¿Qué tanto porvenir tenemos con los proyectos hidroeléctricos?

Kelly Marcela Cantón Marín, ingeniera agrónoma, magister en desarrollo rural y trabajo como evaluadora del grupo de energía de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, mencionó que “el recurso hidrobiológico es un recurso aprovechado por la población”. Además, destaca que la comunidad depende de los recursos debido a que algunos ejercen la pesca y una variación de minería artesanal (Lea también: Agujero de la capa de ozono alcanzó más del doble del tamaño en diciembre).

Por su parte, Alejandro Franco, ingeniero civil y magister en recursos hidráulicos, aseguró que el desarrollo sistemático de estos proyectos tiene grandes e importantes impactos para el país si se otorgan licencias sin evaluar adecuadamente las características demográficas y de territorio.

En el caso de El Porvenir, “hay una comunidad que fue desplazada de sus tierras, retornó voluntariamente y depende del ecosistema para sus proyectos productivos”, expone Franco.

Adriana Ávila, quien es ingeniera Forestal y también trabajo en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en el componente biótico, dijo que “el 59% del área era población retornada”, puesto que “se seguían manteniendo los recursos del río” (Lea también: Abrir El Quimbo ayudaría a la navegabilidad en el río Magdalena: capitán Mendoza).

Cabe destacar que los tres entrevistados hacían parte del comité de la ANLA que otorgaba las licencias ambientales; sin embargo, después de negar el permiso para el proyecto El Porvenir, sus contratos no fueron renovados y más adelante, la entidad dio luz verde a su realización.

El proyecto se situaría en la jurisdicción de los municipios de San Luis, Puerto Nare y San Carlos en el departamento de Antioquia.

Ávila argumenta que la Unidad de Víctimas consideró que el proyecto hidroeléctrico no era conveniente por afectar el proceso de estabilización socioeconómica en el que se había avanzado, teniendo en cuenta que tanto la región como sus habitantes, han sido testigos y víctimas del conflicto armado en Colombia (Lea también: Con relojes de arena promueven ahorro de agua en Santander).

Frente a esta problemática, Marlin Irina Rodríguez, personera del municipio de San Carlos dijo que esta región “ha sufrido las consecuencias del conflicto” y una decisión de este tipo “vulneraría los derechos de las víctimas”.

La personera afirma que cuando la ANLA anunció la aprobación de la licencia, el municipio manifestó su descontento con una movilización en la que participaron más de 1000 personas, peticiones al organismo de que reversara su decisión, acciones de tutela y hasta una demanda de nulidad que se encuentra en estos momentos en el Consejo de Estado contra la resolución que declaró la utilidad pública del proyecto hidroeléctrico.

Tanto los exfuncionarios como la personera, coinciden en que debe tenerse en cuenta a la comunidad en la toma de decisiones como esta para no vulnerar sus derechos. Además, consideraron que debe ser evaluado el impacto en el ambiente en el otorgamiento de las licencias.