Un juzgado de Bogotá impuso una seria sanción contra el interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, por el desacato a una orden de tutela. El caso se originó por un recurso presentada por una mujer a quien se le ordenó desde diciembre de 2025 el suministro de un stent redireccionador de flujo, dispositivo médico necesario para su tratamiento.Aunque inicialmente se impartió una medida provisional para garantizar el insumo, la paciente denunció que la EPS no cumplió, por lo que tuvo que asumir directamente el costo del dispositivo que le costó casi 63 millones de pesos. Sobre esto, el juzgado ordenó reintegrar ese dinero que ella sacó de su bolsillo para costear el dispositivo.“En ese sentido, los constantes cambios en la dirección o intervención de la entidad no pueden trasladar al accionante la carga de soportar dilaciones o incumplimientos, ni generar traumatismos en la efectividad de los derechos fundamentales amparados”, se lee en el fallo.Por esa razón, el Juzgado 25 Penal del Circuito de Bogotá declaró en desacato a la Nueva EPS y sancionó a su agente interventor, Jorge Iván Ospina, con cinco días de arresto y una multa equivalente a cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes, por el incumplimiento reiterado del fallo de tutela que ordenaba garantizar el tratamiento de la paciente y el reintegro de los recursos asumidos por esta.
Las tutelas para proteger el derecho a la salud continúan en aumento en Colombia. Según la Defensoría del Pueblo, en 2025 se presentaron cerca de 312.500 acciones, frente a más de 265.000 registradas en 2024, lo que representa un incremento cercano al 18 %, es decir, alrededor de 47.500 casos adicionales.Actualmente, el 34 % de todas las tutelas en el país están relacionadas con salud, lo que las convierte en una de las principales causas por las que los ciudadanos acuden a la justicia.El informe, basado en datos de la Corte Constitucional, también muestra que la mayoría de estas acciones son falladas a favor de los pacientes. La tasa de concesión alcanza el 74,3 %, lo que indica que en tres de cada cuatro casos los jueces reconocen la vulneración del derecho y ordenan garantizar la atención.“Las solicitudes de transporte registran la tasa más alta (83,0 %), seguidas de insumos médicos (82,6 %) y tratamiento integral (82,1 %), con ello se evidencia que en general, el sistema judicial resuelve favorablemente la gran mayoría de estas tutelas”, dice el informe.Concentración territorial y desigualdadesAntioquia lidera con 55.705 tutelas, equivalente al 20,5 % del total nacional, seguido por Valle del Cauca con 27.971 y Bogotá con 26.372. Estas tres regiones concentran más del 40 % de las acciones.A nivel municipal, Medellín encabeza con 24.202 tutelas, seguida de Bogotá y Cali, mientras que los 25 municipios con mayor volumen agrupan cerca del 60 % del total.Sin embargo, la Defensoría advierte que la baja judicialización en territorios más pobres no implica una mejor situación. Por el contrario, puede reflejar mayores barreras de acceso tanto a los servicios de salud como a la justicia. De hecho, regiones como San Andrés presentan tasas que cuadruplican el promedio nacional, mientras que departamentos como Huila y Bolívar registran los niveles más bajos.EPS, barreras y motivos de las tutelasLa Nueva EPS concentra el mayor volumen de tutelas, con 63.176 acciones, es decir, el 23,3 % del total nacional. No obstante, el informe aclara que las diferencias entre EPS no se explican por la complejidad de los pacientes, sino por barreras administrativas y organizacionales.“En contraste, Savia Salud presenta una tasa de 118,8 (2,6 veces el promedio) con 22 177 tutelas concentradas casi exclusivamente en Antioquia. El Inpec exhibe la tasa más alta: 203,5 por 10 000, lo que refleja los problemas estructurales de atención en el sistema penitenciario. Famisanar (incluidas las tutelas que vinculan a CAFAM y a Colsubsidio) registra tasas que superan el doble del promedio”, añade el informe.Entre las principales razones por las que los ciudadanos interponen tutelas están las dificultades para acceder a citas con especialistas, que representan el 26,4 % de los casos. Le siguen problemas con la entrega de medicamentos (23,6 %), transporte y viáticos (21,3 %), hospitalización (19,7 %), tratamientos integrales (17,5 %) y cirugías (16,5 %). También se reportan demoras, negaciones explícitas, falta de insumos médicos y terapias de rehabilitación.Perfil de pacientes y poblaciones vulnerablesEl informe también identifica patrones en los diagnósticos asociados a estas acciones. Las enfermedades del sistema circulatorio encabezan la lista, seguidas por afecciones osteomusculares, neurológicas y endocrinas, incluyendo la diabetes. Asimismo, se evidencia una presencia relevante de trastornos mentales como ansiedad, autismo y depresión.Cerca del 40 % de las tutelas corresponden a sujetos de especial protección constitucional, entre ellos mujeres lactantes o cabeza de hogar, adultos mayores, personas con discapacidad, pacientes con enfermedades graves y población migrante, además de habitantes de calle, desplazados y víctimas de violencia.“La acción de tutela se ha consolidado como la principal vía de acceso a la justicia en materia de derecho a la salud, con lo cual desplaza su carácter de recurso excepcional. (…) Los más de 265 000 casos analizados constituyen igual número de historias individuales de ciudadanos que encontraron en la acción judicial un mecanismo de último recurso. Los patrones identificados, concentración territorial e institucional, heterogeneidad entre EPS, sesgo hacia condiciones costosas y la paradoja de que quienes más necesitan el mecanismo son quienes menos acceden a él, no son aleatorios ni coyunturales, sino que reflejan las características estructurales del diseño institucional del sistema de salud colombiano”, concluye el informe.
Un juez administrativo de Bogotá declaró en desacato al presidente de la República, Gustavo Petro, por incumplir una sentencia de tutela que le ordenaba retractarse y ofrecer excusas públicas a Jaime Miguel González Montaño. La decisión fue adoptada por el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, dentro de un incidente de desacato derivado de una acción de tutela interpuesta por González Montaño, gerente de la EPS Coosalud.Según el fallo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había concedido en segunda instancia, el 11 de noviembre de 2025, el amparo de los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y al debido proceso del accionante. En consecuencia, ordenó al presidente retractarse y presentar excusas públicas en un plazo de cinco días desde la notificación. El juzgado estableció que dicha orden no fue cumplida en los términos establecidos.Sanción impuesta a PetroEn la parte resolutiva, el despacho judicial determinó:Declarar que el presidente incurrió en desacato a la sentencia de tutela.Imponer una sanción de multa equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes.Adicionalmente, el juez ordenó remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que se surta el grado jurisdiccional de consulta.El fallo también señala que, de persistir el incumplimiento, el juez mantiene la competencia para adoptar nuevas medidas.¿Qué dijo Petro sobre el gerente de Coosalud?El incidente de desacato se originó por una serie de mensajes publicados por el presidente Petro en la red social X, así como por declaraciones realizadas en una alocución presidencial, en las que se refirió a Jaime Miguel González Montaño. Según el expediente, el mandatario calificó al entonces gerente de Coosalud como un “bandido” y señaló que habría llevado a la EPS a una de las peores situaciones del sistema de salud. En sus publicaciones, también afirmó que durante 2024 la deuda de la entidad se incrementó significativamente —hasta cerca de 2.600 millones de pesos—, lo que, en su criterio, evidenciaba un manejo irregular de recursos.Adicionalmente, atribuyó a la junta directiva de la EPS la presunta autorización de operaciones como el direccionamiento de recursos públicos hacia una empresa en el exterior y la aprobación de préstamos personales a favor de González Montaño por más de 220.000 millones de pesos. En esos mismos pronunciamientos, el presidente sostuvo que una investigación habría sido trasladada a la Fiscalía por parte del entonces superintendente de salud, Giovanni Rubiano. No obstante, en el trámite judicial se indicó que no se aportó prueba de la radicación de dicha denuncia.
Blu Radio tuvo acceso a las más recientes cifras de la Corte Constitucional sobre la recepción de tutelas por la reclamación de distintos derechos; uno de ellos es el de la salud. En el ranking de las reclamaciones más frecuentes allí en la Corte, están las quejas por las vulneraciones a las personas en distintas aristas, como por ejemplo la falta de entrega oportuna de medicamentos y la demora en la asignación de citas médicas.Ciudades como Bogotá y departamentos como Antioquia, Valle del Cauca y Norte de Santander son de donde más provienen las tutelas por quejas en demoras en los servicios de salud.Se dispararon las tutelas en enero y febrero por temas de saludVarios ítems con porcentajes dejan entrever las 48.315 tutelas que han sido radicadas allí, lo que sigue posicionando al derecho a la salud como el segundo más reclamado.Incluso, la presidenta de la Corte Constitucional, magistrada Paola Meneses, dio un duro discurso hace unos días en un evento en Pereira que precisamente trataba temas de salud y expuso la cruda radiografía del sistema colombiano.“Este es un llamado a todos los actores: EPS, IPS, entes de control, Gobierno Nacional, al Congreso y a la sociedad civil. La transformación que el país exige no puede ser un simple cambio de nombres, de logos o un traslado de pacientes. Debe ser un ejercicio que ponga la vida en el centro, sin intereses mezquinos. La sostenibilidad financiera jamás debe ser una excusa para negar la atención”, dijo la magistrada Meneses.Y es que no solo la Corte tiene la lupa encima sobre el tema de la salud; la Procuraduría también, desde lo preventivo, se ha encargado de hacer visitas mensuales a las EPS para tomar decisiones en materia disciplinaria si es el caso.
En el marco del Día Mundial de la Salud, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, presentó un preocupante diagnóstico sobre la situación actual del sistema de salud en Colombia, alertando por el incremento de barreras de acceso y el impacto económico sobre los pacientes.De acuerdo con las cifras entregadas por la Defensora, entre 2024 y 2025 se registró un aumento significativo en la interposición de acciones de tutela, alcanzando un máximo histórico.En particular, las tutelas relacionadas con salud pasaron de más de 265.000 a superar las 312.000, lo que representa el 34 % del total de estos recursos en el país, consolidándose como la segunda causa más frecuente después del derecho de petición.A esto se suma que cerca del 40 % de la población reportó no haber accedido o haber recibido solo parcialmente sus tratamientos, lo que refleja fallas estructurales en la garantía del derecho a la salud.Adicionalmente, se reporta un incremento en los gastos de bolsillo de los usuarios, que alcanzaron el 17,2 %, el nivel más alto registrado. Este indicador pone en evidencia una mayor carga económica para los pacientes, quienes, ante las fallas del sistema, deben asumir directamente costos de medicamentos, procedimientos y servicios.En medio de este panorama, la Defensoría advirtió que, mientras los ciudadanos enfrentan dificultades para acceder a tratamientos y ven deteriorada su situación económica, el sector farmacéutico en Colombia registró un crecimiento del 9 %.Finalmente, la entidad reiteró la necesidad de que el próximo gobierno adopte medidas estructurales urgentes que permitan garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud, reducir las brechas existentes y evitar que la judicialización continúe siendo el principal mecanismo para obtener atención.
El reciente caso de un incidente de desacato que terminó en el ‘carcelazo’ por dos días para el agente interventor y el gerente regional de Nueva EPS, por incumplimientos en procedimientos a una paciente cardíaca en un hospital de Envigado, no se trata de un hecho aislado.La crisis del sistema de salud, traducida en realidades como las demoras en la práctica de procedimientos, la atención de enfermedades y la entrega de medicamentos, ha trasladado el escenario de los consultorios médicos a los juzgados.Buscando el cumplimiento de un derecho fundamental como la salud, las tutelas se han convertido casi en el único y último mecanismo que encuentran los usuarios para obtener alguna respuesta por parte de las autoridades o las EPS, en medio de largas filas o extensas llamadas sin ninguna solución.Datos de Medellín Cómo Vamos indican que en la capital antioqueña, durante 2025, se interpusieron 24.541 tutelas relacionadas con temas de salud. Si bien fueron unas 400 menos que en 2024, tener un promedio de 67 por día resulta preocupante, no solo para el sistema de justicia por la carga que debe tramitar, sino por la misma vida de los pacientes.Aun con un incidente de desacato a favor, Mónica Isabel Uribe, hija de una mujer de 92 años que requiere el cambio de su marcapasos, indicó en Blu Radio que Nueva EPS sigue sin cumplir."No han llegado ni llamadas telefónicas ni respuestas al Manuel Uribe, que ahí es donde debe llegar la remisión. Para mi mamá no ha llegado nada; no se han pronunciado en ningún momento. No hemos tenido ninguna llamada de ellos", añadió.Con las cifras registradas el año anterior en tutelas interpuestas, Medellín se convierte en la ciudad del país con la mayor tasa de este tipo de mecanismos legales, llegando casi a las 10 por cada mil habitantes, mientras que en otras ciudades como Cali, Cartagena o Barranquilla son 5, 4 y 3 acciones, respectivamente, por la misma proporción de habitantes.
Un juez de Medellín negó la tutela con la que un grupo de ciudadanos y una corporación pedían que el presidente Gustavo Petro se disculpara y rectractara públicamente por su polémica frase sobre Jesús y María Magdalena.Los demandantes alegaban que les habían vulnerado derechos como la libertad religiosa, de cultos, la dignidad humana, que el discurso iba en contra de la condición laica del Estado y que el presidente, desde su cargo, realizó una reinterpretación ofensiva de dogmas centrales del cristianismo.La molestia surgió tras el discurso que el pasado 27 de enero dio el mandatario durante el evento de reapertura del Hospital San Juan de Dios en Bogotá. “Yo creo que Jesús hizo el amor, sí, a lo mejor con María Magdalena porque un hombre así sin amor no podría existir y a la mujer lo apoyó hasta el último momento y él no murió como Bolívar, murió rodeado de las mujeres que lo amaban y eran muchas”, dijo el mandatario ese día.Para quienes radicaron la tutela, Petro los irrespetó como creyentes, trivializó la figura de Jesús y desconoció la neutralidad religiosa que debe mantener el Estado frente a todas las confesiones.Sin embargo, el despacho judicial negó la reclamación al determinar que no hubo tal vulneración pues las declaraciones del presidente fueron opiniones personales expresadas pero no “configuraron un acto administrativo, una orden estatal, una política pública, una medida normativa, ni la imposición de un credo una orden estatal, una política pública ni la imposición de un credo religioso”.Video de lo que dijo el presidente:En la sentencia, el juez explicó que el derecho fundamental a la libertad religiosa protege garantías concretas como profesar una religión, cambiar de credo, practicar cultos, no ser obligado a actuar contra la propia conciencia o no ser discriminado por razones religiosas.En este caso, ninguno de los accionantes demostró haber sido impedido de practicar su religión, ni coaccionado para modificar sus creencias. Y aunque las declaraciones si pudieron generar malestar o afectación en algunos creyentes, esa incomodidad no equivale automáticamente a una vulneración constitucional pues no se evidenció discurso de odio, incitación a la violencia o persecución religiosa.
El abogado Leyton Barrios seguirá como rector de la Universidad del Atlántico, por lo menos hasta que la jurisdicción de lo contencioso administrativo resuelva las acciones interpuestas en contra de la elección o del acto que designó en la rectoria al exsecretario de Educación departamental.Lo anterior quedó establecido en un fallo del Juzgado Tercero Administrativo Oral de Barranquilla sobre la tutela interpuesta por tres ex candidatos a la rectoría: Álvaro González, Wilson Quimbayo y Danilo Hernández, quienes denunciaron a la Uniatlántico y al Consejo Superior de la Institución “por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad”.Los demandantes pedían suspender la escogencia del nuevo rector hasta que se resuelva de manera definitiva la solicitud de verificación de requisitos del candidato Leyton Barrios, sin embargo, el fallo declaró improcedente esta tutela e, inclusive, “como medida transitoria”, ordenó “la suspensión inmediata de los efectos jurídicos” de la resolución expedida el pasado 7 de noviembre por el Comité Electoral de la Universidad del Atlántico, la cual buscaba declarar nula la elección del rector."El ‘acto de anulación’ expedido por el Comité Electoral carece absolutamente de competencia material para modificar, revisar o dejar sin efectos la decisión de elección adoptada por el Consejo Superior Universitario, que es el órgano competente según los estatutos", se lee en el fallo."La expedición de un acto administrativo por una autoridad notoriamente incompetente constituye una irregularidad ostensible que desconoce el debido proceso administrativo y la autonomía universitaria", agrega el documento.Así las cosas, este fallo determina que, hasta tanto la autoridad judicial competente decida lo contrario, “se mantendrá la plena eficacia del acto de elección expedido por el Consejo Superior Universitario del candidato Leyton Daniel Barrios Torres”.
La Red Defensa Ciudadana interpuso una acción de tutela en contra del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, de quien aseguran que estaría incurriendo en un desacato al superar los 40 días sin haber respondido un derecho de petición que la misma veeduría le envió, no solo para pedirle información sobre la empresa Air-e, sino para que explique por qué no se declara impedido para atender cualquier situación relacionada con esta compañía.La mencionada red sostiene que Palma podría caer en un conflicto de intereses en lo relacionado con la empresa Air-e, pues antes de asumir el Ministerio de Minas él fungió como agente interventor de esta compañía.En el derecho de petición, la veeduría solicita al ministro información sobre la razón para no declarar su impedimento, información sobre el trámite de recusación y por qué no ha suspendido su intervención, así como entrega de información pública y explicación de actuaciones de contrataciones que habría realizado durante su periodo en Air-e.“Tutelar el derecho fundamental de petición, el cual ha sido vulnerado por parte del ministro de Minas y Energía, señor Edwin Palma Egea, al omitir brindar una respuesta oportuna y de fondo a la solicitud presentada”, se lee en la acción interpuesta.“Ordenar al ministro de Minas y Energía, señor Edwin Palma Egea, que antes de dar respuesta a los demás requerimientos formulados en el derecho de petición, informe lo relacionado con la recusación presentada en su contra el 18 de junio de 2025”, agrega la tutela.
Una nueva controversia se desató en las últimas horas entre el presidente Gustavo Petro y las Altas Cortes, por cuenta del decreto 0799 de 2025, que firmaron el jefe de Estado y su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, que le quita la facultad al Consejo de Estado para conocer en primera instancia las tutelas contra el presidente de la República.A partir de ahora, las acciones de tutela contra las actuaciones del presidente, incluso las relacionadas con asuntos de seguridad nacional y con la erradicación de cultivos ilícitos, serán repartidas en primera instancia a jueces del circuito y no al Consejo de Estado.El gobierno sustenta su decisión en dos autos de la Corte Constitucional que señalan que la persona interesada en entablar una tutela es libre para elegir el juez o tribunal al que acude, eso sí, en la jurisdicción donde se presenta la violación o amenaza al derecho que se apresta a denunciar.Según el gobierno, el decreto busca aplicar el principio de desconcentración funcional, para “fortalecer la imparcialidad estructural del sistema judicial, al evitar que una misma corporación deba conocer previamente de un asunto en sede de tutela y, posteriormente, como juez natural del control objetivo de legalidad de los actos administrativos del presidente de la República, lo cual podría generar causales de impedimento”.El Gobierno del presidente Gustavo Petro decidió echar para atrás un decreto que había sido expedido en el 2015, durante el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, que había decidido que las tutelas contra el presidente debían ser estudiadas y decididas por el máximo tribunal del Contencioso Administrativo, es decir, por los magistrados del Consejo de Estado.Aunque a primera vista, expertos juristas consideran que se trataría de una decisión legal, no deja de ser polémica porque vía decreto, que algunos consideran como el “segundo decretazo”, Gustavo Petro siendo presidente en ejercicio está cambiando la forma de elegir a sus propios jueces, en este caso, jueces de tutela.Y el asunto más controvertido tiene que ver con la lectura que diferentes sectores hacen frente a la posibilidad de que este decreto sea leído como una retaliación del Gobierno del presidente Gustavo Petro contra el Consejo de Estado, que ha tomado recientemente varias decisiones que no son favorables a los intereses del Ejecutivo, como por ejemplo el congelamiento del “decretazo” con la convocatoria a la consulta popular, además de haber tumbado el nombramiento de embajadores o de comisionados de la CREG y de haber prohibido la transmisión de los consejos de ministros en los canales privados.Ante la controversia originada, ya se anuncia una cascada de demandas contra este decreto, que curiosamente tendrá que ser decidida por el propio Consejo de Estado, al que hoy pretende eludir el jefe de Estado en materia de tutelas.
La jornada de juegos de azar de este viernes 15 de mayo dejó un panorama de gran expectativa para los apostadores colombianos. Mientras que los premios mayores de las loterías regionales de Medellín, Santander y Risaralda encontraron nuevos números ganadores. Por otro lado, el acumulado de MiLoto se ubicó en $120 millonesPremio Mayor de la Lotería de Medellín – Sorteo 4834El número ganador del Premio Mayor de la Lotería de Medellín, correspondiente al viernes 8 de mayo de 2026 fue el: 6136 de la serie 259. El afortunado ganador se llevó $16.000 millones, una de las bolsas más importantes del panorama lotero nacional.Resultados de la Lotería de Santander – Sorteo 5069El gran protagonista de la noche en laLotería de Santander fue el número: 5561 de la serie 131, que se quedó con el premio mayor y concentró la atención nacional.Lotería de Risaralda: premio mayorEl número del premio mayor de la Lotería de Risaralda fue el: 1993 de la serie 000. Asimismo, se conocieron los resultados de los premios secos y la escalera millonaria, que también entregaron importantes sumas de dinero a los apostadores.Resultados Miloto números ganadores del sorteo del 15 de mayoDurante el sorteo de hoy de MiLoto, la combinación ganadora estuvo integrada por los números: 21 - 34 - 09 - 35 - 23. No obstante, ningún participante logró acertar las cinco cifras, por lo que el premio principal quedó desierto.
En el sorteo 537 de MiLoto, realizado este viernes 15 de mayo de 2026 en Colombia, se dieron a conocer los números ganadores que marcaron la suerte de miles de jugadores en todo el país. La combinación 21 - 34 - 09 - 35 - 23 entregó varios ganadores. Además, el resultado impacta directamente el acumulado, que continúa siendo uno de los principales atractivos del juego para los próximos sorteos.Recomendación importante para jugadoresSiempre es clave verificar los resultados en los canales oficiales de MiLoto o con su operador autorizado. La información presentada corresponde a datos del sorteo, pero la validación final debe hacerse con fuentes oficiales.
Para nadie es un secreto que en el podio de la música colombiana hay un sitio especial para Juan Luis Londoño, conocido como Maluma, quien a través del reguetón llevó la cultura colombiana por el mundo. El 'Pretty Boy' ha enamorado a millones con su talento; sin embargo, sintió que era momento de regresar a casa haciendo lo que más le gusta: creando música. Así nació "Loco x Volver", un álbum que desde la presentación de algunos canciones daba a entender que no sería igual a los otros, sino que tendría una diversidad sonora fuertemente marcada. Por eso, para hacerlo aún más personal, le agregó sonidos colombianos y los que a su largo de su carrera lo han acompañado, que, según en palabras de él, no es un álbum de Maluma, sino de Juan Luis Londoño."Se llama Loco x Volver porque extrañaba a Juan Luis, extrañaba mi esencia, a ese niño soñador. Y volví. Es el álbum más importante y más personal que he hecho. Representa mis raíces, mi cultura. Fue difícil, pero hacer el álbum fue mi forma de sanar y encontrar ese renacimiento", expresó.La presentación del mismo debía seguir la línea narrativa y, por eso, lo hizo de manera pública en la Plaza de Botero de Medellín, su tierra natal. Al lado de público y amigos, el 'Pretty Boy' le contó a las personas el viaje de su vida y el paisaje sonoro que lo ha acompañado, que ahora hace parte de este álbum."Este álbum es una celebración de mis ancestros, un homenaje a mis abuelos. Gracias a ellos es que hoy en día soy músico", ha expresado el artista en sus recientes apariciones públicas. A lo largo de 14 canciones, el álbum construye un paisaje sonoro que recorre el reggaetón, el vallenato, la salsa, el merengue, el dancehall y rap con hip hop — géneros que no son tendencia del momento, sino la banda sonora de una vida. "He sido un músico versátil desde el principio de mi carrera. Ese soy yo y esa es mi esencia", señaló.La portada del disco lo dice todo: una fotografía de Juan Luis Londoño de niño, antes de que existiera Maluma. Un gesto visual que resume el espíritu del proyecto. El álbum incluye a Kany García, Beéle, Ryan Castro, Arcángel, Lenny Tavárez, Justin Quiles y Grupo Frontera. Una de las piezas más especiales es "Con el Corazón", grabada junto al fallecido Yeison Jiménez — un tributo a su amistad que quedó como su última canción juntos, grabada en Medellín. El primer sencillo, "1+1" junto a Kany García, alcanzó el número 1 en las listas Billboard Tropical Airplay y Latin Airplay.
Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este viernes, 15 de mayo:¿Qué significa la sorpresiva e histórica visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a La Habana? En esta emisión analizamos el impacto de este viaje inusual que coincide con los planes de Estados Unidos para presentar una acusación penal contra el expresidente Raúl Castro por el derribo de aeronaves civiles en 1996.El IDEAM confirmó que el fenómeno de El Niño aumentó su probabilidad de iniciar antes del tiempo previsto y se descarta que sea de intensidad moderada, proyectando un impacto fuerte en el territorio nacional con una duración de entre 8 y 14 meses.Alfred Ballesteros, director de la CAR Cundinamarca, advirtió sobre la falta de preparación de diversos sectores y alcaldías locales ante la inminente llegada de una sequía extrema por el fenómeno del Niño. Los niveles de los principales embalses del sistema, como Sisga, Tominé y Chusa, continúan en niveles críticos y no se han recuperado de manera significativa.La Defensoría del Pueblo lanzó una grave advertencia sobre el deterioro del orden público en los ríos Caquetá, Caguán y Orteguaza por cuenta de paros armados ilegales que restringen la movilidad.El expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder natural del Centro Democrático, aclaró la controversia interna sobre las candidaturas presidenciales de la derecha en Colombia. Uribe Vélez confirmó que la única candidata oficial que representa al partido es la senadora Paloma Valencia, descartando así las aspiraciones del abogado Abelardo de la Espriella dentro de dicha colectividad.Testigo de la clínica clandestina en el barrio Venecia relata los hechos del miércoles 13 de mayo tras la desaparición de Yulitza en el sur de Bogotá luego de un procedimiento estético.Escuche el programa completo acá:
El director de la CAR Cundinamarca, Alfred Ballesteros, advirtió sobre el riesgo que representa el fortalecimiento del fenómeno de El Niño para Bogotá y la región andina, en medio de las alertas emitidas por el Ideam sobre el aumento de probabilidades de sequía en el país. Durante entrevista en Recap Blu, el funcionario aseguró que las autoridades y la ciudadanía deben adoptar medidas permanentes frente al cambio climático y el estrés hídrico.Ballesteros explicó que desde hace semanas la entidad viene solicitando a alcaldías, empresas de servicios y sectores productivos implementar planes de contingencia y programas de ahorro de agua. “La naturaleza nos está demostrando hoy en día que esta es nuestra nueva realidad y que cada vez serán más frecuentes estos fenómenos de sequías extremas”, afirmó.El director detalló que la CAR adelanta acciones como recuperación de microcuencas, construcción de reservorios y entrega de kits para recolección de agua lluvia. “Hemos entregado ya más de 80.000 kits” y “más de 3.000 reservorios construidos”, señaló.Embalses continúan en niveles críticosUno de los principales puntos de preocupación expuestos por Ballesteros es el estado de los embalses que abastecen a Bogotá y municipios cercanos. Según indicó, sistemas como Sisga y Tominé están “escasamente sobre el 50 %”, mientras Chuza se encuentra “sobre el 34 %”.“Lo que preocupa es que si el periodo de sequía o el fenómeno de El Niño se prolongan en el tiempo (…) claramente nuestros embalses no tienen capacidad para suministrarnos agua por cerca de siete meses sin que tengamos lluvias importantes”, sostuvo.El funcionario insistió en que las soluciones no pueden limitarse a infraestructura tradicional. “El problema de la oferta hídrica no se soluciona con cemento ni construyendo más redes. Se soluciona con inversiones basadas en naturaleza”, expresó.Riesgo de crisis hídrica y energéticaBallesteros también citó estudios de vulnerabilidad climática realizados por la Universidad Nacional, según los cuales la cuenca del río Bogotá podría enfrentar una reducción del 23 % en la oferta hídrica hacia 2040.“En 15 años vamos a estar con crisis energética, vamos a estar con racionamientos permanentes de agua”, advirtió, al tiempo que cuestionó la falta de acciones estructurales en algunos territorios.Finalmente, hizo un llamado a mantener hábitos permanentes de ahorro de agua y energía. “Cada gota cuenta”, afirmó, al recomendar reutilización de aguas, aprovechamiento de aguas lluvias y uso de electrodomésticos de bajo consumo energético.Escuche la entrevsita completa acá: