El Esmad hace presencia en los alrededores del Politécnico Jaime Isaza Cadavid en Medellín, donde encapuchados se tomaron desde muy temprano las oficinas administrativas del campus y detonaron varias papa bombas, obligando a la evacuación de todo el personal y los estudiantes que se encontraban en el lugar.La situación también es compleja en los alrededores de la universidad, más específicamente en la calzada sur norte de la Avenida Regional, a la altura de la estación Poblado, y en la Avenida Las Vegas, entre el INEM y el CC Monterrey, que se encuentran bloqueadas.Durante la mañana encapuchados también hicieron presencia en el interior de la Universidad de Antioquia, y pintaron varias paredes a un costado del teatro Camilo Torres.Aunque todo es materia de investigación, al parecer, estarían protestando en contra de la Ley 30 y la política de gratuidad.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
Cuatro líderes barristas de Atlético Nacional no aceptaron los cuatro cargos imputados por la Fiscalía por los desmanes en el partido contra el América de Cali en el estadio Atanasio Girardot en abril pasado.A Andrés Felipe Muñoz Lara, Andrés Felipe Ospina Calle, Ramiro Andrés Gutiérrez Patiño y Raúl Eduardo Martínez Hoyos les imputaron cargos por los delitos de incitación a delinquir, violencia contra servidor público, amenazas y pánico, en una audiencia presidida por el Juzgado 40 Municipal de Medellín, con función de control de garantías.Los líderes barristas, que permanecen en libertad, están siendo procesados porque, según la fiscal delegada, incitaron a través de redes sociales y protagonizaron los disturbios y daños generados por miembros de la barra Los del Sur en el estadio Atanasio Girardot el 16 de abril de 2023, en un partido de la liga colombiana contra el América de Cali."De manera pública y directa incitaron y promovieron a los integrantes de la barra brava Los del Sur a la comisión de una número indeterminado de delitos. Lo pretendido de los indiciados con estos hechos era que por cuenta de los daños y la violencia ejercicio se presentaran sancionables al club Atlético Nacional", agregó la funcionaria judicial.La fiscal indicó que este episodio se habría fraguado 2 días antes, es decir, el 14 de abril de 2023, cuando los cuatro barristas fueron a una reunión con directivos del club en la sede administrativa y allí el presidente y el vicepresidente ejecutivo, Mauricio Navarro y Benjamín Romero, respectivamente, les informaron que el equipo no le seguiría dando a la barra las 500 boletas de cortesía que venían recibiendo. Eso habría provocado una advertencia de parte de los barristas sobre lo que iba a ocurrir en pleno partido de la liga colombiana de fútbol."Fruto de este ataque, coordinado y premeditado, se presentaron los siguientes resultados: daños en bien ajeno contra la infraestructura física del estadio, a gabinete contra incendios, a estanterías y cámaras de seguridad, valorados en la suma de 672 millones de pesos", señaló la fiscal.La audiencia se desarrolló de manera virtual y se extendió hasta altas horas de la noche, pero fue suspendida porque la fiscal tuvo problemas de conexión. Por eso, el juez del caso determinó que se reanudará el próximo lunes, 14 de agosto, en la sesión de solicitud de medida de aseguramiento, donde la Fiscalía deberá argumentar si pedirá una medida restrictiva de la libertad contra los cuatro imputados y por qué esta debe imponerse por parte del juez.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
