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Se cumplen 24 horas del bloqueo total al municipio de Los Andes-Sotomayor, en Nariño, por parte de más de 2.000 campesinos de varias veredas que protestan contra los intensos combates entre el Ejército y grupos armados ilegales. Aseguran que, cueste lo que cueste, harán respetar la vida de los civiles, ya que, según ellos, el Ejército no tiene sitios vedados, pero tampoco puede poner en riesgo la vida de miles de personas.
“Señor ministro de Defensa, busque una salida negociada y no solo con balas, porque esto pone en riesgo la vida de los campesinos de las 32 veredas de la zona rural del municipio de Los Andes-Sotomayor”, dijeron representantes comunitarios aseguran que mantendrán prohibida la entrada y salida de todo tipo de vehículos a esta población del noroccidente de Nariño.
Protesta en medio de combates
Blu Radio conoció que la protesta, en la que al menos 2.000 campesinos levantaron barricadas en los accesos al municipio, se dio tras los combates registrados desde el sábado 24 de enero en la parte alta de esta población nariñense.
Los enfrentamientos se desarrollan entre grupos armados ilegales y unidades del Ejército Nacional que buscan retomar el control de esta vasta región de la cordillera occidental, en el norte de Nariño.
Los sobrevuelos de helicópteros militares alertaron a la comunidad de que algo iba a suceder. Según los habitantes, la confrontación armada tiene lugar entre el corregimiento de La Planada y las veredas San Vicente, Panguz, Quebrada Honda, Las Cordilleras y Providencia Alto.
Aunque en esta región no hay cultivos ilícitos, tropas helitransportadas han llegado al área y, tras desembarcar, comenzaron los enfrentamientos con integrantes de la columna Franco Benavides, perteneciente a las disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco.
La voz de los campesinos
Los manifestantes han instalado vallas y barricadas en la entrada principal del municipio. En una de las vallas se puede leer claramente: “No somos ni colaboradores, ni guerrilleros. Somos campesinos que queremos paz”. El comercio permanece cerrado, y la iglesia del pueblo es el único lugar que ha mantenido sus puertas abiertas para los feligreses.
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“Es muy fácil estigmatizar a la comunidad diciendo que somos colaboradores o guerrilleros, pero nadie entiende lo que significa vivir en estas zonas donde el Estado colombiano nunca ha hecho presencia. Los pocos servicios que tenemos los hemos logrado con recursos propios, porque aquí solo llegan a disparar y luego se van, como si no les importara la vida de los campesinos”, dijo un joven líder de la región que pidió mantener su anonimato.
“Jacinto” —nombre ficticio para proteger la identidad de uno de los líderes de la región— manifestó a Blu Radio que al menos 4.000 personas permanecen confinadas en la zona rural entre los municipios de Los Andes y Cumbitara, pues no pudieron salir de sus fincas ante la intensidad de los combates, que ya completan 24 horas. A la zona siguen llegando militares adscritos a la Brigada 23 del Ejército Nacional.
El representante de la comunidad indicó que entienden que el Ejército no tiene sitios vedados en Colombia, pero también señaló que ni las fuerzas militares ni los grupos armados ilegales tienen derecho a poner en riesgo la vida de civiles que no están involucrados en el conflicto armado.
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“Lo único que pedimos es que la fuerza pública salga de la zona, que haya un diálogo y se busque una solución negociada, porque en medio de la guerra están las vidas de miles de habitantes que solo quieren vivir en paz”, expresó una ama de casa, quien aseguró que lleva 24 horas sin salir de su vivienda por temor a quedar atrapada en el fuego cruzado.
Otro habitante manifestó que nadie los está obligando ni instrumentalizando para exigir respeto por sus vidas, pues no desean vivir una situación similar o peor que la del Catatumbo, donde decenas de civiles han sido asesinados y no se esclarece de dónde provienen los disparos.
Preocupación gubernamental
Por su parte, el secretario de Gobierno del departamento aseguró a Blu Radio que la situación es muy grave y confirmó que la administración departamental solicitó un informe detallado sobre las operaciones que se adelantan en la cordillera desde el sábado 25 de enero.
“La información que tiene la Gobernación de Nariño indica que las confrontaciones entre grupos armados ilegales y el Ejército ponen en inminente riesgo la seguridad de la comunidad. No podemos permitir otro Catatumbo en Nariño”, señaló Estupiñán.
Ante esta situación, la administración local decretó el toque de queda, ya que el comercio permanece cerrado y más campesinos continúan llegando al casco urbano de Los Andes-Sotomayor.
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