Luz Adriana Camargo

Ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia fue presentada una solicitud de recusación contra la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, con la que se busca que sea apartada de las actuaciones relacionadas con el macrocaso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).El documento, de 16 páginas, fue firmado por los representantes del Centro Democrático Daniel Briceño y David Cote, quienes plantean ante los magistrados la posible configuración de causales de impedimento a partir de circunstancias que, en su consideración, deben ser verificadas frente a la actuación de la Fiscal General en las investigaciones derivadas del caso.La solicitud fue presentada luego de que se conociera información relacionada con una presunta entrega de dinero de Sneyder Pinilla y Olmedo López al magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández. Los congresistas piden que la Corte examine dos causales de impedimento y determine si existen circunstancias que puedan comprometer los principios de objetividad, imparcialidad e independencia en las actuaciones de la Fiscalía. “Presente recusación se formula precisamente para que se determine si, además de su condición institucional y con independencia de la forma de su designación, existen circunstancias concretas de conocimiento, intervención, interés o actuación personal relacionadas con las investigaciones derivadas del caso UNGRD que puedan comprometer la garantía de imparcialidad”, señala el documento.Uno de los puntos centrales de la petición está relacionado con la trazabilidad de los peritajes y de las investigaciones realizadas sobre las extracciones de los teléfonos celulares de Sneyder Pinilla y Olmedo López. Los congresistas Briceño y Cote solicitan que se establezca qué información fue conocida, quién tuvo acceso a ella y cuál fue la intervención de la Fiscal General frente a esos elementos.En particular, buscan determinar si Luz Adriana Camargo tuvo conocimiento de los chats revelados en una investigación periodística, a partir de esos elementos, impartió instrucciones u orientaciones relacionadas con las actuaciones de la Fiscalía.Los congresistas sostienen que el análisis de esas circunstancias resulta necesario para establecer si existe una causal de impedimento relacionada con un eventual interés de la funcionaria en las actuaciones concretas derivadas del caso.“Lo que se solicita es determinar si, a partir de los nuevos elementos conocidos, existe un interés personal, especial, cierto y actual de la funcionaria recusada respecto de las actuaciones concretas relacionadas con el caso”, señala el escrito.La solicitud precisa que, de acuerdo con la jurisprudencia citada por los congresistas, ese eventual interés debe reunir características específicas. “En consecuencia, la causal se estructura jurídicamente bajo la siguiente hipótesis: si se acredita que la Fiscal General tuvo conocimiento directo de determinados elementos probatorios, intervino personalmente en decisiones relacionadas con su tratamiento, o adoptó decisiones concretas cuya valoración pueda comprometer su propio interés institucional o personal en el resultado de las actuaciones, deberá establecerse si ese vínculo satisface los requisitos cualificados exigidos por la causal”, se lee en el documento.La petición queda ahora en manos de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, que deberá analizar los argumentos planteados y determinar si las circunstancias expuestas configuran alguna de las causales de impedimento invocadas por los representantes.

Luz Adriana Camargo

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