La transición hacia un Estado digital y eficiente en Colombia aún enfrenta un cuello de botella crítico: la dependencia del papel y la falta de herramientas tecnológicas para responder a las solicitudes de los ciudadanos. De acuerdo con cifras expuestas durante una reciente entrevista en el programa Blu 4.0 de Blu Radio, de las más de 1,2 millones de acciones de tutela radicadas en el último año en el país, cerca de 437.000 se originaron por presuntas vulneraciones al derecho fundamental de petición.Frente a este panorama, Luis Alfredo Gómez, presidente de Innovatech, advirtió que gran parte de esta saturación judicial responde a la ausencia de gestores documentales modernos en las entidades públicas, lo que impide brindar respuestas oportunas a los ciudadanos.“Llega el derecho de petición por correo electrónico, pero muchas veces no existe una plataforma de gestor documental que cuente con inteligencia artificial para facilitar una respuesta rápida, y por eso el trámite termina en una acción de tutela”, explicó Gómez al señalar que modernizar este flujo es inaplazable.Brecha regional y obsolescencia en municipios pequeñosEl líder de Innovatech enfatizó que, aunque en las capitales y en las entidades de orden nacional se han dado avances sustanciales hacia canales virtuales, en los municipios de categorías 4, 5 y 6 la realidad es distinta. La infraestructura tecnológica en esas zonas sigue rezagada frente a las exigencias normativas que rigen por igual en todo el territorio.“El mismo marco jurídico que le compete a grandes ciudades con presupuestos billonarios es el mismo que tiene que cumplir un alcalde en una zona apartada con recursos mínimos al año. La reglamentación muchas veces está a 2.600 metros más lejos de la realidad de las regiones”, afirmó Gómez, haciendo un llamado a articular políticas nacionales de estandarización e interoperabilidad técnica.La ruta: digitalización técnica y proyectos de impactoPara Innovatech, la solución no radica únicamente en escanear documentos, sino en implementar procesos de organización archivística bajo las directrices del Archivo General de la Nación, incorporando reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y modelos de inteligencia artificial en la nube. Según sus proyecciones, el salto completo del archivo físico al digital en las instituciones colombianas requerirá un esfuerzo sostenido de al menos una década.Como muestra de que la tecnología aplicada a necesidades básicas genera transformaciones tangibles en la comunidad, Gómez destacó proyectos ejecutados en regiones como el Valle del Cauca, entre ellos el despliegue de conectividad de banda ancha en 18 municipios apartados del norte del departamento —beneficiando a más de 2.000 hogares rurales— y plataformas de acompañamiento lector que hoy impulsan la comprensión de lectura en escolares:“La generación de valor consiste en usar la tecnología para resolver las necesidades reales del ciudadano. Desde las regiones estamos demostrando que, con el talento y las soluciones adecuadas, sí es posible transformar la gestión y cerrar brechas”, concluyó el directivo.
Decenas de hogares migrantes venezolanos en Bucaramanga están enfrentando retrasos de varios meses en el pago del subsidio de arrendamiento otorgado por el Ministerio de Vivienda, a través de Fonvivienda. Ante la falta de desembolsos, algunos beneficiarios ya acudieron a la tutela.El programa hace parte de una estrategia de subsidios de arrendamiento para hogares migrantes venezolanos y cuenta con recursos de cooperación internacional del Banco Mundial. En Bucaramanga, Fonvivienda abrió convocatorias durante 2025 y asignó subsidios para cubrir parcialmente el canon de arrendamiento durante un periodo de hasta 12 meses.De acuerdo con los beneficiarios, los retrasos comenzaron a presentarse desde finales de 2025 y se han extendido durante 2026. Mientras algunos hogares que finalizaron el beneficio en julio todavía tendrían meses pendientes por recibir, quienes iniciaron el subsidio en enero aseguran que, en varios casos, solo les han pagado los primeros meses del año.El subsidio corresponde a un porcentaje del salario mínimo y el dinero es girado directamente al arrendador, no al beneficiario. Según la convocatoria de Fonvivienda, para el programa financiado por el Banco Mundial el aporte podía llegar al 45 % de un salario mínimo mensual y otorgarse durante 12 meses consecutivos.La demora en los pagos ha generado dificultades entre los beneficiarios y sus arrendadores. Algunos propietarios, según los testimonios recogidos, estarían reclamando directamente a los hogares migrantes el pago de los cánones atrasados e incluso se han presentado casos en los que las personas han tenido que buscar otro lugar para vivir.La situación ya llegó a la Alcaldía de Bucaramanga. El secretario de Desarrollo Social, Iván Torres, explicó que el municipio participó en la etapa inicial del programa, principalmente en la focalización de los hogares beneficiarios, pero que no es la entidad responsable de administrar o girar los recursos.La Alcaldía de Bucaramanga también quedó vinculada a una de las acciones de tutela interpuestas por los beneficiarios.Torres señaló que en Bucaramanga fueron identificados cerca de 140 beneficiarios y reconoció que los pagos han presentado retrasos. Según explicó, en algunos casos se acumulan dos o tres meses y posteriormente se realiza el desembolso.“No es que no se les vaya a pagar o se haya dejado de pagar. Se presentaron fue demoras”, explicó el funcionario.El secretario también confirmó que envió una comunicación al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, para poner en su conocimiento la situación y buscar una solución. El funcionario señaló que, ante la incertidumbre generada por los retrasos, ya se han presentado tutelas y se prevé que se interpongan nuevas acciones judiciales.Ahora, los beneficiarios esperan que el Ministerio de Vivienda y Fonvivienda aclaren qué está ocasionando los retrasos y definan cuándo serán desembolsados los recursos pendientes.
