Anuncian demanda contra el decreto del Gobierno sobre nuevo modelo de salud
Desde el Congreso de la República hay voces de congresistas que consideran que de esta manera el Gobierno está tratando de imponer una reforma a la salud.
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El Gobierno nacional expidió el decreto 0858 de 2025 con el que reorganiza de forma inmediata el modelo de prestación de servicios de salud en Colombia.
El decreto, firmado anoche por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, coincide de manera sustancial con los pilares del proyecto de ley que avanza en el legislativo, es decir, es una apuesta por la atención primaria, la prevención, el control público sobre los recursos del sistema y la creación de redes integrales territoriales de salud.
Con esta medida, el sistema de salud colombiano se reorganiza en torno a lo que el Gobierno denomina Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS).
Estas redes estarán conformadas por prestadores públicos, privados y mixtos, y serán responsables de garantizar la atención integral y continua a los usuarios, desde los niveles básicos hasta los más especializados.
Tras esta decisión, el representante a la Cámara por el Centro Democrático Andrés Forero anunció que demandará el decreto, al considerar que es ilegal.
"A modo de retaliación por la elección del senador Pinto como presidente de la Comisión Séptima del Senado, elección Gobierno nacional, en cabeza del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo ha decidido, por vía decreto, por la puerta de atrás y desconociendo al Congreso de la República, implementar su inconveniente reforma a la salud. Vamos a demandar esta arbitrariedad, ni el señor Jaramillo ni el presidente de la República pueden saltarse al Congreso y a la Constitución y las leyes", dice Forero.
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Tras la polémica, el Ministerio de Salud emitió un comunicado en relación con la firma del Decreto 0858, en el cual señala que esta medida forma parte de las acciones que el Gobierno nacional ha venido impulsando a corto y mediano plazo.
También aclaró que esta decisión no sustituye el debate democrático y amplio que continuará en la Comisión Séptima del Senado sobre los cambios estructurales que requiere el sistema de salud.