La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de más de $3.000 millones en un proyecto para recuperar los arrecifes coralinos del archipiélago de San Andrés, afectados por la enfermedad de pérdida de tejido de coral pétreo. Esta enfermedad destruye el tejido vivo que recubre el esqueleto de los corales y que les permite alimentarse, reproducirse y formar las estructuras que dan origen a los arrecifes.
La decisión está relacionada con un contrato celebrado entre la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina), la organización Escudo Ambiental de Colombia y la Asociación de Municipios de la Costa, con recursos del Fondo Nacional Ambiental.
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“Ante esta situación que permite inferir la existencia de un daño patrimonial, la Contraloría vínculo como presunto responsables fiscales a varios servidores y exservidores públicos que participaron en la planeación, supervisión, ejecución, control del contrato y liquidación, así como al representante legal de la entidad contratista vinculada al desarrollo del proyecto”, afirmó el contralor Jorge Laverde.
Con el proceso, el organismo de control busca establecer si hubo un daño a los recursos públicos y determinar quiénes serían los responsables. La apertura de la investigación no implica que se haya establecido responsabilidad fiscal de las personas vinculadas.
El caso se conoce luego de que la Secretaría de Transparencia de la Presidencia solicitará la intervención de una comisión integrada por la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía en San Andrés, ante presuntos hechos de corrupción. La Contraloría aseguró que continuará con las acciones de vigilancia y control fiscal en el archipiélago. Los arrecifes coralinos son fundamentales para la conservación de la biodiversidad marina y el equilibrio ambiental de este territorio.