Hasta las instancias judiciales debieron recurrir autoridades en el Urabá antioqueño para lograr soluciones prontas a las dificultades que desde hace más de ocho meses se registran para la movilidad entre los municipios de Arboletes y San Juan de Urabá.Un frente frío que azotó esta subregión de Antioquia a inicios de febrero generó graves afectaciones en infraestructuras como el colapso del puente sobre el río San Juan y desde entonces habitantes de la zona y transportadores han estado a la espera de soluciones por parte del Invías.Inicialmente la entidad del Gobierno nacional se comprometió a instalar un puente provisional a más tardar el 31 de julio, sin embargo, la infraestructura no ha entrado en funcionamiento y ahora la medida provisional de una tutela obliga a reactivar las obras.Le puede interesar: Camión cae al río San Juan de Urabá: reclaman el puente prometido por el Gobierno NacionalLa acción legal fue interpuesta por la Personería de San Juan de Urabá apelando a la protección de los derechos e intereses colectivos en medio de los riesgos que afrontan habitantes de la zona y en donde en los últimos meses ya se han registrado al menos dos incidentes con vehículos de carga que intentan cruzar el afluente en planchones.La medida provisional establece 30 días al Invías para que inicie las labores de instalación del puente modular y en caso que no sea posible por condiciones técnicas, informar sobre una medida alternativa para garantizar un tránsito seguro y permanente de peatones y otros usuarios de esta vía nacional.Previo a cumplirse el plazo del 31 de julio para la instalación de la infraestructura, la entidad del Gobierno nacional había explicado que durante las maniobras de montaje habían aparecido dificultades técnicas que no estaban contempladas en la planificación inicial. Según el Invías, esto obligó a modificar el procedimiento constructivo y, por tanto, a reprogramar la habilitación del paso.
La garantía de los derechos fundamentales en Colombia atraviesa un momento crítico, según lo revelan las más recientes cifras consolidadas por la Corte Constitucional. Una radiografía que deja en evidencia las fallas o inconsistencias que se presentaron entre el 13 de enero y el 31 de julio de 2026, los últimos 7 meses del mandato del expresidente, Gustavo Petro.En los despachos judiciales del país procesaron un total de 661.741 acciones de tutela, configurando un radiograma donde la salud y las actuaciones administrativas concentran la mayor litigiosidad del Estado.En medio de este panorama, la Corte Constitucional identificó un total de 177.130 nombres únicos de entidades e instituciones demandadas durante los primeros siete meses de 2026.El informe ubica a la Nueva EPS como la institución que lidera la recepción de tutelas a nivel nacional. La Entidad de Salud concentra el 11,5 % de la totalidad de las demandas del país, con 76.279, reflejando las barreras que enfrentan miles de afiliados para el acceso a tratamientos, citas con especialistas y la entrega de medicamentos.En el mapa, la Nueva EPS al encabezar el número de tutelas en 17 de las 33 entidades territoriales analizadas, corresponde al 52% del país. Los niveles más elevados de demandas contra esta EPS se registran en departamentos como Amazonas (46,7%), San Andrés y Providencia (45,7%), Guainía (43,0%) y Arauca (41,1%).El segundo lugar de la lista nacional lo ocupan de manera conjunta las Secretarías de Movilidad y Tránsito. Estas dependencias agrupan el 10,3 % de los recursos de amparo radicados en el país, debido a reclamos continuos por procedimientos sancionatorios, fotomultas y fallas en la notificación del debido proceso.Justamente, las Secretarías de Tránsito dominan el panorama en 10 departamentos, que equivale al 30 % del territorio nacional, con especial incidencia en la Región Caribe y el Suroccidente, afectando jurisdicciones como La Guajira, Cauca, Cesar, Valle del Cauca, Magdalena y Atlántico.En la tercera posición se encuentran los propios Juzgados y corporaciones de la Rama Judicial, acumulando el 5,3 % de las solicitudes, con 35.344 tutelas.En los juzgados la cifra obedece a las tutelas interpuesta contra actuaciones, decisiones o dilaciones procesales en los distintos estrados del sistema ordinario. En este caso en Bogotá la mayor proporción de demandas se dirige contra la Rama Judicial y los despachos de juzgados, que abarcan el 8,5% de las tutelas tramitadas en la capital.Por su parte, la Unidad para las Víctimas (UARIV) con 19.909 tutelas, alcanzó su registro más elevado en el Caquetá con el 25,9 % de las tutelas del departamento, seguido por Putumayo con un 12,5 % y Nariño con un 15,3 %. El motivo determinante en estas regiones obedece al retraso en el pago de indemnizaciones administrativas y la demora en las