Un bombardeo atribuido al Ejército venezolano contra un presunto campamento del ELN habría dejado al menos 9 personas muertas en el sector Buena Vista del Meta, en el estado Apure, Venezuela, cerca de la frontera con Colombia.
El hecho habría ocurrido el día anterior, según información divulgada por el exdiputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan García Escalona.
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De acuerdo con los reportes preliminares recibidos por el exdiputado, nueve cuerpos habrían sido trasladados a San Fernando, donde una comisión nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) estaría adelantando los procedimientos forenses correspondientes en la morgue del cementerio Luis Herrera.
Además, otras 10 personas fallecidas habrían quedado en el lugar del bombardeo, mientras que un número todavía no determinado de heridos habría conseguido llegar a territorio colombiano.
Este episodio llama la atención debido a que es inusual que el Ejército venezolano lanzara operaciones a gran escala contra grupos criminales que delinquen en ese territorio, como el ELN, desde hace varias décadas.
Habitantes de Puerto Páez, centro poblado más cercano a la zona donde ocurrió el ataque, entregaron nombres y referencias de documentos de identidad encontrados en el área donde ocurrió el ataque.
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Entre los nombres reportados figuran Jesús Javier Brugal Carrero y Juan Carlos Guerrero Márquez. También se mencionaron licencias de conducción venezolanas a nombre de Jesús Javier Brugal Carrero, Wilden Luis Solorzano Camacho y Gabriel Carlos Brugal.
Hasta el momento, estos datos hacen parte de la información preliminar divulgada por García, pero no hay pronunciamiento oficial.
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Tras conocerse el presunto bombardeo, García Escalona recordó que durante años ha advertido sobre la presencia de grupos armados irregulares en esta región venezolana.
Asegura que testimonios recopilados en la zona describen a Apure como un territorio utilizado como retaguardia de organizaciones armadas y como punto de acopio de cocaína. Incluso, aseguró que algunas fuentes locales ubican el precio de esta sustancia en 1.000 dólares por kilogramo.
El exdiputado también afirmó que organismos y agencias internacionales conocen la situación de esta región a través de diferentes informes.
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A estas denuncias sumó presuntas presiones contra habitantes de San Rafael, en el municipio San Fernando, y de El Terrón, en Arichuna.
Asimismo, señaló que los reportes se extienden a sectores del Capanaparo, Achaguas y Quintero, en el municipio Muñoz, e incluyen supuestos señalamientos sobre la utilización de hatos expropiados para actividades relacionadas con el narcotráfico.
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García Escalona indicó que las alertas sobre la presencia de organizaciones armadas también provienen del municipio Rómulo Gallegos, especialmente de Elorza, y del municipio Páez, donde mencionó localidades como Palmarito, Guasdualito, El Amparo, La Victoria y El Nula.
De acuerdo con el exdiputado, los testimonios recogidos en estos territorios describen un ambiente de temor y presiones sobre las comunidades, cuyos habitantes necesitan protección y garantías para denunciar.
También cuestionó los presuntos vínculos entre autoridades regionales y municipales con grupos criminales como el ELN, las disidencias de las FARC y las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL).
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Agrega que algunos gobernadores y alcaldes de Apure han respondido a los intereses de estas estructuras criminales.
A esta versión de García Escalona se sumó, a modo extraoficial, la de Rocío San Miguel, experta en temas militares, quien ha sido la directora durante años de la ONG Control Ciudadano y por cuyo trabajo estuvo encarcelada hasta hace pocos meses.
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“Reportes locales señalan un presunto bombardeo del Ejército venezolano contra un campamento del ELN en Buena Vista del Meta, estado Apure, fronterizo con Colombia”, trinó San Miguel. El Gobierno interino de Delcy Rodríguez no ha emitido pronunciamiento sobre el asunto.