Este miércoles, 19 de julio, un juez negó la solicitud de medida de aseguramiento contra el mayor de la Policía Carlos Arena, exmiembro del Esmad, involucrado en el supuesto homicidio de Brayan Niño, en 2021, durante el paro nacional en Madrid, Cundinamarca. Esto porque, según él, la Fiscalía no sustentó ni la urgencia ni la necesidad de la medida, por lo que no afrontará este proceso privado de la libertad.El proceso contra el mayor Arenas se adelanta ante la justicia ordinaria por decisión de la Corte Constitucional, que, en mayo de 2022, determinó que la Fiscalía sí tiene competencia para investigar y acusar al mayor Arenas porque: “Persisten dudas acerca del cumplimiento de las condiciones de uso de los fusiles lanza gas”.Cabe recordar que la Fiscalía le imputó al mayor de la Policía Carlos Javier Arenas el delito de homicidio por este asesinato. El joven murió tras recibir un disparo en la cabeza de un arma lanza gases proveniente de la ventana de una tanqueta del Esmad, en medio de las manifestaciones y protestas del paro nacional, en Madrid, Cundinamarca.Fue el mayor Arenas quien coordinó el escuadrón del Esmad en Madrid, Cundinamarca, durante el paro nacional de 2021, razón por la cual fue involucrado en este caso, pero aunque fue imputado por la Fiscalía y aunque no irá a la cárcel, seguirá vinculado al proceso penal.Le puede interesar
El pasado 8 de junio, el uniformado del Esmad John Freddy Rodríguez terminó herido en medio de los desmanes que se presentaron en la Universidad Nacional en Bogotá; fue golpeado por una papa bomba que fue lanzada por un hombre que se encontraba al interior de la institución, quien luego fue capturado e identificado como alias 'Pirulo'. Por esto, la Fiscalía solicitó que fuera enviado a la cárcel y la determinación del juez de control de garantías fue en ese sentido. Las autoridades lograron la captura del presunto responsable del ataque con una papa bomba que dejó gravemente herido al patrullero Jhon Fredys Rodríguez, miembro de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden Público (UNDMO), antiguo Esmad, en la Universidad Nacional de Bogotá durante las protestas estudiantiles del pasado 8 de junio.La captura de alias 'Pirulo' tuvo lugar en una casa ubicada en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, llevada a cabo por la Sijin de la Policía Metropolitana de Bogotá. Durante el operativo, también fue detenido Anderson Sánchez Hera, quien se presume como uno de los principales líderes de un movimiento radical acusado de fomentar enfrentamientos con la Policía y otros actos violentos con el fin de sabotear las jornadas de protesta.Este hombre, conocido con el alias de 'Pirulo', fue detenido y deberá enfrentar cargos por tentativa de homicidio, según informó el director de la Policía Nacional, general William René Salamanca. Un fiscal de la Seccional Bogotá imputó a los detenidos, de acuerdo con su presunta responsabilidad y rol desempeñado, los siguientes delitos: homicidio en grado de tentativa agravado, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos, utilización ilegal de uniformes e insignias, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, así como ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.Diversas evidencias, incluyendo videos de cámaras de seguridad, indican que alias 'Pirulo' habría dirigido el artefacto explosivo desde el campus universitario con la intención de causar daño a los uniformados.Entre tanto, el patrullero Rodríguez se encuentra en estado delicado de salud y está siendo atendido en el Hospital de la Policía Nacional.
