La Procuraduría General de la Nación logró la suspensión de 40 procesos ejecutivos acumulados y el levantamiento de los embargos que recaían sobre recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud a cargo de la Nueva EPS, dentro del proceso que se adelanta bajo el número 2023-484 en el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá.
La actuación fue adelantada por la Procuraduría en ejercicio de su función de intervención judicial civil, con el propósito de proteger los recursos públicos destinados específicamente a garantizar la prestación de los servicios de salud de los usuarios de la entidad.
En este caso, la Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social solicitó al Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá que aplicara los precedentes establecidos por las Altas Cortes y por el Tribunal Superior de Bogotá relacionados con la protección de los recursos destinados al sistema de salud.
La Procuraduría sustentó su petición, además, en la Circular 004 de 2026, expedida por el Procurador General de la Nación y dirigida a los jueces de la República y a los organismos del sector salud. El documento establece lineamientos sobre la inembargabilidad de los recursos destinados a la salud y busca evitar que estos dineros sean objeto de medidas cautelares que comprometan su destinación.
De acuerdo con el Ministerio Público, los precedentes jurisprudenciales invocados protegen los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, particularmente en el contexto de los procesos de intervención forzosa de las EPS, y establecen restricciones frente a la imposición de embargos sobre recursos que tienen el carácter de inembargables.
Como resultado de la intervención, fueron levantadas las medidas cautelares que afectaban recursos por un valor de $203.356.250.904, dinero que queda nuevamente disponible para cumplir con su destinación dentro del sistema de salud.
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La recuperación de estos recursos se produce en un momento en el que las entidades de salud requieren mayores capacidades financieras para garantizar la atención de los usuarios y responder a las necesidades derivadas de la emergencia económica y social provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto de 2026.