Keralty publicó el lunes 20 de julio un comunicado en el que rechazó las recientes acusaciones formuladas por el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, en donde se refirió en contra de la organización y sus trabajadores. La empresa calificó los señalamientos como "gravísimos e infundados" y aseguró que afectan no solo a la compañía, sino también a miles de profesionales de la salud.En el comunicado, la organización sostuvo que durante los últimos cuatro años enfrentó decisiones gubernamentales que, según afirma, buscaron debilitar el modelo de aseguramiento en salud. Keralty aseguró que las intervenciones administrativas, las campañas de desprestigio y los ataques públicos hicieron parte de una estrategia para afectar su operación y la de la EPS Sanitas.El presidente de Keralty, Joseba Grajales, aseguró que decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado le han dado la razón a la compañía en varios procesos relacionados con la intervención de EPS Sanitas, al dejar sin efectos algunas medidas y concluir que se vulneró el debido proceso. También señaló que la devolución de la administración de la EPS, las órdenes de rectificación y el reconocimiento de perjuicios son decisiones judiciales que respaldan su posición.Keralty también aseguró que continuará acudiendo a las instancias judiciales nacionales e internacionales para proteger su buen nombre y el de sus directivos y trabajadores. Además, manifestó su confianza en que los procesos penales, disciplinarios y fiscales en curso permitirán establecer las responsabilidades correspondientes.La organización rechazó las acusaciones relacionadas con supuestos crímenes, genocidio o financiación ilícita, afirmando que estos señalamientos han sido desmentidos en escenarios judiciales.Finalmente, el presidente de Keralty, Joseba Grajales, reiteró el compromiso de la compañía con la permanencia en Colombia y con la prestación de servicios de salud. "Seguiremos cuidando la salud y la vida", es como concluye el comunicado, en el que la organización asegura que continuará trabajando por fortalecer el sistema de salud y recuperar la confianza institucional.
El cruce entre el presidente Gustavo Petro y el Grupo Keralty volvió a escalar esta semana, luego de que el mandatario se viera obligado, por orden del Consejo de Estado, a rectificar sus declaraciones del 15 de julio, cuando aseguró que el “dueño de Keralty era un criminal” y cuestionó su presencia en el país. La rectificación llegó, sí, pero a medias: Petro insistió en que “alguien se confundió”, y no él, y remató afirmando que el Estado colombiano tiene la facultad de decidir qué extranjeros pueden entrar al país. Una frase que cayó como advertencia directa sobre el presidente del grupo, el español Joseba Grajales.La respuesta no tardó. Este jueves, Keralty publicó un documento de dos páginas dirigido a los colombianos, firmado por Grajales, en el que repasa la historia de la organización en Colombia, recuerda su llegada hace más de 40 años y subraya que no aterrizaron en el país “de paso”, sino para construir, invertir y cuidar.Pero hay un párrafo que encendió las alarmas. Grajales afirma que “muchos de los que hoy nos atacan públicamente nos buscan en secreto”, y que, mientras critican a Keralty ante los micrófonos, por la puerta de atrás solicitan atención para “sus hijos, sus padres, sus amigos y para ellos mismos”. En otras palabras: denuncian un doble discurso que, según fuentes confirmadas por Blu Radio, no es retórico.La llamada del ministro de Salud pidiendo ayuda en atención médicaAl respecto, se reveló que ese párrafo alude a un episodio reciente: una llamada del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien habría solicitado atención especial para un familiar, hecho que ocurrió hace apenas unos días, pese a ser una de las voces más críticas del modelo de aseguramiento y, en particular, de las EPS del grupo Sanitas.El comunicado enfatiza que, pese a los ataques, la organización atiende a todos sin discriminación, incluso a quienes los cuestionan en público. Grajales recalca que la vocación de la entidad “no depende del discurso de turno”, porque “cuidar es un deber moral, no un gesto político”.El mensaje llega justo cuando la confrontación entre el Gobierno y las EPS continúa subiendo de tono. Mientras el presidente insiste en que el sistema de salud funciona como un “sistema criminal”, Keralty recuerda que bajo su operación han nacido casi un millón de colombianos y que han permanecido en el país incluso en momentos de crisis, pandemias y turbulencias políticas.La organización también confirmó que insistirá en la tutela, pues consideran que la rectificación del presidente no cumple con los estándares exigidos por el Consejo de Estado. El pulso, lejos de cerrarse, parece apenas entrar en una nueva fase. Y ahora, con el señalamiento sobre el doble rasero en algunos sectores del Gobierno, la discusión promete más capítulos.
