Por cuenta del fraude de muchos usuarios en Atlántico, poblaciones como Paluato, en zona rural de Galapa, solo reciben el 30% del agua potable que debería llegarles cada día.
Bajo condiciones normales, a la cabecera de este corregimiento deberían suministrarse cerca de 860 metros cúbicos diarios, pero las conexiones ilegales instaladas a lo largo de la línea de conducción impiden que la mayor parte de ese caudal llegue a las familias del sector.
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Para enfrentar esta situación, la empresa de acueducto Triple A, junto a la Policía y la Alcaldía de Galapa, llevó a cabo un operativo en el que cortó ocho conexiones ilegales, de las 17 proyectadas.
Keydis Monsalve, secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial de Galapa, explicó que estas pérdidas obedecen, en buena parte, al crecimiento desordenado del territorio y al incumplimiento de la normatividad vigente.
"Esta es una problemática que viene afectando al corregimiento de Paluato y que en buena medida corresponde al uso de predios que han sido parcelados e, incluso, comercializados sin cumplir con los requisitos legales y urbanísticos municipales", afirmó la funcionaria.
"Es importante que la comunidad se abstenga de adquirir predios que no cuenten con las viabilidades y factibilidades técnicas para la prestación del servicio de acueducto", agregó.
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Los principales perjudicados por estos robos son las familias de Paluato que están legalmente conectadas a la red, pagan cumplidamente su factura y, aún así, deben enfrentar baja presión e interrupciones en el suministro, mientras el líquido que les corresponde se desvía antes de llegar a sus hogares.
Las autoridades recuerdan a la ciudadanía que apropiarse de agua en perjuicio ajeno acarrea penas de hasta 6 años de prisión y multas de hasta 262.635.750 de pesos. A esto se suman la suspensión inmediata de la conexión y el cobro de los consumos no facturados.