La Alcaldía de Bucaramanga prolongó la emergencia sanitaria para evitar el cierre del relleno sanitario El Carrasco por parte del ANLA.Así las cosas, la nueva fecha para cierre del sitio donde disponen basuras 16 municipios de Santander será el 1 de octubre de 2022.“La comunidad puede tener la tranquilidad que la operación que está haciendo la Empresa de Aseo Municipal, EMAB, se encuentra en perfectas condiciones técnicas. El Municipio ya tiene diseñada una hoja de ruta para buscar una solución integral a este pendiente histórico”, expresó Helbert Panqueva, subsecretario de Medio Ambiente de Bucaramanga.La Alcaldía de Bucaramanga le propuso a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales permiso para construir una Estación de Clasificación y Aprovechamiento de residuos solidos en El Carrasco.Empresas de Servicios Públicos anunciaron que no continuarán recogiendo residuos de construcción por la alerta sanitaria en El Carrasco.El próximo 16 de marzo comenzará la disposición de residuos en la celda de respaldo 2 de El Carrasco.
Con una moderada satisfacción recibieron los defensores del agua y del páramo de Santurbán la decisión de la Autoridad de Licencias Ambientales de archivar la solicitud de la Sociedad Minera de Santander, Minesa, para explotar el oro en zona de influencia de este ecosistema.El abogado Hernán Morantes, integrante del Comité de Santurbán, dijo que la decisión es una victoria importante en la defensa del agua y del páramo. “Ratifica que teníamos razón en nuestros argumentos técnicos y jurídicos; sin embargo, no vamos a bajar la guardia porque la empresa Minesa puede nuevamente presentar suy solicitud para una licencia ambiental”, advirtió.Para Andrés Hoyos, defensor del páramo en Norte de Santander, la noticia lo llena de optimismo y aseguró que es la mayor demostración del poder de la opinión pública que rechazó el proyecto de Minesa. “No obstante, la lucha debe continuar porque la empresa árabe es muy poderosa y podrá retomar el tema, pero nosotros estamos en pie de lucha y no vamos a ceder”.Por su parte, Mayerlín López, integrante del comité de defensa del agua y del páramo, dijo que era un avance en las solicitudes que han hecho los ambientalistas, aunque alertó ante la posibilidad de que Minesa esté interesada en presentar de nuevo el estudio de impacto ambiental, como les habría notificado a sus trabajadores en las últimas horas.
A través de un comunicado se conoció que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, ratificó una sanción contra la sociedad Hidroituango impuesta en diciembre de 2018 por una irregularidad en el proyecto.De acuerdo con el ente de control, se confirmó que la sociedad inició la construcción del túnel de desviación del río Cauca sin solicitar la modificación de la licencia existente, que era un requisito necesario para dicha obra. Es decir, no contaron con los permisos actualizados.Dicho túnel, también conocido como Sistema Auxiliar de Desviación, fue el que colapsó y causó la emergencia en abril de 2018. Su construcción buscaba subsanar el retraso de un año en el cronograma del proyecto.Por esto, la sociedad Hidroituango deberá pagar una multa de $5.509.700.871.
