Como vocero del Referendo Chao Duque, el senador Roy Barreras radicó, contra el Consejo Nacional Electoral, una acción de tutela exigiendo la autorización de las firmas digitales, ya que el alto tribunal no se ha pronunciado al respecto sobre la petición hecha por el congresista.De acuerdo con los hechos expuestos por el senador Roy Barreras, el pasado 29 de octubre del 2020 inscribió el comité ante la Registraduría y elevó una consulta para que se permitiera la recolección de firmas digital, contemplando la situación de emergencia sanitaria como la que se vive por cuenta de la pandemia del coronavirus.Desde entonces, no han recibido respuesta por parte del tribunal electoral por lo que interpuso una tutela.“No pueden coartar el derecho de expresarnos democráticamente de manera biosegura y llevamos cuatro meses sin que nos respondan si o no a las firmas digitales. Para eso es esta tutela”, expresó el senador Roy Barreras.El senador alegó que es contradictorio que las plataformas tecnológicas sí pueden ser aptas y legales para procesos judiciales, pero no para estos casos de participación ciudadana.El congresista, en la tutela, le pidió tres acciones: primero, que se le ordene al tribunal electoral que garantice los derechos de participación ciudadana y política; segundo, darle 48 horas para que habilite canales y medios tecnológicos; tercero, que el CNE entregue los formatos de recolección de firmas digitales.Hace unos días, la Registraduría suspendió la entrega de formularios porque solicitó una aprobación del Ministerio de Salud en sus protocolos.
El Juzgado Séptimo Penal Municipal de Bucaramanga con Función de Control de Garantías ordenó el arresto por cinco días de los alcaldes de Rionegro, Rubén Villabona y Puerto Wilches, Jairo Toquica, por no cumplir una tutela que había sido fallada en 2017."Soy respetuoso a los fallos judiciales, pero en esta ocasión corresponde a un hecho que no cumplió mi antecesor. Cumpliré con la orden del juzgado frente al fallo de la tutela T-325 de 2017, interpuesta por la Asociación de Pescadores y Trabajadores Agropecuarios de Caño Grande”, afirmó el alcalde de Rionegro. Rubén Villabona manifestó que “los derechos por el agua, el ambiente sano, la seguridad alimentaria, a las condiciones dignas y al trabajo, están en el Plan de Desarrollo Municipal, construido por todos los habitantes de Rionegro”.El fallo judicial también obliga a los directores de las corporaciones ambientales CAS y CDMB a solucionar los problemas que afrontan los pescadores de los municipios de Rionegro y Puerto Wilches.
El médico egresado de la UPTC de Tunja Juan Pablo Ovalle, a quien le fue convalidada su especialización de cirugía torácica y trasplante pulmonar, formado en España, tras 22 días de huelga de hambre y tres de estar encadenado a unas rejas en el Ministerio de Educación, indicó que acudirá a la justicia.“Está planteado una tutela para que sea reconocido una de las peticiones que estábamos haciendo. Claramente en nuestra propuesta para levantar la huelga de hambre era que se reconocieran los errores por parte del Ministerio de Educación”, señaló Ovalle.El especialista dijo que fue notificado en las últimas horas por correo de la convalidación de sus estudios e indicó que esto obedece a que fue por la presión de los medios y el hambre a la que se sometió por varios días.El profesional de la salud manifestó que la ministra de Educación, María Victoria Angulo, no le dio la cara durante su estadía a las afueras del ministerio y criticó a la Defensoría del Pueblo al indicar que no hizo un acompañamiento adecuado.