respuestas a los derechos de petición de la población víctima.En el caso de las clínicas y hospitales (IPS), con 18.865 tutelas, con el 2,9 % del total nacional, concentrándose la mayor cantidad en Antioquia, Valle del Cauca y Santander. Esta recurrencia se debe a la desatención en urgencias complejas, la falta de camas UCI y los retrasos en la entrega de insumos especializados.Y la seguridad social no se encuentra por fuera de la lista, las Administradoras del Sistema General de Pensiones, encabezadas por Colpensiones, presenta también fuertes señalamientos, esto debido a la exigencia ciudadana en la resolución de peticiones, la liquidación de mesadas y el reconocimiento de bonos pensionales.En la lista también se ubican las Alcaldías Municipales y Gobernaciones, requeridas ante los jueces por el incumplimiento reiterado al derecho de petición, fallas en la prestación de servicios públicos o falta de respuesta a solicitudes de asistencia social.En otras regiones destacan dinámicas importantes como: Capresoca EPS lidera en Casanare con el 16,0 %; Emssanar EPS encabeza en Nariño (15,3 %) y Putumayo (12,5 %); mientras que Famisanar EPS concentra el primer lugar en Cundinamarca con el 13,3 %.
La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales de una pareja de adultos mayores residente en un edificio de cinco pisos sin ascensor en el barrio San Alonso de Bucaramanga y ordenó restablecer el acceso a la terraza del inmueble, espacio que durante décadas utilizaron para recibir alimentos, medicamentos y otros elementos esenciales mediante un sistema de canasto con cuerda.Durante un año, Doña Raquel Quintero de 86 años y su esposo Óscar Jiménez de 90, tuvieron que ingeniárselas para recibir el mercado, los medicamentos y hasta las llaves de su apartamento, luego de que la asamblea de copropietarios del edificio les prohibiera usar un canasto con cuerda desde el quinto piso, de su apartamento que no cuenta con ascensor.La decisión quedó consignada en la Sentencia T-182 de 2026, mediante la cual la Sala Primera de Revisión revocó los fallos de primera y segunda instancia que habían negado la tutela presentada por Raquel Quintero, de 86 años, quien actuó en nombre propio y como agente oficiosa de su esposo, Óscar Jiménez, de 90 años, ambos con severas limitaciones de movilidad.Para el alto tribunal, el caso trascendía un simple conflicto entre vecinos o una discusión sobre el uso de una zona común. La Corte concluyó que estaban comprometidos derechos fundamentales como la igualdad, la autonomía, la vida digna, la salud, el mínimo vital, la libertad de locomoción, el cuidado y el debido proceso de dos personas en condición de especial vulnerabilidad.La controversia comenzó cuando la asamblea de copropietarios decidió cerrar con candado el acceso a la terraza y prohibir el uso del sistema de canasto que la pareja empleaba desde hacía cerca de 40 años para recibir domicilios, medicamentos, alimentos e incluso las llaves de su apartamento, ubicado en un quinto piso sin ascensor.Además del cierre, la administración del edificio impuso a la adulta mayor una multa de 100.000 pesos por no asistir a la asamblea en la que se tomó esa decisión, pese a que ella había informado que debía permanecer al cuidado permanente de su esposo, diagnosticado con demencia senil y otras enfermedades que requieren atención constante.“Impuse la tutela porque se me violaron los servicios en la terraza y cambiaron el candado para perjudicarnos. Para no bajar por las escaleras, yo mando una canastica y ahí recibía los alimentos, medicamentos y otras casas que pedíamos a domicilio" relató a Blu Radio, Raquel Quintero, tras conocer el fallo a su favor. La Corte determinó que el sistema de canasto representaba un apoyo autogestionado indispensable frente a las barreras arquitectónicas del edificio. También recordó que la accesibilidad en las propiedades horizontales no depende de la voluntad de las mayorías, sino que constituye una obligación constitucional para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas mayores y con discapacidad.Como consecuencia, el alto tribunal dejó sin efectos el cierre de la terraza, ordenó restablecer el acceso para que la pareja pueda volver a utilizar el canasto o un mecanismo equivalente y anuló la multa impuesta. Asimismo, dispuso que la copropiedad adelante un proceso de ajustes razonables con participación de los afectados y elabore un reglamento de propiedad horizontal ajustado a la Ley 675 de 2001.La sentencia también vinculó a la Alcaldía de Bucaramanga para activar la oferta institucional dirigida a las personas mayores, realizar un diagnóstico sobre las condiciones de quienes habitan edificios sin ascensor y promover medidas que garanticen la accesibilidad en este tipo de edificaciones.