Al menos 174 requerimientos de información adicional formuló la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, a Anglo Gold Ashanti dentro del proceso de licencia para la construcción del megaproyecto minero Quebradona en Jericó, Antioquia.Así lo informó la multinacional a través de un comunicado en el que indicó que la autoridad ambiental los citó a una reunión para entregar estas informaciones adicionales para el Estudio de Impacto Ambiental que debe entregarse con el proyecto.Felipe Márquez, presidente de AngloGold Ashanti Colombia, señaló en ese comunicado que los requerimientos adicionales son indicadores de que el proceso de evaluación se está adelantando en los tiempos establecidos y que generan tranquilidad para el proyecto.Según AngloGold, entregarán dichos requerimientos dentro de los tiempos establecidos por la ley y que están a la espera de la aprobación del Plan de Trabajos y Obras por parte de la secretaría de Minas de Antioquia.Este es el comunicado completo:
Ya hay fecha para la audiencia pública ambiental por parte de la ANLA en la que se discutirá el regreso al país de la erradicación de cultivos ilícitos por medio de aspersión aérea con glifosato, está programada para iniciar el 19 de diciembre de 2020.Esta audiencia puede tardar varios días, dependiendo de cuánta gente se inscriba para participar y presentar ponencia de este tema. Previo a esto, se están realizando reuniones con la comunidad de diferentes regiones del país. En total serán 17 que buscan exponer y escuchar todas las aristas del proyecto desde la comunidad.Por su parte, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, reiteró que este tipo de erradicación es muy importante y necesaria para el país. “Es conveniente, es un asunto de seguridad nacional que volvamos a tener esa herramienta para utilizarla conjuntamente con otras”.“A fin de avanzar rápidamente en la radicación de cultivos ilícitos para efecto de que se creen condiciones que permitan la puesta en marcha de proyectos productivos sostenibles rentables y competitivos para los campesinos colombianos”, enfatizó el ministro.Este martes las reuniones de socialización se adelantarán en tres lugares: en Antioquia, en el municipio de Cáceres; en Bolívar, en el municipio de San Jacinto del Cauca; y en Santander, en el municipio de Barrancabermeja.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, le contó en primicia a BLU Radio que en noviembre iniciará el proceso de evaluación del plan del manejo ambiental para la erradicación por aspersión aérea. Al consultar a la ANLA de cómo avanza este proceso, el organismo explicó los pasos que aún requieren tiempo para dar este aval de viabilidad ambiental:1. Se debe desarrollar el proceso de la audiencia pública ambiental que incluye dos momentos: retomar las reuniones de información adicional y también llevar a cabo las sesiones de la audiencia pública en sí. Esto implica una coordinación institucional entre ANLA y otras entidades del gobierno nacional.2. Como resultado de esta audiencia pública ambiental se recibe información técnica para ser analizada por los expertos de la entidad, y esta se incorpora, según sea, dentro del pronunciamiento final.Pero esta decisión ambiental no es el último paso que se debe dar para reanudar las aspersiones. Desde el Ministerio de Defensa, desde la base antinarcóticos en Caucasia, Antioquia, presentaron una de las 9 aeronaves que tendrán inicialmente para adelantar este proceso de erradicación aérea.El mayor general Jorge Luis Ramírez Aragón, director de Antinarcóticos de Policía Nacional dijo: “tenemos nueve aviones AT-802 como el que acabamos de observar, de los cuales dos están equipados con sus equipos de extinción de incendios y los otros están terminando en este momento mantenimientos que se requieren”Las características son especiales, pues el Ministerio de Defensa busca cumplir a cabalidad lo ordenado para que el aval se de rápido y de manera efectiva: “en cuanto a tecnología, estamos usando un sistema único en el mundo, de última generación que nos da la mayor precisión de poder hacer nuestro trabajo en el área”.Señaló que, de acuerdo a las circunstancias geográficas, el Air Tractor abriría sus boquillas de aspersión 12 metros adentro del cultivo de coca y las cerraría 20 metros antes de salir, al recalcar que este es un parámetro de evaluación en el que inciden otros factores externos como el viento y las condiciones climáticas.Después de que la ANLA apruebe la modificación del plan de manejo ambiental, vendrían otros pasos dentro de los cuales está que se reúna el Consejo Nacional de Estupefacientes que es el que decide la fecha de la reactivación de erradicación por aspersión.
Muy molesto se mostró el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, en su intervención en el debate convocado por congresistas de la región, sobre la situación del páramo de Santurbán. El mandatario dijo que el archivo del proyecto Soto Norte por parte de la ANLA es un “falso positivo ambiental”.Cárdenas también le exigió al Ministerio de Ambiente y al nuevo jefe de esa cartera, Carlos Correa, que tomen decisiones serias frente al cuidado y protección del páramo de Santurbán.Dijo que las decisiones no se deben pensar por "cálculos oportunistas a corto plazo", sino que se deben tomar para "el beneficio de las personas que viven en zona de páramo y para quienes se benefician del agua de esta reserva natural".De manera sarcástica, el mandatario bumangués señaló que los únicos colombianos beneficiados con los Emiratos Árabes, país de origen de la firma Minesa, son el técnico santandereano Jorge Luis Pinto y el ciclista del equipo UAE Team Emirates, Fernando Gaviria.A su turno, el director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, Rodrigo Suárez Castaño, rechazó las expresiones del alcalde y sostuvo que estuvo enmarcada en el concepto del equipo técnico de la entidad.“Con el respeto que me merece, no puedo permitir que el alcalde de Bucaramanga diga que el archivo del proyecto Soto Norte es un falso positivo. Hemos tomado una decisión a la luz del marco normativo existente”, aclaró.
Erwing Rodríguez, líder ambiental santandereano quien defiende el páramo de Santurbán, habló en Mañanas BLU sobre la decisión de la ANLA de archivar el proyecto de minería Soto Norte.“La decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) parece otra de las estratagemas del Gobierno dentro de lo que he denominado desde hace 10 años como ‘el teatro del absurdo de Santurbán’”, aseguró.Según el ambientalista, la amenaza sobre Santurbán no termina y si se llega a conceder licencia que afecte el páramo las consecuencias serían devastadoras. “Si se licencia Santurbán se abriría una compuerta para devastar los demás páramos”, añadió.El activista aseguró que la decisión de la ANLA solo significa que los ambientalistas han ganado una batalla, mas no la guerra. Además, sostuvo que en el fondo solo hay un peligro y es que se quiera oxigenar el proyecto Soto Norte de Minesa, coincidencialmente, ‘ad portas’ del debate de control político que está convocando mañana (martes) el Senado.“Hay dos procesos que por su gran trascendencia definirán el futuro del páramo de Santurbán y de los demás páramos o ecosistemas paramunos del país. Santurbán ya es un símbolo”, indicó Rodríguez.Escuche a Erwing Rodríguez en entrevista con Mañanas BLU:
En una breve información, difundida por redes sociales, la empresa árabe Minesa aseguró que apelará la decisión de la ANLA de archivar la solicitud de licencia ambiental, que fue presentada para el proyecto Soto Norte, sobre explotación de oro en los municipios de California y Suratá, Santander.La empresa minera explicó que ha solicitado la licencia tras cinco años de estudios técnicos representados en más de 8.000 páginas de documentación y agregó que han proporcionado claridad frente a las 107 solicitudes de información adicional que les ha planteado la ANLA.“Entendemos que ANLA ha archivado el expediente con respecto al EIA (Estudio de Impacto Ambiental) de Minesa, aunque todavía no hemos recibido formalmente su notificación”, informó la empresa.“Minesa estudiará la posición de ANLA en detalle cuando recibamos su notificación, pero es nuestra intención apelar su decisión”, agregaron.Este sábado, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ordenó el archivo de la evaluación de la licencia ambiental presentada por Minesa para la explotación de oro en el proyecto Soto Norte.
Este martes, 22 de septiembre, comenzó la segunda visita técnica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA en el suroeste antioqueño para evaluar las afectaciones ambientales y sociales del megaproyecto minero Quebradona de la compañía sudafricana AngloGold Ashanti. La visita, que durará toda la semana, ha despertado todo tipo de emociones y reacciones de los habitantes de los municipios en zona de influencia del proyecto. Mientras tanto, algunos habitantes de Jericó realizan marchas en rechazo al proyecto con carteles que citan “agua sí, mina no”, mientras que otros respaldan a la AngloGold y aseguran que “el proyecto traerá desarrollo sostenible y crecimiento económico para la subregión". Por su parte, las autoridades locales, conscientes de la tensión que hay entre los habitantes, han pedido que las jornadas transcurran en calma. “Cualquier situación que tenga la comunidad, a favor o en contra, pedimos que se manifieste desde el respeto a las autoridades en este caso las ambientales”, comentó el alcalde de Jericó, David Alonso Toro. Entre tanto, la AngloGold Ashanti, en defensa de su proyecto, manifestó a través de un comunicado su gratitud con los habitantes del suroeste que han respaldado la mina de cobre de Quebradona y aseguró que para ellos es fundamental el espacio de diálogo con las comunidades. Lo cierto es que la ANLA estará esta semana en el suroeste y escuchará tanto a quienes se oponen como a quienes respaldan este megaproyecto y deberá decidir si se otorga , o no, la licencia ambiental.
Este miércoles, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, fue recapturado luego de que la Fiscalía lo acusara ante la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en la contratación del proyecto de pavimentación y mantenimiento de la Troncal La Paz.Esta es la segunda detención que enfrenta el mandatario por esa obra. La primera fue en junio de 2020 y estuvo en prisión domiciliaria hasta el 16 de octubre de ese año, cuando el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó su libertad.Según el ente acusador, hay material probatorio de una presunta irregularidades en cuanto a anticipos, otrosí y anomalías en la contratación y construcción de la Troncal de La Paz, cuando Gaviria fue gobernador entre 2004 y 2007.La observación puntual de la Fiscalía fue con el contrato de mejoramiento y pavimentación del tramo La Cruzada - Caucasia, que tuvo un valor de $41.663 millones y sus anticipos se pactaron primero en 25%, pero luego se ampliaron en 29%; es decir, cerca de 1.5 $1.500 millones de más para el contratista.Asegura la Fiscalía que estas modificaciones se adelantaron sin tener en cuenta los requisitos legales de planeación y transparencia. Además, la adición final se adelantó tres días antes de que Gaviria saliera de su cargo.Esta adición se hizo, además, para construir un puente sobre el río Nechí que conectara la Troncal de la Paz con el municipio de Bagre, es decir, una obra diferente que debió tener su propia licitación.La otra alerta de las autoridades es que este contrato se firmó con el Consorcio Troncal de la Paz, del cual es accionista mayoritario el Grupo Solarte, cuyos representantes son el ingeniero Carlos Solarte y su hija Paola, quienes están investigados por otros contratos con Odrebrecht, mientras que Paola fue sentenciada a seis años de prisión. Su padre aún está en juicio.Sobre este caso ya existen investigaciones en la Contraloría de Antioquia y la Procuraduría departamental, quienes pusieron la lupa porque el otrosí para la construcción del puente de Nechí se firmó cuatro días antes de que Gaviria saliera de la Gobernación.
La reconocida aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, traería en una de sus actualizaciones un cambio radical con las fotografías que envían o reciben sus usuarios.De acuerdo a la información que se ha filtrado sobre dicha modificación en la aplicación, las fotos se borrarían automáticamente cuando la persona que las recibió las haya visto. Además, con este cambio, las imágenes ya no se almacenarían en la galería de su teléfono.Asimismo, las fotos ya no aparecerían nítidas, sino por el contrario, estas saldrían borrosas en primera instancia hasta que el usuario que las recibe decida aceptarla o verla.Aunque todavía no se conoce de manera oficial este cambio, algunas opciones apuntan a que los usuarios optarán por tomar capturas de pantalla a las imágenes recibidas con el fin de conservarlas antes de ser eliminadas en WhatsApp. Recordemos que WhatsApp incorporó a su aplicación la opción de borrar mensajes antes de que sean vistos y tiene la opción de mensajes temporales con el fin de que sea el usuario quien tenga el control de su información y privacidad.
Las autoridades investigan la veracidad de un panfleto que anuncia la llegada del grupo armado Los Tierra para enfrentar a las otras organizaciones ilegales de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño.El nuevo panfleto se conoció en la madrugada de manera digital y física, firmado por esta organización que está, supuestamente, recién conformada para acabar “con las injusticias de Los Caparros”.El alcalde encargado de Tarazá, Ferney Álvarez Ortiz, sostuvo que conoce el panfleto y está en verificación, pero le preocupa que este nuevo grupo se sume a Los Caparros, las disidencias de las Farc, la guerrilla del Eln y el Clan del Golfo para causar más hostigamientos a la población."Si no somos capaces con los grupos que hay y no somos capaces de disminuir los índices, imagínese con otro grupo armado", agregó el mandatario."Eso no es la primera vez que se hace y no son nuevos grupos, son los mismos grupos que están ahí que por estrategia sacan el nombre de otro nuevo grupo para que le hagan el trabajo sucio y los otros se hagan los santos", dijo William Muñoz, presidente de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (Asobac). La Alcaldía de Tarazá, el Ejército y la Policía del Bajo Cauca citaron para las 3:00 p.m. un consejo extraordinario de seguridad para analizar esta nueva situación.
La ministra de Educación María Victoria Angulo, dijo que hasta este miércoles son 83 secretarías en el país las que se encuentran ejecutando procesos de alternancia, para el retorno gradual a los salones de clases.“En dos semanas estarán las 96 secretarías de Educación del país en alternancia, para eso requeríamos tener los planes organizados y los recursos disponibles. Hasta ahora son más de 400 mil millones de pesos invertidos para los protocolos de bioseguridad y más de 200 mil millones en mejoramientos de escuelas rurales”, explicó.Sostuvo que entre las regiones con mayor desarrollo del modelo de alternancia están Antioquia con más del 90%, Caldas con un 65% y Quindío que tiene un 45%, y destacó al municipio de Itagüí que alcanzó hace tres semanas el 100% de sus instituciones educativas con regreso gradual.Precisó que en Bucaramanga empezaron a apostarle al modelo desde este mes y destacó que ya hubieran iniciado cerca de mil estudiantes en los colegios públicos Colorados, Café Madrid y Nuestra Señora de Fátima.Al final hizo un llamado a los rectores y docentes a que avancen en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en sus colegios, para que los niños y jóvenes que tengan el consentimiento de sus padres empiecen el regreso gradual, progresivo y seguro a las aulas.
Este miércoles el presidente Iván Duque sancionó la ley de Prevención y Lucha contra el Dopaje en el Deporte, que aumenta más penas para esas personas que administren o suministren directamente sustancias dopantes a deportistas en Colombia y, quedó establecido que la pena de cárcel por este delito es de entre 24 a 72 meses y una multa de 66 a 750 salarios mínimos.Las penas aumentarán hasta en la mitad cuando la conducta recaiga sobre un menor de edad y se realice a través de engaño u obligando al deportista. La pena aumentará también cuando el consumo de sustancias dopantes se realice directamente en escenario deportivo.El presidente dijo que esta ley llega justo a tiempo y que el reto ahora es la preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio que arrancan en julio. Además, le recomendó al ministro de Deporte, Ernesto Lucena, acompañar a los atletas.Antes de la sanción, el presidente Iván Duque entregó el Laboratorio de Control al Dopaje, ubicado en el Centro de Alto Rendimiento en Bogotá. “Este laboratorio tiene tecnología de punta, certificación internacional y tendrá la capacidad de procesar 5.000 pruebas al año como mínimo y que ofrecerá sus servicios, no solamente al deporte nacional, sino también a los deportistas en América Latina y el Caribe”, indicó.Ley también crea el Tribunal Disciplinario Antidopaje que decidirá sobre las posibles infracciones descritas en el Código Mundial Antidopaje, estará conformado por una disciplinaria y otra de apelaciones y, cada una estará integrada por tres miembros: dos profesionales del derecho y un médico especialista en medicina del deporte.