Colombia evitó pagar cerca de 30 millones de dólares si era sancionada, tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional y el Grupo Portuario al poner fin a la controversia jurídica por el Muelle 13 del puerto de Buenaventura. Las partes firmaron un memorando de entendimiento que establece una hoja de ruta para recuperar las operaciones de esta terminal marítima y poner fin a un litigio que ya se encontraba en curso ante los tribunales del país.
El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Ricardo Ayerbe, destacó el alcance del acuerdo y recordó que el cierre del muelle se produjo después de que el Gobierno anterior de Gustavo Petro revirtiera la decisión de prorrogar la concesión.
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“Mediante una decisión arbitraria del gobierno pasado fue cancelado nuestro Muelle 13, en el gran puerto en Buenaventura, que tanto bien le ha traído al país en materia de desarrollo, de competitividad y de empleo”, afirmó Ayerbe.
El funcionario explicó que el memorando permitirá establecer los pasos necesarios para que la terminal vuelva a funcionar en beneficio de Colombia y, especialmente, de Buenaventura.
“Hoy le estamos diciendo al país que estamos firmando un memorando de entendimiento que nos va a trazar una ruta por medio de la cual vamos a lograr nuevamente que Muelle 13 funcione para Colombia, funcione para Buenaventura”, señaló.
Uno de los principales resultados del entendimiento es evitar que el Estado tenga que afrontar una reclamación cercana a los 30 millones de dólares.
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“Con la suscripción de este memorando de entendimiento, vamos a evitarle un litigio al país de aproximadamente 30 millones de dólares que ya está cursándose y surtiéndose en los tribunales de este país”, agregó el presidente de la ANI.
Ayerbe también se refirió a las consecuencias económicas y laborales que dejó la suspensión de las actividades del Muelle 13. Explicó que el cierre ocasionó la pérdida de más de 500 empleos directos y afectó a más de 1.500 trabajadores vinculados indirectamente con la operación portuaria.
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A esto se sumaron efectos sobre la competitividad del país y los costos de la logística para el comercio exterior. “Perdimos competitividad y ganamos, al contrario, mayores costos en materia de operación logística para el país”.
Álvaro Rodríguez Acosta, presidente de la junta directiva del Grupo Portuario, agradeció al Gobierno nacional por facilitar el acercamiento y avanzar hacia una solución que permita reanudar las operaciones.
“La verdad, no solo como grupo empresarial, quiero con mucho cariño agradecerles que desde el primer momento tanto el presidente Abelardo como ustedes lo primero fue el compromiso de lograr un acuerdo para que iniciemos las operaciones con la mayor brega posible”, expresó.
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Rodríguez Acosta sostuvo que la recuperación de la actividad portuaria también contribuirá a aliviar los costos que enfrentan los importadores. “Recuperando la operación del puerto vamos a aliviar los altos costos de los importadores. Eso es un gran paso y un paso más con fe”, afirmó.
La disputa alrededor del Muelle 13 tiene antecedentes que se remontan a diciembre de 2023 y enfrentó al Gobierno del presidente Gustavo Petro con el Grupo Portuario, operador privado perteneciente a Ventura Group, que administraba la terminal desde finales de los años 90.
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En un primer momento, la Agencia Nacional de Infraestructura había aprobado en diciembre de 2023 una prórroga de la concesión por otros 20 años. Sin embargo, cinco días después, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, ordenó reversar esa decisión.
El Ejecutivo sustentó su determinación en presuntas irregularidades ambientales y sanitarias. Entre sus argumentos mencionó la supuesta falta de una licencia ambiental adecuada para el volumen de carga y el calado de las operaciones, así como riesgos asociados al manejo de granos y al control de vectores, entre ellos las palomas y posibles problemas sanitarios relacionados con la toxoplasmosis.
La intención del Gobierno de Petro era poner fin a la operación privada de la terminal y avanzar hacia un modelo de administración que involucrara a cooperativas de pescadores artesanales y habitantes de la región del Pacífico.
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El Grupo Portuario rechazó los argumentos que sustentaron la decisión gubernamental y defendió la legalidad de la prórroga de su concesión. Sus representantes aseguraron haber cumplido los requisitos exigidos para continuar administrando el muelle.
Además, cuestionaron la motivación de la medida y señalaron que podría responder a diferencias con el Ejecutivo.
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En materia ambiental, también sostuvieron que la autoridad competente para atender los asuntos relacionados con el muelle era el Establecimiento Público Ambiental (EPA) de Buenaventura y no la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
Esta controversia termina de manera amistosa en este momento, pero meses atrás ganar el pulso era una bandera del Gobierno, que con frecuencia exponía el tema en medios de comunicación, incluso en alocuciones presidenciales. En un momento, fue motivo hasta de una rueda de prensa matutina, ordenada por el entonces presidente, con presencia de las ministras de Ambiente, Susana Muhammad; de Transporte, María Constanza García; y de Agricultura, Martha Carvajalino; además de un delegado de la Armada Nacional y el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López Maya; es decir, el asunto era considerado de máximo nivel por el Gobierno.