una afectación permanente en su integridad física.En el mismo fallo, la jueza también resolvió absolver a otro funcionario, quien había sido vinculado previamente al proceso penal por los mismos hechos. Sobre este punto, la decisión judicial indicó: “Absolver a Álvaro Ramírez Castro por la totalidad de los cargos endilgados, esto es, lesiones personales con perturbación funcional permanente y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto”.El expediente relacionado con la agresión a Leidy Natalia Cadena Torres permaneció en la justicia ordinaria luego de que se determinara que el caso no debía trasladarse a la justicia penal militar. El alto tribunal descartó esa posibilidad al considerar que existían indicios de uso desproporcionado de la fuerza, lo que justificaba que el proceso continuara en la jurisdicción ordinaria.
El presidente Gustavo Petro señaló que la seguridad de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá estuvo garantizada durante los desmanes y protestas del Congreso de los Pueblos que dejaron cuatro policías heridos con flechas. El mandatario afirmó que fue un "grupo radical" el responsable de los daños pese a que habían llegado a acuerdos para levantar los bloqueos.Vale recordar que los uniformados fueron atacados cuando intentaban bloquear la avenida El Dorado para impedir el avance de los manifestantes hacia la sede diplomática. En videos y fotografías quedó evidenciado cómo los policías resultaron heridos en piernas, brazos y uno de ellos en la cara por estas flechas."La embajada se cuidó como prometí. Colombia cumple los tratados internacionales", escribió el presidente Petro, recordando que hace más de una semana había expresado que esta edificación no sufriría ninguna afectación por las manifestaciones propalestina, cuando se conmemoró el 7 de octubre dos años del inicio de la guerra en Medio Oriente.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reaccionó ante los hechos de violencia contra los policías y aseguró que estos ataques con un "intento de homicidio"."El Estado colombiano, no tolera ni tolerará estos ataques contra nuestros miembros de la Fuerza Pública. Quien ataca a un soldado o policía está atacando a una institución, está atacando al Estado", escribió el ministro en X, al mismo tiempo que afirmó que los responsables serán capturados.Entretanto, la Alcaldía de Bogotá denunciará ante la justicia, Defensoría y la ONU los hechos violentos reportados en la inmediaciones de la embajada. Según el alcalde Carlos Fernando Galán, fue necesaria la intervención de la la fuerza pública ante el uso de artefactos incendiarios, explosivos y flechas. “Siempre que haya violencia y destrucción, en Bogotá vamos a responder con el uso legítimo de la fuerza, como hicimos hoy”, dijo.
La Universidad Nacional de Colombia fue escenario de nuevos disturbios este lunes en Bogotá. Minutos antes de este hecho de alteración del orden público, se evidenció el momento cuando un grupo de encapuchados robó las hachas que forman parte de los equipos contra incendios de la institución.En videos quedó registrado cómo los encapuchados, que usualmente no son estudiantes de la universidad, robaron estos elementos de uno de los edificios de la institución de educación superior, pese a que miembros de la seguridad privada intentaron persuadirlos y evitar el hurto.Estos elementos, así como las bombas molotov, suelen ser usados por los encapuchados para bloquear la movilidad en la zona y amenazar a los conductores que no quieran ceder ante los bloqueos.Vale recordar que los bloqueos y problemas de movilidad que generaron estos encapuchados durante este lunes, 24 de febrero, duró cerca de tres horas, y se requirió la intervención del antiguo ESMAD para restablecer el orden en inmediaciones de la universidad, a la altura de la carrera 30 o también conocida Avenida NQS.Por el momento, la Unal no ha emitido algún comunicado refiriéndose sobre lo sucedido con estos encapuchados y el hurto de estas hachas, que son fundamentales en caso de una emergencia en la institución educativa.Autonomía universitariaEn ocasiones anteriores, la universidad ha reiterado que los encapuchados no son estudiantes de la institución y que la Policía no puede intervenir en el campus debido a la autonomía universitaria. Sin embargo, la situación ha generado preocupación entre la comunidad universitaria y los vecinos de la zona por los reiterados actos vandálicos.
Usuarios en redes sociales denunciaron un caso de desalojo contra una fundación de animales en la localidad de Fontibón, noroccidente de Bogotá. Según se evidencia en los diferentes videos, al lugar llegaron los uniformados de la UNDMO (antiguo Esmad) para realizar el operativo, ante la negativa de los trabajadores de abandonar el predio.La indignación no se hizo esperar por parte de quienes vieron el accionar de las autoridades, pues la fundación tendría en su cuidado a 35 perros y 16 gatos. Tras la polémica, desde el Distrito aclararon lo sucedido con el lugar.“Se trata del cumplimiento de una orden de segunda instancia sobre un predio privado que está siendo ocupado ilegalmente, proceso que inició con una querella policiva desde 2023 (...). Todas las audiencias que se surtieron previamente ofrecieron alternativas por parte del querellante a los ocupantes. Lamentablemente estas propuestas fueron rechazadas”, dijo el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.Según afirmó el Distrito, quienes hacían parte de la fundación hicieron caso omiso a la orden y a los avisos proporcionados por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA). De hecho, el secretario de Gobierno reiteró que en medio del operativo se volvieron a ofrecer alternativas, todas rechazadas.“En la diligencia de hoy se presentaron agresiones a las personas que adelantaban el operativo por lo que fue necesaria la presencia de la Policía. Se ha contado con el acompañamiento de la Defensoría y la Personería. Estamos encima del procedimiento para darle garantía a todos los actores involucrados en esta diligencia y en especial para que los animales no se vean afectados”, finalizó Quintero.Tras el desalojo, la interrogante pasa ahora por la situación de los perros y gatos que ya no tienen un hogar. Fuentes de Protección Animal le confirmaron a Blu Radio que este proceso de reubicación le corresponde a los dueños de la fundación, quienes deberán encontrar un sitio para los animales que tenía en su poder. El Distrito asegura que acompañará la medida.
El sueño por más de 40 años de tener una terminal aérea digna para uno de los destinos turísticos más importantes de Colombia, sobre el litoral pacífico, empezó a hacerse realidad con la entrada en funcionamiento de la terminal de pasajeros del aeropuerto José Celestino Mutis, en el municipio de Bahía Solano, Chocó.Se trata de una ambiciosa apuesta por reinvertir recursos del departamento en un territorio con una riqueza natural inigualable, provenientes del Sistema General de Regalías, y en esta fase inicial por más de 31 millones de pesos.La gobernadora Nubia Carolina Córdoba destacó la infraestructura como una posibilidad de impulsar desde el turismo la economía del departamento fuertemente golpeada por el terremoto del pasado 10 de agosto."Esto es una de nuestras apuestas más grandes para la reactivación económica con posterioridad al sismo de 7.4. Por eso nos esforzamos tanto en que este aeropuerto pudiera ponerse en funcionamiento, aún cuando no ha terminado ni la temporada de ballenas", declaró la mandataria.Para los solaneños y visitantes atrás quedaron las épocas en las que en casetas improvisadas operaban las aerolíneas comerciales, recibían equipajes y se realizaban trámites administrativos.Ahora una moderna infraestructura equipada con salas de espera, locales comerciales, áreas especiales para carga y baños, se convierten en orgullo de la región y la puerta de entrada para una de las zonas con mayor afluencia de visitantes, especialmente durante la famosa temporada de ballenas."El aeropuerto era un techito de zinc con palos y las maletas y la oficina de las aerolíneas queda en unas casitas al frente. El llamado de los viajeros se hacía gritando y con una lista en la mano. No podía se que un sitio tan importante para el turismo y para la biodiversidad, no solo de Colombia, sino del mundo recibiera de esa manera a turistas", añadió Andrés Felipe Durán, guía de la zona.Por su parte Leonel Valencia, alcalde de Bahía Solano destacó la nueva terminal aérea como la posibilidad de potenciar la industria pesquera, clave para el desarrollo del territorio."Nosotros, el primer eslabón de la economía que mueve al municipio que es el turismo, y esta obra va a implantar favorablemente para que más turistas puedan visitarnos. Y en el tema local, nosotros también vivimos de la pesca, de la pesca artesanal a través de medidas como la cepa, y hace que los productores, que los pescadores artesanales puedan colocar sus productos en menos de 24 horas desde que los sacan del mar y llevarlos a los restaurantes de todo el país", explicó.La entrega de la terminal hace parte de la primera fase del proyecto que además contempla su cerramiento perimetral de seguridad, la torre de control, la base de bomberos y la construcción y ampliación de la pista en la que avanza el Ejército Nacional.Se espera que estos espacios continúen entregándose en los próximos meses comprometiendo 12 mil millones de pesos adicionales. Por ahora hasta la zona tienen cobertura comercial las aerolíneas Satena, Clic y Moonflights.
