La Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia a Ana Yesenia Duarte Medina, quien se desempeñaba como inspectora de Policía de El Guacamayo, Santander, luego de comprobar que presentó documentos académicos que la acreditaban como abogada, pese a que la universidad señalada negó haberle otorgado ese título.
La decisión fue adoptada por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de San Gil, que determinó la destitución de la entonces funcionaria y le impuso una inhabilidad general de seis años y ocho meses para ejercer funciones públicas.
De acuerdo con el Ministerio Público, Duarte Medina utilizó un diploma de abogada para tomar posesión del cargo y posteriormente presentó un acta de grado con la que buscó acreditar su condición profesional para mantenerse en el puesto.
Uno de los elementos centrales de la investigación disciplinaria fue la certificación entregada por la Fundación Universitaria de San Gil (UNISANGIL), institución a la que estaba asociado el supuesto título profesional.
Según la Procuraduría, la universidad certificó que no expidió el diploma presentado por la entonces inspectora y que tampoco le otorgó el título de abogada.
La institución, además, informó que Duarte Medina no había cumplido con los requisitos exigidos para obtener el grado profesional.
Publicidad
Con estos elementos, el Ministerio Público concluyó que la funcionaria suministró documentación académica que no correspondía a la realidad para ingresar y permanecer en el cargo público.
La investigación no se limitó al documento presentado para su posesión. La Procuraduría señaló que la exinspectora se desempeñó como profesional del Derecho pese a no contar con el título que decía acreditar mediante los documentos cuestionados.
Para el órgano de control, esta conducta tuvo especial relevancia porque la condición de abogada estaba relacionada directamente con el ejercicio de las funciones que desempeñaba como inspectora de Policía.
Publicidad
La Procuraduría Provincial de Juzgamiento de San Gil calificó la conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo, es decir, determinó que la actuación fue realizada de manera consciente y deliberada.
Durante la etapa de juzgamiento, Ana Yesenia Duarte Medina aceptó el cargo que le fue formulado por la Procuraduría.
Esta aceptación tuvo un efecto sobre la sanción. Inicialmente, el Ministerio Público había establecido una inhabilidad general de 10 años, pero aplicó una reducción de una tercera parte debido a la aceptación de responsabilidad.
Por esta razón, la inhabilidad finalmente quedó establecida en seis años y ocho meses, mientras que la destitución se mantuvo.
La decisión corresponde a un fallo de primera instancia, por lo que todavía puede ser apelada.
De prosperar el recurso, la decisión deberá ser revisada en segunda instancia. Mientras tanto, el fallo constituye la determinación disciplinaria adoptada hasta ahora por la Procuraduría frente a la actuación de la exinspectora.
El caso vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos de verificación de los títulos y documentos académicos utilizados por funcionarios para acceder a cargos públicos, especialmente cuando estos acreditan requisitos profesionales necesarios para ejercer determinadas funciones.