La encrucijada del nuevo Gobierno con la industria farmacéutica
Se cayó una circular que cambia todo el modelo de fijación de precios de medicamentos.
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El nuevo Gobierno tiene que decidir pronto sobre una medida que dejó lista el exministro de Salud Alejandro Gaviria. No se trata de un listado de regulación a precios de medicamentos como las que expidió el ministro durante sus 6 años al frente de la cartera. Este era un cambio estructural del modelo con el que se fijan los precios de las medicinas que ingresan a Colombia, y tenía efectos contundentes sobre la industria farmacéutica mundial.
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Actualmente, el mayor comprador de medicinas es el Estado y esto tiene que ver con la ley estatutaria de salud y las reiteradas sentencias de la Corte Constitucional que sentaron jurisprudencia sobre el derecho fundamental a la salud de los colombianos.
En Colombia, como lo explica la experta de Dejusticia, Tatiana Andia, los derechos a la salud son muy garantistas y por eso las medicinas, inclusive las que son elaboradas para enfermedades de alto costo como el cáncer, son pagadas con los recursos públicos, con los impuestos. En otros países del mundo hay listas claras que definen que sí debe ser pagado por el Estado y qué no, y con base en esos listados los países regulan los precios de los medicamentos con el único precepto de su eficacia terapéutica.
En Colombia esto no ocurre. Aunque el Ministerio ha sacado listados con el tope máximo de precios a medicamentos para todo tipo de enfermedades-la más reciente incluyó cientos de anticonceptivos-, los precios de las medicinas que ingresan al país son reguladas básicamente por la ley natural del mercado. Y esto, al ser el Estado el principal comprador, causa unos precios altos que se incrementan de acuerdo a la demanda y le produce al Gobierno unos enormes costos.
Gaviria tuvo desencuentros con las empresas colombianas. Profamilia, una de las entidades rectoras de los derechos sexuales reproductivos le dijo al Ministerio en la última resolución de regulación, que el impacto podría ser que las empresas farmacéuticas sacaran del mercado algunos medicamentos anticonceptivos por no poderse vender. La sociedad de ginecólogos y obstetras argumentó que algunos antinconceptivos eran usados por dermatólogos para frenar problemas en la piel y pidió una revisión de algunos de ellos.
Pero la batalla realmente importante fue en escenarios internacionales. Las empresas líderes en farmacia de Estados Unidos enviaron cartas al representante de Tratados Comerciales, Robert Lightizer, advirtiéndole de la regulación estatal adelantada por el gobierno colombiano y pidieron que se considerara el ingreso de Colombia a la OCDE, lo que finalmente no pudieron detener.
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Gaviria llegó a pensar en su momento que los problemas con los precios podrían llevar a excluir a Colombia de esa incorporación. El último round fue con Abbot que, a través de la embajada de Estados Unidos en Colombia, le envió una carta al ministro pidiéndole mesura y revisar de nuevo la última resolución.
Sin embargo, en comparación con esta medida, la de la circular 08 que se cayó por la falta de la firma del superintendente Pablo Felipe Robledo, las otras regulaciones parecen una pequeña lombriz.
La circular 08 establece que a todos los medicamentos que ingresan al país se les debe colocar un precio tope con base en su eficacia terapéutica. El Ministerio había alistado un comunicado de prensa para hacer público con la firma de Robledo. “En este caso, lo que se busca es que los medicamentos que ofrezcan mayores beneficios a los pacientes con respecto a los medicamentos existentes puedan cobrar mayores precios, y que aquellos que no signifiquen una mejora significativa frente a sus competidores tengan precios bajos”.
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Ahora la decisión final la tienen los ministros Juan Pablo Uribe, José Manuel Restrepo, y el delegado que el presidente Iván Duque defina para este proceso.
Según Andia, “en Colombia tradicionalmente se pagan precios altos por medicamentos con el erario”. Duque tiene en sus manos ganarles el pulso a las farmacéuticas y beneficiar a miles de pacientes para que puedan acceder a medicamentos con precios razonables, o darle la razón a la industria y permitir que el mercado sea el regulador.