José Camilo Manzur Jattin presentó su renuncia a la presidencia de la Asociación Colombiana de Distribuidores y Comercializadores de Energía Eléctrica ( Asocodis) cargo que ocupó durante los últimos 20 años.De acuerdo con el gremio, durante su gestión acompañó a las empresas afiliadas en un periodo de transformaciones para el sector eléctrico y promovió propuestas técnicas relacionadas con la prestación de un servicio público de calidad, sostenible, suficiente, confiable y con amplia cobertura.Las 21 empresas afiliadas a Asocodis expresaron su agradecimiento a Manzur por su liderazgo y compromiso con el fortalecimiento del sector de distribución y comercialización de energía eléctrica.Tras su salida, la Junta Directiva de Asocodis iniciará los procesos institucionales correspondientes para garantizar la continuidad de la gestión gremial.Manzur deja la presidencia para asumir nuevos retos profesionales dentro del sector energético. Según el comunicado, hará parte de la nueva Junta Directiva de Ecopetrol, en momentos en los que el sector enfrenta desafíos como la llegada del fenómeno de El Niño y los retos asociados a la transición energética del país.
En el Atlántico las autoridades investigan el extraño caso de una mujer que se encontraba internada en el hospital público de Malambo por tuberculosis y luego apareció muerta en la trocha La Magdalena de ese municipio el pasado miércoles en la mañana.Su madre señala que aún no recibe explicaciones satisfactorias o claras de cómo en la noche ella dejó a su hija recluida en la ESE Hospital Local de Malambo, Santa María Magdalena, y a la mañana siguiente solo la llamaron a decirle que fuera a reconocer el cadáver en una zona enmontada.A la espera de que las autoridades aclaren lo sucedido, cada vez surgen más preguntas en ese municipio del Atlántico alrededor de la muerte de Dayana Sánchez Mujica, de 35 años.Inicialmente las autoridades reportaron que no tenía signos de violencia. Sin embargo, a las afueras de Medicina Legal en Barranquilla su madre, Carmen Mujica, exigió explicaciones, ya que sostiene que no debió amanecer muerta en ese sector enmontado, pues tiene registros de haberla dejado internada en el hospital local Santa María Magdalena del municipio.La progenitora explica que desde el domingo estaban en urgencias por una tuberculosis avanzada, y además tampoco podía caminar porque presentaba hinchazón en los pies. Asimismo, relata que los médicos la tenían amarrada de pies y manos por su ansiedad por consumir estupefacientes.“Yo la llevé a la clínica porque tenía dificultad para respirar. Ella no podía caminar por sí sola porque se le hincharon mucho los pies. Yo le dije al médico el martes en la noche me iba para la casa a cambiarme y descansar un rato. En la mañana me llamaron y me dijeron que fuera a reconocer su cadáver, que estaba en una cancha tirada atrás del hospital. Yo le dije al policía que me llamó que esa no podía ser mi hija, porque a ella la dejé en el hospital la noche anterior. Es más, ella se quitaba el oxígeno, se quitaba todo y entonces en el hospital la tenían amarrada”, aseguróLa madre de Dayana señala que no se conforma con las condolencias entregadas por el centro asistencial, y que lo único que quiere saber es qué hay detrás de la muerte de su hija y si hay médicos del mismo centro asistencial implicados.Por su parte el hospital local Santa María Magdalena publicó un comunicado en el que informó que ya activó todas las actuaciones administrativas e investigaciones internas y disciplinarias correspondientes, con el fin de esclarecer los hechos.Agregó que también es respetuoso y espera las conclusiones de las investigaciones que adelantan los organismos judiciales.Se conoció que investigadores de la Policía Metropolitana también solicitaron los videos de las cámaras de seguridad de la noche anterior al hallazgo del cuerpo sin vida de la mujer.
