La Procuraduría Regional de Instrucción de Atlántico ordenó este jueves 6 de agosto la suspensión provisional de Rafael Castillo Pacheco como rector de la Universidad del Atlántico. La medida, que rige por tres meses prorrogables y sin derecho a salario, se dictó junto con la apertura de una investigación disciplinaria en su contra por seis meses.
“Ordenar la apertura de investigación disciplinaria en contra de Rafael Castillo Pacheco en su condición de rector de la Universidad del Atlántico designado por el Ministerio de Educación Nacional, por el término de seis (6) meses, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído”, se puede leer en el documento.
“Ordenar la suspensión provisional del señor Rafael Castillo Pacheco en su condición de rector de la Universidad del Atlántico designado por el Ministerio de Educación Nacional, en el marco de las medidas preventivas y de vigilancia especial adoptadas mediante la resolución No. 022126 del 14 de noviembre de 2025, por el término de tres (3) meses, prorrogables hasta por otro tanto, sin derecho a remuneración”, agrega.
De acuerdo con la entidad, todo se remonta al pasado 27 de julio, ya que el Tribunal Administrativo del Atlántico suspendió los efectos de las resoluciones del Ministerio de Educación Nacional (MEN) que habían sustentado el nombramiento de Castillo Pacheco como rector, en el marco de la vigilancia especial que el Gobierno impuso sobre la universidad. Con esa decisión, el Tribunal reconoció la vigencia de Leyton Daniel Barrios Torres, elegido rector por el Consejo Superior Universitario.
Luego, el 5 de agosto, la Procuraduría exhortó formalmente a Castillo Pacheco a entregar el cargo de inmediato a Barrios Torres. Sin embargo, manifestaron que esa misma tarde Castillo Pacheco publicó un comunicado en el que expresó respeto por la decisión judicial y anunció que pediría al Tribunal aclarar y complementar el fallo, sin anunciar en ningún momento la entrega del cargo.
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Por eso, para el ente de control, esto significó que, en la práctica, siguió actuando como rector, pese a que el sustento jurídico de su designación ya no existía.
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El despacho considera que los hechos podrían constituir falta disciplinaria gravísima, al encuadrarse en delitos como usurpación de funciones públicas y fraude a resolución judicial o administrativa. Aclara, eso sí, que se trata de una calificación preliminar y que Castillo Pacheco conserva el derecho a defenderse dentro del proceso.
Según la decisión, permitir que el investigado siguiera en el cargo abría el riesgo de que la presunta falta continuara cometiéndose, lo que justificó, para la Procuraduría, apartarlo de forma inmediata mientras avanza la investigación.
Finalmente, la Procuraduría le ordenó al Consejo Superior Universitario hacer efectiva la suspensión. Contra la decisión no procede ningún recurso.
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