El general William Salamanca, director de la Policía Nacional, anunció desde Leticia, Amazonas, la creación del “centro de integración transnacional para el control de delitos ambientales en la Amazonía”, esto implica articulaciones a nivel internacional, sobre todo con los países fronterizos y de la región latinoamericana.Para este Centro se van a tener unas estrategias:Luchar contra la deforestaciónContribuir a la gestión del cambio climático y a la protección del medio ambiente Luchar contra la explotación ilícita de yacimientos mineros.“El Centro facilitará el despliegue de las capacidades de las policías e instituciones competentes de los países de la cuenca, con el propósito de fortalecer procesos de prevención control el delito y proyección de operaciones ambientales frente a los fenómenos transnacionales caracterizados”, afirmó el general Salamanca.Este centro para el control de delitos ambientales, estará ubicado en Leticia, según la Policía, su ubicación central y estratégica, es “el núcleo de la integración internacional frente al crimen organizado transnacional”.“Los viejos esquemas de la “seguridad nacional”, limitada a la protección de espacios nacionales, niegan la realidad de la globalización: fronteras porosas, grupos irregulares transnacionales, redes criminales y convergencia de factores hacen inviable que los Estados sigan considerando que basta con garantizar la seguridad”, recalcó el director de la Policía.El general Salamanca confirmó que la Policía Nacional asumió la responsabilidad de “planificar, desarrollar y evaluar las actividades de prevención, disuasión y control, investigación criminal e inteligencia” frente a los delitos relacionados con el ambiente y los recursos naturales, en apoyo a las autoridades ambientales.Le puede interesar:
Las autoridades lograron la captura del presunto responsable del ataque con una papa bomba que dejó gravemente herido al patrullero Jhon Fredys Rodríguez, miembro de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden Público (UNDMO), antiguo Esmad, en la Universidad Nacional de Bogotá durante las protestas estudiantiles del pasado 8 de junio.El individuo, conocido con el alias de 'Pirulo', fue detenido y deberá enfrentar cargos por tentativa de homicidio, según informó el director de la Policía Nacional, General William René Salamanca. "Capturar al presunto responsable del atentado que el pasado 8 de junio dejó gravemente herido en Bogotá a nuestro patrullero Jhon Freddy Rodríguez Sandoval, de UNDMO, era un asunto de dignidad policial. Alias ‘Pirulo’, deberá responder ante la justicia por tentativa de homicidio", sostuvo el general Salamanca.El ataque, que fue registrado en videos que circularon en redes sociales, muestra a un grupo de encapuchados lanzando piedras y explosivos. Uno de estos artefactos explotó en el hombro del agente Rodríguez, quien cayó al suelo y fue asistido de inmediato por sus compañeros.La UNDMO fue desplegada en las calles cercanas a la Universidad Nacional para controlar los disturbios generados por los encapuchados durante las protestas. En su momento la rectora de la institución, Dolly Montoya, expresó su preocupación por la violencia que afecta la integridad de la comunidad universitaria y destacó la importancia de que los campus sean espacios de paz y formación integral para los jóvenes del país.Las autoridades continúan trabajando para identificar y capturar a otros responsables que hayan participado en este lamentable incidente.Le puede interesar:
En estos momentos, se están registrando disturbios en las inmediaciones de la Universidad Pedagógica de Bogotá. Los enfrentamientos se han desencadenado entre encapuchados y uniformados de la Fuerza Pública en la intersección de la calle 72 con calle 11.La situación es tensa y se han reportado enfrentamientos violentos, con lanzamiento de objetos y gases lacrimógenos. Hasta el momento, no se tienen informes sobre heridos ni detenidos, pero las autoridades están desplegando un operativo para controlar la situación.En desarrollo...
Después de los hechos que se registraron a las afueras de la Universidad Nacional en los que un uniformado, que hacía parte de la Unidad Nacional de Diálogo y de Mantenimiento del Orden (UNDEMO), terminó herido de gravedad después de que fuera impactado por una papa bomba, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró a través de su cuenta en Twitter, que debería permitirse el ingreso de la fuerza pública a la institución para capturar al responsable.Sin embargo, los rectores de las universidades han rechazado contundentemente esa posibilidad. En entrevista con Blu Radio, el presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), quien al tiempo es el rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres, reiteró la posición de las 34 universidades públicas del país que hacen parte del SUE: "Cuando la fuerza pública entra, vulnera derechos del resto de la comunidad universitaria, que no tiene nada que ver a veces con este tipo de disturbios. Por eso hemos exigido que desde el Estado de Derecho se investigue quiénes son los autores intelectuales y materiales de estos actos violentos. Para eso el Estado tiene inteligencia