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Este lunes, la Procuraduría vinculó formalmente a una investigación disciplinaria a la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Karen Abudinen, para determinar su responsabilidad en la adjudicación y suscripción del contrato que celebró con la Unión Temporal Centros Poblados por 1.07 billones de pesos.
Las averiguaciones del Ministerio Público vienen desde diciembre del año pasado, cuando se alertó por primera vez que en el contrato había irregularidades desde su estructuración, porque al parecer habría intervenido un asesor del ministerio que, posteriormente, pasó a ser asesor del proponente Centros Poblados.
En aquella ocasión, la Procuraduría inició las indagaciones frente a un posible conflicto de interés.
Posteriormente, este año la Procuraduría Delegada Preventiva para la función pública trasladó las investigaciones a la auxiliar para Asuntos Disciplinarios y esta abrió formalmente el proceso al cual deberá concurrir la ministra con abogado, para que entregue pruebas que demostrarían la manera cómo actuó dentro de esta escandalosa contratación.
La decisión se conoce precisamente cuando el pasado viernes, la ministra Abudinen enfrentó un debate de control político en el Congreso donde se escucharon voces que pidieron su renuncia.
En este proceso, la Contraloría también anunció que embargará los bienes de las empresas que componen la Unión Temporal hasta por el doble de los 70 mil millones de pesos entregados como anticipo para la ejecución del contrato.
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