El alto tribunal amparó los derechos fundamentales como el buen nombre del empresario Joseba Grajales Jiménez, director del Grupo Keralty, y ordenó al presidente Gustavo Petro que se retracte públicamente de varias afirmaciones realizadas en la alocución presidencial del 15 de julio de 2025.
Según la decisión, la Sala considera que las expresiones presidenciales que calificaron al accionante como “criminal” y lo vincularon con un supuesto “crimen” por la financiación de campañas políticas carecieron de sustento probatorio suficiente y afectaron el buen nombre, la honra y la presunción de inocencia del señor Grajales. Por ello el alto tribunal amparó esos derechos y ordenó la rectificación.
El presidente Petro ha tenido o que rectificar en varias ocasiones sus acusaciones, como por ejemplo contra los Vargas Lleras o el presidente de la Andi, Bruce MacMaster, sin embargo, ahora será diferente porque en vez de hacerlo por su cuenta oficial de X, deberá hacerlo en su próxima alocución presidencial.
“Retractarse de las acusaciones contra el solicitante referidas a las expresiones «crimen» y «criminal», por la supuesta financiación de campañas políticas. La anterior rectificación deberá realizarse, una vez notificada la presente decisión, en la inmediata y siguiente alocución presidencial”, señala el fallo del Consejo de Estado.
Lo que ha señalado el alto tribunal es que, cuando el mandatario transmite información debe observar un deber reforzado de veracidad y diligencia, y no puede usar ese espacio oficial para formular imputaciones que lesionen derechos fundamentales sin respaldo fáctico razonable.