y contrainteligencia, para que se establezca de fondo esta responsabilidad. De ahí nuestra posición, que los campos universitarios son escenarios para el debate de las ideas, de los argumentos, de la paz, de la producción de conocimiento”, dijo.De esta manera las instituciones de educación superior le cierran la puerta a esa posibilidad planteada por la alcaldesa local: "No estamos de acuerdo con lo que señaló ayer la alcaldesa de Bogotá, al decir que la fuerza pública ingresara al campo de la Universidad Nacional de Colombia. Creemos que ese no debe ser el procedimiento, más bien que estos hechos se investiguen, que se esclarezcan y que se dé con los autores, para que sean sanciones ejemplarizantes”.Y es que las universidades están cobijadas por la autonomía universitaria que está establecida en la Ley 30 de 1992 en la que se estipula que las instituciones tienen la independencia administrativa, financiera y académica que les permite definir su estatuto, normas, el manejo financiero y presupuestal.“La violencia no se repele con más violencia. La violencia requiere causas institucionales, requiere causas legales. Para eso estamos en un Estado de derechos. Debe procederse desde esos escenarios desde esas causas. (…) Aquí no aceptamos la fuerza pública y sobre todo porque hay antecedentes cuando la fuerza pública ha ingresado a los campos universitarios, pues entra a repeler y afecta a miembros de la comunidad universitaria que están en sus labores académicas, sus labores investigativas”, comentó Torres.Para el SUE, los últimos hechos de violencia que ocurrieron en diferentes universidades del país no define el escenario universitario, sino los estudiantes: "Ha sido una especie de costumbre en los campos universitarios de convertirlos campos en escenarios totalmente distintos para lo que realmente son. Eso desnaturaliza a la universidad pública”, agregó.Torres resaltó que estos hechos de violencia no son nuevos, sino que ocurren con frecuencia: "Nosotros también somos víctimas. Toda nuestra comunidad universitaria es víctima de la violencia, sea quien la genere. Grupo minoritario o mayoritario, pero aquí somos víctimas los campos universitarios porque están desviando la función y la responsabilidad social de las universidades que formaron”Además dijo sobre los hechos ocurridos en la Universidad Nacional: "Si hay una comunidad universitaria, un campus universitario donde hay 8.000, 10.000 estudiantes, y un grupo minoritario de 20 o 30 encapuchados viene y hacen lo que hicieron ayer en la Universidad Nacional, y la fuerza pública ingresa allí, sea cual sea que haya sido el hecho que lo rechazamos y lo deploramos, las consecuencias dentro de ese campus universitario van a ser devastadoras”.Y fue contundente en decir que “no vas a encontrar un rector de una unidad pública que avale a cualquier fuerza externa de la comunidad universitaria y que permita que la fuerza pública entre a los campos universitarios".Le puede interesar
El director de la Policía Nacional, general William Salamanca, entregó nuevos detalles del ataque que dejó en grave estado de salud a un uniformado de la Unidad Nacional de Diálogo, Undmo, durante la intervención de un disturbio en la Universidad Nacional, en Bogotá.Lo primero que reveló Salamanca fue que citó al oficial que estaba a cargo del operativo para conocer todos los pormenores de esa actividad que se presentó durante la conmemoración del 'Día del Estudiante Caído' en el país, pero, además, expresó su preocupación sobre el tipo de explosivo que se utilizó en ese ataque y la necesidad de revisar los uniformes de protección lleva la Undmo.“Analizando la forma como los hechos ocurrieron y el impacto que recibe nuestro patrullero, pues hay varias preguntas: ¿Cuál es el tipo de material explosivo que utilizaron? Esa es una pregunta que el equipo investigador tiene la tarea de analizar, de evaluar”, dijo el general Salamanca.Pero además, cuestionó la armadura que llevaba y la cual, se ha utilizado en los últimos años en la Policía, pues en caso de que los técnicos recomienden cambiar esa protección, lo harán en "arás de proteger siempre la vida y la integridad de los policías”, expresó el director de la institución.Le puede interesar:
La explosión de varios químicos, que estaban guardados en dos canecas, dejó a dos personas gravemente heridas en un establecimiento comercial ubicado en el centro de Bucaramanga.Según la versión de familiares del propietario del establecimiento, la explosión se generó tras guardar los químicos en un rincón del lugar.“Mi tío es el dueño del restaurante, a él le pidieron que guardara unos potes con un líquido. Él prestó el restaurante para guardarlos y, al parecer, explotaron los dos potes”, indicó Jennifer Supelano, familiar del propietario del establecimiento comercial.Al lugar llegaron dos máquinas del cuerpo de Bomberos de Bucaramanga y atendieron la emergencia.“Los heridos, uno fue identificado como Daniel Montañez y otra persona como Katherine Aguilar, fueron llevados a la Unidad de Quemados del Hospital Universitario de Santander”, señaló una fuente de Bomberos.Las autoridades acordonaron la zona mientras investigan las causas de la emergencia.
