Máximo histórico de tutelas en salud en Colombia: 312.000 entre 2024 y 2025
La Defensora del Pueblo advirtió sobre un agravamiento en la crisis del sistema de salud en Colombia, evidenciado en el aumento récord de tutelas, dificultades en el acceso a tratamientos y una mayor carga económica para los usuarios.
En el marco del Día Mundial de la Salud, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, presentó un preocupante diagnóstico sobre la situación actual del sistema de salud en Colombia, alertando por el incremento de barreras de acceso y el impacto económico sobre los pacientes.
De acuerdo con las cifras entregadas por la Defensora, entre 2024 y 2025 se registró un aumento significativo en la interposición de acciones de tutela, alcanzando un máximo histórico.
Defensoría del Pueblo
Foto: Defensoría del Pueblo
En particular, las tutelas relacionadas con salud pasaron de más de 265.000 a superar las 312.000, lo que representa el 34 % del total de estos recursos en el país, consolidándose como la segunda causa más frecuente después del derecho de petición.
A esto se suma que cerca del 40 % de la población reportó no haber accedido o haber recibido solo parcialmente sus tratamientos, lo que refleja fallas estructurales en la garantía del derecho a la salud.
Sistema de salud
/ Foto: AFP
Adicionalmente, se reporta un incremento en los gastos de bolsillo de los usuarios, que alcanzaron el 17,2 %, el nivel más alto registrado. Este indicador pone en evidencia una mayor carga económica para los pacientes, quienes, ante las fallas del sistema, deben asumir directamente costos de medicamentos, procedimientos y servicios.
En medio de este panorama, la Defensoría advirtió que, mientras los ciudadanos enfrentan dificultades para acceder a tratamientos y ven deteriorada su situación económica, el sector farmacéutico en Colombia registró un crecimiento del 9 %.
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Finalmente, la entidad reiteró la necesidad de que el próximo gobierno adopte medidas estructurales urgentes que permitan garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud, reducir las brechas existentes y evitar que la judicialización continúe siendo el principal mecanismo para obtener atención.