El Grupo Keralty se pronunció sobre el fallo del Consejo de Estado y celebró la decisión al considerar que las declaraciones públicas del mandatario Gustavo Petro vulneran su honra, buen nombre y los derechos fundamentales de sus colaboradores.En el pronunciamiento, Joséba Grajales Jiménez, presidente del Grupo Keralty, aseguró que la organización ha enfrentado durante más de tres años una “inexplicable y persistente persecución” por parte del Gobierno Nacional, situación que se agravó con los señalamientos recientes del jefe de Estado. Según la empresa, las afirmaciones carecían de sustento y generaron un impacto negativo sobre su reputación.“Este fallo confirma que nuestras acciones han estado siempre guiadas por el respeto a la ley y a los principios éticos que caracterizan nuestro actuar”, expresó Grajales, al destacar que la decisión no solo representa un triunfo jurídico, sino también una reivindicación para sus equipos de trabajo.El comunicado enfatiza que Keralty, con casi cinco décadas de trayectoria, ha consolidado un modelo de salud basado en la dignidad humana, la compasión y la excelencia. Asimismo, la organización afirmó que ninguna campaña de desprestigio desviará su propósito superior de cuidar con humanidad y construir bienestar para millones de personas en el mundo.Finalmente, la compañía agradeció la lealtad y el compromiso de sus colaboradores, resaltando que el fallo de la máxima autoridad de lo contencioso-administrativo ratifica su reputación institucional y fortalece la confianza en su labor dentro y fuera del país.
El alto tribunal amparó los derechos fundamentales como el buen nombre del empresario Joseba Grajales Jiménez, director del Grupo Keralty, y ordenó al presidente Gustavo Petro que se retracte públicamente de varias afirmaciones realizadas en la alocución presidencial del 15 de julio de 2025.Según la decisión, la Sala considera que las expresiones presidenciales que calificaron al accionante como “criminal” y lo vincularon con un supuesto “crimen” por la financiación de campañas políticas carecieron de sustento probatorio suficiente y afectaron el buen nombre, la honra y la presunción de inocencia del señor Grajales. Por ello el alto tribunal amparó esos derechos y ordenó la rectificación.El presidente Petro ha tenido o que rectificar en varias ocasiones sus acusaciones, como por ejemplo contra los Vargas Lleras o el presidente de la Andi, Bruce MacMaster, sin embargo, ahora será diferente porque en vez de hacerlo por su cuenta oficial de X, deberá hacerlo en su próxima alocución presidencial.“Retractarse de las acusaciones contra el solicitante referidas a las expresiones «crimen» y «criminal», por la supuesta financiación de campañas políticas. La anterior rectificación deberá realizarse, una vez notificada la presente decisión, en la inmediata y siguiente alocución presidencial”, señala el fallo del Consejo de Estado.Lo que ha señalado el alto tribunal es que, cuando el mandatario transmite información debe observar un deber reforzado de veracidad y diligencia, y no puede usar ese espacio oficial para formular imputaciones que lesionen derechos fundamentales sin respaldo fáctico razonable.
Sanitas vuelve a manos de Keralty. Después de diecisiete meses bajo administración del Gobierno, la Corte Constitucional ordenó la restitución de la EPS al grupo empresarial, decisión que su presidente, Juan Pablo Rueda, calificó como el inicio de una etapa de reconstrucción en medio de enormes retos financieros y operativos.“Nos entregan una empresa con un deterioro financiero inédito, de un tamaño muy grande, y con un servicio muy deteriorado”, aseguró Rueda en entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, El directivo explicó que las quejas de los usuarios aumentaron más del 40 % durante la intervención, mientras que las tutelas —y especialmente los desacatos por incumplimiento— prácticamente se duplicaron.El contexto no es menor: según un comunicado de Keralty, la intervención fue “ilegal, arbitraria y profundamente injusta, fruto de una persecución institucional” que dejó “pacientes abandonados, escasez de medicamentos y redes de atención colapsadas”.Impacto para los casi seis millones de afiliadosLa gran pregunta es: ¿qué cambia para los usuarios desde hoy? Rueda fue claro: la recuperación será lenta. “Lo que tendrían que esperar los usuarios es que esto empiece a mejorar, pero no lo vamos a poder llevar ni al estado inicial previo a la intervención, ni tampoco a una situación ideal en tanto el gobierno no cumpla con su responsabilidad”, puntualizó.Los primeros ajustes se enfocarán en:Mejorar las redes de atención.Revisar acceso a medicamentos.Optimizar la oportunidad en hospitalización y servicios especializados.No obstante, reconoció que en el corto plazo no habrá transformaciones inmediatas: “El día de hoy no hay una transformación porque esta es una empresa de una dimensión increíble”, subrayó.El problema crítico de los medicamentosUno de los temas más sensibles para los usuarios ha sido la entrega de medicamentos. Durante la intervención, el modelo de dispensación cambió y, con él, aumentaron las dificultades.