¿Qué regulación hay para adquirir datáfonos en el país? Colombia Fintech responde

La productora de Blu Radio Jennifer Castiblanco relató el escalofriante episodio que vivió junto a su familia durante unas vacaciones en la Lérida, Tolima,donde fueron asaltados por cinco hombres armados. Lo más sorprendente de este caso es la conexión entre el robo y la facilidad con la que los delincuentes obtuvieron datáfonos para realizar transacciones fraudulentas.

Gabriel Santos, presidente del gremio de Colombia Fintech, expresó su solidaridad con Jennifer y destacó la complejidad del problema. Señaló que, aunque la tecnología ofrece enormes beneficios a la sociedad, también presenta desafíos en términos de seguridad.

En el relato, Jennifer detalló cómo los delincuentes, tras el robo, intentaron realizar movimientos con las tarjetas de crédito sustraídas en datáfonos de la empresa Soma, una entidad europea con presencia en Colombia y otros 32 países. La sorpresa llegó cuando Jennifer, al investigar los comercios utilizados para las transacciones, descubrió que los nombres no correspondían a lugares físicos reconocibles.

Santos explicó que el problema no radica en la tecnología en sí misma, sino en el abuso que algunos delincuentes hacen de ella. Resaltó que adquirir un datáfono en Colombia es relativamente fácil y que la regulación actual permite a personas naturales acceder a estos dispositivos para actividades comerciales.

“Primero manifestarle mi solidaridad a Jenniffer y tratamos de ofrecerle los contactos entendiendo que cuando se trata del sistema financiero hay una cantidad de reservas bancarias que son muy difíciles de levantar. No cualquier persona puede tener un datáfono, para esto se hacen los respectivos procesos de revisión a las personas. La tecnología es bondadosa, lo que pasa es que hay unos bandidos haciendo uso de ella”, mencionó Santos.

Castiblanco, al buscar información sobre los comercios en los que se realizaron las transacciones fraudulentas, se encontró con la dificultad de obtener detalles precisos. Los nombres proporcionados por los extractos bancarios no correspondían a establecimientos reconocibles, lo que llevó a una complicada investigación por parte de la víctima.

Ante la falta de regulación clara sobre la entrega de datáfonos y la poca trazabilidad de las transacciones, se plantea la necesidad de revisar y fortalecer las medidas de seguridad en este ámbito. Gabriel Santos se comprometió a colaborar con Jennifer para esclarecer los hechos y abogó por un mayor control sobre el uso de datáfonos, resguardando tanto a comerciantes legítimos como a los usuarios finales.

Este caso pone de manifiesto la importancia de una regulación más estricta en la entrega de dispositivos financieros, así como la necesidad de una mayor colaboración entre las autoridades, el sector financiero y las empresas tecnológicas para garantizar la seguridad de las transacciones digitales.

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