La Policía y el Ministerio de Defensa se niegan a pagar la indemnización a las familias de los diputados del Valle del Cauca que fueron asesinados 5 años después de que fueran secuestrados el 11 de abril del 2002 a manos de las extintas FARC.En septiembre del 2020 el Consejo de Estado emitió una sentencia para que la Nación pagara 23.000 millones de pesos como forma de reparación a las familias que dependían económicamente de los diputados, teniendo en cuenta, también la responsabilidad por no brindar la seguridad necesaria de los asambleístas.Sin embargo, la Nación a través de una tutela pidió que se eliminara este fallo de la indemnización.“La Policía no ha entregado el dinero, por el contrario, inició fue una acción de tutela, pidiendo que se deje sin valor la sentencia condenatoria, esto ya lo contestamos porque es absolutamente temeraria le estamos pidiendo al Gobierno que desista de esa tutela”, manifestó Héctor Carvajal, abogado de las víctimas.Anotó también qué “eso implica que en este país es más importante beneficiar y conceder auxilio a los victimarios, como ocurre aquí, que incluso se les dieron hasta curules a ex guerrilleros que se acogieron a la justicia y mientras tanto a las familiares de las víctimas se hace hasta lo imposible para no pagarles esta indemnización”Diana Carolina Charry Sánchez, hija del diputado Carlos Alberto Charry, otra de las víctimas de este crimen, manifestó que tras casi 14 años de lucha con el Estado exigen que se cumpla este fallo.“Venimos batallando con esta situación que fue tan dolorosa para nosotros, que significó la perdida de nuestros familiares, realmente seguimos en la lucha de exigir que este fallo sea una realidad para nosotros como víctimas del conflicto", dijoPor el momento, las familias esperan el desenlace de este capítulo más que se le sumó a su dolor por la pérdida de sus seres queridos.Este fallo, al que se niegan a acatar la Policía y el Ministerio de Defensa, también contiene un acto público de aceptación de responsabilidad y petición de perdón.Vea el informe realizado por Noticias Caracol aquí:
El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, confirmó a través de su red social Twitter, que interpuso la acción de tutela que ampare el derecho fundamental a la participación y control político del concejal de oposición Daniel Duque en el Concejo Municipal.Aseguró el mandatario local que: “a Medellín la construimos escuchando todas las esquinas”, por tal motivo tomó la decisión de adelantar esa acción legal.En la demanda se señala que la pretensión es que: “se ampare el derecho fundamental de participación política del concejal Daniel Duque Velásquez y al derecho como alcalde tengo de escuchar las ideas y propuestas no solo de quienes me adhieren sino también de quienes hacen oposición”.Además, dice la acción de tutela que el concejal Daniel Duque tenga el derecho fundamental al debido proceso, debido a que el consejo de control ético del Partido Alianza Verde no ha dado oportunidad de ejercer el derecho a su defensa.Calificó la medida como desproporcional y por tal motivo reiteró que ojalá se tome una decisión pronta, recordemos que el propio concejal Duque, había señalado que instauró una medida cautelar urgente ante la Comisión de Derechos Humanos.Se debe recordar que el Partido Verde programó para el 9 febrero a las 9:00 de la mañana, en una sesión virtual, el corporado tendrá una audiencia con el comité ética del Partido, para defender sus derechos políticos.
La defensa del expresidente Álvaro Uribe anunció que interpondrá impugnación con la que se buscará que la Corte Suprema de Justicia revise el conflicto procedimental en el caso del exsenador, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá declarara improcedente la acción de tutela presentada por la defensa del excongresista.La razón de negar la tutela por parte del magistrado Rafael Enrique López es que, a pesar de que el caso de Uribe es de alta relevancia constitucional, no cumple con los requisitos para poder elevar una tutela, puesto que estos recursos deben ser excepcionales y subsidiarios; sin embargo, la defensa del exmandatario señaló que impugnará la decisión del magistrado.“Se interpondrá impugnación con la que se buscará que la honorable Corte Suprema de Justicia revise el conflicto procedimental, con el que, indudablemente, se han afectado los derechos fundamentales del ciudadano”, señala un comunicado firmado por los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana.Los juristas argumentan que hay sólidas pruebas constitucionales y legales que defienden los derechos del expresidente Uribe.“Los argumentos de rango constitucional de esta defensa fueron compartidos por la Procuraduría General de la Nación y por el titular de la acción penal, la Fiscalía General de la Nación”, expresa el escrito.