“Estamos revisando la red de farmacias y abriremos un nuevo diálogo con la industria farmacéutica y los gestores, para garantizar disponibilidad oportuna, sobre todo en zonas rurales”, explicó Rueda.El Manifiesto también denuncia que la intervención generó un “desabastecimiento de medicamentos esenciales” que agravó la atención de millones de pacientes.Deudas con médicos y prestadoresOtro hallazgo inquietante es el crecimiento de la deuda con hospitales, clínicas y profesionales de la salud. Según Rueda, durante la intervención la cartera aumentó en 1,6 billones de pesos, lo que afecta el flujo de recursos hacia la red de prestadores.“Lo que tenemos es que sentarnos con ellos, mostrarles la realidad y priorizar el acceso y la atención de los pacientes”, dijo el presidente de Keralty, quien reiteró que esta situación no es exclusiva de Sanitas, sino de todo el sistema de salud.¿Volver a Sanitas?A pesar de las dificultades, el directivo destacó la lealtad de los afiliados: “No han sido tantos los usuarios que se han ido, incluso hemos recibido personas que migraron desde otras EPS al sentirse peor atendidos”. Recordó que quienes quieran volver a Sanitas pueden hacerlo mediante el proceso de traslado regulado.Capitalización y reclamos al GobiernoEn cuanto a la posibilidad de una capitalización por parte de Keralty, Rueda fue enfático: “Los accionistas ya han hecho importantes aportes en el pasado, pero ahora el problema es de insuficiencia estructural que solo el Gobierno puede corregir”.Keralty, en la misma línea, exige al Ejecutivo:Cumplir los pagos adeudados a las EPS.Garantizar estabilidad financiera.Reparar el daño causado a usuarios y prestadores.Establecer garantías para evitar futuras arbitrariedades.Una EPS en reconstrucciónLa recuperación de Sanitas es apenas un capítulo dentro de un debate mayor: la sostenibilidad del sistema de salud colombiano. El reto, como señala Keralty, no será inmediato y requerirá la articulación de todos los actores.“Hoy comienza una nueva etapa. No será fácil, pero haremos nuestros mejores esfuerzos para restablecer cada servicio, sanar cada herida y volver a ser el sistema de salud que ha salvado millones de vidas en Colombia”, proclamó Joseba Grajales, presidente de Keralty, en el comunicado.
Al denunciar la existencia de una persecución del Gobierno Nacional, el presidente del Grupo Keralty, Joseba Grajales Jiménez, oficializó las primeras medidas tras la decisión de la Corte Constitucional que dejó sin piso la intervención del gobierno de Gustavo Petro a la EPS Sanitas, realizada en abril de 2024. Grajales insistió en el daño irreparable a la EPS y aseguró que la intervención no puede quedar en la impunidad.“Exigimos que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos ante los tribunales y jurisdicciones que corresponda. La sociedad colombiana no olvidará, y la historia los juzgará”, señaló en un comunicado.El presidente del Grupo Keralty reafirmó que debe haber una reparación efectiva e inmediata del daño “incalculable” causado a la red de atención de la EPS, al equipo de profesionales de la entidad y a los millones de usuarios afectados. Lo anterior, sumado al cumplimiento inmediato del fallo de la Corte Constitucional.“La intervención no fue un error administrativo: fue un ataque frontal contra los derechos fundamentales de millones de colombianos”, agregó Grajales.En el manifiesto publicado este lunes, la compañía exigió además el cese de las campañas de desinformación contra Sanitas y pidió establecer garantías institucionales para que, en Colombia, no se repitan arbitrariedades de tal magnitud en el sistema de salud.Keralty también reclamó al Gobierno el pago inmediato de las deudas pendientes y la garantía de estabilidad financiera de las EPS, como lo ordena la ley, para asegurar la continuidad y calidad de los servicios.“Este no es un día de celebración. Es un día de duelo por el sufrimiento infligido, de indignación por el daño causado y de compromiso inquebrantable para reconstruir lo destruido”, puntualizó Grajales, al tiempo que llamó a usuarios, empleados y prestadores de salud a unirse en la tarea de reconstrucción.Finalmente, el grupo señaló que su causa “trasciende lo empresarial” y que el reto de ahora en adelante es levantar nuevamente un sistema de salud que dignifique a cada persona y garantice el derecho fundamental a la salud de los colombianos.