“Oscar un día llorando me decía, pero Raquel, nosotros a nadie le hemos hecho daño a nadie ¿Por qué nos quitan la terraza y por qué nos hacen eso a nosotros?. (...) eso es feo que le hagan a uno, porque es falta de humanidad, falta de ser uno solidario, está contra los derechos humanos, está contra todo contra todo”, manifestó Raquel Quintero. Por su parte, la magistrada Natalia Ángel Cabo explicó que el caso obligó a la Corte a analizar la situación desde una perspectiva de derechos fundamentales. "Entendimos que no era simplemente un conflicto entre vecinos; la verdadera pregunta era cómo debía responder el derecho cuando la vejez, la discapacidad, las labores de cuidado y un entorno inaccesible se convierten en barreras para seguir viviendo en el propio hogar", señaló.Tras conocerse la decisión, la pareja confirmó que el pasado viernes recibió nuevamente la llave de la terraza, donde además acostumbraban tomar el sol como parte de sus rutinas para preservar su bienestar físico y emocional.La tutela fue presentada en agosto de 2025 luego de que la pareja perdiera el acceso al único mecanismo que les permitía recibir suministros sin tener que descender cinco pisos por las escaleras. La decisión de la Corte Constitucional marca un precedente sobre la obligación de las copropiedades de adoptar ajustes razonables para garantizar la accesibilidad y la permanencia digna de las personas mayores en sus viviendas. El fallo enfatiza que el envejecimiento y la discapacidad deben abordarse desde una perspectiva de inclusión y solidaridad, evitando que las barreras físicas obliguen a los adultos mayores a abandonar sus hogares por falta de condiciones adecuadas.
Germán Calderón, abogado de la campaña de Abelardo De La Espriella, presentó una tutela contra la medida tomada por el Tribunal Superior de Bogotá que prohíbe a De la Espriella utilizar los símbolos patrios para hacer campaña así como expresiones “Firmes por la Patria” y “Defensores de la Patria”.En el documento España señala que con esta decisión se afectan gravemente los derechos de De la Espriella a la libertad de expresión y al libre desarrollo de la personalidad, entre otros.Recordemos que el Tribunal Superior de Bogotá le ordenó al candidato Abelardo de la Espriella que, en un plazo de 24 horas, retire toda la publicidad de campaña en la que utilice la bandera de Colombia, así como otros símbolos patrios. Además, le prohibió usar las expresiones “Firmes por la Patria” y “Defensores de la Patria”.La decisión corresponde a una medida cautelar ordenada tras la presentación de una acción de tutela.Germán Calderón anunció que también denunciará penal y disciplinariamente al magistrado que tomó la decisión. Además, argumenta que la medida es desproporcionada.
Una de las salas de tutelas de la Corte Suprema de Justicia le puso freno al uso abusivo de las tutelas esto luego de que el alto tribunal concluyera que Jhon Jair Segura interpusiera más de 600 tutelas en diferentes regiones del país, de las cuales al menos 368 estaban dirigidas contra la UNP y relacionadas con solicitudes para aumentar su esquema de protección.El hombre aseguró que tras retirar su nombre de la contienda por la Presidencia de la República, comenzó a recibir amenazas y por ello requería un esquema especial de seguridad. Sin embargo, la UNP sostuvo ante la Corte que el ciudadano desarrolló un “modus operandi” para obtener un esquema tipo 4 y que, con ese propósito, promovió centenares de tutelas similares.Según la entidad, el solicitante no se encuentra en una situación de riesgo inminente, no acudió a practicarse el examen de valoración de riesgo requerido y además presentó múltiples requerimientos idénticos ante distintas autoridades judiciales.La Corte Suprema de Justicia determinó que el ciudadano ya cuenta con un esquema de protección, pero aun así insiste en obtener mayores medidas de seguridad mediante acciones de tutela. Incluso el alto tribunal advirtió que los derechos fundamentales no son absolutos y que el uso de la tutela debe respetar límites relacionados con la convivencia, el funcionamiento de la justicia y los derechos de terceros.Por ello, además de rechazar una de las cientos de tutelas, la Corte Suprema tomó varias decisiones correctivas. Entre ellas, ordenó informar al Consejo Superior de la Judicatura y a las autoridades judiciales del país para que se abstengan de tramitar tutelas presentadas por esta persona cuando contengan expresiones irrespetuosas o injuriosas contra funcionarios, partes o terceros.Asimismo, dispuso que cualquier nueva tutela que interponga contra la UNP deberá incluir copia de esta providencia y ordenó que las oficinas judiciales de Cali, Pasto y Bogotá anexen el historial de tutelas previas del hombre cada vez que radique una nueva tutela.
Un juzgado de Bogotá impuso una seria sanción contra el interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, por el desacato a una orden de tutela. El caso se originó por un recurso presentada por una mujer a quien se le ordenó desde diciembre de 2025 el suministro de un stent redireccionador de flujo, dispositivo médico necesario para su tratamiento.Aunque inicialmente se impartió una medida provisional para garantizar el insumo, la paciente denunció que la EPS no cumplió, por lo que tuvo que asumir directamente el costo del dispositivo que le costó casi 63 millones de pesos. Sobre esto, el juzgado ordenó reintegrar ese dinero que ella sacó de su bolsillo para costear el dispositivo.“En ese sentido, los constantes cambios en la dirección o intervención de la entidad no pueden trasladar al accionante la carga de soportar dilaciones o incumplimientos, ni generar traumatismos en la efectividad de los derechos fundamentales amparados”, se lee en el fallo.Por esa razón, el Juzgado 25 Penal del Circuito de Bogotá declaró en desacato a la Nueva EPS y sancionó a su agente interventor, Jorge Iván Ospina, con cinco días de arresto y una multa equivalente a cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes, por el incumplimiento reiterado del fallo de tutela que ordenaba garantizar el tratamiento de la paciente y el reintegro de los recursos asumidos por esta.
Las tutelas para proteger el derecho a la salud continúan en aumento en Colombia. Según la Defensoría del Pueblo, en 2025 se presentaron cerca de 312.500 acciones, frente a más de 265.000 registradas en 2024, lo que representa un incremento cercano al 18 %, es decir, alrededor de 47.500 casos adicionales.Actualmente, el 34 % de todas las tutelas en el país están relacionadas con salud, lo que las convierte en una de las principales causas por las que los ciudadanos acuden a la justicia.El informe, basado en datos de la Corte Constitucional, también muestra que la mayoría de estas acciones son falladas a favor de los pacientes. La tasa de concesión alcanza el 74,3 %, lo que indica que en tres de cada cuatro casos los jueces reconocen la vulneración del derecho y ordenan garantizar la atención.“Las solicitudes de transporte registran la tasa más alta (83,0 %), seguidas de insumos médicos (82,6 %) y tratamiento integral (82,1 %), con ello se evidencia que en general, el sistema judicial resuelve favorablemente la gran mayoría de estas tutelas”, dice el informe.Concentración territorial y desigualdadesAntioquia lidera con 55.705 tutelas, equivalente al 20,5 % del total nacional, seguido por Valle del Cauca con 27.971 y Bogotá con 26.372. Estas tres regiones concentran más del 40 % de las acciones.A nivel municipal, Medellín encabeza con 24.202 tutelas, seguida de Bogotá y Cali, mientras que los 25 municipios con mayor volumen agrupan cerca del 60 % del total.Sin embargo, la Defensoría advierte que la baja judicialización en territorios más pobres no implica una mejor situación. Por el contrario, puede reflejar mayores barreras de acceso tanto a los servicios de salud como a la justicia. De hecho, regiones como San Andrés presentan tasas que cuadruplican el promedio nacional, mientras que departamentos como Huila y Bolívar registran los niveles más bajos.EPS, barreras y motivos de las tutelasLa Nueva EPS concentra el mayor volumen de tutelas, con 63.176 acciones, es decir, el 23,3 % del total nacional. No obstante, el informe aclara que las diferencias entre EPS no se explican por la complejidad de los pacientes, sino por barreras administrativas y organizacionales.“En contraste, Savia Salud presenta una tasa de 118,8 (2,6 veces el promedio) con 22 177 tutelas concentradas casi exclusivamente en Antioquia. El Inpec exhibe la tasa más alta: 203,5 por 10 000, lo que refleja los problemas estructurales de atención en el sistema penitenciario. Famisanar (incluidas las tutelas que vinculan a CAFAM y a Colsubsidio) registra tasas que superan el doble del promedio”, añade el informe.Entre las principales razones por las que los ciudadanos interponen tutelas están las dificultades para acceder a citas con especialistas, que representan el 26,4 % de los casos. Le siguen problemas con la entrega de medicamentos (23,6 %), transporte y viáticos (21,3 %), hospitalización (19,7 %), tratamientos integrales (17,5 %) y cirugías (16,5 %). También se reportan demoras, negaciones explícitas, falta de insumos médicos y terapias de rehabilitación.Perfil de pacientes y poblaciones vulnerablesEl informe también identifica patrones en los diagnósticos asociados a estas acciones. Las enfermedades del sistema circulatorio encabezan la lista, seguidas por afecciones osteomusculares, neurológicas y endocrinas, incluyendo la diabetes. Asimismo, se evidencia una presencia relevante de trastornos mentales como ansiedad, autismo y depresión.Cerca del 40 % de las tutelas corresponden a sujetos de especial protección constitucional, entre ellos mujeres lactantes o cabeza de hogar, adultos mayores, personas con discapacidad, pacientes con enfermedades graves y población migrante, además de habitantes de calle, desplazados y víctimas de violencia.“La acción de tutela se ha consolidado como la principal vía de acceso a la justicia en materia de derecho a la salud, con lo cual desplaza su carácter de recurso excepcional. (…) Los más de 265 000 casos analizados constituyen igual número de historias individuales de ciudadanos que encontraron en la acción judicial un mecanismo de último recurso. Los patrones identificados, concentración territorial e institucional, heterogeneidad entre EPS, sesgo hacia condiciones costosas y la paradoja de que quienes más necesitan el mecanismo son quienes menos acceden a él, no son aleatorios ni coyunturales, sino que reflejan las características estructurales del diseño institucional del sistema de salud colombiano”, concluye el informe.