El Tribunal Superior de Bogotá negó por “improcedente” la tutela interpuesta por el expresidente Álvaro Uribe Vélez con la cual buscaba tumbar su imputación de cargos.A pesar de que la tutela fue apoyada por la Fiscalía, la ponencia del magistrado Rafael Enrique López dice que aún no se han agotado las vías ordinarias y extraordinarias para acudir a una tutela. Es decir, que la defensa de Uribe tendría otros medios para reclamar la protección de los derechos de su cliente, dentro del proceso que inició desde que le dieron la condición de imputado."En este caso, no puede realizarse el análisis reclamado pues implicaría una interferencia injustificada en la órbita de competencia de la justicia ordinaria”, dice la decisión del tribunal.Además, explica el documento, que la sala no considera que la situación del expresidente Uribe contemple un daño inminente y grave que permita la intervención del tribunal y que la situación sería diferente si el expresidente continuara con una medida restrictiva de la libertad.Es decir, que el caso no tiene la relevancia necesaria para que se emita una decisión de fondo favorable o no a Uribe porque no están afectados sus derechos ni tampoco puestos en peligro.¿Qué sigue en el proceso?Añade el tribunal que, el problema jurídico de la tutela debe resolverlo un juez penal y no el tribunal. Lo que quiere decir que lo que sigue es que la Fiscalía, como titular de la acción penal, debe determinar si presenta una solicitud de preclusión, un escrito de acusación y/o un principio de oportunidad y entonces, dependiendo de la decisión, será el “operador jurisdiccional ordinario”, es decir, el juez penal, quien emita decisiones de fondo respecto a la situación jurídica del expresidente.Sobre este punto, explica la ponencia, que al interior de ese proceso penal se puede reclamar el amparo del debido proceso y derecho a la defensa, esto podría hacerse, en el momento en el que la Fiscalía radique el escrito de acusación pues según la ley, el ente acusador, el Ministerio Público y la defensa, podrán expresar en ese momento las causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones, nulidades, si las hubiere.Solo en ese momento, la decisión sobre los recursos interpuestos sí quedarían en manos del tribunal.
El ministro de Salud, Fernando Ruiz, mencionó que un juez de Bogotá negó una tutela que interpuso un ciudadano que buscaba priorizar su círculo familiar en el plan de vacunación.“Respalda al Ministerio de Salud en su capacidad como autoridad sanitaria de mantener el plan nacional de vacunación y preserva siempre la preeminencia del interés general sobre el interés particular de aquellos que quieran imponer acciones de tutela”, expresó el ministro.Además, Ruiz aseguró que ya se están presentando disminuciones de contagios en este segundo pico epidemiológico en la mayor parte de las ciudades del país. Sin embargo, no es momento para bajar la guardia: "es necesario que se mantengan las medidas".A su vez, aclaró sobre las personas que no tengan una EPS a la cual recurrir y que hagan parte de las primeras etapas de vacunación, que son las alcaldías y gobernaciones quienes se encargarán de las respectivas citas para la aplicación de la vacuna.
La rama judicial le contestó al Gobierno Nacional sobre las tutelas que los ciudadanos radican ante los jueces buscando ser vacunados con celeridad contra el coronavirus.La semana pasada, el Gobierno le presentó a las altas cortes el plan de vacunación contra el COVID-19 y las fases donde se priorizaba este proceso, en un intento de explicarle a los altos tribunales la dificultad que habría al presentarse una posible congestión en recursos de personas que pidieran ser vacunadas de primeras.La Corte Suprema dejó claro que los jueces recibirán estos recursos y los fallarán conforme al derecho.El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Antonio Hernández, dijo que los jueces son independientes y que los ciudadanos tienen derecho a presentar recursos cuando vean que sus derechos son vulnerados.Así las cosas, la Corte Suprema de Justicia abrió la puerta a que se sigan presentando más tutelas de personas que requieran vacunarse en la primera fase, eso sí, cada juez evaluará cada caso en particular y deberá corroborar que algún derecho fundamental sea vulnerado.Ahora la pregunta es sobre qué impacto tendrán las decisiones judiciales sobre el proceso de vacunación, pues si bien las vacunas de Pfizer y Biotech aún no ha llegado al país, pero ya estaría comprometida la vacunación a personas que no hacen parte de la primera fase.
A pesar de que el pasado 17 de diciembre fue asignada la tutela que interpuso el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno ante la negativa de que lo trasladaran a Cespo, la judicatura respondió que no será procesada por la vacancia judicial que inició el pasado 19 de diciembre. Es decir, que el futuro de su centro de reclusión se sabrá en el 2021.La tutela es contra el director del Inpec, Norberto Mujica, y el saliente director de la Policía, general Óscar Atehortua, ya que no fue trasladado a ese establecimiento a pesar de la orden de una juez de garantías que escogió ese centro por temas de seguridad.En el documento tutelan los derechos de Moreno a la vida, a la integridad personal, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso.El general Óscar Atehortúa dijo en su momento “que la Escuela de Posgrados de la Policía Nacional ‘Miguel Antonio Lleras Pizarro’, antes Cespo, cumple una misión especial en la capacitación, entrenamiento y formación del personal uniformado y no uniformado de la institución en diferentes ámbitos del saber y que la directora de la escuela indicó que no cuenta con la disponibilidad para recluir a Luis Gustavo Moreno Rivera, que la institución educativa está ocupada en un 100% de su capacidad instalada, en tal sentido la petición no puede ser atendida favorablemente por la imposibilidad planteada”.Sin embargo, argumenta la tutela que eso mostraría discriminación.
En redes sociales siguen las denuncias de personas que consultan a sus seres queridos ya fallecidos en el aplicativo del Ministerio de Salud, Mi Vacuna, y al parecer muchos de ellos, que murieron hace más de 15 años, están en la primera etapa de vacunación.Desde el Ministerio de Salud hacen la aclaración que el aplicativo MiVacuna se nutre de diferentes bases de datos para contrastar la información. Toda la data recopilada proviene de cerca de 18 fuentes diferentes: los datos de la Registraduría General de la Nación, los datos del RUAF (Registro Único de Afiliados), entre otras.Desde el 2007, el ministerio maneja una base maestra que recopila la información y se actualiza constantemente. Sin embargo, para tener los datos anteriores a esa fecha, el aplicativo utiliza información proporcionada por la Registraduría que en algunos casos se encuentran desactualizados.“Nos han reportado uno que otro caso de personas que aparecen y son fallecidas, la razón detrás de esto es que la base de datos del RUAF solo está vigente desde 2007 y para los años anteriores se cuenta con la información de la Registraduría, por lo que en el caso que una persona haya fallecido y no fue reportada, es posible que aparezca en la consulta”, explicó el ministro de Salud, Fernando Ruiz, el pasado 9 de febrero en el programa Prevención y Acción.Ya se está trabajando para actualizar estos datos. De igual forma, con el proceso de agendamiento de las citas por parte de las IPS se espera que se depure toda la información.