Este viernes 25 de septiembre comenzó el pago de $14.784 millones en apoyos económicos temporales destinados a familias damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en Risaralda y Quimbaya, Quindío.De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, los recursos corresponden al primer mes de ayuda y estarán disponibles durante 15 días calendario.Para Risaralda fueron destinados $13.599 millones, con los que se busca apoyar a hogares afectados en los 14 municipios del departamento.Los pagos se realizarán a través de Apostar, marca aliada de SuperGIROS. Las familias habilitadas recibirán la información correspondiente para realizar el cobro y deberán presentar su documento de identidad.Las autoridades han insistido en que las familias deben consultar únicamente los canales oficiales y no entregar dinero, claves o información personal a terceros que prometan agilizar el trámite.Para organizar la entrega, la Unidad estableció una medida de pico y cédula en todo el departamento, de acuerdo con el último número del documento de identidad:Viernes 25 de septiembre: 0, 1 y 2.Sábado 26 de septiembre: 2, 3 y 4.Domingo 27 de septiembre: 5, 6 y 7.Lunes 28 de septiembre: 8 y 9.Martes 29 de septiembre: 0, 1 y 2.Miércoles 30 de septiembre: 2, 3 y 4.Jueves 1 de octubre: 5, 6 y 7.Viernes 2 de octubre: 8 y 9.Por otro lado, en Quimbaya, Quindío, la UNGRD destinó $1.185 millones para las familias damnificadas.La entrega se realizará a través de Facilísimo, además, se habilitaron puntos estratégicos para atender a las familias que permanecen en alojamientos temporales, entre ellos el Coliseo El Cacique y el Colegio Santa Teresita, ubicado en el barrio El Rocío.El apoyo está dirigido a los jefes de hogar que aparecen incluidos en el Registro Único de Damnificados, cuya vivienda haya sido identificada como destruida o no habitable y que hayan cumplido con el proceso de verificación de la UNGRD.Por tratarse de una ayuda temporal, estos recursos buscan contribuir a los gastos de las familias mientras continúa el proceso de recuperación y atención de las zonas afectadas por el terremoto. Las autoridades recomiendan a los damnificados verificar previamente su habilitación y esperar las comunicaciones oficiales antes de desplazarse a los puntos de pago.
Este sábado habrá una reunión clave entre el Grupo EPM y el Gobierno nacional para tomar decisiones de fondo sobre el futuro de Afinia. La filial, que presta el servicio de energía en el Caribe colombiano, generó el año pérdidas superiores al billón de pesosDebido a que la situación financiera de esta filial del Grupo EPM, es insostenible, según el propio relato del alcalde y presidente de la Junta de las empresas Públicas de Medellín, Federico Gutiérrez, que ha insistido que este ha sido el peor negocio que ha hecho la empresa antioqueña.El mandatario local, aseguró que esta empresa que atiende a 1.5 millones de usuarios en Bolívar, Córdoba y Sucre, además de 11 municipios del departamento de Magdalena, genera 1.5 billones de pesos de pérdidas al año al Grupo empresarial.Ante este panorama, este sábado a las 10 de la mañana en Barranquilla, el propio presidente Abelardo De La Espriella, junto a sus ministros de Minas y Energía María Nohemí Arboleda y el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, encabezará una reunión con el alcalde Federico Gutiérrez y el gerente general de EPM, Jhon Maya Salazar, para tomar una o más decisiones de fondo."Lo hablé con el presidente, él lo conoce, sabe cuál es esta situación. Hay que encontrar una situación de fondo entre todos, como ciudad, como EPM, como Gobierno nacional y las regiones, y encontrar una solución estructural, no del día a día", señaló el alcalde Gutiérrez.El presidente de la Junta de EPM, aseveró que se debe tomar decisiones inmediatas, porque según él es el “chicharrón” más grande que le dejó la administración del ex alcalde Daniel Quintero y sus presuntas irregularidades, donde recordemos ha salido a flote por parte de Federico Gutiérrez y en la audiencia contra Miguel Quintero, la supuesta venta de la gerencia de esta filial en 8 millones de dólares.El alcalde Federico Gutiérrez viajará desde este viernes, debido a que será uno de los invitados al acto de posesión de Joaquín Gutiérrez Caballero, quien fue elegido por unanimidad por la Junta Directiva como presidente de Ecopetrol.
