Desde el 7 de septiembre se posesionó el curador uno de Barranquilla, Guillermo Ávila, quien se ha enfrentado a una polémica situación porque su predecesor, Armando Guijarro Daza, ha recurrido a decenas de recursos jurídicos que ha perdido. El poder de Guijarro en Barranquilla lo relacionan muchas de nuestras fuentes a su amistas con el senador Armando Benedetti, a quien el curador le donó en su momento 30 millones de pesos para su campaña.A esto se suma que ahora apareció una tutela presentada por el veedor Walter Ortegón, ante la sala penal del Tribunal Superior del Atlántico.Según Ortegón, el recurso fue interpuesto porque el nuevo funcionario "no cumplía con los requisitos para ejercer el cargo".La periodista Diana Mejía Barón le puso el 'Ojo' en Mañanas BLU a este tema, ya que, hasta el 30 de septiembre había dos curadurías número uno en Barranquilla y ahora la tutela quedó en manos del cuestionado magistrado de esa ciudad Jorge Eliecer Mola Capera, que tiene investigaciones por corrupción judicial.La tutela busca que se caiga el decreto con el que se nombró a los dos curadores de la ciudad de Barranquilla, lo que dejaría a la capital del atlántico en vilo frente a la expedición de licencias de urbanismo y construcción.El curador Ávila habló en Mañanas BLU y explicó que se logró recuperar más de 500 cajas y 200 bolsas con expedientes, sin embargo, no tiene la totalidad de los documentos.Lo que exige actualmente el curador Avila es la existencia de garantías para enfrentar el proceso, y que los perdedores, respeten los concursos meritocráticos, mas cuando el magistrado del Tribunal Superior de Barranquilla, que tiene el caso, es el cuestionado e investigado Jorge Eliecer Mola Capera.El magistrado Mola es acusado por prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito por usar, según la Fiscalía, la justicia para emitir decisiones contrarias a la ley.Escuche el caso completo y las declaraciones del curador Guillermo Ávila y el veedor Walter Ortegón:Conozca más noticias de Colombia y el mundo:
El Juzgado doce penal municipal con función de control de garantías de Bogotá declaró improcedente una tutela al senador Gustavo Petro contra la alcaldesa Claudia López, con la que buscaba que se retractara de señalarlo de ser el responsable del caos en medio de las protestas que se presentaron en Bogotá hace algunos meses.Según el fallo de esta tutela, menciona que la alcaldesa Claudia López, no vulneró ningún derecho del senador Petro, “y luego de haber escuchado y analizado la declaración rendida por la doctora Claudia Nayibe López Hernández, alcaldesa de Bogotá, ante el medio de comunicación Noticias Caracol, el 10 de agosto de 2021, que no se presenta vulneración a los derechos fundamentales a la dignidad humana, buen nombre, honra, presunción de inocencia, a la no discriminación por razones políticas y a la oposición política, de los que es titular el doctor Gustavo Francisco Petro Urrego”, explica esta comunicación.Cabe recordar que el pasado 7 de septiembre, a través de un comunicado, el senador Petro había anunciado que ante la respuesta negativa de la retractación por las ‘afirmaciones irresponsables y violatorias’, la mandataria estaría violando sus “derechos fundamentales a la dignidad humana, buen nombre, honra, presunción de inocencia y a la no discriminación por razones políticas”.En otro apartado del documento, Petro aseguró que la filtración de la rectificación solicitada, asimismo como su respuesta por parte de la mandataria distrital, promovía “el estado de opinión” que degrada la deliberación democrática.Finalmente, luego de este fallo por parte de este juzgado, la alcaldesa Claudia López se refirió a esta decisión y a través de su cuenta de Twitter escribió, “por segunda vez Gustavo Petro y Colombia Humana pierden tutela con la que pretendían censurar la libertad de expresión y el control político a sus actuaciones políticas de radicalización. Así como tienen derechos, que respetamos, deben aceptar cumplir deberes. Bogotá se respeta”.
Camilo Andrés y Rafael Felipe Montero Jiménez, son los dos hermanos que lograron con una tutela que les aplicaran la segunda dosis de la vacuna de Moderna antes de los 84 días, intervalo que estipuló el Ministerio de Salud entre la primera y segunda dosis.El Juez Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga falló a favor de los jóvenes quienes consideraron vulnerados sus derechos a la salud y vida por la negativa de las autoridades de salud de aplicar la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Moderna 28 días después de la aplicación de la primera dosis.En la contestación de la tutela, el Ministerio de Salud, una de las entidades demandadas, indicó que existían “evidencias científicas y cuenta con la aprobación del Invima. Mencionando, además, que la eficacia de las vacunas es mejor cuando se amplía el tiempo entre dosis (…)”.Sin embargo, señaló el juez que, en el material probatorio, el Ministerio de Salud, “no demuestra la existencia de solicitud o estudios científicos por parte de la farmacéutica Moderna que implique concluir que actualmente el fabricante recomienda ampliar el intervalo entre la primera y segunda dosis hasta por 84 días, como arbitrariamente lo hizo el Ministerio de Salud al ser autoridad que ha venido regulando los intervalos de aplicación”.Es así como se ordena al Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud de Santander y la clínica Guane de Floridablanca, suministrar la segunda dosis a los dos hermanos Montero Jiménez.Rafael Felipe, de 25 años, recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 el 30 de julio y Camilo Andrés, de 24 años, fue vacunado con primera dosis el 14 de agosto; ambos, tras la tutela en la que un juez les dio la razón, fueron vacunados este 27 de septiembre en la clínica Guane de Floridablanca.“Lo que nosotros hicimos con mi hermano fue interponer la tutela por la vulneración de los derechos a la salud y la vida digna por el riesgo al no tener el esquema completo y tener que esperar tanto tiempo para la nueva dosis. Cité varios conceptos de entidades de salud americanas y argumenté la procedibilidad y la violación de los derechos fundamentales”, explicó Camilo Montero uno de los jóvenes vacunado con segunda dosis de la farmacéutica Moderna.Una mujer, menor de 50 años, quien igualmente interpuso una acción de tutela solicitando la aplicación de la segunda dosis de la farmacéutica Moderna en un intervalo de 28 días y no 84 como tiene estipulado el Ministerio de Salud, logró que otro juez le diera la razón y será vacunada en la clínica Guane de Floridablanca.La gerente de la clínica Guane de Floridablanca, Pilar Rodríguez, manifestó que en cumplimiento a las ordenes judiciales, las tres personas son vacunadas.“Hay que tener en cuenta que nosotros como clínica no negamos la aplicación de las vacunas, a nosotros nos entregan unas dosis que son enviadas por el Ministerio de Salud a la Gobernación de Santander que igualmente distribuye a la alcaldía local y nos entrega para la aplicación bajo unos lineamientos establecidos. En este caso de las vacunas de la farmacéutica Moderna para menores de edad con comorbilidades y mayores de 50 años”, explicó la funcionaria.Esta es la orden del Juez Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga:
El Juez Once Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, dio un plazo de 48 horas a la Alcaldía de Bucaramanga para que entregue información relacionada con el plan de medios contratado por la administración local.Se trata de la apertura de un incidente de desacato en contra del alcalde Juan Carlos Cárdenas, por una tutela instaurada por el concejal de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán.Los documentos que solicita el concejal Beltrán y que, según él, no han sido entregados por la alcaldía son: el informe de seguimiento de ejecución de pauta institucional que especifique la parrilla de programación, espacios radiales y medios de comunicación con su respectiva audiencia e impacto y los pantallazos de las publicaciones en medios digitales, radio televisión e impresos.De acuerdo con el concejal de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán en la contestación de la tutela, en los links que envió la alcaldía para revisar la información solicitada no se encontraba esta información.Cesar Castellanos, jurídico de la Alcaldía de Bucaramanga, indicó que al concejal se le respondió en la acción de tutela y se le indicó donde podía descargar la información.“Toda esta información es pública, todo el proceso contractual que el concejal solicita está publicado en el SECOP II, sistema que cualquier ciudadano puede consultar. Seguramente lo que pudo haber ocurrido es que en momento en que el consultó los informes de ejecución aún no estaban, pero ya está toda la información de pagos y demás”, explicó Castellanos.Agregó que, aunque la norma no obliga a entregar en físico la documentación de acceso público, lo harán para que el concejal tenga la información que requiere.
Carlos Román, quien fue destituido en diciembre de 2020 como alcalde del municipio de Girón, Santander, podría llegar nuevamente a la administración, luego de un fallo de la Sección Tercera del Consejo de Estado que dejó sin efectos la sentencia que declaró nula su elección por doble militancia por apoyar a la candidata Ángela Hernández quien aspiraba a la Gobernación de Santander y no al candidato de su partido.Sin embargo, según el fallo, la sentencia del 3 de diciembre de 2020 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado realizó una indebida valoración de las pruebas porque no tuvo en cuenta que Román Ochoa había presentado su renuncia al partido verde y su aspiración a la alcaldía fue a través de una coalición.“En el expediente de nulidad electoral se encuentra demostrado que el actor presentó renuncia como militante e integrante del partido Verde, el 20 de junio de 2018, y fue aceptada por el referido partido en esa misma fecha”, explica la sección Quinta del Consejo de Estado en el fallo.Y agrega, “en la inscripción de la candidatura del accionante se generó como miembro de una coalición de partidos, sin que el aval concedido implicara su pertenencia a ninguno de ellos. Pero, en el formato de inscripción como candidato se debía indicar su filiación política”.En la decisión la Sección Tercera del Consejo de Estado le ordena a la Sección Quinta de esta alta corte que, dentro de los 10 días siguientes a la notificación, profiera una nueva decisión, en la cual, atienda a lo expresado en el fallo.Igualmente, resolvió revocar el fallo de tutela de primera instancia del 20 de mayo de 2021, en el cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó amparar el derecho al debido proceso solicitado por el exalcalde Carlos Alberto Román Ochoa.Este es el fallo de la Sección Tercera del Consejo de Estado:Entérese de los hechos y noticias del momento en Colombia y el mundo:
Luego de que Álvaro Sandoval, un domiciliario de Rappi, fuera suspendido por más de 30 días de la aplicación. Tras realizar un pedido y no ser reintegrado a la plataforma, decidió interponer una acción de tutela porque consideró que se vulneraron sus derechos al trabajo y al mínimo vital.En diálogo con BLU Radio explicó que, "tuve que esperar 30 días hábiles para que Rappi me contestara, para que me diera la misma respuesta: fuiste inhabilitado por términos y condiciones. Pero no presentaron pruebas ni me dieron una razón justificada." Durante esos días, señala, tuvo que hacer hasta lo imposible para conseguir el sustento de su familia.Por esta razón presentó una acción de tutela contra Rappi, que un juez de Bogotá falló a su favor tras realizar un análisis de los términos y condiciones de Rappi, ordenando reactivar su cuenta, pues consideró que este tipo de aplicaciones antes de suspender sus domiciliarios tiene que garantizar una segunda instancia para que la persona se pueda defender. "Ordenó a Rappi dentro de 48 horas se me habilite mi cuenta sin ninguna clase de restricción durante 24 meses. Es ahí donde uno dice que esa aplicación no hay quién la regule, esta aplicación no hay quien esté vigilando cuáles son los procesos para los trabajadores." señaló con desolación Álvaro Sandoval.Sobre este caso ya hay reacciones del sindicato de Rappi, que agrupa más de 1.500 repartidores. Sandra Muñoz, representante de legal de Unidapp, dijo que "este caso ya se ha denunciado hace mucho tiempo, que a los trabajadores les bloquean sus cuentas impidiendo que tengan acceso al mínimo vital."Para abogados expertos en derecho laboral, esta decisión marca un precedente para que las plataformas respeten el debido proceso, "establece unas reglas que deben ser respetadas en casos posteriores y en la medida que llegue a la Corte va a tener mayor fortaleza ese precedente de respeto al debido proceso en el marco de las relaciones que vinculan a los rappitenderos", dijo Iván Jaramillo, experto en derecho labora, a BLU Radio.BLU Radio buscó a Rappi para conocer su postura y versión de los hechos, pero hasta el momento no ha tenido respuesta.Por: Nicolás RojasConozca más noticias de Colombia y el mundo:
El Consejo de Estado le dio dos días a la Presidencia de la República y al Congreso para que, si estiman conveniente, den respuesta a una acción de tutela que entabló un particular contra el presidente Iván Duque por no escuchar a la bancada de la oposición en la sesión de instalación del Congreso de la República el pasado 20 de julio y dejar encargado al ministro del Interior, Daniel Palacios.La acción judicial fue presentada por Ariel Quiroga Vides, quien a pesar de no ser uno de los afectados directamente en el Congreso, considera que “le vulneraron sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, al libre desarrollo de la personalidad, a la participación ciudadana y a las garantías de participación y oposición política. Por cuanto, a su juicio, existe una represión por parte de la mayoría de los miembros del Congreso de la República frente a la bancada opositora al Gobierno Nacional, por lo que solicita que se les garantice sus derechos parlamentarios”.El estudio de la acción le correspondió a la magistrada de la Sección Primera del alto tribunal Nubia Margoth Peña Garzón, quien deberá tomar una decisión de fondo sobre si el presidente violó o no los derechos de la oposición.Cabe recordar que ese día, el primer mandatario delegó al ministro del Interior, Daniel Palacios, para escuchar las críticas de la oposición a la gestión del Gobierno.Con la acción se pretende que el presidente Duque sea convocado al recinto legislativo para escuchar a los líderes de las bandas de oposición.Le puede interesar: Escuche las noticias del momento en BLU Radio
La Procuraduría pidió este jueves, 26 de agosto, al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Barranquilla, declarar improcedente la acción de tutela y las medidas transitorias promovidas por la Unión Temporal Centros Poblados contra el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), al considerar que no hay vulneración de derechos fundamentales, ni es el juez competente para el caso.El Ministerio Público indicó que, con esta acción, la Unión Temporal pretende evitar los efectos de las resoluciones 01747 y 02013 de 2021 de MinTIC, dentro del expediente de incumplimiento contractual número 26 de 2021, por el cual se declaró la caducidad del contrato de conectividad, y el auto 644 de 2021, que dispuso como medida cautelar el embargo, secuestro y retención de bienes de los integrantes de la Unión Temporal.La Procuraduría considera que el Juzgado Civil de Barranquilla no cuenta con la facultad territorial para conocer los procesos adelantados contra el MinTIC, debido a que la competencia está radicada en los jueces del Distrito Judicial de Bogotá, toda vez que los hechos que dieron origen a la acción de tutela se relacionan con actos administrativos firmados en la capital del país, entre la Unión Temporal y el Ministerio.La delegada para asuntos civiles y laborales advirtió que para este caso existen otros mecanismos de defensa alternativos, que desplazan la tutela concebida como medio de protección de los derechos fundamentales.La Procuraduría también argumentó que esta controversia es eminentemente económica y no hace relación a una grave vulneración de los derechos fundamentales esenciales, como son la vida o la salud, los cuales requieren de una medida urgente e impostergable.Por último, advirtió que no aparecen acreditadas las razones y los elementos de juicio que lleven al operador judicial a considerar que resulta altamente probable la existencia de una vulneración de derechos fundamentales, alegada por la Unión Temporal.Escuche La Intérprete en Spotify:
A través de un correo electrónico dirigido al presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, magistrado Julio Andrés Sampedro, la ministra de las TIC, Karen Abudinen, le pidió que inicie las investigaciones del caso contra el juez primero promiscuo de Puerto Colombia, Alberto Mario Ospino Soto, quien decretó como medida cautelar suspender la caducidad del contrato con Centros Poblados por 1.07 billones de pesos.El magistrado le remitió por competencia a la presidenta de la Comisión Seccional del Atlántico, María José Casado Brajin, para que se le dé trámite a la queja y determine si hay razones para investigar al juez Ospino Soto.La queja interpuesta por la ministra señala que el juez actuó de manera irregular al asumir una competencia que no le establece la ley para el trámite de una acción legal, igualmente que tomó decisiones contrarias a la ley, como la suspensión de un acto administrativo como lo es la declaratoria de caducidad del contrato con Centros Poblados, por lo que podría estar incurso en una falta disciplinaria e, incluso, de carácter penal.Cabe recordar que el mismo juez Alberto Mario reversó su propia decisión de suspender de forma provisional la caducidad del contrato del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con el consorcio Unión Temporal Centros Poblados, en una tutela interpuesta por el representante legal de la entidad, Luis Fernando Duque.En su decisión, el juez remitió el caso al juez civil del circuito de Barranquilla, para que “conozca de la presente acción de tutela y sea sometida al reparto respectivo, por intermedio de la Oficina Judicial”, con lo cual corrigió su propio error que le causó la denuncia de la ministra.
Tras la polémica desatada por la decisión provisional del Juzgado Promiscuo de Puerto Colombia de suspender la caducidad del contrato del Ministerio de las TIC con la Unión Temporal Centros Poblados, el juez Alberto Mario Ospino Soto finalmente determinó este miércoles rechazar la tutela interpuesta por el polémico contratista.El togado ordenó remitir al Juez Civil del Circuito de Barranquilla para que la acción de tutela sea sometida al reparto respectivo, por intermedio de la oficina judicial.Al rechazar la tutela se cayó la medida cautelar que congelaba la caducidad del contrato y podrán ser embargadas las cuentas del contratista para recuperar los 70.000 millones de pesos entregados en el anticipo.La decisión es un "reversazo" a la primera medida de admitir la tutela y ordenar al Ministerio de las TIC entregar sus descargos para emitir un fallo final."Rechazar la presente acción de tutela interpuesta por UT Centros Poblados Colombia 2020, quien actúa mediante su representante, en contra de Ministerio de la Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones, de conformidad con las motivaciones aducidas'.Desde Corea del Sur, donde se encuentra en visita oficial, el presidente Iván Duque había pedido investigar la decisión inicial del juez de Puerto Colombia.
El intendente de la Policía, Edwin Guillermo Blanco Báez, salió de su natal Güicán de la Sierra, en Boyacá, para enlistarse en la Policía hace 16 años; de los cuales ocho de ellos venía haciendo parte de la Dirección de Carabineros.A sus 34 años, participó en un operativo sin precedentes: la Operación Osiris que logró la captura de Dairo Antonio Úsuga David, alias 'Otoniel', una persecución de siete años en la que murieron decenas de héroes de la patria.El intendente Blanco Báez fue uno de los 500 hombres de la Policía de Carabineros, el Ejército, Infantería de Marina y la Fuerza Aérea que desde hace tres días comenzaron estas intensas acciones de la Operación Agamenón Dos en el Nudo de Paramillo.Lograron penetrar el primer anillo de seguridad y dieron de baja a alias 'El Indio', pero en medio de los enfrentamientos en la vereda San Pablo de Turbo -muy cerca al cerro Yoky de Necoclí donde estaba el objetivo- el suboficial recibió un disparo en el cuerpo y otro en el cuello. Fue evacuado de inmediato a un hospital de Apartadó, pero llegó sin signos vitales.El uniformado deja a sus dos padres, una hermana y su esposa, señaló el general Jesús Alejandro Barrera, director de la Policía de Carabineros y Seguridad Rural, al lamentar esta muerte."Un saludo de condolencia a la familia de nuestro héroe, a sus padres don Guillermo Blanco, a su madre Lucía Báez, a su hermana Sandra Patricia y a su compañera Johanna", dijo el oficial.El intendente fue uno de los que tomó el frente en este operativo porque ya conocía el terreno del Nudo de Paramillo y las estrategias de fuga de 'Otoniel'.De todos modos, la tristeza embarga a la familia del intendente Blanco y el país, pero su memoria será honrada como uno de los héroes que dio su vida para capturar al hombre más buscado y peligroso de Colombia.
Por $472.000 pesos le llegó la liquidación a Luz Dary Batero, una mujer de 54 años que prestó sus servicios a Almacenes La 14 durante más de 33 años.La liquidación de la compañía tiene afectados a miles de trabajadores que, además de perder su empleo, se encuentran en una crítica situación financiera por cuenta de la demora en los pagos de sus sueldos y las que han llamado 'liquidaciones injustas'."Me llegó la carta, pero por correo, nada personal y veo el valor total y pensé: ¿Cómo así? Yo le di mi juventud prácticamente a La 14 porque entré a trabajar a los 18 años y desde esa época se trabaja muy duro con jornadas larguísimas", dijo Batero.La mujer tiene dos hijos, uno de ellos una joven de 17 años que se encuentra estudiando una carrera profesional en la universidad y, ahora, solo su esposo es quien vela por los gatos del hogar."Nosotros fuimos los que levantamos la empresa y como empleados le dimos a La 14 todo nuestro tiempo para que creciera y ahora nos tiran a la calle", agregó Luz Dary.Aunque no es su caso, algunos compañeros han tenido que solicitar préstamos 'gota a gota' y otros verse en la obligación de entregar las viviendas que tenían alquiladas, por no tener forma de pagar la mensualidad y los servicios públicos."Nos deben tres quincenas y en este momento salí con las manos cruzadas porque no tengo un peso y, sorpresa para mí, voy a Colpensiones y resulta que tenemos pago solo hasta el mes de julio. Nos sacaron agosto, septiembre y octubre o sea que esas semanas quedan perdidas", puntualizó Batero.Los miles de trabajadores de Almacenes La 14 reclaman justicia y pagos dignos por sus años al servicio de la empresa.La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, también hizo un llamado al Ministerio del Trabajo para que se evalúe la situación y protejan a los afectados.Siga y escuche la Intérprete en Spotify:
El Congreso de la República aprobó por unanimidad la creación de una comisión bilateral con el Parlamento venezolano, de mayoría chavista, para trabajar en conjunto en tres puntos específicos: normalización de relaciones diplomáticas, normalización de relaciones comerciales y verificación de buenas prácticas comerciales entre ambos países.Esto generó una fuerte respuesta del Gobierno, pues el único que puede autorizar un diálogo entre países es el presidente Iván Duque.Sergio Palacios, presidente de Fenalco Norte de Santander, aseguro en Sala de Prensa BLU que esta de acuerdo con la propuesta del Senado, pero es consciente de que es una iniciativa inconstitucional.“Me preocupa la propuesta del Senado, estamos de acuerdo, pero es inviable porque es inconstitucional. Si Duque no está de acuerdo no va a pasar. Queremos que funcione, pero si no hay apoyo constitucional es muy difícil”, dijo Palacios.Además, agregó: “A nosotros nos preocupa que Duque y Maduro no se pongan de acuerdo. El presidente ha sido enfático de que no va a reconocer a Maduro como presidente de Venezuela. Nos toca a los gremios luchar unidos para lograr localmente tener una reapertura de frontera. Es la presión que estamos ejerciendo desde hace dos años”.El presidente de Fenalco Norte de Santander señaló que el comercio en la frontera no se ha detenido por las trochas que conectan a ambos países, pero sí representó una considerable disminución.“El comercio no ha parado porque a través de las trochas se siguen comercializando. (…) Nosotros como empresarios venimos suplicando, clamando por la reapertura de la frontera”, sentenció.Escuche la entrevista completa en Sala de Prensa BLU:
La canción ‘Perra’ de J Balvin causó controversia y un sinfín de críticas en las redes sociales e incluso de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien rechazó la letra de este sencillo por sus expresiones sexistas, racistas, machistas y misóginas, que vulneran los derechos de las mujeres.Frente a esto, J Balvin se pronunció en su cuenta de Instagram después de no haber dado ninguna explicación en varios días. El cantante ofreció disculpas a su mamá, fans y personas que se sintieron ofendidas con el video y letra de la canción.“Le pido disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, en especial a las mujeres de la comunidad negra”, dijo.Además de esto, les recordó a sus fans que su trabajo siempre ha sido apoyar a los demás, bajo la tolerancia y amor.“Me gusta apoyar nuevos talentos y por eso apoye a ‘Tokischa’, una mujer que apoya a su comunidad y empodera a las mujeres”, explicó Balvin.Por último, aclaró que él fue quien borró el video de YouTube para que no siguieran las críticas. Sin embargo, esto no sirvió de nada, por eso tomó la iniciativa de presentar una disculpa a sus seguidores.Al finalizar el video, el cantante aprovechó para disculparse con su madre, quien se había pronunciado días antes decepcionada por la canción.“Madre, también discúlpame, la idea es seguir siendo mejor cada día. Gracias por escucharme, lo siento”, añadió.Vea el video completo aquí:
La estadounidense Ann Li logró en Tenerife el primer título de su carrera tras vencer en la final a la colombiana Camila Osorio por 6-1 y 6-4.La norteamericana, sesenta en el ránking WTA, tardó 72 minutos en sentenciar el duelo contra Osorio que no pudo añadir Tenerife al éxito que obtuvo en el torneo de Bogotá, el único que brilla hasta ahora en su historial.Li, que había perdido la única final que había jugado, este año en Melburne, cedió el primer juego del set inicial y luego se apuntó los otros seis para cerrar la manga.Después, la colombiana intentó reaccionar. Mantuvo el tipo en los cuatro juegos primeros pero otra nueva buena racha de su rival, que rompió y mantuvo la ventaja, terminaron por sellar la victoria para la norteamericana.Entérese de los hechos deportivos más importantes del momento:
