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SuperSalud solicita nulidad de la sentencia que dejó sin efecto la intervención de Sanitas

La Superintendencia Nacional de Salud presentó una solicitud de nulidad y aclaración ante la Corte Constitucional respecto a la sentencia SU-277-2025, que dejó sin efecto la intervención estatal a la EPS Sanitas, permitiendo que el grupo Keralty retomara su control.

Deudas de la EPS Sanitas el año pasado cerraron por encima de los $2 billones: SuperSalud
SuperSalud y EPS Sanitas
X: @Supersalud y @sanitas_eps

La Superintendencia Nacional de Salud ha solicitado a la Corte Constitucional la nulidad y aclaración de la sentencia SU-277-2025, emitida recientemente por la sala plena. La decisión judicial respondió a una acción de tutela interpuesta por la clínica Colsanitas S.A., Medisanitas S.A.S., compañía de medicina prepagada, Keralty S.A.S., compañía de medicina prepagada Colsanitas S.A. y Juan Pablo Rueda Sánchez, en contra de la entidad.

Es de recordar que esta sentencia anuló la intervención realizada en 2024 por el Gobierno nacional a la EPS Sanitas, decisión que habilitó al grupo empresarial Keralty, accionista principal de la entidad promotora de salud, a reasumir la administración de la misma.

Este fallo se dio tras varios meses de litigios judiciales y en medio de un debate sobre la legalidad y el alcance de las intervenciones administrativas en el sistema de salud.

La Superintendencia informó que se encontraba a la espera de la notificación formal del fallo para su revisión jurídica interna. Tras ese análisis, procedió a elevar la solicitud formal ante la Corte, alegando posibles irregularidades que justificarían la nulidad del pronunciamiento judicial. La Corte deberá ahora resolver si acepta revisar o modificar su sentencia.

En este contexto, aún se desconoce cuándo la EPS volverá a manos de su accionista. En su momento, Keralty advirtió que la intervención estatal provocó un deterioro profundo en el funcionamiento de Sanitas EPS. Durante el año de administración estatal, aumentaron las tutelas, se fragmentó la red de atención, se desorganizaron los servicios y se produjo un “desmonte técnico y operativo” de la entidad.

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