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El Grupo Keralty, junto con clínica Colsanitas S.A., Medisanitas S.A.S., Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A. y Juan Pablo Rueda Sánchez, radicaron ante la Corte Constitucional una solicitud de cumplimiento de la sentencia SU-277 de 2025. Según el escrito, la Superintendencia Nacional de Salud no ha ejecutado lo ordenado en el fallo, lo que mantiene vigente la vulneración de derechos fundamentales reconocida por el alto tribunal.
La petición, radicada en un documento de siete páginas, busca que se garantice la ejecución de la decisión emitida el 26 de junio, en la cual la Corte concluyó que la Superintendencia vulneró el debido proceso al decretar la intervención de EPS Sanitas.
En consecuencia, el fallo dejó sin efectos las resoluciones que ordenaban la toma de posesión e intervención administrativa de la entidad, por considerar que estas desconocieron órdenes previas de la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-760 de 2008 sobre solvencia financiera.
De acuerdo con la normativa, la sentencia debía cumplirse de forma inmediata dentro de las 48 horas siguientes a su notificación, realizada el 23 de julio. Sin embargo, los accionantes aseguran que la Superintendencia no ha restituido el control ni la administración de la EPS a sus accionistas, pese a las comunicaciones enviadas el 24 y 31 de julio para exigir su cumplimiento.
El escrito recuerda que ni las solicitudes de nulidad ni las de aclaración interpuestas contra la sentencia suspenden sus efectos, por lo que la orden judicial sigue siendo de obligatorio acatamiento. En ese sentido, los solicitantes pidieron a la Sala Plena de la Corte Constitucional asumir directamente el caso y ordenar a la Superintendencia dar cumplimiento inmediato a lo dispuesto, con la devolución de la administración de EPS Sanitas a sus propietarios.
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