El cruce entre el presidente Gustavo Petro y el Grupo Keralty volvió a escalar esta semana, luego de que el mandatario se viera obligado, por orden del Consejo de Estado, a rectificar sus declaraciones del 15 de julio, cuando aseguró que el “dueño de Keralty era un criminal” y cuestionó su presencia en el país. La rectificación llegó, sí, pero a medias: Petro insistió en que “alguien se confundió”, y no él, y remató afirmando que el Estado colombiano tiene la facultad de decidir qué extranjeros pueden entrar al país. Una frase que cayó como advertencia directa sobre el presidente del grupo, el español Joseba Grajales.La respuesta no tardó. Este jueves, Keralty publicó un documento de dos páginas dirigido a los colombianos, firmado por Grajales, en el que repasa la historia de la organización en Colombia, recuerda su llegada hace más de 40 años y subraya que no aterrizaron en el país “de paso”, sino para construir, invertir y cuidar.Pero hay un párrafo que encendió las alarmas. Grajales afirma que “muchos de los que hoy nos atacan públicamente nos buscan en secreto”, y que, mientras critican a Keralty ante los micrófonos, por la puerta de atrás solicitan atención para “sus hijos, sus padres, sus amigos y para ellos mismos”. En otras palabras: denuncian un doble discurso que, según fuentes confirmadas por Blu Radio, no es retórico.La llamada del ministro de Salud pidiendo ayuda en atención médicaAl respecto, se reveló que ese párrafo alude a un episodio reciente: una llamada del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien habría solicitado atención especial para un familiar, hecho que ocurrió hace apenas unos días, pese a ser una de las voces más críticas del modelo de aseguramiento y, en particular, de las EPS del grupo Sanitas.El comunicado enfatiza que, pese a los ataques, la organización atiende a todos sin discriminación, incluso a quienes los cuestionan en público. Grajales recalca que la vocación de la entidad “no depende del discurso de turno”, porque “cuidar es un deber moral, no un gesto político”.El mensaje llega justo cuando la confrontación entre el Gobierno y las EPS continúa subiendo de tono. Mientras el presidente insiste en que el sistema de salud funciona como un “sistema criminal”, Keralty recuerda que bajo su operación han nacido casi un millón de colombianos y que han permanecido en el país incluso en momentos de crisis, pandemias y turbulencias políticas.La organización también confirmó que insistirá en la tutela, pues consideran que la rectificación del presidente no cumple con los estándares exigidos por el Consejo de Estado. El pulso, lejos de cerrarse, parece apenas entrar en una nueva fase. Y ahora, con el señalamiento sobre el doble rasero en algunos sectores del Gobierno, la discusión promete más capítulos.
El Grupo Keralty se pronunció sobre el fallo del Consejo de Estado y celebró la decisión al considerar que las declaraciones públicas del mandatario Gustavo Petro vulneran su honra, buen nombre y los derechos fundamentales de sus colaboradores.En el pronunciamiento, Joséba Grajales Jiménez, presidente del Grupo Keralty, aseguró que la organización ha enfrentado durante más de tres años una “inexplicable y persistente persecución” por parte del Gobierno Nacional, situación que se agravó con los señalamientos recientes del jefe de Estado. Según la empresa, las afirmaciones carecían de sustento y generaron un impacto negativo sobre su reputación.“Este fallo confirma que nuestras acciones han estado siempre guiadas por el respeto a la ley y a los principios éticos que caracterizan nuestro actuar”, expresó Grajales, al destacar que la decisión no solo representa un triunfo jurídico, sino también una reivindicación para sus equipos de trabajo.El comunicado enfatiza que Keralty, con casi cinco décadas de trayectoria, ha consolidado un modelo de salud basado en la dignidad humana, la compasión y la excelencia. Asimismo, la organización afirmó que ninguna campaña de desprestigio desviará su propósito superior de cuidar con humanidad y construir bienestar para millones de personas en el mundo.Finalmente, la compañía agradeció la lealtad y el compromiso de sus colaboradores, resaltando que el fallo de la máxima autoridad de lo contencioso-administrativo ratifica su reputación institucional y fortalece la confianza en su labor dentro y fuera del país.
