La denuncia también cobija al magistrado Alejandro Linares por no haber puesto en conocimiento las llamadas que Santos habría hecho a varios magistrados.
Ángel ha sido magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, asesora jurídica de la Cámara de Comercio y consultora de diferentes organizaciones internacionales.
El magistrado ponente del caso dio un plazo de 15 días a Bustos para que presente las alegaciones de los actos que considere irregulares que se habrían presentado durante la etapa de investigación en su contra.
La sala penal dejó en firme la acusación que hizo la Fiscalía en contra de Aguilar por presuntas irregularidades en contratación cuando se desempeñó como mandatario regional entre 2012 y 2015.
Para la Procuraduría, el oficial habría incurrido en una falta disciplinaria con culpa grave al accionar su arma de dotación, con lo que desconoció lo dispuesto en la reglamentación establecida para la utilización de armas no letales.