No hemos sido consultados para estos traslados”: Gobernador Eduardo Verano

El mandatario de los atlanticenses, Eduardo Verano, respaldó el llamado que más temprano hizo el alcalde Alejandro Char de pedir garantías y un plan riguroso que asegure que, traer a cárceles de Barranquilla a los cabecillas de las estructuras criminales de los Costeños y los Pepes, Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Cástor, Digno Palomino y alias el Negro Ober, no genere impactos negativos en la seguridad ciudadana, ya que, hasta el momento, el Gobierno no los han tenido en cuenta ni les han comunicado tales traslados.“Para esta decisión no hemos sido consultados y obviamente creo que antes debería haber la plena garantía de que se contará con una respuesta institucional, para que todas estas conversaciones se den con orden y garantías de que van a llegar a unas etapas superiores de tranquilidad y seguridad, y, sobre todo, de cumplimiento por lo que se pacta”.Enfatizó Verano en la preocupación existente en Barranquilla y el Atlántico, ya que en los últimos 15 días se han dado 26 homicidios, lo que indica que en el territorio se atraviesa por un momento dramático en materia de seguridad y tranquilidad.El gobernador Verano de la Rosa subrayó la necesidad urgente de una intervención que cuente con la presencia activa en este proceso de la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo; del procurador General de la Nación, Gregorio Eljach y la Defensoría del Pueblo.Destacó el mandatario que la presencia de estas autoridades garantiza que estas decisiones no generen un rebrote de violencia o un deterioro del orden público en el departamento.“Solicitamos información completa y verificable sobre los criterios de este traslado. Una decisión de esta magnitud debe ir acompañada de garantías sólidas. La articulación con los entes de control nacional es indispensable para asegurar un seguimiento riguroso que proteja la convivencia en el departamento”, enfatizó el mandatario.Por último, Verano de la Rosa enfatizó en que cualquier decisión que pueda alterar el orden público debe construirse de manera articulada con las autoridades territoriales, con presencia permanente de la Fuerza Pública, protocolos estrictos de control y un plan específico para impedir que estructuras residuales sigan delinquiendo mientras se realizan los diálogos.