En las últimas horas se conoció parte del texto del proyecto que fue socializado por la Alcaldía con algunos concejales, para ser presentado en los próximos días, en donde se establecen una serie de impuestos y descuentos tributarios tras la crisis derivada por el COVID-19.Tarifa del impuesto predial unificado para predios de propiedad de los clubes sociales, campestres, deportivos o recreativos de gran escala de propiedad de particulares, son algunos de los tributos que se modificarían.Otros impuestos, tienen que ver con la tasa prodeporte, estampilla pro-cultura, exención en el impuesto de industria y comercio y “su complementario de avisos y tableros por inversión y generación de empleo”.De igual forma se recaudaría más dinero a través del sistema de parqueo en vía.“Le corresponde a la Secretaría de Hacienda la gestión, administración, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, devolución y cobro de la contribución por estacionamiento fuera de vía”, dice el proyectoEn cuanto al descuento tributario por la compra de vehículos eléctricos para transporte: “Los contribuyentes cuya actividad económica sea transporte de pasajeros, transporte mixto o transporte de carga por carretera que realicen inversiones para la compra o alquiler de flota eléctrica para su operación y que dicha flota represente como mínimo el 30% del total de los vehículos destinados al desarrollo de su actividad económica.“Tendrán un descuento en el impuesto de industria y comercio en el año gravable siguiente, equivalente al 25% del impuesto a cargo sin incluir avisos y tableros”, añade.También se plantea un “descuento tributario por la habilitación de plazas de parqueo para vehículos eléctricos. Los contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio que realicen inversiones para la habilitación de plazas de parqueo para vehículos eléctricos, con su correspondiente infraestructura de recarga.
América de Cali confirmó este martes, 2 de marzo, a Joao Rodríguez como nuevo delantero para el equipo profesional 'escarlata'. El futbolista tiene 24 años de edad, nació en Cúcuta y llega en un momento crucial para el equipo donde necesita ganar para meterse entre los ocho primeros de la liga.Según se pudo conocer, Rodríguez pasó sin gloria por el Boca Juniors de Cali, Deportes Quindío, Santa Fe, Cortuluá, además de Bastia de Francia, Vitoria Setubal de Portugal, entre otros. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de América de Cali (@americadecalisa)
Alejandro Beltrán cofundador de Buda, integrante de una alianza con el Banco de Bogotá en ‘laArenera’, ambiente de pruebas autorizado por la Superintendencia Financiera en el que se vigilarán operaciones en productos de depósito a nombre de plataformas de criptoactivos, habló en Mañanas BLU sobre las perspectivas del negocio.“El dinero digital no solo responde a un fenómeno actual, sino a uno que desde hace más de 30 años ha tratado de experimentar diferentes formas en las que el dinero de forma programada y matemáticamente estructurada no requiera de un sistema central que controle la oferta monetaria”, sostuvo Beltrán“A medida que impriman más dinero, el sistema va a perder valor monetario en el tiempo por dos factores: la inflación y el costo de oportunidad”, agregó.Según el experto, la criptomoneda responde al auge del internet.“Bitcoin no solo es una representación de dinero más de dinero en la sociedad”, señaló.“Esto tiene un número finito, ya programado numéricamente. Esto hace que su valor, su activo, sea escaso”, añadió.Escuche a Alejandro Beltrán en Mañanas BLU:
Este martes, en Mañanas BLU, la representante para la Organización Panamericana de la Salud para Colombia, Gina Tambini, explicó por qué Colombia se convirtió en el primer país de las Américas en recibir vacunas contra el COVID-19 a través del mecanismo COVAX.“Colombia fue elegido para que llegaran primero porque está listo para aplicarlas, cuenta con el personal de salud", dijo.Con relación al regreso del uso del glifosato y la política contra el narcotráfico en el país, se pronunció el ministro de defensa Diego Molano.Igualmente, Daniel Rico, director del ‘C-Análisis: Criminología aplicada’, se refirió al tema, e indicó que: “Con la historia que tuvieron durante 20 años con la aspersión aérea, es importante señalar dónde funcionó y dónde no. Lo correcto es tener una estrategia”.Por otra parte, Mauricio Aguilar, gobernador de Santander, habló sobre el proceso de vacunación y las deficiencias que se presentan, debido a que se han encontrado registros de hasta siete vacunas asignadas por persona.La concejal Diana Diago, se conectó con nosotros para abordar la polémica compra de audífonos AirPods en la Secretaria del Hábitat.Escuche aquí el programa completo de Mañanas BLU: