El Ever Hawkins, exgobernador de San Andrés, deberá ser liberado en medio del proceso que se le sigue por presunta extorsión y secuestro contra comerciantes de la isla, debido a la decisión que en las última horas tomó el Juzgado Primero Penal Municipal Mixto de ese archipiélago, bajo el argumento de que las pruebas en su contra fueron presentadas “de forma deficiente”.
Durante la diligencia, el juez ordenó una medida no privativa de la libertad, aclarando que Hawkins deberá cumplir obligaciones estrictas como permanecer en Barranquilla, no establecer comunicación con las víctimas, presentarse periódicamente ante un juez, estar en las audiencias del caso y tampoco protagonizar actuaciones delictivas.
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En su intervención, el juez consideró que Hawkins no representa riesgo de obstrucción a la justicia porque ya no tiene vínculos con cargos públicos ni ha presentado conductas para obstaculizar las pruebas. Además, tampoco piensa que haya peligro de abandono al proceso, teniendo en cuenta los compromisos laborales y familiares que el procesado registra en Barranquilla.
“Se ha hablado de que es un empresario, significa que tiene negocios, tiene arraigo en la ciudad de Barranquilla, entonces es una persona que difícilmente podría evadir este proceso, máxime cuando ahí se corre traslado de los hijos que tiene, de la familia, que tiene unos compromisos. Esta persona no va a evadir el proceso o esconderse en otra parte”, dijo inicialmente.
Sobre las pruebas, pronunció que solo el testimonio del secuestro de la sobrina de una de las víctimas tiene elementos para inferir una “coautoría mínima” en la comisión de los delitos imputados. No obstante, criticó que no se haya profundizado en la misma como buscar videos de cámaras de seguridad para hacerle seguimiento a los responsables.
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Acerca del audio aportado, en el que se registra una visita a la hermana de la víctima para hacerlo cambiar de opinión y retirar la demanda penal, el juez señaló que el involucrado dijo claramente que llegó “de parte de los pelaos”, y en ningún momento se refirió al exgobernador.
En la audiencia también tuvieron participación la Procuraduría y el abogado defensor de Hawkins, Jhonatan Pelaez, coincidiendo ambos en que no se cumplían las condiciones para una medida privativa de la libertad. Para el Ministerio Público resultó determinante que no se aportaron conversaciones entre el exgobernador con alias Pichi, ni se ve su nombre en los panfletos enviados, quedando todo para ella en “conjeturas”.
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Tanto la Fiscalía como la defensa apelaron la decisión, este último con la intención de tener un fallo con libertad plena.