El traslado de personas sindicadas que permanecen bajo custodia de la Policía se convirtió en uno de los principales asuntos abordados durante una reunión entre el ministro de Justicia, Iván Cancino, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, en la que también se revisaron los desafíos de seguridad, justicia y atención a la población privada de la libertad en el departamento.
Uno de los puntos centrales fue la situación de Buenaventura, donde varias personas privadas de la libertad permanecían en el coliseo distrital, luego del incendio ocurrido el pasado 10 de agosto en el centro transitorio Marte.
Ante esta situación, comenzó el traslado de los sindicados hacia establecimientos penitenciarios de otras zonas del país.
La medida responde a una solicitud de la Gobernación del Valle y busca atender una problemática que, además de las condiciones de reclusión, tiene un impacto directo sobre la capacidad operativa de la Policía.
Mientras los uniformados permanecen encargados de custodiar a personas sindicadas, disminuye el número de agentes disponibles para realizar labores de vigilancia y seguridad en las calles.
“La alcaldesa y yo le habíamos dicho al señor Presidente sobre trasladar hacia otras cárceles del país a las personas sindicadas que estaban en el coliseo, porque Marte tuvo un problema de incendio. Hoy se está haciendo efectiva esa orden. Nosotros, desde la Gobernación del Valle, estamos dando la logística, los buses, para que puedan ser trasladados y de esa manera podamos tener mucha más tranquilidad en Buenaventura”, informó la mandataria.
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Para Toro, el problema va más allá de la situación puntual generada por el incendio en Marte.
“Los policías están cuidando a los sindicados y no en las calles cuidando de la seguridad del resto de personas”, afirmó, al explicar que uno de los objetivos de las gestiones con el Gobierno nacional es que la custodia quede en manos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
Con el traslado de los sindicados, las autoridades buscan descongestionar los espacios que actualmente cumplen funciones de detención transitoria y, al mismo tiempo, permitir que los policías destinados a su custodia puedan regresar progresivamente a las labores de vigilancia en las calles.