El alto tribunal amparó los derechos fundamentales como el buen nombre del empresario Joseba Grajales Jiménez, director del Grupo Keralty, y ordenó al presidente Gustavo Petro que se retracte públicamente de varias afirmaciones realizadas en la alocución presidencial del 15 de julio de 2025.Según la decisión, la Sala considera que las expresiones presidenciales que calificaron al accionante como “criminal” y lo vincularon con un supuesto “crimen” por la financiación de campañas políticas carecieron de sustento probatorio suficiente y afectaron el buen nombre, la honra y la presunción de inocencia del señor Grajales. Por ello el alto tribunal amparó esos derechos y ordenó la rectificación.El presidente Petro ha tenido o que rectificar en varias ocasiones sus acusaciones, como por ejemplo contra los Vargas Lleras o el presidente de la Andi, Bruce MacMaster, sin embargo, ahora será diferente porque en vez de hacerlo por su cuenta oficial de X, deberá hacerlo en su próxima alocución presidencial.“Retractarse de las acusaciones contra el solicitante referidas a las expresiones «crimen» y «criminal», por la supuesta financiación de campañas políticas. La anterior rectificación deberá realizarse, una vez notificada la presente decisión, en la inmediata y siguiente alocución presidencial”, señala el fallo del Consejo de Estado.Lo que ha señalado el alto tribunal es que, cuando el mandatario transmite información debe observar un deber reforzado de veracidad y diligencia, y no puede usar ese espacio oficial para formular imputaciones que lesionen derechos fundamentales sin respaldo fáctico razonable.
Sanitas vuelve a manos de Keralty. Después de diecisiete meses bajo administración del Gobierno, la Corte Constitucional ordenó la restitución de la EPS al grupo empresarial, decisión que su presidente, Juan Pablo Rueda, calificó como el inicio de una etapa de reconstrucción en medio de enormes retos financieros y operativos.“Nos entregan una empresa con un deterioro financiero inédito, de un tamaño muy grande, y con un servicio muy deteriorado”, aseguró Rueda en entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, El directivo explicó que las quejas de los usuarios aumentaron más del 40 % durante la intervención, mientras que las tutelas —y especialmente los desacatos por incumplimiento— prácticamente se duplicaron.El contexto no es menor: según un comunicado de Keralty, la intervención fue “ilegal, arbitraria y profundamente injusta, fruto de una persecución institucional” que dejó “pacientes abandonados, escasez de medicamentos y redes de atención colapsadas”.Impacto para los casi seis millones de afiliadosLa gran pregunta es: ¿qué cambia para los usuarios desde hoy? Rueda fue claro: la recuperación será lenta. “Lo que tendrían que esperar los usuarios es que esto empiece a mejorar, pero no lo vamos a poder llevar ni al estado inicial previo a la intervención, ni tampoco a una situación ideal en tanto el gobierno no cumpla con su responsabilidad”, puntualizó.Los primeros ajustes se enfocarán en:Mejorar las redes de atención.Revisar acceso a medicamentos.Optimizar la oportunidad en hospitalización y servicios especializados.No obstante, reconoció que en el corto plazo no habrá transformaciones inmediatas: “El día de hoy no hay una transformación porque esta es una empresa de una dimensión increíble”, subrayó.El problema crítico de los medicamentosUno de los temas más sensibles para los usuarios ha sido la entrega de medicamentos. Durante la intervención, el modelo de dispensación cambió y, con él, aumentaron las dificultades.“Estamos revisando la red de farmacias y abriremos un nuevo diálogo con la industria farmacéutica y los gestores, para garantizar disponibilidad oportuna, sobre todo en zonas rurales”, explicó Rueda.El Manifiesto también denuncia que la intervención generó un “desabastecimiento de medicamentos esenciales” que agravó la atención de millones de pacientes.Deudas con médicos y prestadoresOtro hallazgo inquietante es el crecimiento de la deuda con hospitales, clínicas y profesionales de la salud. Según Rueda, durante la intervención la cartera aumentó en 1,6 billones de pesos, lo que afecta el flujo de recursos hacia la red de prestadores.“Lo que tenemos es que sentarnos con ellos, mostrarles la realidad y priorizar el acceso y la atención de los pacientes”, dijo el presidente de Keralty, quien reiteró que esta situación no es exclusiva de Sanitas, sino de todo el sistema de salud.¿Volver a Sanitas?A pesar de las dificultades, el directivo destacó la lealtad de los afiliados: “No han sido tantos los usuarios que se han ido, incluso hemos recibido personas que migraron desde otras EPS al sentirse peor atendidos”. Recordó que quienes quieran volver a Sanitas pueden hacerlo mediante el proceso de traslado regulado.Capitalización y reclamos al GobiernoEn cuanto a la posibilidad de una capitalización por parte de Keralty, Rueda fue enfático: “Los accionistas ya han hecho importantes aportes en el pasado, pero ahora el problema es de insuficiencia estructural que solo el Gobierno puede corregir”.Keralty, en la misma línea, exige al Ejecutivo:Cumplir los pagos adeudados a las EPS.Garantizar estabilidad financiera.Reparar el daño causado a usuarios y prestadores.Establecer garantías para evitar futuras arbitrariedades.Una EPS en reconstrucciónLa recuperación de Sanitas es apenas un capítulo dentro de un debate mayor: la sostenibilidad del sistema de salud colombiano. El reto, como señala Keralty, no será inmediato y requerirá la articulación de todos los actores.“Hoy comienza una nueva etapa. No será fácil, pero haremos nuestros mejores esfuerzos para restablecer cada servicio, sanar cada herida y volver a ser el sistema de salud que ha salvado millones de vidas en Colombia”, proclamó Joseba Grajales, presidente de Keralty, en el comunicado.
Al denunciar la existencia de una persecución del Gobierno Nacional, el presidente del Grupo Keralty, Joseba Grajales Jiménez, oficializó las primeras medidas tras la decisión de la Corte Constitucional que dejó sin piso la intervención del gobierno de Gustavo Petro a la EPS Sanitas, realizada en abril de 2024. Grajales insistió en el daño irreparable a la EPS y aseguró que la intervención no puede quedar en la impunidad.“Exigimos que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos ante los tribunales y jurisdicciones que corresponda. La sociedad colombiana no olvidará, y la historia los juzgará”, señaló en un comunicado.El presidente del Grupo Keralty reafirmó que debe haber una reparación efectiva e inmediata del daño “incalculable” causado a la red de atención de la EPS, al equipo de profesionales de la entidad y a los millones de usuarios afectados. Lo anterior, sumado al cumplimiento inmediato del fallo de la Corte Constitucional.“La intervención no fue un error administrativo: fue un ataque frontal contra los derechos fundamentales de millones de colombianos”, agregó Grajales.En el manifiesto publicado este lunes, la compañía exigió además el cese de las campañas de desinformación contra Sanitas y pidió establecer garantías institucionales para que, en Colombia, no se repitan arbitrariedades de tal magnitud en el sistema de salud.Keralty también reclamó al Gobierno el pago inmediato de las deudas pendientes y la garantía de estabilidad financiera de las EPS, como lo ordena la ley, para asegurar la continuidad y calidad de los servicios.“Este no es un día de celebración. Es un día de duelo por el sufrimiento infligido, de indignación por el daño causado y de compromiso inquebrantable para reconstruir lo destruido”, puntualizó Grajales, al tiempo que llamó a usuarios, empleados y prestadores de salud a unirse en la tarea de reconstrucción.Finalmente, el grupo señaló que su causa “trasciende lo empresarial” y que el reto de ahora en adelante es levantar nuevamente un sistema de salud que dignifique a cada persona y garantice el derecho fundamental a la salud de los colombianos.
