En Santander fueron capturados y judicializados 21 trabajadores de ocho fundaciones o centros de rehabilitación privados que ofrecían servicios para la atención de adictos pero en realidad cometían todo tipo de maltratos, abusos y hasta muertes en Bucaramanga, Piedecuesta y Girón.
Los hechos, según las primeras indagaciones, causaron el fallecimiento de ocho personas y más de 500 víctimas con todo tipo de lesiones.
Fueron varios meses de investigación que permitieron establecer el modus operandi de lo que para la Fiscalía es una red delictiva: primero recibían a personas vulnerables de diferentes municipios de Santander, Norte de Santander y Atlántico supuestamente para ayudarlos con sus problemas de adicción.
Sin embargo, cuando estaban ya en los centros eran sometidos a condiciones denigrantes en espacios con hacinamiento, insalubridad, sin comida, incomunicados de familiares u otras personas e incluso entrega indiscriminada de tratamientos psiquiátricos.
También hay registros trturas con baños de agrua fría y golpes a los que llamabana ‘cuadros de reflexión’ y de posibles casos de abuso sexual por parte de estos empleados a pacientes menores de edad que que permanecían sedados por los medicamentos dados sin control.
Para evitar que las víctimas denunciaran, los trabajadores hoy capturados se hicieron pasar como autoridades para intimidarnos y amanecer con que serían capturados por tráfico de estupefacientes, entre otros delitos.
Las capturas se dieron en Cartago, Valle del Cauca; Bucaramanga, Santander, y Bogotá y se les imputaron los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado con fines de secuestro y tortura, secuestro, inducción a la prostitución, acceso carnal con incapaz de resistir, acto sexual violento, tortura y acceso carnal violento.
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