El Tribunal Administrativo de Cundinamarca inadmitió una demanda interpuesta por el Ministerio de Salud contra un conjunto de 21 Entidades Promotoras de Salud (EPS). La acción legal, presentada por la cartera, alegaba la violación de derechos fundamentales, incluyendo la defensa del patrimonio público, la moralidad administrativa y el acceso adecuado a la seguridad social en salud.
La demanda del Ministerio de Salud señalaba que las EPS demandadas habían incumplido con sus responsabilidades financieras relacionadas con el pago de inversiones de las reservas técnicas. Según el Ministerio, este incumplimiento ponía en peligro la prestación óptima de los servicios de salud y afectaba los derechos de los ciudadanos a recibir atención médica oportuna y de calidad.
Entre las 21 EPS objeto de la demanda están:
- Caja de Compensación familiar del Valle del Cauca Comfenalco valle EPS
- Caja de Compensación Familiar Compensar EPS
- Sanitas S.A.S. EPS
- Unidad de Servicio Médico EPM- entidad adaptada de salud EAS016
- Famisanar EPS
- El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia
- Servicio Occidental de Salud S.A
- Capital Salud EPS- S.A.S
- Capresoca EPS-S
- La Alianza Medellín Antioquia EPS S.A.S
- Nueva EPS S.A
- Caja de Compensación Familiar Cajacopi Atlántico, Cajacopi EPS S.A.S
- Asmetsalud EPS SAS
- Emssanar EPS SAS
- Salud Mia EPS
- Caja De Compensación Familiar Del Chocó, Comfachocó
- Caja De Compensación Familiar Del oriente Colombiano del Oriente Comfaoriente
- Asociación Mutual Ser Empresa Solidaria De Salud ESS
- Cooperativa Empresa Solidaria de Salud y Desarrollo Integral "Coosalud ESS”
El Ministerio deSalud buscaba que se declarara la amenaza o vulneración de derechos colectivos, así como ordenar a las EPS demandadas que tomaran medidas inmediatas para cumplir con las inversiones necesarias en las reservas técnicas, asegurando así el derecho fundamental a la salud de la población.
Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no admitió la demanda, argumentando que no se cumplían los requisitos necesarios para su trámite. Esta decisión ha suscitado un intenso debate en el país, ya que pone en tela de juicio la capacidad del Ministerio de Salud para ejercer su función de control y regulación sobre las EPS, así como la efectiva protección de los derechos de los ciudadanos en materia de salud.
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