Mientras que la Corte Suprema de Justicia no decida el recurso de impugnación que interpusieron los condenados Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez, no irán a prisión.
La Procuraduría busca, a través de este mecanismo judicial, evitar un proceso largo y dispendioso que ponga en riesgo la recuperación de los dineros del contrato entre Centros Poblados y MiTic.
La condena se dictó por el delito de concierto para delinquir, luego de argumentar que participaron en una organización criminal para desprestigiar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La defensa de Gustavo Moreno había pedido a la Fiscalía modificar un requisito que incluyó en la prórroga, la cual supeditaba el principio de oportunidad al avance de los demás procesos en los que el exfiscal ha entregado información.
Eduardo Montealegre y Julio César Ortiz renunciaron a la defensa de Edwin Ballesteros por “la flagrante vulneración de garantías constitucionales por parte del magistrado Héctor Alarcón".
El excongresista santandereano es procesado por la Fiscalía por delitos de interés indebido en celebración de contratos y peculado en favor de terceros.
Cabe recordar que ese día, Duque delegó al ministro del Interior, Daniel Palacios, para escuchar las críticas de la oposición a la gestión del Gobierno.
También se embargará los bienes de las empresas que componen la Unión Temporal hasta por el doble de los 70 mil millones de pesos entregados como anticipo para el contrato.
La Unión Temporal indicó que el Ministerio de Tecnologías de la Información, con la declaratoria de caducidad, le había negado la práctica de pruebas con lo que le violó su derecho al debido proceso.
Su defensor pidió la libertad amparado en el cambio del sistema penal que se le debía aplicar, teniendo en cuenta que renunció a su fuero como congresista.
Los bienes identificados habrían sido adquiridos con dineros del narcotráfico, obtenidos a través de envíos de droga a Estados Unidos y Europa entre 2002 y 2015.