El Grupo Keralty, propietario de EPS Sanitas, ha denunciado públicamente el prolongado incumplimiento por parte del Gobierno Nacional de una orden emitida por la Corte Constitucional hace casi dos meses, la cual mandata la devolución de la intervención de Sanitas. Juan Pablo Rueda, presidente global del grupo Keralty, en diálogo con Mañanas Blu, habló de su profunda preocupación por la situación, que no solo afecta a los 5 millones de afiliados de Sanitas, sino que también revela una crisis sistémica en el sector de la salud colombiano.La orden de la Corte, emitida hace casi dos meses y notificada formalmente hace más de tres semanas, incluía un plazo de 48 horas para su cumplimiento, el cual ha sido ampliamente superado sin que haya habido ninguna manifestación formal sobre la devolución de la EPS. "La notificación formal eh ocurrió hace más de 3 semanas y el plazo de 48 eh horas que se tiene para cumplir una acción de tutela también se superó y no hemos tenido ninguna manifestación formal sobre la devolución", afirmó.¿Quién administra Sanitas actualmente?Actualmente, la administración de Sanitas en Colombia recae sobre el interventor asignado por la Superintendencia de Salud. Ante la pregunta de por qué no se ha cumplido la orden judicial, Rueda explicó que, si bien la Superintendencia ha solicitado una aclaración y la nulidad del fallo, ellos, desde Keralty, han hecho todo lo que está a su alcance legalmente, que es solicitar el cumplimiento de la acción de tutela. Sin embargo, "todavía no hemos recibido que respuesta ni del interventor ni de la superintendencia y eh confiamos en que la Corte está analizando las solicitudes de la superintendencia y nuestra solicitud de cumplimiento", detalló Rueda.El Grupo Keralti no ha tenido comunicación formal directa con el Gobierno. Aunque han solicitado directamente a la Superintendencia que proceda con la entrega de la EPS, no han recibido respuesta alguna.El deterioro acelerado de EPS Sanitas bajo intervenciónEl panorama de EPS Sanitas bajo la administración del interventor es alarmante. Rueda reveló un deterioro significativo tanto en la situación financiera como en la calidad del servicio. La preocupación principal se centra en el impacto directo sobre la salud de los usuarios."La pérdida que tuvo la EPS Sanitas fue cinco veces superior a la que se tuvo en el año 2023. Las tasas de quejas han crecido casi en un 40%. Las tutelas han crecido", expuso Rueda."Sabemos que hay un deterioro de las condiciones de salud muy importante con un aumento muy grande en las hospitalizaciones, con unos problemas muy serios de acceso a medicamentos, sobre todo de de pacientes con enfermedades crónicas y enfermedades críticas", alertó Rueda. Escuche aquí le entrevista:
El Grupo Keralty, junto con clínica Colsanitas S.A., Medisanitas S.A.S., Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A. y Juan Pablo Rueda Sánchez, radicaron ante la Corte Constitucional una solicitud de cumplimiento de la sentencia SU-277 de 2025. Según el escrito, la Superintendencia Nacional de Salud no ha ejecutado lo ordenado en el fallo, lo que mantiene vigente la vulneración de derechos fundamentales reconocida por el alto tribunal.La petición, radicada en un documento de siete páginas, busca que se garantice la ejecución de la decisión emitida el 26 de junio, en la cual la Corte concluyó que la Superintendencia vulneró el debido proceso al decretar la intervención de EPS Sanitas.En consecuencia, el fallo dejó sin efectos las resoluciones que ordenaban la toma de posesión e intervención administrativa de la entidad, por considerar que estas desconocieron órdenes previas de la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-760 de 2008 sobre solvencia financiera.De acuerdo con la normativa, la sentencia debía cumplirse de forma inmediata dentro de las 48 horas siguientes a su notificación, realizada el 23 de julio. Sin embargo, los accionantes aseguran que la Superintendencia no ha restituido el control ni la administración de la EPS a sus accionistas, pese a las comunicaciones enviadas el 24 y 31 de julio para exigir su cumplimiento.El escrito recuerda que ni las solicitudes de nulidad ni las de aclaración interpuestas contra la sentencia suspenden sus efectos, por lo que la orden judicial sigue siendo de obligatorio acatamiento. En ese sentido, los solicitantes pidieron a la Sala Plena de la Corte Constitucional asumir directamente el caso y ordenar a la Superintendencia dar cumplimiento inmediato a lo dispuesto, con la devolución de la administración de EPS Sanitas a sus propietarios.
Blu Radio conoció detalles de la denuncia radicada por el grupo Keralty, casa matriz de la EPS Sanitas, contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes, por los delitos de injuria, calumnia y actos de discriminación.Allí se pide a dicha comisión que abra una investigación penal contra el presidente Gustavo Petro, al considerar que conducta es típica, antijurídica y culpable, y no se encuentra amparada por la libertad de expresión.La denuncia llega luego de las declaraciones del presidente Gustavo Petro quien, en su alocución del pasado martes 15 de julio, calificó de criminal al presidente del grupo, Joseba Grajales, los acusó de robar el dinero del sistema de salud y financiar campañas políticas.¿Cuáles son las acusaciones de Keralty a Petro?Dice el equipo de defensa que las palabras del mandatario afectan directamente el buen nombre y la honra del representante legal de Keralty y de la empresa misma.“La conducta típica se concreta en la acción de hacer imputaciones deshonrosas, siendo el objeto material la persona natural afectada y el bien jurídico el derecho a la honra. (...) En cuanto al tipo subjetivo, se evidencia el dolo directo, ya que el autor actuó con conocimiento y voluntad de emitir una acusación grave, sin fundamento, y con plena conciencia de su impacto”, señala uno de los argumentos de la denuncia.Otro de los elementos de la denuncia es que no son declaraciones aisladas, sino una conducta reiterada y sistemática, pues Petro ha hecho pronunciamientos similares en redes sociales y otros eventos públicos, llevando incluso a configurar una discriminación por nacionalidad, todo con el agravante de que se trata de un servidor público.