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Defensoría insta a Minjusticia proteger a funcionarios del Inpec en el Valle amenazados de muerte

El Valle del Cauca es uno de los departamentos del país con un número elevado de reportes de atentados contra la vida de los guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

Alerta por amenazas a funcionarios del Inpec en el Valle del Cauca
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Valle

Por las constantes amenazas a personal del Inpec en el Valle del Cauca, especialmente en los municipios de Buga, Tuluá y Jamundí. La Defensoría del Pueblo instó al Ministerio de Justicia para que de manera inmediata se implementen medidas que protejan a los funcionarios.

Según la Defensoría, el Valle del Cauca es uno de los departamentos del país con un número elevado de reportes de atentados contra la vida de los guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

"Es apremiante adoptar medidas de protección y fortalecer la presencia institucional, especialmente en el Valle del Cauca, donde se evidencia una espiral de violencia en contra de funcionarios del Inpec. El Ministerio de Justicia, como cabeza del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario, debe dar las garantías para que el personal del Instituto pueda desempeñar sus labores de vigilancia y custodia", dijo Carlos Camargo Assis, Defensor del Pueblo.

La más reciente amenaza se dio este viernes, a través de un panfleto grupos ilegales indicaron que si no cumplen a un llamado empezarían a asesinar a guardianes y algunos funcionarios de altos rangos de la cárcel de Jamundí por quienes incluso ofrecen sumas de dinero que van desde los $40 millones hasta los $100 millones por sus vidas.

"Se trata de la Operación Domino es decir que hay algunos privados de la libertad que aún tienen control sobre esta zona del Valle con el poder delincuencial fuera de las cárceles y por eso están amenazando a muchos guardianes que están cumpliendo bien su función y quienes están atacando las extorsiones que se hacen desde los centros carcelarios", explico Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP).

El pasado 9 de abril hombres armados asesinaron en la entrada del penal en Buga a un dragoneante quien se disponía a realizar sus labores. Ese mismo día, pero en el municipio de Tuluá, fue herido de gravedad con arma de fuego otro dragoneante y un día atrás, en el municipio de Palmira, también fue ultimado un hombre que era pensionado del Inpec.

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