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La Corte Constitucional amplió los detalles de la decisión de dejar sin efecto la intervención adelantada por el Gobierno, a través de la Superintendencia de Salud, en la EPS Sanitas, esto luego de revisar una tutela que, en un principio, había sido negada por la Corte Suprema de Justicia.
Uno de los puntos importantes de la comunicación emitida por la Corte es que consideró que la insuficiencia en la financiación del sistema, en especial por la Unidad de Pago por Capitación insuficiente y el no pago de los Presupuestos Máximos, afectó directamente la solvencia financiera de la EPS Sanitas.
Además, subrayó la Corte que la Supersalud debió tener en cuenta esas variables a la hora de argumentar la intervención mencionada pero, al no hacerlo, terminó vulnerando el debido proceso de evaluación de la EPS.
“La omisión en el cumplimiento de deberes por parte de la accionada, derivados de órdenes judiciales que definen el alcance constitucional de un derecho fundamental, no puede servir de sustento para imputar responsabilidades o aplicar efectos a un administrado, máxime cuando de aquel incumplimiento puede predicarse un impacto directo frente a la conducta que se reprocha o en la que interviene el particular”, precisó la Corte.
En esa medida, para el alto tribunal, la intervención fue arbitraria al no tener en cuenta tanto las variables mencionada, la condición estructural del sistema de salud, como los anteriores conceptos u órdenes emitidos por los tribunales sobre la revisión del panorama financiero de este sector.
“Al no valorar la autoridad administrativa el impacto que las órdenes impartidas por la Corte Constitucional tenían respecto de la situación de la EPS, especialmente en su condición financiera, la Supsalud desconoció que del nivel de acreditación de los estándares fijados por la Sala Especial de Seguimiento en Salud de la Corte Constitucional se desprendían consecuencias directas y esencialmente relacionadas con el análisis sobre las causas que podrían dar lugar a una intervención administrativa sobre EPS Sanitas”, puntualizó el alto tribunal.
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Sanitas es la segunda EPS más importante de Colombia por su cobertura con 5.8 millones de afiliados y estaba intervenida desde abril de 2024, cuando el Gobierno argumentó que había riesgos para la prestación del servicio y dificultades financieras.
Este viernes, Juan David Rivero, abogado del Grupo Keralty, grupo que ahora vuelve a asumir la administración de la EPS Sanitas, anticipó que acudirán a las instancias judiciales si es necesario pues insiste en que, desde el Gobierno, hubo una estrategia para debilitar el sistema.
"Lo que le puedo decir, sin temor a equivocarnos, a pesar de no tener las cifras oficiales, es que los estándares de oportunidad y de calidad de la prestación del servicio han decaído enormemente como consecuencia de la intervención, y esa es la afectación que hoy en día enhorabuena, la Corte ha puesto fin", manifestó.
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