Un juez administrativo de Bogotá declaró en desacato al presidente de la República, Gustavo Petro, por incumplir una sentencia de tutela que le ordenaba retractarse y ofrecer excusas públicas a Jaime Miguel González Montaño. La decisión fue adoptada por el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, dentro de un incidente de desacato derivado de una acción de tutela interpuesta por González Montaño, gerente de la EPS Coosalud.Según el fallo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había concedido en segunda instancia, el 11 de noviembre de 2025, el amparo de los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y al debido proceso del accionante. En consecuencia, ordenó al presidente retractarse y presentar excusas públicas en un plazo de cinco días desde la notificación. El juzgado estableció que dicha orden no fue cumplida en los términos establecidos.Sanción impuesta a PetroEn la parte resolutiva, el despacho judicial determinó:Declarar que el presidente incurrió en desacato a la sentencia de tutela.Imponer una sanción de multa equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes.Adicionalmente, el juez ordenó remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que se surta el grado jurisdiccional de consulta.El fallo también señala que, de persistir el incumplimiento, el juez mantiene la competencia para adoptar nuevas medidas.¿Qué dijo Petro sobre el gerente de Coosalud?El incidente de desacato se originó por una serie de mensajes publicados por el presidente Petro en la red social X, así como por declaraciones realizadas en una alocución presidencial, en las que se refirió a Jaime Miguel González Montaño. Según el expediente, el mandatario calificó al entonces gerente de Coosalud como un “bandido” y señaló que habría llevado a la EPS a una de las peores situaciones del sistema de salud. En sus publicaciones, también afirmó que durante 2024 la deuda de la entidad se incrementó significativamente —hasta cerca de 2.600 millones de pesos—, lo que, en su criterio, evidenciaba un manejo irregular de recursos.Adicionalmente, atribuyó a la junta directiva de la EPS la presunta autorización de operaciones como el direccionamiento de recursos públicos hacia una empresa en el exterior y la aprobación de préstamos personales a favor de González Montaño por más de 220.000 millones de pesos. En esos mismos pronunciamientos, el presidente sostuvo que una investigación habría sido trasladada a la Fiscalía por parte del entonces superintendente de salud, Giovanni Rubiano. No obstante, en el trámite judicial se indicó que no se aportó prueba de la radicación de dicha denuncia.
La Procuraduría General de la Nación inició un seguimiento preventivo al contrato de mejoramiento y mantenimiento del corredor vial Duitama – Charalá – San Gil, en Santander, por presuntas irregularidades relacionadas con la ejecución física y financiera de las obras.Se trata del contrato de obra 987 de 2021, cuyo valor asciende a cerca de 310.625 millones de pesos y que, según el Ministerio Público, lleva seis años en ejecución.La actuación se produce luego de las denuncias y solicitudes presentadas por habitantes de la zona, quienes manifestaron su preocupación por las condiciones del proyecto, especialmente por la construcción de un paso nacional que atravesaría la mitad del casco urbano de Charalá.Ante esta situación, representantes de la comunidad solicitaron que se estudie la posibilidad de construir una variante que evite el paso de vehículos por el centro del municipio. La propuesta busca mejorar la seguridad de peatones, residentes, escolares y turistas, además de proteger el patrimonio histórico, cultural y paisajístico de Charalá.En desarrollo de este seguimiento, la Procuraduría informó que requirió al Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) para que entregue información detallada sobre el avance físico y financiero del contrato, las condiciones de transitabilidad del corredor, el cumplimiento de las obligaciones pactadas y los estudios técnicos que respaldan la construcción del paso nacional.Por su parte, la Alcaldía de Charalá deberá informar sobre las actuaciones adelantadas frente al proyecto, particularmente en aspectos relacionados con el ordenamiento territorial, la seguridad vial, la protección del patrimonio histórico y cultural y los mecanismos de participación ciudadana.La Procuraduría señaló que esta actuación preventiva busca garantizar la conectividad de las comunidades rurales y proteger el acceso a servicios básicos, así como la seguridad de quienes transitan por este corredor vial de Santander.
El cierre del año 2026 traerá consigo una cifra que podría impactar el bolsillo de los colombianos: el último resultado del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este indicador permite medir la variación de los precios de los bienes y servicios que componen la canasta familiar y sirve como referencia para ajustar diferentes cobros durante el siguiente año.El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) es la entidad responsable de calcular y publicar mensualmente este indicador. Para hacerlo, registra los cambios de precios en 12 divisiones de gasto y realiza mediciones en 38 ciudades del país.La cifra de cierre de año tiene especial importancia porque se utiliza como referencia para establecer ajustes en distintos bienes y servicios vinculados a la inflación.¿Cuándo se conocerá el último IPC de 2026?De acuerdo con el calendario oficial del DANE, el resultado del IPC de diciembre de 2026 se conocerá el viernes 8 de enero de 2027, a las 6:00 p. m.La entidad publica este indicador a mes vencido, generalmente durante el quinto día hábil del mes siguiente. No obstante, el calendario puede presentar modificaciones, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales del organismo para confirmar la fecha.El dato permitirá conocer cómo cerró la inflación en Colombia durante 2026 y servirá como referencia para calcular los incrementos de algunos servicios y obligaciones económicas en 2027.¿Qué servicios y cobros subirán con el IPC en 2027?Entre los rubros que tienen ajustes relacionados con la variación anual del IPC se encuentran:Arriendos de vivienda: el incremento puede llegar hasta el 100 % del IPC del año anterior, una vez se cumplan 12 meses de ejecución del contrato.Pensiones superiores al salario mínimo: se ajustan con base en la variación del IPC.Servicios públicos domiciliarios: sus tarifas pueden incorporar el IPC o componentes indexados, de acuerdo con las fórmulas establecidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).Matrículas y pensiones de colegios: algunos cobros educativos tienen ajustes relacionados con este indicador.Peajes: pueden tener incrementos definidos con base en mecanismos de actualización que incluyen el IPC.Medicina prepagada: sus tarifas pueden estar sujetas a ajustes relacionados con la inflación.Multas de tránsito: algunos valores se actualizan con referencia a indicadores económicos.Servicios de notarías: sus tarifas también pueden tener modificaciones para el nuevo año.Los incrementos no necesariamente se aplican de la misma manera ni en la misma fecha para todos los rubros. Cada servicio tiene condiciones y mecanismos de actualización específicos. Por eso, el resultado que publique el DANE será una referencia para calcular los ajustes que correspondan durante 2027.
Un rechazo a la propuesta de Fenalco de solicitar al Gobierno Nacional la eliminación de los aranceles a las prendas de vestir importadas de Asia expresó la Asociación Cámara Colombiana de las Confecciones de Santander (ACCA-TEX), al advertir que esta medida podría profundizar las dificultades que enfrenta la industria nacional y poner en riesgo los empleos del sector.Franky Guevara, director del gremio en Santander, cuestionó que se promuevan beneficios para los productos extranjeros mientras los empresarios colombianos deben asumir altos costos tributarios, laborales y operativos para mantener sus negocios y producir en el país.“Es que es sencillo de entender. La industria colombiana paga demasiados impuestos, tiene una carga tributaria enorme, la más alta de Latinoamérica”, señaló Guevara, quien considera que eliminar los aranceles aumentaría la desventaja de los fabricantes nacionales frente a los productos asiáticos.El representante del sector explicó que países como China cuentan con condiciones de producción más favorables, entre ellas menores costos de mano de obra y subsidios estatales para aspectos como los arriendos, los servicios energéticos y las exportaciones.Según Guevara, estas ventajas hacen difícil que los confeccionistas colombianos puedan competir en igualdad de condiciones. “La ropa de Asia tiene una mano de obra un 90 % más barata que la colombiana. ¿Cómo competir con ellos?”, cuestionó.El dirigente también puso en duda a quién representa Fenalco con este tipo de solicitudes y consideró que la eliminación de los aranceles terminaría favoreciendo a las empresas importadoras y a las multinacionales, en detrimento de quienes producen en Colombia.“Quisiéramos saber y preguntarle a Fenalco a quién representa, porque a la industria nacional no”, manifestó.En el comunicado, ACCA-TEX aclaró que no está en contra de las importaciones ni de la competencia comercial, pero insistió en que deben existir condiciones equitativas para los productores nacionales. Además, advirtió que eliminar los aranceles a las prendas terminadas importadas podría afectar la capacidad productiva del país y el empleo que genera esta industria.Finalmente, la asociación hizo un llamado a proteger a las empresas que fabrican en Colombia y recordó que la política comercial debe buscar un equilibrio entre el comercio y la producción nacional.“Colombia no puede convertirse en un país que solamente sabe comprar lo que otros saben producir”, concluyó el gremio en su pronunciamiento.
Un video grabado en El Rodadero, uno de los principales sectores turísticos de Santa Marta, provocó indignación entre ciudadanos y defensores de animales. Las imágenes muestran el momento en que el cuerpo de un burro que había muerto tras ser atropellado es levantado por varios operarios y depositado en la parte trasera de un camión recolector de basura.El accidente ocurrió sobre la carrera 4. De acuerdo con los reportes conocidos, el animal transitaba por la vía cuando fue impactado inicialmente por un taxi y, posteriormente, por una motocicleta. La gravedad de las lesiones provocó su muerte en el lugar.Horas después llegaron trabajadores de la empresa de aseo Atesa para retirar el cuerpo. Fue ese procedimiento el que quedó registrado en video y terminó trasladando la discusión del accidente hacia la forma como fue manejado el cadáver del animal.La grabación comenzó a circular en redes sociales y generó cuestionamientos sobre los protocolos que deben aplicarse en Santa Marta para el levantamiento, transporte y disposición final de animales que mueren en espacios públicos.El caso también reabre la discusión sobre la presencia de animales de gran tamaño sin control en las vías de la ciudad, especialmente en sectores con alta circulación vehicular, por el riesgo que representa tanto para los animales como para conductores y motociclistas.Hasta la mañana de este lunes no se conocía un pronunciamiento oficial de Atesa o de la Alcaldía de Santa Marta que explicara el procedimiento utilizado en este caso o precisara cuál es el protocolo establecido para este tipo de situaciones.Mientras se esperan esas respuestas, las imágenes continúan generando rechazo y pedidos para que las autoridades revisen lo ocurrido y establezcan medidas que eviten que una situación similar se repita.
Cuatro hombres fueron asesinados en dos ataques armados registrados en Santa Rosa, sur de Bolívar. Los hechos violentos aumentan la preocupación por la situación de orden público en esta población del sur del departamento, donde las autoridades no descartan la participación de estructuras armadas ilegales como el ELN y el Clan del Golfo.El caso más reciente ocurrió en inmediaciones del sector conocido como Zona Rosa, en el casco urbano del municipio, donde funcionan varios establecimientos nocturnos. En este ataque armado murieron tres hombres, identificados como los hermanos Jaúger y Yilder Pabuena, y Omar Andrés Carpio Vargas, oriundo de Coveñas, Sucre.Las tres víctimas no serían residentes de Santa Rosa del Sur. Sus muertes generaron consternación entre familiares y conocidos, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables.Horas antes de este caso, se registró otro homicidio en zona rural. La víctima fue identificada como Iván Bambuena, quien murió por impactos de arma de fuego en el sector de Mina Paraíso. El hombre sería residente de Santa Rosa del Sur. Hasta el momento se desconocen los móviles de este crimen.La Defensoría del Pueblo advirtió que Santa Rosa del Sur está comprendido en la Alerta Temprana 034 de 2023, cuyo más reciente informe de seguimiento fue emitido en agosto de este año. "Pese a la persistencia y el agravamiento de los riesgos identificados, no se ha convocado la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT). La gravedad de los hechos exige que las alertas y recomendaciones defensoriales se traduzcan en medidas efectivas y oportunas de prevención y protección", dice el documento de la Defensoría. A estos hechos se suma la desaparición de Carlos Mejía Ramírez, un joven oriundo de San Gil, Santander, de quien no se tiene información desde hace varios días. Según los reportes conocidos, fue visto por última vez en inmediaciones de la vereda El Jardín, cerca del municipio de San Pablo, Bolívar.Las autoridades locales reportaron el caso y se espera que avancen las labores para establecer su paradero. La situación de violencia en Santa Rosa del Sur genera mayor preocupación porque coincide con el ataque con drones contra la base militar del municipio, que dejó tres uniformados muertos y varios militares heridos.La comunidad pide acciones urgentes para recuperar la seguridad y evitar que continúen los hechos violentos que están enlutando a las familias del sur de Bolívar.El municipio de Santa Rosa del Sur está ubicado en una zona estratégica de la región del Magdalena Medio, donde existe disputa territorial y presencia de estructuras armadas ilegales. La coincidencia de homicidios, desapariciones y ataques contra la Fuerza Pública incrementa la preocupación por el deterioro de las condiciones de seguridad en esta región.