“Esta circunstancia amplifica el impacto del mensaje, ya que no solo afecta al individuo directamente aludido, sino que también puede generar un ambiente de hostilidad o rechazo hacia personas extranjeras en general, especialmente aquellas vinculadas al sector empresarial o de la salud”, dice la denuncia.Al documento fueron anexados los enlaces de las declaraciones de Petro emitidas a través de medios de comunicación, de redes y otros elementos que refuerzan el pedido para iniciar la investigación penal.Las pretensiones de los apoderados del grupo Keralty también incluyen al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, contra quién presentaron una querella ante la Fiscalía General y piden abrir una investigación formal.Dicen que el funcionario vulneró el derecho fundamental a la honra y al buen nombre de Grajales luego de que, en julio de 2025, en una entrevista radial, dijera, entre otras, que el presidente del grupo recibió 2.300 millones dólares no auditados, que había causado un caos en el sistema de salud y que sus empresas obtuvieron utilidades millonarias durante la pandemia.“La afirmación, aunque formulada en términos especulativos, está acompañada de hechos presentados como ciertos y graves. Al asociar estos hechos con un calificativo como “criminal” se concreta una imputación falsa y lesiva que puede ser comprendida como una calumnia indirecta”, dice la querella.La solicitud insiste en que estas declaraciones no se enmarcan en el derecho a la libertad de expresión, sino que configuran delitos, al implicar una acusación grave, pública y sin fundamento, en especial cuando Jaramillo, por su cargo de ministro, debe tener más responsabilidad con el manejo de la información pública.Otra de las alertas del grupo Keralty tiene que ver con la petición del ministro Jaramillo de levantar el velo corporativo sobre la empresa, pues dicen iría en contra de los principios de legalidad, reserva societaria y libertad empresarial.
El presidente del Grupo Keralty, Joseba Grajales, informó que su equipo legal actuará con firmeza para presentar denuncias ante los juzgados nacionales e internacionales contra el presidente Gustavo Petro, así como contra miembros de su equipo de Gobierno y cualquier persona o entidad que, a su juicio, haya colaborado en la difusión de información que afecta la imagen del grupo, sus instituciones o sus integrantes.Estas acciones legales responden a las declaraciones hechas por el presidente Petro y algunos colaboradores durante una alocución presidencial el 15 de julio, donde el mandatario se refirió al presidente de Keralty como: “El dueño de Keralty es un criminal en Colombia y tiene que irse”.Además, el presidente también indicó: "Y me toca hablar con el rey de España (...) menos mal me reciben todavía con abrazos y besos. Yo soy republicano", añadió al referirse, sin citarlo directamente por su nombre, al empresario español Joseba Grajales, presidente de Keralty, de quien dijo que "vive es en Madrid o en el País Vasco".Según Keralty, dichas declaraciones constituyen una campaña sistemática de desinformación que busca socavar la legitimidad del trabajo del grupo, su trayectoria y la reputación de sus líderes.El Grupo Keralty enfatizó que defenderán su historia y el compromiso de sus miembros, y rechazaron las acusaciones, señalando que la honestidad y la trayectoria se demuestran en el accionar coherente, no en afirmaciones sin fundamentos.Quién es Keralty y qué tiene que ver con las EPS en ColombiaKeralty es el dueño de Sanitas, una de las EPS más grandes de Colombia, con casi 5,7 millones de afiliados, que fue intervenida por el Gobierno colombiano el 2 de abril de 2024 por problemas financieros, medida que la Corte Constitucional dejó sin efecto el pasado 26 de junio.Es un grupo empresarial multinacional de origen español dedicado a la prestación de servicios de salud y bienestar. Su modelo se centra en el cuidado integral de las personas, ofreciendo acompañamiento a lo largo de la vida a través de una red de atención moderna y un equipo de profesionales expertos.En su prolongada alocución, en la que encadenó comentarios sobre la crisis del sector de la salud, la política migratoria de Estados Unidos o la guerra de Israel en Gaza, entre otros asuntos, el jefe de Estado también hizo una comparación histórica: "Otra vez somos colonia, ya no de los españoles. Nos cogieron de colonia y nos toca hacer de nuevo la Independencia", afirmó.Petro centró su intervención en denunciar lo que calificó como un "robo sistemático" de los recursos públicos destinados al sistema de salud, que según él superaría los 100 billones de pesos."El Gobierno nacional no tiene deudas con las EPS. Las EPS son las que tienen deudas con las clínicas y los hospitales", puntualizó el presidente, contradiciendo a quienes responsabilizan al Estado del desfinanciamiento del sistema, del deterioro de los servicios prestados y de la escasez de medicamentos.Además, aseguró que la deuda informada por la Contraloría General, de 32,9 billones de pesos (unos 8.160 millones de dólares), se queda corta frente a las verdaderas dimensiones del problema.