El Grupo Keralty, propietario de EPS Sanitas, ha denunciado públicamente el prolongado incumplimiento por parte del Gobierno Nacional de una orden emitida por la Corte Constitucional hace casi dos meses, la cual mandata la devolución de la intervención de Sanitas. Juan Pablo Rueda, presidente global del grupo Keralty, en diálogo con Mañanas Blu, habló de su profunda preocupación por la situación, que no solo afecta a los 5 millones de afiliados de Sanitas, sino que también revela una crisis sistémica en el sector de la salud colombiano.La orden de la Corte, emitida hace casi dos meses y notificada formalmente hace más de tres semanas, incluía un plazo de 48 horas para su cumplimiento, el cual ha sido ampliamente superado sin que haya habido ninguna manifestación formal sobre la devolución de la EPS. "La notificación formal eh ocurrió hace más de 3 semanas y el plazo de 48 eh horas que se tiene para cumplir una acción de tutela también se superó y no hemos tenido ninguna manifestación formal sobre la devolución", afirmó.¿Quién administra Sanitas actualmente?Actualmente, la administración de Sanitas en Colombia recae sobre el interventor asignado por la Superintendencia de Salud. Ante la pregunta de por qué no se ha cumplido la orden judicial, Rueda explicó que, si bien la Superintendencia ha solicitado una aclaración y la nulidad del fallo, ellos, desde Keralty, han hecho todo lo que está a su alcance legalmente, que es solicitar el cumplimiento de la acción de tutela. Sin embargo, "todavía no hemos recibido que respuesta ni del interventor ni de la superintendencia y eh confiamos en que la Corte está analizando las solicitudes de la superintendencia y nuestra solicitud de cumplimiento", detalló Rueda.El Grupo Keralti no ha tenido comunicación formal directa con el Gobierno. Aunque han solicitado directamente a la Superintendencia que proceda con la entrega de la EPS, no han recibido respuesta alguna.El deterioro acelerado de EPS Sanitas bajo intervenciónEl panorama de EPS Sanitas bajo la administración del interventor es alarmante. Rueda reveló un deterioro significativo tanto en la situación financiera como en la calidad del servicio. La preocupación principal se centra en el impacto directo sobre la salud de los usuarios."La pérdida que tuvo la EPS Sanitas fue cinco veces superior a la que se tuvo en el año 2023. Las tasas de quejas han crecido casi en un 40%. Las tutelas han crecido", expuso Rueda."Sabemos que hay un deterioro de las condiciones de salud muy importante con un aumento muy grande en las hospitalizaciones, con unos problemas muy serios de acceso a medicamentos, sobre todo de de pacientes con enfermedades crónicas y enfermedades críticas", alertó Rueda. Escuche aquí le entrevista:
El Grupo Keralty, junto con clínica Colsanitas S.A., Medisanitas S.A.S., Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A. y Juan Pablo Rueda Sánchez, radicaron ante la Corte Constitucional una solicitud de cumplimiento de la sentencia SU-277 de 2025. Según el escrito, la Superintendencia Nacional de Salud no ha ejecutado lo ordenado en el fallo, lo que mantiene vigente la vulneración de derechos fundamentales reconocida por el alto tribunal.La petición, radicada en un documento de siete páginas, busca que se garantice la ejecución de la decisión emitida el 26 de junio, en la cual la Corte concluyó que la Superintendencia vulneró el debido proceso al decretar la intervención de EPS Sanitas.En consecuencia, el fallo dejó sin efectos las resoluciones que ordenaban la toma de posesión e intervención administrativa de la entidad, por considerar que estas desconocieron órdenes previas de la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-760 de 2008 sobre solvencia financiera.De acuerdo con la normativa, la sentencia debía cumplirse de forma inmediata dentro de las 48 horas siguientes a su notificación, realizada el 23 de julio. Sin embargo, los accionantes aseguran que la Superintendencia no ha restituido el control ni la administración de la EPS a sus accionistas, pese a las comunicaciones enviadas el 24 y 31 de julio para exigir su cumplimiento.El escrito recuerda que ni las solicitudes de nulidad ni las de aclaración interpuestas contra la sentencia suspenden sus efectos, por lo que la orden judicial sigue siendo de obligatorio acatamiento. En ese sentido, los solicitantes pidieron a la Sala Plena de la Corte Constitucional asumir directamente el caso y ordenar a la Superintendencia dar cumplimiento inmediato a lo dispuesto, con la devolución de la administración de EPS Sanitas a sus propietarios.
Blu Radio conoció detalles de la denuncia radicada por el grupo Keralty, casa matriz de la EPS Sanitas, contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes, por los delitos de injuria, calumnia y actos de discriminación.Allí se pide a dicha comisión que abra una investigación penal contra el presidente Gustavo Petro, al considerar que conducta es típica, antijurídica y culpable, y no se encuentra amparada por la libertad de expresión.La denuncia llega luego de las declaraciones del presidente Gustavo Petro quien, en su alocución del pasado martes 15 de julio, calificó de criminal al presidente del grupo, Joseba Grajales, los acusó de robar el dinero del sistema de salud y financiar campañas políticas.¿Cuáles son las acusaciones de Keralty a Petro?Dice el equipo de defensa que las palabras del mandatario afectan directamente el buen nombre y la honra del representante legal de Keralty y de la empresa misma.“La conducta típica se concreta en la acción de hacer imputaciones deshonrosas, siendo el objeto material la persona natural afectada y el bien jurídico el derecho a la honra. (...) En cuanto al tipo subjetivo, se evidencia el dolo directo, ya que el autor actuó con conocimiento y voluntad de emitir una acusación grave, sin fundamento, y con plena conciencia de su impacto”, señala uno de los argumentos de la denuncia.Otro de los elementos de la denuncia es que no son declaraciones aisladas, sino una conducta reiterada y sistemática, pues Petro ha hecho pronunciamientos similares en redes sociales y otros eventos públicos, llevando incluso a configurar una discriminación por nacionalidad, todo con el agravante de que se trata de un servidor público.“Esta circunstancia amplifica el impacto del mensaje, ya que no solo afecta al individuo directamente aludido, sino que también puede generar un ambiente de hostilidad o rechazo hacia personas extranjeras en general, especialmente aquellas vinculadas al sector empresarial o de la salud”, dice la denuncia.Al documento fueron anexados los enlaces de las declaraciones de Petro emitidas a través de medios de comunicación, de redes y otros elementos que refuerzan el pedido para iniciar la investigación penal.Las pretensiones de los apoderados del grupo Keralty también incluyen al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, contra quién presentaron una querella ante la Fiscalía General y piden abrir una investigación formal.Dicen que el funcionario vulneró el derecho fundamental a la honra y al buen nombre de Grajales luego de que, en julio de 2025, en una entrevista radial, dijera, entre otras, que el presidente del grupo recibió 2.300 millones dólares no auditados, que había causado un caos en el sistema de salud y que sus empresas obtuvieron utilidades millonarias durante la pandemia.“La afirmación, aunque formulada en términos especulativos, está acompañada de hechos presentados como ciertos y graves. Al asociar estos hechos con un calificativo como “criminal” se concreta una imputación falsa y lesiva que puede ser comprendida como una calumnia indirecta”, dice la querella.La solicitud insiste en que estas declaraciones no se enmarcan en el derecho a la libertad de expresión, sino que configuran delitos, al implicar una acusación grave, pública y sin fundamento, en especial cuando Jaramillo, por su cargo de ministro, debe tener más responsabilidad con el manejo de la información pública.Otra de las alertas del grupo Keralty tiene que ver con la petición del ministro Jaramillo de levantar el velo corporativo sobre la empresa, pues dicen iría en contra de los principios de legalidad, reserva societaria y libertad empresarial.
El presidente del Grupo Keralty, Joseba Grajales, informó que su equipo legal actuará con firmeza para presentar denuncias ante los juzgados nacionales e internacionales contra el presidente Gustavo Petro, así como contra miembros de su equipo de Gobierno y cualquier persona o entidad que, a su juicio, haya colaborado en la difusión de información que afecta la imagen del grupo, sus instituciones o sus integrantes.Estas acciones legales responden a las declaraciones hechas por el presidente Petro y algunos colaboradores durante una alocución presidencial el 15 de julio, donde el mandatario se refirió al presidente de Keralty como: “El dueño de Keralty es un criminal en Colombia y tiene que irse”.Además, el presidente también indicó: "Y me toca hablar con el rey de España (...) menos mal me reciben todavía con abrazos y besos. Yo soy republicano", añadió al referirse, sin citarlo directamente por su nombre, al empresario español Joseba Grajales, presidente de Keralty, de quien dijo que "vive es en Madrid o en el País Vasco".Según Keralty, dichas declaraciones constituyen una campaña sistemática de desinformación que busca socavar la legitimidad del trabajo del grupo, su trayectoria y la reputación de sus líderes.El Grupo Keralty enfatizó que defenderán su historia y el compromiso de sus miembros, y rechazaron las acusaciones, señalando que la honestidad y la trayectoria se demuestran en el accionar coherente, no en afirmaciones sin fundamentos.Quién es Keralty y qué tiene que ver con las EPS en ColombiaKeralty es el dueño de Sanitas, una de las EPS más grandes de Colombia, con casi 5,7 millones de afiliados, que fue intervenida por el Gobierno colombiano el 2 de abril de 2024 por problemas financieros, medida que la Corte Constitucional dejó sin efecto el pasado 26 de junio.Es un grupo empresarial multinacional de origen español dedicado a la prestación de servicios de salud y bienestar. Su modelo se centra en el cuidado integral de las personas, ofreciendo acompañamiento a lo largo de la vida a través de una red de atención moderna y un equipo de profesionales expertos.En su prolongada alocución, en la que encadenó comentarios sobre la crisis del sector de la salud, la política migratoria de Estados Unidos o la guerra de Israel en Gaza, entre otros asuntos, el jefe de Estado también hizo una comparación histórica: "Otra vez somos colonia, ya no de los españoles. Nos cogieron de colonia y nos toca hacer de nuevo la Independencia", afirmó.Petro centró su intervención en denunciar lo que calificó como un "robo sistemático" de los recursos públicos destinados al sistema de salud, que según él superaría los 100 billones de pesos."El Gobierno nacional no tiene deudas con las EPS. Las EPS son las que tienen deudas con las clínicas y los hospitales", puntualizó el presidente, contradiciendo a quienes responsabilizan al Estado del desfinanciamiento del sistema, del deterioro de los servicios prestados y de la escasez de medicamentos.Además, aseguró que la deuda informada por la Contraloría General, de 32,9 billones de pesos (unos 8.160 millones de dólares), se queda corta frente a las verdaderas dimensiones del problema.
El presidente Gustavo Petro, dijo este martes que hablará con el rey de España sobre un empresario de ese país que preside el Grupo Keralty, dueño de la entidad promotora de salud (EPS) Sanitas, a quien tachó de "criminal" por su presunta responsabilidad en el desfalco del sistema sanitario."Se llevaron el billete (...) y se robaron la plata que nosotros mismos hicimos. Crimen, crimen porque mata colombianos y mata niños en masa en Colombia. Es un crimen de lesa humanidad", dijo Petro durante una alocución televisada.Tras acusar al Grupo Keralty de financiar campañas políticas en Colombia, lo que es prohibido por ley para empresas de capital extranjero, Petro señaló: "El dueño de Keralty es un criminal en Colombia y debe irse"."Y me toca hablar con el rey de España (...) menos mal me reciben todavía con abrazos y besos. Yo soy republicano", añadió al referirse, sin citarlo directamente por su nombre, al empresario español Joseba Grajales, presidente de Keralty, de quien dijo que "vive es en Madrid o en el País Vasco".El Grupo Keralty es el dueño de Sanitas, una de las EPS más grandes de Colombia, con casi 5,7 millones de afiliados, que fue intervenida por el Gobierno colombiano el 2 de abril de 2024 por problemas financieros, medida que la Corte Constitucional dejó sin efecto el pasado 26 de junio.En su prolongada alocución, en la que encadenó comentarios sobre la crisis del sector de la salud, la política migratoria de Estados Unidos o la guerra de Israel en Gaza, entre otros asuntos, el jefe de Estado también hizo una comparación histórica: "Otra vez somos colonia, ya no de los españoles. Nos cogieron de colonia y nos toca hacer de nuevo la Independencia", afirmó.Petro centró su intervención en denunciar lo que calificó como un "robo sistemático" de los recursos públicos destinados al sistema de salud, que según él superaría los 100 billones de pesos."El Gobierno nacional no tiene deudas con las EPS. Las EPS son las que tienen deudas con las clínicas y los hospitales", puntualizó el presidente, contradiciendo a quienes responsabilizan al Estado del desfinanciamiento del sistema, del deterioro de los servicios prestados y de la escasez de medicamentos.Además, aseguró que la deuda informada por la Contraloría General, de 32,9 billones de pesos (unos 8.160 millones de dólares), se queda corta frente a las verdaderas dimensiones del problema.En la segunda parte de su alocución, el mandatario defendió las intervenciones estatales en varias EPS, entre ellas Sanitas, señalando que "la deuda de esas entidades con los hospitales ha disminuido" tras la medida del Gobierno.
El Gobierno nacional expidió el Decreto 0742 de 2026, con el que reglamenta por primera vez el cierre de minas en Colombia. La norma establece un marco para que la finalización de los proyectos mineros se realice bajo criterios ambientales, laborales, sociales, técnicos y financieros, e incorpora esta etapa como un requisito obligatorio dentro del ciclo de vida de la actividad minera.El decreto define cinco modalidades de cierre: progresivo, temporal, anticipado, final y cierre técnico gradual para la pequeña minería y los procesos de formalización. También determina que las medidas para el cierre deberán planearse desde la etapa de explotación y mantenerse durante el seguimiento posterior al cierre de cada proyecto.En materia laboral, la reglamentación exige la implementación de planes de transición para los trabajadores, procesos de concertación con organizaciones sindicales, programas de reconversión productiva, capacitación con el SENA y mecanismos que garanticen el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social durante el proceso de cierre.La norma también establece que los terrenos donde concluya la actividad minera podrán destinarse a proyectos de restauración ecológica, conservación de la biodiversidad, producción agropecuaria sostenible, generación de energías renovables, turismo, infraestructura comunitaria y otras actividades compatibles con el desarrollo territorial.De acuerdo con el Gobierno, el decreto articula las competencias de los ministerios de Minas y Energía, Ambiente y Trabajo para regular el cierre de minas y definir responsabilidades durante esta etapa. La reglamentación busca establecer procedimientos para prevenir pasivos ambientales y sociales, así como brindar un marco de actuación para las autoridades y los titulares mineros.
El balance de muertos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido hace tres semanas en la zona norte de Venezuela ascendió este miércoles a 4.829, luego de que las autoridades sumaran 95 fallecimientos, informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez.Los heridos se mantienen en 16.740 y las personas que quedaron sin vivienda en 17.907, según el balance difundido en la cuenta de Telegram del también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Asimismo, hay 20.857 personas en 106 campamentos transitorios, uno menos que el reportado este martes, según este nuevo balance.Desde que ocurrieron los terremotos, el pasado 24 de junio, se han presentado 1.284 réplicas. La más reciente que fue percibida por la población tuvo una de magnitud 3,9 y ocurrió el pasado viernes en Naiguatá, estado de La Guaira, la región más afectada por los sismos.Según este balance, hay unos 856 edificios afectados y 190 colapsados.El Gobierno informó el fin de semana sobre el comienzo de un censo biométrico para saber cuántas viviendas se necesitan, aunque estima que puedan ser 25.000. Según dijo Jorge Rodríguez el sábado, la jefa de Estado entregará las primeras 200 viviendas esta semana.En medio de este proceso, el Gobierno y un grupo opositor -encabezado por la exdiputada Dinorah Figuera- han establecido un plan de trabajo que comenzará el próximo 1 de agosto para el "fortalecimiento de la democracia" y para enfrentar "las consecuencias del doblete sísmico".
Un venezolano de 45 años murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Georgia, en el sur de Estados Unidos, según informó este miércoles dicha dependencia, con lo que suman 22 migrantes fallecidos en condiciones similares en lo que va de 2026.El hombre, identificado como Jesús Manuel Arenas Silva, murió el lunes de un supuesto paro cardíaco mientras las autoridades lo trasladaban entre centros de detención en Georgia, reveló el ICE en un comunicado.Los agentes encontraron inconsciente a Arenas Silvas cerca de las 7:46 horas (11:46 GMT) cuando iba en un autobús del Centro de Detención del Condado de Irwin en Ocilla hacia el Centro de Procesamiento de Folkston D. Ray, por lo que pidieron asistencia médica, de acuerdo con el relato de ICE.Los servicios de emergencia transportaron al venezolano al Hospital del Condado de Irwin, donde lo declararon muerto menos de una hora después, a las 8:31 horas (14:31 GMT)."Se sospecha que la causa de muerte fue un paro cardíaco. La causa oficial está pendiente de un examen médico posterior", señaló el ICE.Con este deceso, suman 22 migrantes muertos bajo custodia del ICE en lo que va del año tras los 33 decesos de 2025, la mayor cifra en dos décadas, con base en el recuento de la organización National Immigration Project.En este contexto, la tasa de mortalidad de migrantes detenidos por el ICE está en su nivel más alto en más de una década y se ha más que duplicado desde que comenzó la segunda presidencia de Donald Trump, afirmó la asociación Human Rights Watch en un reciente informe.El fallecimiento del venezolano trasciende en medio protestas por las muertes de la última semana de dos hombres por disparos de agentes del ICE cuando conducían: el mexicano Lorenzo Salgado Araujo, padre de tres hijos, el 7 de julio en Texas, y el colombiano Joan Sebastián Guerrero, de 26, este lunes en Maine.Además, un mexicano murió este martes atropellado tras huir de un operativo migratorio en Florida.El ICE sostuvo que Arenas Silva recibió atención médica y revisiones de salud mientras estuvo en custodia, además de indicar que entró a Estados Unidos "de manera ilegal y sin inspección" en octubre de 2021 bajo la Administración de Joe Biden (2021-2025) por la frontera.Un juez de inmigración en Atlanta había ordenado en abril pasado su expulsión a Venezuela.
La tranquilidad del municipio de Mercaderes, en el sur del Cauca, se vio interrumpida este miércoles luego de que se registraran intensos enfrentamientos entre presuntos integrantes del ELN y otra estructura armada ilegal que opera en la región. Los combates, ocurridos hacia el mediodía, generaron momentos de angustia entre los habitantes y motivaron una rápida reacción de la Fuerza Pública para evitar que la confrontación se extendiera.De acuerdo con información preliminar, la disputa estaría relacionada con el control territorial y las rutas utilizadas para el narcotráfico, una problemática que desde hace varios años alimenta la presencia y el accionar de diferentes organizaciones armadas en esta zona estratégica del departamento del Cauca.A través de un comunicado, el Ejército Nacional confirmó que desplegó tropas del Batallón de Alta Montaña N.° 4, con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, para fortalecer la presencia institucional en el sector y adelantar operaciones militares orientadas a restablecer la seguridad y proteger a la población civil.Las operaciones continúan en el área mientras las autoridades mantienen un dispositivo de control para evitar nuevos enfrentamientos y verificar posibles afectaciones derivadas de los combates. Hasta el momento, no se ha entregado un balance oficial sobre víctimas o personas lesionadas, mientras avanzan las labores de verificación en la zona.
Una delegación de la Administración General de Aduanas de China (GACC) realizó una visita técnica a Colombia para evaluar el sistema de inspección, vigilancia y control sanitario del país, en un proceso que busca ampliar las exportaciones de carne bovina y avanzar en la apertura del mercado chino para la carne porcina y aviar.Durante una semana, la misión recorrió cuatro establecimientos exportadores de las cadenas bovina, porcina y aviar, además del Puerto de Cartagena y el Laboratorio Microbiológico y Fisicoquímico de Alimentos y Bebidas del Invima. Allí verificó los procesos de inspección oficial, trazabilidad, control sanitario y las capacidades técnicas que respaldan la inocuidad de los productos destinados a mercados internacionales.En el caso de la carne bovina, la visita incluyó la auditoría a dos plantas que se encuentran en la etapa final de registro ante la autoridad sanitaria china: Alimentos Cárnicos S.A.S., en Envigado (Antioquia), y Frigoríficos Ganaderos de Colombia S.A., en Corozal (Sucre). Su habilitación permitiría aumentar el número de establecimientos autorizados para exportar carne bovina al mercado chino.La delegación también inspeccionó una planta de beneficio y desposte de porcinos y otra de beneficio y desprese de aves, como parte del proceso de admisibilidad sanitaria que Colombia adelanta para estos productos. Las visitas tuvieron carácter diagnóstico y permitirán continuar con la evaluación técnica, antes de avanzar en la negociación de los protocolos sanitarios y certificados requeridos para su exportación.Al cierre de la misión, el director general del Invima, Francisco Rossi, señaló que la visita fortalece la confianza entre ambos países y permite mostrar las capacidades del sistema sanitario colombiano para responder a las exigencias de los mercados internacionales. El proceso cuenta con la articulación del Invima, el ICA, los ministerios de Agricultura, Comercio y Relaciones Exteriores, ProColombia, la Embajada de Colombia en Beijing y los sectores productivos.