El próximo viernes, 29 de septiembre, la junta directiva del Banco de la República se reunirá para definir qué pasará con la tasa de interés (13.25 %) y son muchos sectores, desde el presidente Gustavo Petro hasta diferentes gremios, que le piden a la entidad que baje estas tasas.Para referirse a estas peticiones y a lo que posiblemente se decidirá de esa reunión, se conectó a Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el exgerente del Banco de la República Juan José Echavarría, quien fue la cabeza de esta entidad desde el 2017-2021.Echeverría fue claro y dijo que el Banco de la República debe hacer su tarea, la cual es controlar la inflación, y que la presión de los diferentes sectores para bajar estas tasas no afecta a los codirectores al momento de tomar una decisión.“En todos los países del mundo, los productores desean que el Banco de la República no suba tanto, pero la pregunta que hay que hacer siempre es: ¿qué hacemos con la inflación? La cual en Colombia es una de las más altas de América Latina y del mundo. El banco tiene una meta de 3 y estamos en 11 %”, inició explicando el exdirectivo.En ese mismo sentido, el expresidente del Banco de la República detalló cuáles son los aspectos que se miran para poder decidir si bajan, o no, las tasas de interés.“Los codirectores lo que miran con especial cuidado son las proyecciones que hace el equipo técnico del banco de inflación hacia el futuro y de qué va a pasar con el PIB hacia el futuro. Eso es lo que el banco mira todo el tiempo. Ahora, proyectar el PIB y proyectar la inflación, pues es difícil y tiene incertidumbre”, argumentó.Sobre la pregunta de cómo él haría para bajar la inflación, teniendo en cuenta la realidad económica que vive el país y otras variables a tener en cuenta como el desempleo y la activación económica, respondió que lo haría “suavemente sin producir una recesión”.“Lo haría como lo está haciendo la Junta del Banco, y es tratando de bajar la inflación suavemente sin producir una recesión. Yo creo que el doctor Ocampo sabe que el Banco de la República tiene un grupo de 50, 55 técnicos dedicados a esa tarea, a ver cómo se pronostica inflación y crecimiento”, puntualizó.“Cada que los bancos centrales tratan de controlar las tasas de interés, como decía Juan Camilo Restrepo, a sombrerazos, pues les va mal. Básicamente hay que dejar que los mercados funcionen y que los bancos privados tengan competencia entre ellos”, explicó Echevarría sobre la posibilidad de que el banco intervenga para bajar la tasa de usura.Finalmente, el exdirectivo concluyó confirmando que la tasa de interés en Colombia no va a bajar tras la reunión que se sostendrá en el Banco de la República, porque a este le “toca hacer su tarea para el beneficio del país”.“Al banco le toca hacer su tarea, quizá al presidente también le toca decir lo que está diciendo y los gremios pues que digan lo que crean, pero al banco le toca hacer su tarea para el beneficio del país”, sentenció.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La Comisión de Disciplina Judicial de Norte de Santander suspendió por tres meses a la juez Vivían Polania por el show erótico que protagonizó en medio de la celebración de Amor y Amistad en el Palacio de Justicia de Cúcuta.En desarrollo....