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se apartó de la propuesta de militarizar Bogotá que se discutió en el cabildo abierto convocado por el concejal Julián Uscátegui y el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui. En diálogo con Blu Radio, el mandatario dijo estar de acuerdo con el apoyo permanente de las Fuerzas Militares a la seguridad de la capital. Sin embargo, rechazó que el Ejército sustituya a la Policía en las funciones de seguridad ciudadana.Los hermanos Uscátegui, ambos del Centro Democrático, reunieron 37.056 firmas para convocar el cabildo, que se realizó el 7 de noviembre en la Universidad Militar Nueva Granada. Puede leer más sobre la convocatoria del cabildo abierto sobre la militarización de Bogotá. cambiocolombiaMilitarizar Bogotá: la diferencia entre apoyo y asistencia militarGalán explicó que la militarización no existe como figura legal en el país. Según dijo, lo que contempla la ley es la asistencia militar, que se reserva para casos excepcionales de grave alteración del orden público. “Lo que existe realmente es la figura de la asistencia militar es una figura que está contemplada en casos excepcionales, que no son, digamos, para temas de inseguridad ciudadana normal, sino para riesgos graves al orden público en una ciudad”, afirmó.El alcalde trazó así la línea entre las dos posturas: “Yo estoy de acuerdo en un trabajo conjunto liderado en seguridad ciudadana por la policía, pero no en reemplazarla o sustituirla por las fuerzas militares de Bogotá”.Galán sostuvo además que no hay hoy en la ciudad un escenario que justifique esa medida: “La figura de asistencia militar, aunque suena a un apoyo, asistencia militar en la práctica es cuando hay realmente una situación de orden público tan grave que lleva a que en cierta forma los militares reemplacen a la Policía y cumplan funciones de la Policía. Y eso creo que no aplica en este momento en ningún lugar de Bogotá”.Así trabajan el Ejército y la Policía en BogotáEl mandatario detalló cómo funciona la coordinación con las Fuerzas Militares. Bogotá hace parte de la jurisdicción de la Quinta División del Ejército, que adelanta la Operación Ezequiel de protección regional. La Brigada 13 tiene a su cargo la capital y su entorno, además de corredores estratégicos como Sumapaz, donde desarrolla la Operación Coraza.Según el alcalde, desde el inicio de su administración se han realizado cerca de 377 acciones conjuntas entre la Policía y la Brigada 13 en zonas de borde de la ciudad. También destacó el trabajo del GAULA Militar contra la extorsión y el secuestro.Sobre la petición del presidente Abelardo de la Espriella de reforzar la presencia militar en el sur de la ciudad, Galán indicó que la iniciativa se concentra en el corredor entre Usme y Sumapaz. Dijo estar de acuerdo con ella, porque fortalece un esquema que ya existe. “Eso no es, digamos, entrar a reemplazar a la policía, sino es fortalecer el plan que ya implementa allí”, señaló. Aquí puede consultar las localidades de Bogotá incluidas en la petición al presidente De la Espriella.El alcalde agregó que la Brigada 13 también trabaja con la Policía en Ciudad Bolívar, Kennedy, Usme, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Bosa y Santa Fe, entre otras localidades. Precisó que se trata de labores de apoyo y presencia, no del reemplazo de las funciones policiales.Cifras de seguridad en Bogotá: reducción de homicidios y hurtosGalán reconoció que la ciudad enfrenta un problema grave de seguridad, aunque aseguró que los indicadores muestran una tendencia a la baja. “Yo creo que aquí hay que poner en contexto que sí hay un problema grave, pero la tendencia no es a empeorar y tenemos que mantener esa tendencia a mejorar para que la gente empiece a sentir realmente un cambio profundo”, dijo.Según las cifras que presentó, los homicidios han bajado 8,5 % frente al año pasado, lo que equivale a unos 83 o 84 casos menos. El hurto de vehículos pasó de 4.200 casos en 2023 a 2.500 en lo corrido de este año. El hurto a personas bajó de 158.000 casos a 91.000, con una reducción del 18 %.El alcalde insistió en que la solución pasa por la coordinación entre instituciones y no por la militarización: “No creo que en este momento haya una situación de inseguridad en términos, digamos, estratégicos que pongan en riesgo el funcionamiento de la ciudad. Pero sí hay un problema de seguridad que afecta a muchos ciudadanos que tenemos que enfrentar”.Alerta por posibles atentados contra medios de comunicaciónGalán también habló de la alerta conocida el fin de semana sobre un posible plan de grupos ilegales contra medios de comunicación en la capital. La alerta llevó a evacuar la sede de Caracol Televisión la noche del sábado 7 de noviembre.El alcalde confirmó que la información provino de la Fiscalía y que el Distrito pidió convocar el CI3, la instancia especializada en inteligencia. “Le pedí a la Policía Metropolitana reforzar los esquemas de seguridad a todos los medios de comunicación”, afirmó. Aclaró que los detalles de la investigación están en manos del ente acusador.Metro de Bogotá: más trabajadores para la recta final de la Línea 1Sobre la primera línea del Metro de Bogotá, el mandatario indicó que la obra está en su recta final y que el reto ahora es integrar todos sus componentes. Hoy trabajan cerca de 15.000 personas en el proyecto. El consorcio se comprometió a vincular unas 1.500 más, y el alcalde estimó que podrían necesitarse alrededor de 3.000 trabajadores adicionales.Galán señaló que es necesario recuperar el tiempo perdido en la estación de la calle 72 con Caracas. Allí, según explicó, la excavación de unos 122 metros de largo obligó a cambiar el método constructivo. Aun así, aseguró que se mantiene el cronograma: pruebas en septiembre de 2027 y operación comercial en marzo de 2028. “Ellos tienen un compromiso contractual y tienen que cumplirlo, y estamos trabajando para que así sea”, dijo.Línea 2 del Metro: adjudicación prevista para 2027El alcalde se refirió también a la Línea 2 del Metro. En ese proceso, un grupo portugués, uno español y uno chino quedaron precalificados para la licitación pública, luego de que el primer intento se declarara desierto. Más detalles en esta nota sobre los tres grupos que compiten por construir la Línea 2 del Metro de Bogotá. Galán prevé que las propuestas se entreguen entre febrero y marzo y que el contrato se adjudique antes de que termine el primer semestre de 2027. Se trata de una línea subterránea de 11 estaciones y 15,5 kilómetros, que pasará por Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba. El mandatario agregó que espera dejar adjudicada la extensión de la Línea 1 hasta la calle 100. También busca avanzar en los estudios de factibilidad del tramo entre la calle 100 y la calle 245 por la Autopista Norte.Por último, Galán anunció que en enero comenzará el concurso para elegir la voz definitiva del metro, a partir de las características que los ciudadanos escogieron en la primera etapa del proceso, conocida como el Vocímetro.
