El excomandante de la Policía de Bogotá fue imputado por los delitos de favorecimiento y fraude procesal con relación al asesinato del menor Diego Felipe Becerra en agosto de 2011.
Diez capturados de la Primera Línea en Bogotá, según la Fiscalía, amenazaban de muerte a vigilantes de locales comerciales en el sector Héroes y coordinaban ataques con bombas incendiarias.
Mantilla desmintió las declaraciones de Juan José Laverde, quien aseguró a la Fiscalía que "Emilio Tapia le había dicho que le habían girado unos recursos al viceministro".
Asegura que la tutela no debió haberse estudiado porque Uribe debió reclamarle su condición de imputado al juez que lo dejó en libertad y no a un juez de tutela.
El magistrado Linares aseguró que esta decisión fue producto de un análisis de las normas procesales ante el vacío normativo que se presenta en el caso de una persona que renuncia a su fuero como congresista y su investigación pasa a la Fiscalía.
El juez tercero administrativo de Bogotá ordenó al presidente Duque, así como a gobernadores y alcaldes, abstenerse de aplicar la modificación presentada, por el Gobierno al Congreso, en el proyecto de ley de presupuesto.
El alto tribunal consideró que las pruebas recaudadas hasta el momento no ofrecían la credibilidad suficiente para condenar a Mauricio Lizcano por el delito de concierto para delinquir.
La tutela fue negada en primera instancia y en segunda, un juez revocó la decisión y ordenó retirar las piezas publicitarias hasta que se produjera un fallo judicial sobre la eventual responsabilidad de quienes aparecían en el mural.
La Presidencia señaló que en Colombia no puede haber censura y por tanto solicitó al Consejo de Estado que declare improcedente la acción de tutela impuesta por el abogado Leonardo Santo Petro.