Estados Unidos sancionó este martes, 26 septiembre, al líder del Clan del Golfo, Jesús Ávila Villadiego, alias 'Chiquito Malo', por traficar con cocaína a través de "una de las organizaciones criminales más grandes de Colombia".El Gobierno de Joe Biden anunció además sanciones contra nueve mexicanos vinculados con el Cártel de Sinaloa y el tráfico de fentanilo, un opioide sintético potencialmente mortal.Según relató el Departamento estadounidense del Tesoro en un comunicado, 'Chiquito Malo' lidera el Clan del Golfo, desde donde "suministra cocaína a las principales organizaciones del narcotráfico, incluido el Cártel de Sinaloa".'Chiquito Malo' fue sancionado por haber participado en actividades que representan "un riesgo significativo de contribuir a la proliferación internacional de drogas".Jesús Ávila Villadiego, declaró en mayo de 2022 un violento "paro armado" tras el anuncio de la extradición a Estados Unidos del anterior líder del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, alias "Otoniel", recordó el Tesoro.Las autoridades colombianas han ofrecido una recompensa de 1,2 millones de dólares por información que ayude a localizar y capturar a 'Chiquito Malo', quien está acusado de narcotráfico en un tribunal de Florida y uno de Nueva York.Paralelamente, el Tesoro sancionó a nueve integrantes del Cártel de Sinaloa a los que acusa de traficar con fentanilo bajo las órdenes de 'los Chapitos', como se conoce a los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, quien cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos.Bajo estas sanciones, quedan bloqueadas sus prioridades y activos en Estados Unidos y se prohíbe realizar transacciones comerciales con estas personas.Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, fue extraditado hace dos semanas a Estados Unidos y la Administración de Joe Biden ha pedido a México la captura de sus hermanos, Iván Archivaldo Guzmán, Jesús Alfredo Guzmán y Joaquín Guzmán."Estados Unidos está liderando los esfuerzos globales para detener la fabricación y el tráfico ilícitos de fentanilo, una de las principales causas de muerte entre personas de 18 a 49 años", declaró el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, en un comunicado.Le puede interesar "La reacción de Petro a polémica por supuesto viaje a Disney con su familia en avión de la FAC":
La alerta temprana de inminencia que emitió la Defensoría del Pueblo advierte la expansión y el accionar criminal del Clan del Golfo en las comunas 1, 3, 4 y 5 de Valledupar, así como en ocho de sus corregimientos: Aguas Blancas, Mariangola, Villa Germania, Caracolí, Guaimaral, Los Venados, El Perro y La Mesa-Azúcar Buena.El documento señala que en la capital del Cesar y sus corregimientos se han presentado asesinatos a líderes sociales, defensores de derechos y población socialmente estigmatizada, inclusive, “algunos de los actos criminales han sido reconocidos públicamente por las AGC, ya que dejan mensajes en los que se atribuyen su autoría”.“Hago un llamado a los gobiernos nacional y local para que ejerzan el control basado en los derechos humanos. Las autoridades deben garantizar los derechos de los ciudadanos y no pueden permitir que las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo) ejerzan el control social, fenómeno que, mediante amenazas, extorsiones, tratos inhumanos, entre otras prácticas crueles, tiene afectadas a las comunidades”, expresó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.En la alerta temprana, la Defensoría también evidencia que “este grupo armado ilegal realiza cobros por supuestos servicios de vigilancia y seguridad” y que “el accionar de las AGC ha derivado en desplazamientos forzados, algunos de ellos, intraurbanos”.“Si quieren conversar sean serios, demuéstralo con gestos que aporten a la verdadera construcción de la paz. Vulnerar los derechos humanos, ir en contravía de la normativa consignada en el derecho internacional humanitario, ejercer cuantas acciones criminales se les ocurre, no son precisamente acciones merecedoras de tener asiento en una fase de conversaciones”, recalcó Camargo ante el eventual proceso de negociación que busca el Clan del Golfo con el Gobierno central.Le puede interesar:
