En el encuentro, la jefe del ente acusador estuvo acompañada por integrantes de la cúpula de la entidad, entre ellos el vicefiscal Gilberto Guerrero, la delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo, y el director del CTI, general (r) José Luis Ramírez, además de otros directivos.
La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, sostuvo este martes una reunión con el ministro de Justicia designado, Iván Cancino, en la que revisaron los principales retos del sistema judicial y definieron la agenda de trabajo conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y el nuevo Gobierno.
En el encuentro, la jefe del ente acusador estuvo acompañada por integrantes de la cúpula de la entidad, entre ellos el vicefiscal Gilberto Guerrero, la delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo, y el director del CTI, general (r) José Luis Ramírez, además de otros directivos.
La reunión cobra especial relevancia por la coordinación que deberán mantener ambas instituciones en asuntos relacionados con la política criminal del Estado, entre ellos las decisiones sobre la suspensión de órdenes de captura en el marco de la política de paz, así como las posibles modificaciones al sistema penal acusatorio.
Uno de los temas que ya tenía acuerdo expreso fue la propuesta del ministro de Justicia designado de eliminar las audiencias de imputación de cargos. Sobre ese punto, la fiscal general manifestó recientemente su respaldo a la iniciativa y señaló que coincide con varios de los planteamientos expuestos por Cancino.
“Coincido en varios de los planteamientos que realizó, entre ellos este de si podríamos pensar en la eliminación de las audiencias de imputación. Me parece que es una propuesta interesante. Entiendo que el propósito del ministro, que es un buen conocedor del sistema penal colombiano, es ver cómo agilizamos el procedimiento, y es un propósito con el que nosotros siempre estaremos ahí para apoyar”, afirmó Luz Adriana Camargo.
Por su parte, Iván Cancino ha sostenido que la audiencia de imputación perdió sentido dentro del procedimiento penal, al considerar que el juez de control de garantías no puede realizar un análisis de fondo sobre la imputación presentada por la Fiscalía.
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