La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al representante legal de Medimás, Néstor Orlando Arenas Fonseca, a Hernán Alfonso Briceño su antecesor y otros 6 miembros de la junta directiva de la EPS por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos del sistema de salud.
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De acuerdo con la Procuraduría, es necesario determinar responsabilidades sobre la destinación de forma irregular de gastos administrativos y bonificaciones sin tener los sustentos legales.
“Otros gastos inexplicados, habrían sido autorizados y pagados sin la auditoría a sus soportes contables, lo cual podría haber ocasionado la desviación de los recursos públicos destinados a la prestación del servicio de salud a sus afiliados”, señala el documento.
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El Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas documentales y testimoniales para establecer las inconsistencias que se pudieron haber generado por cuenta de esos pagos.
Según la Procuraduría, junto con la Contraloría, están desarrollando varias líneas de vigilancia a la EPS al advertir que actualmente maneja un patrimonio negativo por más de 178.000 millones de pesos.
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Por estos hechos también serán investigados los miembros de la junta directiva de la EPS, Jorge Eugenio Gómez Cusnir, Mauricio Arturo García Ortiz, María Inés Agudelo Valencia, Felipe Baptiste Liévano, Jesús María Ballesteros y Blanca Elvira Cajigas de Acosta.
La defensa de los socios
Jorge Gómez, uno de los accionistas de Prestnewco y Prestmed, habló con Blu Radio y explicó que hasta ahora nadie lo ha notificado del proceso disciplinario contra él y los demás socios, por lo que, en opinión de sus abogados, se estaría violando su derecho al debido proceso.
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Las investigaciones disciplinarias que adelanta la Procuraduría tienen carácter de reserva y en el trámite normativo los investigados deben ser notificados antes de que la información sea dada a conocer a los medios de comunicación.
De hecho, la propia Procuraduría por un caso similar multó al exsuperintendente Gustavo Morales con más de $ 120 millones por haber anticipado una decisión en Blu Radio sobre la no habilitación de una EPS en el 2013. A Morales le llegó en ese año un oficio del exsecretario de Transparencia Rafael Merchán en donde este le informaba que los dueños de Salud Andina EPS que querían operar en 18 departamentos habían sido mencionados por paramilitares en sus procesos con justicia y paz.
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Por anticipar la decisión, la Procuraduría multó a Morales tras concluir que este no ejerció el debido proceso. Pero hoy los socios aseguran que hasta ahora no han sido notificados de la apertura de ningún proceso disciplinario en su contra, a pesar de que la noticia ya fue informada por el ente de control a los medios del país.
Gómez Cusnir, a quien ahora investigarán por el presuntas inconsistencias contables y financieras, dijo además que este tipo de decisiones afectan la imagen de Medimás y crean una serie de conflictos con los proveedores de medicamentos y otros insumos.
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