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La decisión de la Corte Constitucional sobre la intervención de la EPS Sanitas marcó el eje central del más reciente episodio del programa Sala de Prensa.
La periodista Nicole Buitrago, de Noticias Caracol y Blu Radio, analizó el fallo judicial que, según sus palabras, “es histórico” y obliga al gobierno nacional a devolver de forma inmediata la administración de la entidad al grupo Keralty, su propietario desde hace más de 25 años.
“El fallo no tiene posibilidad de revocatoria ni de apelación”, explicó Buitrago, quien detalló que la entrega de la EPS deberá hacerse en un plazo de aproximadamente dos semanas.
Aunque Sanitas sigue bajo la custodia de la Superintendencia de Salud, el grupo Keralty deberá recibir la notificación formal y proceder con la transición administrativa.
La Corte tumbó dos decisiones del gobierno: la intervención inicial y su prórroga por un año más. Esto implica que el Ejecutivo deberá devolver no solo el control operativo de la EPS, sino también asumir el deterioro en su funcionamiento durante los 15 meses de intervención estatal.
“El abogado del grupo Keralty dice que les entregan una entidad devastada”, afirmó Buitrago. Entre los principales problemas señalados están la fragmentación de los servicios médicos, retrasos en la entrega de medicamentos y un deterioro financiero que pasó de 21.000 millones a más de un billón de pesos.
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Durante la intervención, la calidad del servicio disminuyó considerablemente. “Las citas, incluso con medicina prepagada, no se estaban agendando de forma ágil”, señaló Buitrago.
También se registró un incremento del 19 % en las peticiones, quejas y reclamos, con afectaciones en tratamientos y entrega de medicamentos de alto costo.
La Superintendencia ha asegurado que los usuarios no deberían ver afectadas sus autorizaciones ni citas programadas durante la transición. Sin embargo, los cambios se observarán en los próximos días, en la medida en que Keralty retome el control de sus clínicas, hospitales y dispensarios.
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La periodista advirtió que este fallo podría sentar jurisprudencia para otras EPS intervenidas por el gobierno, aunque hasta el momento no hay tutelas similares en curso.
“Hoy más de 27 millones de colombianos están en EPS bajo intervención estatal, y los resultados no muestran mejoría”, dijo Buitrago.
El caso de Sanitas se convierte en un punto de inflexión en el sistema de salud colombiano. “El remedio resultó peor que la enfermedad”, concluyó Juan Roberto Vargas, frente a un panorama que, según los datos, revela un deterioro generalizado de la atención en salud.
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