Germán Calderón, abogado de la campaña de Abelardo De La Espriella, presentó una tutela contra la medida tomada por el Tribunal Superior de Bogotá que prohíbe a De la Espriella utilizar los símbolos patrios para hacer campaña así como expresiones “Firmes por la Patria” y “Defensores de la Patria”.En el documento España señala que con esta decisión se afectan gravemente los derechos de De la Espriella a la libertad de expresión y al libre desarrollo de la personalidad, entre otros.Recordemos que el Tribunal Superior de Bogotá le ordenó al candidato Abelardo de la Espriella que, en un plazo de 24 horas, retire toda la publicidad de campaña en la que utilice la bandera de Colombia, así como otros símbolos patrios. Además, le prohibió usar las expresiones “Firmes por la Patria” y “Defensores de la Patria”.La decisión corresponde a una medida cautelar ordenada tras la presentación de una acción de tutela.Germán Calderón anunció que también denunciará penal y disciplinariamente al magistrado que tomó la decisión. Además, argumenta que la medida es desproporcionada.
Una de las salas de tutelas de la Corte Suprema de Justicia le puso freno al uso abusivo de las tutelas esto luego de que el alto tribunal concluyera que Jhon Jair Segura interpusiera más de 600 tutelas en diferentes regiones del país, de las cuales al menos 368 estaban dirigidas contra la UNP y relacionadas con solicitudes para aumentar su esquema de protección.El hombre aseguró que tras retirar su nombre de la contienda por la Presidencia de la República, comenzó a recibir amenazas y por ello requería un esquema especial de seguridad. Sin embargo, la UNP sostuvo ante la Corte que el ciudadano desarrolló un “modus operandi” para obtener un esquema tipo 4 y que, con ese propósito, promovió centenares de tutelas similares.Según la entidad, el solicitante no se encuentra en una situación de riesgo inminente, no acudió a practicarse el examen de valoración de riesgo requerido y además presentó múltiples requerimientos idénticos ante distintas autoridades judiciales.La Corte Suprema de Justicia determinó que el ciudadano ya cuenta con un esquema de protección, pero aun así insiste en obtener mayores medidas de seguridad mediante acciones de tutela. Incluso el alto tribunal advirtió que los derechos fundamentales no son absolutos y que el uso de la tutela debe respetar límites relacionados con la convivencia, el funcionamiento de la justicia y los derechos de terceros.Por ello, además de rechazar una de las cientos de tutelas, la Corte Suprema tomó varias decisiones correctivas. Entre ellas, ordenó informar al Consejo Superior de la Judicatura y a las autoridades judiciales del país para que se abstengan de tramitar tutelas presentadas por esta persona cuando contengan expresiones irrespetuosas o injuriosas contra funcionarios, partes o terceros.Asimismo, dispuso que cualquier nueva tutela que interponga contra la UNP deberá incluir copia de esta providencia y ordenó que las oficinas judiciales de Cali, Pasto y Bogotá anexen el historial de tutelas previas del hombre cada vez que radique una nueva tutela.
Un juzgado de Bogotá impuso una seria sanción contra el interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, por el desacato a una orden de tutela. El caso se originó por un recurso presentada por una mujer a quien se le ordenó desde diciembre de 2025 el suministro de un stent redireccionador de flujo, dispositivo médico necesario para su tratamiento.Aunque inicialmente se impartió una medida provisional para garantizar el insumo, la paciente denunció que la EPS no cumplió, por lo que tuvo que asumir directamente el costo del dispositivo que le costó casi 63 millones de pesos. Sobre esto, el juzgado ordenó reintegrar ese dinero que ella sacó de su bolsillo para costear el dispositivo.“En ese sentido, los constantes cambios en la dirección o intervención de la entidad no pueden trasladar al accionante la carga de soportar dilaciones o incumplimientos, ni generar traumatismos en la efectividad de los derechos fundamentales amparados”, se lee en el fallo.Por esa razón, el Juzgado 25 Penal del Circuito de Bogotá declaró en desacato a la Nueva EPS y sancionó a su agente interventor, Jorge Iván Ospina, con cinco días de arresto y una multa equivalente a cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes, por el incumplimiento reiterado del fallo de tutela que ordenaba garantizar el tratamiento de la paciente y el reintegro de los recursos asumidos por esta.
Las tutelas para proteger el derecho a la salud continúan en aumento en Colombia. Según la Defensoría del Pueblo, en 2025 se presentaron cerca de 312.500 acciones, frente a más de 265.000 registradas en 2024, lo que representa un incremento cercano al 18 %, es decir, alrededor de 47.500 casos adicionales.Actualmente, el 34 % de todas las tutelas en el país están relacionadas con salud, lo que las convierte en una de las principales causas por las que los ciudadanos acuden a la justicia.El informe, basado en datos de la Corte Constitucional, también muestra que la mayoría de estas acciones son falladas a favor de los pacientes. La tasa de concesión alcanza el 74,3 %, lo que indica que en tres de cada cuatro casos los jueces reconocen la vulneración del derecho y ordenan garantizar la atención.“Las solicitudes de transporte registran la tasa más alta (83,0 %), seguidas de insumos médicos (82,6 %) y tratamiento integral (82,1 %), con ello se evidencia que en general, el sistema judicial resuelve favorablemente la gran mayoría de estas tutelas”, dice el informe.Concentración territorial y desigualdadesAntioquia lidera con 55.705 tutelas, equivalente al 20,5 % del total nacional, seguido por Valle del Cauca con 27.971 y Bogotá con 26.372. Estas tres regiones concentran más del 40 % de las acciones.A nivel municipal, Medellín encabeza con 24.202 tutelas, seguida de Bogotá y Cali, mientras que los 25 municipios con mayor volumen agrupan cerca del 60 % del total.Sin embargo, la Defensoría advierte que la baja judicialización en territorios más pobres no implica una mejor situación. Por el contrario, puede reflejar mayores barreras de acceso tanto a los servicios de salud como a la justicia. De hecho, regiones como San Andrés presentan tasas que cuadruplican el promedio nacional, mientras que departamentos como Huila y Bolívar registran los niveles más bajos.EPS, barreras y motivos de las tutelasLa Nueva EPS concentra el mayor volumen de tutelas, con 63.176 acciones, es decir, el 23,3 % del total nacional. No obstante, el informe aclara que las diferencias entre EPS no se explican por la complejidad de los pacientes, sino por barreras administrativas y organizacionales.“En contraste, Savia Salud presenta una tasa de 118,8 (2,6 veces el promedio) con 22 177 tutelas concentradas casi exclusivamente en Antioquia. El Inpec exhibe la tasa más alta: 203,5 por 10 000, lo que refleja los problemas estructurales de atención en el sistema penitenciario. Famisanar (incluidas las tutelas que vinculan a CAFAM y a Colsubsidio) registra tasas que superan el doble del promedio”, añade el informe.Entre las principales razones por las que los ciudadanos interponen tutelas están las dificultades para acceder a citas con especialistas, que representan el 26,4 % de los casos. Le siguen problemas con la entrega de medicamentos (23,6 %), transporte y viáticos (21,3 %), hospitalización (19,7 %), tratamientos integrales (17,5 %) y cirugías (16,5 %). También se reportan demoras, negaciones explícitas, falta de insumos médicos y terapias de rehabilitación.Perfil de pacientes y poblaciones vulnerablesEl informe también identifica patrones en los diagnósticos asociados a estas acciones. Las enfermedades del sistema circulatorio encabezan la lista, seguidas por afecciones osteomusculares, neurológicas y endocrinas, incluyendo la diabetes. Asimismo, se evidencia una presencia relevante de trastornos mentales como ansiedad, autismo y depresión.Cerca del 40 % de las tutelas corresponden a sujetos de especial protección constitucional, entre ellos mujeres lactantes o cabeza de hogar, adultos mayores, personas con discapacidad, pacientes con enfermedades graves y población migrante, además de habitantes de calle, desplazados y víctimas de violencia.“La acción de tutela se ha consolidado como la principal vía de acceso a la justicia en materia de derecho a la salud, con lo cual desplaza su carácter de recurso excepcional. (…) Los más de 265 000 casos analizados constituyen igual número de historias individuales de ciudadanos que encontraron en la acción judicial un mecanismo de último recurso. Los patrones identificados, concentración territorial e institucional, heterogeneidad entre EPS, sesgo hacia condiciones costosas y la paradoja de que quienes más necesitan el mecanismo son quienes menos acceden a él, no son aleatorios ni coyunturales, sino que reflejan las características estructurales del diseño institucional del sistema de salud colombiano”, concluye el informe.
Un juez administrativo de Bogotá declaró en desacato al presidente de la República, Gustavo Petro, por incumplir una sentencia de tutela que le ordenaba retractarse y ofrecer excusas públicas a Jaime Miguel González Montaño. La decisión fue adoptada por el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, dentro de un incidente de desacato derivado de una acción de tutela interpuesta por González Montaño, gerente de la EPS Coosalud.Según el fallo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había concedido en segunda instancia, el 11 de noviembre de 2025, el amparo de los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y al debido proceso del accionante. En consecuencia, ordenó al presidente retractarse y presentar excusas públicas en un plazo de cinco días desde la notificación. El juzgado estableció que dicha orden no fue cumplida en los términos establecidos.Sanción impuesta a PetroEn la parte resolutiva, el despacho judicial determinó:Declarar que el presidente incurrió en desacato a la sentencia de tutela.Imponer una sanción de multa equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes.Adicionalmente, el juez ordenó remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que se surta el grado jurisdiccional de consulta.El fallo también señala que, de persistir el incumplimiento, el juez mantiene la competencia para adoptar nuevas medidas.¿Qué dijo Petro sobre el gerente de Coosalud?El incidente de desacato se originó por una serie de mensajes publicados por el presidente Petro en la red social X, así como por declaraciones realizadas en una alocución presidencial, en las que se refirió a Jaime Miguel González Montaño. Según el expediente, el mandatario calificó al entonces gerente de Coosalud como un “bandido” y señaló que habría llevado a la EPS a una de las peores situaciones del sistema de salud. En sus publicaciones, también afirmó que durante 2024 la deuda de la entidad se incrementó significativamente —hasta cerca de 2.600 millones de pesos—, lo que, en su criterio, evidenciaba un manejo irregular de recursos.Adicionalmente, atribuyó a la junta directiva de la EPS la presunta autorización de operaciones como el direccionamiento de recursos públicos hacia una empresa en el exterior y la aprobación de préstamos personales a favor de González Montaño por más de 220.000 millones de pesos. En esos mismos pronunciamientos, el presidente sostuvo que una investigación habría sido trasladada a la Fiscalía por parte del entonces superintendente de salud, Giovanni Rubiano. No obstante, en el trámite judicial se indicó que no se aportó prueba de la radicación de dicha denuncia.
Blu Radio tuvo acceso a las más recientes cifras de la Corte Constitucional sobre la recepción de tutelas por la reclamación de distintos derechos; uno de ellos es el de la salud. En el ranking de las reclamaciones más frecuentes allí en la Corte, están las quejas por las vulneraciones a las personas en distintas aristas, como por ejemplo la falta de entrega oportuna de medicamentos y la demora en la asignación de citas médicas.Ciudades como Bogotá y departamentos como Antioquia, Valle del Cauca y Norte de Santander son de donde más provienen las tutelas por quejas en demoras en los servicios de salud.Se dispararon las tutelas en enero y febrero por temas de saludVarios ítems con porcentajes dejan entrever las 48.315 tutelas que han sido radicadas allí, lo que sigue posicionando al derecho a la salud como el segundo más reclamado.Incluso, la presidenta de la Corte Constitucional, magistrada Paola Meneses, dio un duro discurso hace unos días en un evento en Pereira que precisamente trataba temas de salud y expuso la cruda radiografía del sistema colombiano.“Este es un llamado a todos los actores: EPS, IPS, entes de control, Gobierno Nacional, al Congreso y a la sociedad civil. La transformación que el país exige no puede ser un simple cambio de nombres, de logos o un traslado de pacientes. Debe ser un ejercicio que ponga la vida en el centro, sin intereses mezquinos. La sostenibilidad financiera jamás debe ser una excusa para negar la atención”, dijo la magistrada Meneses.Y es que no solo la Corte tiene la lupa encima sobre el tema de la salud; la Procuraduría también, desde lo preventivo, se ha encargado de hacer visitas mensuales a las EPS para tomar decisiones en materia disciplinaria si es el caso.
En el marco del Día Mundial de la Salud, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, presentó un preocupante diagnóstico sobre la situación actual del sistema de salud en Colombia, alertando por el incremento de barreras de acceso y el impacto económico sobre los pacientes.De acuerdo con las cifras entregadas por la Defensora, entre 2024 y 2025 se registró un aumento significativo en la interposición de acciones de tutela, alcanzando un máximo histórico.En particular, las tutelas relacionadas con salud pasaron de más de 265.000 a superar las 312.000, lo que representa el 34 % del total de estos recursos en el país, consolidándose como la segunda causa más frecuente después del derecho de petición.A esto se suma que cerca del 40 % de la población reportó no haber accedido o haber recibido solo parcialmente sus tratamientos, lo que refleja fallas estructurales en la garantía del derecho a la salud.Adicionalmente, se reporta un incremento en los gastos de bolsillo de los usuarios, que alcanzaron el 17,2 %, el nivel más alto registrado. Este indicador pone en evidencia una mayor carga económica para los pacientes, quienes, ante las fallas del sistema, deben asumir directamente costos de medicamentos, procedimientos y servicios.En medio de este panorama, la Defensoría advirtió que, mientras los ciudadanos enfrentan dificultades para acceder a tratamientos y ven deteriorada su situación económica, el sector farmacéutico en Colombia registró un crecimiento del 9 %.Finalmente, la entidad reiteró la necesidad de que el próximo gobierno adopte medidas estructurales urgentes que permitan garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud, reducir las brechas existentes y evitar que la judicialización continúe siendo el principal mecanismo para obtener atención.
El reciente caso de un incidente de desacato que terminó en el ‘carcelazo’ por dos días para el agente interventor y el gerente regional de Nueva EPS, por incumplimientos en procedimientos a una paciente cardíaca en un hospital de Envigado, no se trata de un hecho aislado.La crisis del sistema de salud, traducida en realidades como las demoras en la práctica de procedimientos, la atención de enfermedades y la entrega de medicamentos, ha trasladado el escenario de los consultorios médicos a los juzgados.Buscando el cumplimiento de un derecho fundamental como la salud, las tutelas se han convertido casi en el único y último mecanismo que encuentran los usuarios para obtener alguna respuesta por parte de las autoridades o las EPS, en medio de largas filas o extensas llamadas sin ninguna solución.Datos de Medellín Cómo Vamos indican que en la capital antioqueña, durante 2025, se interpusieron 24.541 tutelas relacionadas con temas de salud. Si bien fueron unas 400 menos que en 2024, tener un promedio de 67 por día resulta preocupante, no solo para el sistema de justicia por la carga que debe tramitar, sino por la misma vida de los pacientes.Aun con un incidente de desacato a favor, Mónica Isabel Uribe, hija de una mujer de 92 años que requiere el cambio de su marcapasos, indicó en Blu Radio que Nueva EPS sigue sin cumplir."No han llegado ni llamadas telefónicas ni respuestas al Manuel Uribe, que ahí es donde debe llegar la remisión. Para mi mamá no ha llegado nada; no se han pronunciado en ningún momento. No hemos tenido ninguna llamada de ellos", añadió.Con las cifras registradas el año anterior en tutelas interpuestas, Medellín se convierte en la ciudad del país con la mayor tasa de este tipo de mecanismos legales, llegando casi a las 10 por cada mil habitantes, mientras que en otras ciudades como Cali, Cartagena o Barranquilla son 5, 4 y 3 acciones, respectivamente, por la misma proporción de habitantes.
Un juez de Medellín negó la tutela con la que un grupo de ciudadanos y una corporación pedían que el presidente Gustavo Petro se disculpara y rectractara públicamente por su polémica frase sobre Jesús y María Magdalena.Los demandantes alegaban que les habían vulnerado derechos como la libertad religiosa, de cultos, la dignidad humana, que el discurso iba en contra de la condición laica del Estado y que el presidente, desde su cargo, realizó una reinterpretación ofensiva de dogmas centrales del cristianismo.La molestia surgió tras el discurso que el pasado 27 de enero dio el mandatario durante el evento de reapertura del Hospital San Juan de Dios en Bogotá. “Yo creo que Jesús hizo el amor, sí, a lo mejor con María Magdalena porque un hombre así sin amor no podría existir y a la mujer lo apoyó hasta el último momento y él no murió como Bolívar, murió rodeado de las mujeres que lo amaban y eran muchas”, dijo el mandatario ese día.Para quienes radicaron la tutela, Petro los irrespetó como creyentes, trivializó la figura de Jesús y desconoció la neutralidad religiosa que debe mantener el Estado frente a todas las confesiones.Sin embargo, el despacho judicial negó la reclamación al determinar que no hubo tal vulneración pues las declaraciones del presidente fueron opiniones personales expresadas pero no “configuraron un acto administrativo, una orden estatal, una política pública, una medida normativa, ni la imposición de un credo una orden estatal, una política pública ni la imposición de un credo religioso”.Video de lo que dijo el presidente:En la sentencia, el juez explicó que el derecho fundamental a la libertad religiosa protege garantías concretas como profesar una religión, cambiar de credo, practicar cultos, no ser obligado a actuar contra la propia conciencia o no ser discriminado por razones religiosas.En este caso, ninguno de los accionantes demostró haber sido impedido de practicar su religión, ni coaccionado para modificar sus creencias. Y aunque las declaraciones si pudieron generar malestar o afectación en algunos creyentes, esa incomodidad no equivale automáticamente a una vulneración constitucional pues no se evidenció discurso de odio, incitación a la violencia o persecución religiosa.
El abogado Leyton Barrios seguirá como rector de la Universidad del Atlántico, por lo menos hasta que la jurisdicción de lo contencioso administrativo resuelva las acciones interpuestas en contra de la elección o del acto que designó en la rectoria al exsecretario de Educación departamental.Lo anterior quedó establecido en un fallo del Juzgado Tercero Administrativo Oral de Barranquilla sobre la tutela interpuesta por tres ex candidatos a la rectoría: Álvaro González, Wilson Quimbayo y Danilo Hernández, quienes denunciaron a la Uniatlántico y al Consejo Superior de la Institución “por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad”.Los demandantes pedían suspender la escogencia del nuevo rector hasta que se resuelva de manera definitiva la solicitud de verificación de requisitos del candidato Leyton Barrios, sin embargo, el fallo declaró improcedente esta tutela e, inclusive, “como medida transitoria”, ordenó “la suspensión inmediata de los efectos jurídicos” de la resolución expedida el pasado 7 de noviembre por el Comité Electoral de la Universidad del Atlántico, la cual buscaba declarar nula la elección del rector."El ‘acto de anulación’ expedido por el Comité Electoral carece absolutamente de competencia material para modificar, revisar o dejar sin efectos la decisión de elección adoptada por el Consejo Superior Universitario, que es el órgano competente según los estatutos", se lee en el fallo."La expedición de un acto administrativo por una autoridad notoriamente incompetente constituye una irregularidad ostensible que desconoce el debido proceso administrativo y la autonomía universitaria", agrega el documento.Así las cosas, este fallo determina que, hasta tanto la autoridad judicial competente decida lo contrario, “se mantendrá la plena eficacia del acto de elección expedido por el Consejo Superior Universitario del candidato Leyton Daniel Barrios Torres”.
El presidente del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, informó este viernes que los fallecidos por los dos terremotos ocurridos el miércoles en su país ya dejan 920 muertos y 3.360 heridos."Debemos anunciar con dolor, porque son nuestras hermanas y nuestros hermanos, que 920 personas han fallecido por la acción violentísima de los terremotos del 24 de junio", señaló Rodríguez en una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).El legislador dijo que han sido atendidas hasta ahora 3.360 "personas heridas o con algún tipo de afectación".De igual forma, indicó que contabilizan 172 personas atrapadas en edificaciones y 3.007 damnificados.Rodríguez sostuvo que hay un total de 383 edificaciones afectadas de manera total o "importante", la mayoría de ellas en el estado costero de La Guaira, al norte de Caracas, el más perjudicado por los terremotos.Además, se reportan 13 hospitales, 25 centros comerciales y 1.002 edificaciones de otro tipo con afectaciones.Ante esto, Rodríguez exhortó a la población a no viajar hasta La Guaira para ayudar, al advertir que eso crea más congestión en la zona e invitó a quienes quieran colaborar con el operativo de rescate y atención de víctimas a dirigirse a los distintos centros de acopio en Caracas para entregar donativos.Igualmente, señaló que hasta las 13.17 hora local (17.17 GMT) se han documentado 302 réplicas.El diputado indicó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se encuentra desplegada en La Guaira para garantizar las operaciones de rescate, así como la seguridad y el orden interno.Pese a esto, la desesperación por la escasez de alimentos y productos básicos derivó este viernes en saqueos en varios comercios de Catia la Mar, en La Guaira, mientras cientos de personas hacían filas para recibir ayuda humanitaria.Los habitantes salieron de los negocios cargando grandes bolsas de comida y bebidas en un ambiente que ha sido de crispación, mucha tensión y angustia.EFE presenció el saqueo de al menos tres comercios y aunque la Policía está desplegada en muchas zonas, la cantidad de gente en las calles los rebasa.La Guaira fue declarado el jueves zona de desastre por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, en un fenómeno que se conoce como "doblete sísmico", según detalló el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos.Los terremotos afectaron también a otras regiones del país, incluida Caracas, donde colapsaron edificios y distintas instalaciones.
El proceso de revocatoria de mandato que se impulsaba contra la alcaldesa de La Mesa, Laura Londoño Rodríguez, llegará oficialmente a su fin luego de que el comité promotor desistiera de la iniciativa al no conseguir el número mínimo de firmas exigidas por la legislación colombiana.El mecanismo de participación ciudadana contemplaba un plazo de seis meses para que los promotores reunieran al menos 1.202 firmas válidas de ciudadanos habilitados para votar en el municipio. Esa cifra correspondía al 30 % de los votos obtenidos por la mandataria en las elecciones territoriales de 2023, requisito indispensable para que la solicitud pudiera avanzar hacia las siguientes etapas del procedimiento electoral.Pese a las actividades adelantadas durante varios meses para obtener el respaldo ciudadano, la iniciativa no logró alcanzar el umbral establecido por la ley. El comité promotor informó a las autoridades electorales su decisión de desistir del proceso, argumentando que las condiciones del ambiente político en el municipio dificultaron la recolección del apoyo necesario.Con esta determinación, las autoridades electorales deberán adelantar los trámites administrativos correspondientes para formalizar el archivo definitivo de la solicitud, dando por terminado un proceso que generó debate político en el municipio durante los últimos meses.El requisito de las firmas constituye el primer filtro del mecanismo de revocatoria de mandato, ya que busca demostrar que existe un respaldo ciudadano suficiente antes de convocar a una nueva jornada electoral, la cual implica importantes costos para el Estado y el despliegue de recursos institucionales.Tras conocerse el desenlace del proceso, la alcaldesa Laura Londoño Rodríguez agradeció a los habitantes de La Mesa por la confianza depositada en su administración y aseguró que continuará concentrada en el cumplimiento del Plan de Desarrollo del municipio."Siempre he respetado los mecanismos de participación ciudadana porque son una expresión legítima de nuestra democracia. Sin embargo, considero que estas herramientas no deben utilizarse como escenarios de revancha política después de unas elecciones, especialmente cuando generan un desgaste institucional que termina afectando el desarrollo de los territorios", manifestó la mandataria.Asimismo, agradeció a los ciudadanos que decidieron no respaldar la iniciativa de revocatoria y afirmó que su administración seguirá enfocada en consolidar los proyectos y programas planteados para el municipio.Finalmente, Londoño hizo un llamado a los distintos sectores políticos, sociales y comunitarios de La Mesa para dejar atrás las diferencias y trabajar de manera conjunta por los principales desafíos del municipio, señalando que el cierre de este episodio debe convertirse en una oportunidad para fortalecer la unidad y priorizar los intereses colectivos de la población.
El chance Paisita Día continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, especialmente en Antioquia, donde miles de apostadores siguen diariamente los resultados de este tradicional sorteo.Resultado del Paisita Día hoy, viernes 26 de junio de 2026El número ganador del Paisita Día para este viernes 26 de junio de 2026 fue el 0853 - 7. La organización felicitó a los ganadores e invitó a verificar el tiquete en un punto autorizado para confirmar si obtuvieron premio.Número ganador: 0853Dos últimas cifras: 53Tres últimas cifras: 853La quinta: 7Horario del sorteo Paisita DíaEl Paisita Día realiza sus sorteos todos los días en horarios establecidos, lo que facilita la consulta rápida de resultados:Lunes a sábado: 1:00 p. m.Domingos y festivos: 2:00 p. m.Pocos minutos después de cada sorteo, los resultados oficiales son publicados en canales autorizados y puntos de venta.Cómo jugar el chance Paisita DíaEste juego se caracteriza por su fácil acceso, ya que permite participar con apuestas desde montos bajos. Para ganar, el número elegido debe coincidir con el resultado oficial según la modalidad seleccionada.Las principales modalidades de apuesta son:4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden correcto3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifraEstas opciones permiten elegir entre premios más altos o mayores probabilidades de acierto mediante apuestas más sencillas.Cuánto cuesta apostarEl Paisita Día ofrece un rango de apuestas flexible, adaptado a diferentes presupuestos:Apuesta mínima: $500 pesos colombianosApuesta máxima: $25.000 pesos colombianosCómo reclamar un premio del Paisita DíaEl proceso de cobro depende del valor del premio obtenido, aunque siempre se deben presentar algunos documentos básicos:Tiquete original en buen estado y sin alteracionesDocumento de identidad originalFotocopia legible del documento de identidadDependiendo del monto ganado, pueden solicitarse requisitos adicionales:Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicosEntre 48 y 181 UVT: diligenciar el formulario SIPLAFTMayor a 182 UVT: presentar certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábilesGracias a sus sorteos diarios, múltiples modalidades de apuesta y reglas claras para reclamar premios, el Paisita Día sigue consolidándose como una de las alternativas preferidas por los apostadores en Colombia.
El chance Chontico Día continúa siendo uno de los sorteos más populares del suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca.Resultado del Chontico Día hoy, viernes 26 de junio de 2026El número ganador del chance Chontico Día de este viernes 26 de junio de 2026 es el 2943 - 5 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.Número ganador: 2943Dos últimas cifras: 43Tres últimas cifras: 943La quinta: 5Cómo jugar el chance Chontico DíaEste juego ofrece distintas modalidades de apuesta que se ajustan a diferentes estrategias. El valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial:4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden correcto3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifraEstas alternativas permiten elegir entre premios más altos o aumentar las probabilidades de acierto con apuestas más simples.Cuánto cuesta apostarEl Chontico Día se destaca por su accesibilidad, permitiendo la participación de diferentes tipos de jugadores:Apuesta mínima: $500 pesos colombianosApuesta máxima: $10.000 pesos colombianosCómo reclamar un premio del Chontico DíaEl proceso de cobro depende del monto ganado, aunque en todos los casos es obligatorio presentar la documentación básica:Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendadurasDocumento de identidad originalFotocopia legible del documento de identidadSegún el valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales:Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicosEntre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFTMayor a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábilesCon sorteos diarios, múltiples modalidades de juego y un proceso claro para reclamar premios, el Chontico Día se mantiene como una de las opciones más consultadas por los apostadores en Colombia.
La historia compartida que tiene el Campo de la Cruz el municipio del país, con mayor número de colombianos retornados de Venezuela, hoy se traduce en dolor: al menos seis campocrucenses figuran entre las víctimas mortales de la tragedia provocada por los dos terremotos que sacudieron territorio venezolano, mientras que otros más están desaparecidos.Vanessa Torres, alcaldesa de este municipio, confirmó que entre las víctimas se encuentran Sandra Arce, Erin Alfaro Guette y sus familias. Estas personas son nacidas en Campo de la Cruz y residentes desde hace varios años en Venezuela.Según relató la mandataria, aunque Erin quedó vivo tras el terremoto, perdió la vida al ingresar al edificio en el que vivía intentando salvar a su familia. .“Erin se devolvía a rescatar a sus hijas y a sus nietos que estaban en el edificio. El edificio se desplomó y él lamentablemente falleció. Tenemos la noticia ahora en la mañana de que una de las hijas también quedó atrapada y que no lograron rescatarla, al igual que a dos nietos. Sin embargo una de sus hijas sí logró ser sacada con vida junto con otro de sus nieto”, informó la mandataria.Desde que se conocieron las primeras noticias, la administración municipal estableció contacto con la Cancillería, la Gobernación del Atlántico, la oficina de atención a migrantes y fundaciones de venezolanos para gestionar la repatriación de los cuerpos. Al tiempo que habilitó un link en sus redes sociales donde están recibiendo información de ciudadanos desaparecidos.
