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La Corte Constitucional negó una tutela al general Marcos Evangelista Pinto, con la que buscaba retirar decenas de murales en Bogotá y otras ciudades, así como piezas digitales en redes sociales donde estaban las fotos de altos oficiales del Ejército, relacionados con investigaciones de falsos positivos bajo el título "quién dio la orden".
La corte considera que la publicación donde relaciona a altos oficiales con investigaciones de falsos positivos a brigadas bajo su mando, no viola los derechos al buen nombre ni del general Pinto, tampoco de los demás uniformados, debido a que en la imagen no hay referencia alguna que permita afirmar que se está atribuyendo algún tipo de responsabilidad directa al militar.
"No se utilizan expresiones desproporcionada, vejatorias o con una intención netamente dañina, que permitan inferir que la manifestación se encuentra por fuera del amparo a la libertad de expresión", explica la ponencia del magistrado Antonio Lizarazo.
La tutela fue negada en primera instancia y en segunda, un juez revocó la decisión y ordenó retirar las piezas publicitarias hasta que se produjera un fallo judicial sobre la eventual responsabilidad de quienes aparecían en el mural.
Al llegar a revisión de la corte, este tribunal determinó que no hay violación al buen nombre del oficial y señaló que el mensaje que se quiere enviar a la comunidad es que las víctimas de estos crímenes exigen la verdad sobre los denominados falsos positivos u homicidios de civiles ilegítimamente presentados como bajas en combate, lo cual forma parte de un discurso que la Constitución protege dentro de la libertad de expresión.
"Los ciudadanos tienen el derecho de denunciar de manera pública hechos y actuaciones que consideren irregulares y que sean atribuibles a servidores públicos. Por ende, no están obligados a esperar a que una autoridad judicial emita un fallo al respecto para poder abordar o cuestionar los hechos que considera lesivos de sus derechos, conforme a la jurisprudencia de esta corte y los estándares internacionales sobre la materia”.
"En esa medida se advierte que, debido a la gravedad de los hechos, al inmenso impacto que ha tenido en nuestra sociedad el fenómeno de los denominados falsos positivos, dada también su complejidad y todo lo que implica que miembros del Ejército estén siendo investigados por su supuesta participación en hechos que los denunciantes presentan como una actuación sistemática, la manifestación y los datos que se relacionan en la imagen en cuestión son de evidente interés público", añade la corte.
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A su vez, concluye que constituye una crítica al Estado, que claramente hace parte del debate público.
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