Con marcha y plantón en la sede del Fomag en Medellín, maestros de Antioquia inician paro de 24 horas por dificultades que persisten para la atención en salud. Siguen las preocupaciones tras el final del contrato con la Fiduprevisora.Las dificultades que persisten en la prestación de los servicios médicos para los docentes y sus familias vuelven a motivar una jornada de movilización en la capital antioqueña.Una decena de organizaciones sindicales del magisterio y colectivos defensores del derecho a la salud convocaron a un cese de actividades durante 24 horas este 11 de noviembre para reclamar soluciones a los problemas que, según denuncian, continúan afectando la atención de esta población.Entre las principales inconformidades se encuentran las demoras en la entrega de medicamentos, las dificultades para obtener autorizaciones de procedimientos y los retrasos en la asignación de instituciones y profesionales encargados de prestar los servicios médicos.La convocatoria contempla una concentración a las 9:00 de la mañana en la Nueva Villa de Aburrá, en el occidente de Medellín. Desde ese punto, los participantes tienen previsto desplazarse hasta las instalaciones del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), ubicadas sobre la avenida 33, donde realizarán un plantón para exponer sus reclamaciones.Uno de los asuntos que mantiene la preocupación entre los docentes está relacionado con la transición del modelo de atención, luego de que no se renovara el contrato entre el FOMAG y la Fiduprevisora. En medio de este proceso, varios convenios necesarios para que las instituciones prestadoras de salud puedan ejecutar procedimientos continúan sin estar vigentes, lo que representa dificultades para garantizar la continuidad de algunos tratamientos.“En el momento no existen contratos, siguen actas precontractuales o negociaciones pendientes, entonces esto ha llevado a que se continúe con el cierre de muchas atenciones en hospitales de municipios que todavía tienen el servicio cerrado y otros prestadores que se niegan a continuar con esta atención de no de no haber un contrato y un pago oportuno”, así lo indicó Lida Morales, presidenta de Adida.La inconformidad se mantiene pese a los compromisos adquiridos recientemente por representantes del Fomag durante una reunión en Bogotá con líderes regionales. En ese encuentro, durante la primera semana de noviembre, se planteó acelerar la entrega de medicamentos y las autorizaciones de procedimientos, especialmente para pacientes prioritarios, entre ellos quienes reciben tratamientos oncológicos.
La comunidad académica de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, a través de la Facultad de Minas, emitió una alerta para dar con el paradero del estudiante de Ingeniería Industrial José David Corredor Mesa, de 24 años de edad, de quien no se tiene información sobre su ubicación. La ciudadanía y los miembros de la institución iniciaron la difusión del reporte para colaborar con la búsqueda del joven en la capital antioqueña.De acuerdo con la información entregada por sus familiares, el estudiante fue visto por última vez en las horas de la noche en inmediaciones del Centro Comercial Monterrey, en el sector de El Poblado. Al momento de su desaparición, el joven vestía una camiseta gris de cuello redondo y un jean azul oscuro.Según el reporte oficial, José David es de tez trigueña, mide 1.72 centímetros de estatura y pesa aproximadamente 72 kilogramos. Sus allegados precisaron que perdieron todo contacto con él luego de su permanencia en el mencionado sector del sur de la ciudad.Tanto la Facultad de Minas como sus familiares solicitaron el apoyo de la comunidad para difundir la información y habilitaron la línea fija familiar 604 276 6666, así como la línea de emergencias de las autoridades 123, para recibir cualquier dato que permita dar con la localización del estudiante.
¿Están amenazando a Miguel Quintero en prisión? Su defensa pide investigar recientes llamadas contra el hermano del exalcalde de Medellín en las que presuntamente han intentado extorsionarlo a cambio de favorecerlo en el proceso judicial que afronta.La defensa de Miguel Quintero solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar una serie de llamadas extorsivas y presuntas amenazas que, según denuncia, habría recibido el imputado desde su traslado a la cárcel de Cómbita, en Boyacá.El actual abogado del imputado, Felipe Alzate, advirtió que detrás de esas comunicaciones podría existir un plan para atentar contra la integridad de su representado, quien permanece privado de la libertad mientras avanza el proceso por presuntas irregularidades en contratos suscritos entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí durante la administración de su hermano, el exalcalde Daniel Quintero.De acuerdo con Alzate, tanto Miguel Quintero como su esposa han sido contactados por personas que se presentan como funcionarios del juzgado de Medellín que lleva el expediente y conocen detalles.Le puede interesar: Gobernación de Antioquia negó cupo para traslado de Miguel Quintero a cárcel de YarumitoEn una de las grabaciones conocidas por la defensa, los interlocutores aludirían a supuestas sumas de dinero, denominados como “galones”, a cambio de gestionar documentos que facilitarían el traslado del procesado a un establecimiento penitenciario de Antioquia.“Me enseñará para subir el informe como le indico para los primeros 150 días de 100 a 150 días. Ellos me dicen que me desbloquean el Drive, eso usted sabe que es una un tema que ya interno que toca hacer. Él me cuadra en esto con otro valor de este proceso de acá. Si yo me dice que sí, pues él me dice cuándo me lo envía. Son unos informes, igual le envío el correo y un favor”, aseguró el mensaje.El abogado aseguró que su cliente se negó a entregar dinero y que, a partir de esa decisión, las comunicaciones adquirieron un tono amenazante. Por esa razón, pidió que las autoridades establezcan quiénes están detrás de las llamadas, verifiquen su alcance y adopten medidas para proteger la vida e integridad del procesado. También reclamó garantías para el ejercicio de su labor como defensor.“He sido víctima de acosos de hostigamientos reiterados y sistemáticos tendientes a afectar el derecho de defensa técnica que vengo ejerciendo en representación del señor Miguel Quintero. Incluso, lo que pasó en el transcurso de esta semana ya puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación requiere una investigación seria y rigurosa”, aseveró.Esta situación ya puesta en conocimiento de las entidades judiciales se suma a la expectativa por la decisión de una tutela presentada para buscar el traslado de Quintero a una cárcel de Medellín o de Antioquia, la cual indicó el abogado, sigue sin conocerse.Esta solicitud toma mayor importancia después de que en un recurso alterno interpuesto por la misma defensa, la Secretaría de Seguridad de la Gobernación de Antioquia negara el cupo para Miguel Quintero en el pabellón destinado a funcionarios públicos de la cárcel de Yarumito, en Itagüí.
Un nuevo requerimiento judicial al Ministerio de Ambiente reavivó la controversia por el proceso de delimitación y declaratoria de la Reserva de Recursos Naturales Renovables La Baja, en el páramo de Santurbán. El Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga le dio un plazo de tres días a la cartera ministerial para informar qué actuaciones ha adelantado para cumplir la orden de reiniciar integralmente la etapa de consulta pública del proyecto.La decisión hace parte de una acción de tutela y está relacionada con el cumplimiento de la sentencia del 10 de agosto de 2026, que estableció seis condiciones específicas para reanudar este procedimiento ambiental.Además, el despacho judicial solicitó al Ministerio identificar plenamente al funcionario responsable de cumplir la orden, incluyendo su nombre, cargo, número de identificación y correo electrónico de notificación. También pidió precisar quién es su superior jerárquico y aportar los documentos que acrediten las facultades para asumir esa responsabilidad.Tras conocerse la decisión, el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán cuestionó el cumplimiento de la sentencia por parte del Ministerio de Ambiente y señaló que el ministro Fabio Arjona, habría incumplido la misma decisión judicial que, según el Comité, fue utilizada para favorecer a la empresa minera Aris Mining.La organización ambiental también advirtió que el ministro de Ambiente ad hoc, Indalecio Dangond, podría enfrentar consecuencias legales si no se cumple la orden judicial. Sin embargo, el auto del Juzgado Octavo Administrativo aclara expresamente que este requerimiento no constituye, por sí mismo, la apertura de un incidente de desacato ni un juicio anticipado de responsabilidad sancionatoria.En medio de esta controversia, el Comité anunció una jornada de protesta para este viernes 13 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, frente a la sede del Ministerio de Ambiente, en Bogotá, en la que exigirá garantías para la protección del páramo de Santurbán y el cumplimiento de las decisiones judiciales.La discusión sobre la reserva La Baja se suma a las tensiones que persisten alrededor de la delimitación de Santurbán y los procesos de participación ciudadana y el futuro de los proyectos mineros en esta zona estratégica para el abastecimiento de agua de Santander.
