Cauca, Chocó y Valle, dispuestos a ser zonas de concentración si hay garantías

Los gobernadores del Valle del Cauca, Cauca y Chocó en diálogos con Blu Radio aseguraron que siempre y cuando el Gobierno Nacional y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas brinden todas las garantías para que las zonas de concentración no resulten ser un daño colateral para la ciudadanía, están dispuestos a aceptarlas en sus territorios, así como el que se establezcan las 8 oficinas de verificación de la ONU previstas para este proceso. 
 
 
Cauca y el dolor del Naya
 
Durante abril de 2001 se escribió la historia más triste del Cauca cuando 500 paramilitares ingresaron a las veredas de El Cereal, La Silvia, La Mina, El Playón, Alto Seco, Palo Grande y Río Mina y asesinaron a más de 200 personas que eran señaladas de ser auxiliadoras de la guerrilla.
 
 
Según los habitantes de la región sus verdugos torturaron a las víctimas antes de asesinarlas mientras que miles de personas salieron desplazadas de sus hogares.
 
 
Justamente el gobernador del Cauca, Óscar Campo, ha dicho a Blu Radio 15 años después, que su departamento está a disposición del Gobierno Nacional y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que allí pueda instalarse una zona de concentración para la guerrilla, siempre y cuando no se cause daño a la sociedad y en consecuencia se le garanticen todos sus derechos.
 
 
“Si determinan que sea Cauca estaremos haciendo el control pertinente para generarle confianza a la gente y a la vez que el acuerdo siga con éxito”, manifestó Campo sin antes precisar que se debe garantizar que en la región debe mantenerse la verificación de la ONU. 
 
Chocó y la barbarie en Bojayá 
 
Además de ser unos de los departamentos más marginados por el Estado en décadas y sumido en una profunda corrupción de sus gobernantes, el Chocó también tuvo que vivir una de los episodios más tristes del país cuando en medio de un combate entre paramilitares y guerrilleros del frente 58 de las Farc, que buscaban el control del río Atrato, asesinaron a 79 personas que se refugiaban en una iglesia ubicada en Bojayá el dos de mayo de 2002. 
 
 
Por la tragedia, que le dio la vuelta al mundo, fue condenado el Estado colombiano a pagar una millonaria indemnización por no haber protegido a la población civil, a pesar de que la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta temprana ocho días antes de los hechos. 
 
 
En diciembre de 2015 el guerrillero de las Farc, Pastor Alape, llegó a Bojayá y ante más de 700 personas pidió perdón por la masacre. 
 
 
A pesar de todos estos hechos de violencia que han enlutado por años esta región del país, el gobernador del Chocó, Carlos Alberto Palacio Mosquera, no descarta que su territorio sea una zona de concentración para la guerrilla, sin embargo lo analizará con detenimiento. 
 
  
“Tendríamos que ver cuáles son las implicaciones que tienen las zonas de concentración. Hoy como no las conozco no podría decir si apoyo o no apoyo una zona de concentración. Porque no tengo la información. Hay que mirar como van hacer y en donde van a quedar. El 75 por ciento de los habitantes se han visto afectados”, dijo. 
 
 
Valle del Cauca y la infamia del secuestro
 
 
La violencia no ha sido ajena en el departamento del Valle del Cauca en donde se han presentado masacres perpetradas por grupos ilegales, muertes selectivas, la crueldad de los traficantes de drogas, las casas de pique en Buenaventura y los cuerpos descuartizados flotando en las aguas de sus ríos. 
 
 
Con el fin de presionar un acuerdo humanitario el 11 de abril de 2002 la guerrilla de las Farc secuestró en Cali a 12 diputados del Valle del Cauca, teniéndolos en cautiverio por más de cinco años, pero como si fuera poco el grupo subversivo el 28 de junio de 2007 acabo con la vida de 11 de ellos, al parecer en medio de un enfrentamiento con un grupo desconocido. En su momento la guerrilla argumentó que la masacre se llevó acabo para evitar un rescate a sangre y fuego. Sigifredo López fue el único de los dirigentes políticos que sobrevivió a la barbarie. 
 
 
Son muchos los episodios que han afligido a esta región del país y por ello desde ya sus autoridades se preparan para el postconflicto. En diálogo con Blu Radio la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro dice que confía en que se pueda concretar la paz en La Habana y sobre las zonas de concentración la dirigente política dice que la última palabra la tiene el presidente de la República.