El juez 53 de garantías de Bogotá envió a la cárcel al representante de Centros Poblados, Luis Fernando Duque, al corredor de seguros Juan José Laverde y a Emilio Tapia por considerar que revisten un riesgo para la alteración de documentos y pruebas que demostrarían su participación en el entramado de corrupción por 70.000 millones de pesos que fueron entregados por el MinTIC como anticipo del contrato que realizó con esa empresa para llevar internet a las zonas rurales.El juez determinó que Emilio Tapia sea recluido en un pabellón de máxima seguridad en la cárcel Modelo de Bogotá acompañado de la guardia del Inpec y de custodia de militares para garantizar su traslado a las diligencias requeridas.Sobre Tapia, el juez hizo fuertes reproches a su conducta de continuar desde su detención cometiendo delitos como en este caso el fraude procesal que consiste en inducir en error a un funcionario, tal como se presentó en el multimillonario contrato de Centros Poblados.A lo largo del día intervinieron la Procuraduría y los abogados de los detenidos, quienes presentaron sus argumentos frente a la detención de los tres implicados y la necesidad de enviarlos a la cárcel.El juez escuchó las posiciones y consideró que se hace necesario enviarlos a la cárcel por el riesgo que existe de que manipulen documentos o pruebas que permitan establecer las irregularidades y determinar los responsables de este escándalo.El juez dijo que la detención domiciliaria ha sido una burla para el sistema judicial y criticó la forma como viven internos de alta peligrosidad cárceles de máxima seguridad donde gozan de privilegios como celulares, tabletas y televisores última generación, por eso consideró que la cárcel es una medida ajustada a la gravedad de los hechos “pues dejaron a miles de niños afectados con la conectividad que era el objeto de este contrato”.Frente a la posición de los abogados, el juez refutó señalando que este escándalo es de la mayor gravedad para el país.“Si usted considera que desaparecer 70.000 millones no es excepcional, para mí sí. La verdad este es un desfalco inmenso, esto es como 20 elefantes blancos andando juntos en manada, esto no es una cosa normal o común y corriente, esto es un caso excepcional precisamente por eso es que la medida de aseguramiento de detención es excepcional”, explicó.Vea la captura de Juan José Laverde:Vea la captura de Luis Fernando Duque:Escuche la noticia en el audio adjunto:Le puede interesar: escuche y siga La Intérprete, en Spotify
Los medios de comunicación se vieron gravemente afectados por la pandemia. La situación económica es delicada, sobre todo, para los impresos y los regionales, que al ser de menor difusión, y con la caída de la publicidad, algunos están a punto de desaparecer.El Ministerio de las TIC iba a entregar $85.000 millones como ayuda para la reactivación de los medios que se inscribieran, pero esta semana se conoció que, según la cartera de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ninguno de los 344 medios que se presentaron cumplieron con los requisitos.Este hecho generó suspicacias, motivo por el cual la FLIP cuestionó al comité evaluador e hizo un llamado al Ministerio a explicar los motivos que llevaron a la cancelación.Werner Zitzmann, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), señaló el impacto que puede tener la decisión en los medios afectados.“El impacto es que esa platica se perdió. No llegó a donde esperamos, que era a la caja de los medios que se presentaron, invirtiendo tiempo para cumplir los requisitos y recibir esas sumas que no eran menores. De un día para otro esa plata no llegó”, manifestó Zitzmann.Además, añadió que va a pasar con ese dinero: “Quedan en la cuenta del Fontic y este año podrán ser objeto de una nueva disposición legal. Habría que preguntarle al Ministerio de Hacienda y a MinTIC. (…) Nosotros como medios no vamos a tomar ninguna iniciativa legal, pero clamamos por una política pública”.Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire:Entérese de los hechos y noticias del momento en Colombia y el mundo:
En el Juzgado 31 Penal del Circuito de Bogotá comenzó a hacer trámite la tutela que interpuso la congresista Katherine Miranda contra la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias y la mesa directiva en la que pide que se repita la votación de moción de censura contra la exministra de las TIC Karen Abudinen, por el escándalo de corrupción en el contrato con la unión temporal Centros Poblados.La juez, al admitir el trámite, le dio un plazo de dos días a la mesa directiva para que envíen las actas y registros de votación del debate realizado el pasado 10 de septiembre y verificar de esta manera las acusaciones de la representante.La representante Miranda aseguró en la tutela que la mesa directiva permitió que los congresistas que estaban y se registraron no votaran la moción, que fue el único tema para el que estaban convocados; además, que tampoco se tramitaron los distintos recursos de apelación que presentó la oposición para que se repitiera la votación y que no votaron presencialmente tal como lo ordenó la Corte Constitucional.“La votación de la moción debía hacerse de forma presencial y solo asistieron seis congresistas de los partidos independientes y de gobierno, cuando el aforo está para 100 congresistas”, explicó públicamente en esa ocasión la representante Miranda.Le puede interesar: escuche y siga Noticias del día en Colombia, en Spotify
Este viernes un juez de Barranquilla decidirá si envía o no a la cárcel a Emilio Tapia, Juan José Laverde y Luis Fernando Duque, investigados por el polémico contrato entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicaciones (MinTIC) con la Unión Temporal Centros Poblados.Al respecto, se conoció las declaraciones de dos testigos claves de la Fiscalía que tendrían información sobre los recursos que se destinaron para el proyecto de llevar internet a zonas apartadas de Colombia y de cómo se adjudicó dicho contrato. Los testigos son Robert Antonio Gómez, representante legal de FunTIC, y Alfredo Amín Jesús Yaber, quien habría asesorado a tres de las empresas que conforman la Unión Temporal.En el interrogatorio de Gómez, hecho el 3 de septiembre, contó detalles de cómo se configuró la etapa precontractual para lograr adjudicarse el contrato. En cuatro páginas reveló que quienes asesoraron y representaron, al parecer, tras bambalinas a dichas empresas fueron Alfredo Yaber y un hombre llamado Mauricio, recocido en la costa.Además, dijo que desde el inicio se sabía que la UT no contaba con la capacidad financiera para asumir el proyecto, por lo que se respaldó en varias empresas, gestión hecha entre Tapia, Yaber y Mauricio.Escuche la información completa en Meridiano BLU: Escuche también las noticias del momento en BLU Radio:
Tras el escándalo del Consorcio de Centros Poblados, con el contrato y anticipó por más de 70.000 millones con el Ministerio de las TIC, el IDU señaló que finalizó dos contratos que ejecutaban en Bogotá para mantenimiento de mallas viales para las troncales de TransMilenio.Según el IDU, a finales del año 2020 adjudicó el contrato 1626 con el Consorcio Construcciones 2020, por valor de $9.125 millones, y el contrato 1627 con el Consorcio Malla Vial 2020, por valor de $8.571 millones, para realizar mantenimientos de malla vial troncal.Sin embargo, una vez MinTIC declaró la caducidad del contrato suscrito con el Consorcio Centros Poblados, para llevar internet a colegios de zonas apartadas del país, se configuró la inhabilidad sobreviniente respecto de las empresas integrantes, entre ellas, Omega Buldings Constructura S.A.S. e Intec de la Costa S.A.S, que también hacen parte de los consorcios con los que el IDU suscribió los contratos 1626 y 1627.“Por lo anterior, la Entidad procedió a solicitar la cesión inmediata de la participación de estas empresas. Los dos consorcios presentaron varias firmas, que no cumplieron con los requisitos mínimos exigidos por el proceso licitatorio que dio lugar a los contratos. Por esta razón, el IDU finalizó el contrato 1627 el pasado 15 de septiembre y se encuentra en proceso de suscripción del acta de finalización con el Consorcio del contrato 1626, el cual se encuentra actualmente suspendido,” dijo Diego Sánchez, director del IDU.“El contrato de obra 1627 de 2020 presenta un avance físico del 99.10% al 6 de septiembre de 2021, y con este contrato se intervinieron, mediante actividades de parcheo, bacheo y cambio de carpeta, tres troncales y algunos puntos por emergencia que afectaban la movilidad, así: Av. NQS: 0.106 km-carril; Auto Norte: 7,45 km-carril; Calle 80: 1,12 km-carril; Av. Suba: 0.49 km-carril y Av. Américas: 0.19 km- carril, para un total de 9,36 km-carril. A este contratista se le hicieron desembolsos, previa aceptación de las obras por parte de la interventoría, por valor de $7.427 millones”.Por su parte, el contrato de obra 1626 de 2020 presenta un avance físico del 59%, al 13 de septiembre de 2021, y en desarrollo de este se intervinieron varias troncales y algunas atenciones de emergencias en la Troncal Calle 6 y Av. Villavicencio, mediante actividades de parcheo, bacheo y cambio de carpeta.“A este contratista se le hicieron desembolsos por valor de $3.925 millones, previa aceptación de las obras por parte de la interventoría. Sus intervenciones fueron en Troncal Caracas, 2.6154 km-carril; en la Calle 26, 1.124 km-carril; en la Av Villavicencio, 0.0086 km- carril; en la Calle 6 0.0588 km- carril y en la Calle 13 eje Ambiental 0.3501 km-carril. Este contrato se encuentra actualmente suspendido, dado que los cesionarios presentados por el consorcio no cumplieron los requisitos requeridos para tal efectos”.“Ante este escenario dice el director del IDU se avanza en el proceso de licitación pública, para la adjudicación de tres contratos, por un valor de $127.959 millones y se estima su adjudicación para finales de octubre. Y bajo el proceso licitatorio IDU-CMA-SGI-023-2021 se adjudicarán los tres contratos de interventoría por valor de $16.293 millones”.Conozca más noticias de Colombia y el mundo:
La Procuraduría profirió pliego de cargos contra tres exfuncionarios del Ministerio de las TIC, que intervinieron en la suscripción del contrato con la Unión Temporal Centros Poblados, así como dos particulares que manejaron recursos públicos.Los cobijados con la medida son Adriana Vanessa Meza Consuegra, en su condición de exsecretaria general MinTIC, Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de Gestión Contractual MinTIC; Camilo Alberto Jiménez Santofimio, director de Infraestructura MinTIC y los particulares Luis Fernando Duque Torres, representante legal UT Centros Poblados 2020 y Paola Andrea Izquierdo Rivera, representante convencional del Consorcio “PE 2020 C Digitales”, que ejercía la interventoría del contrato en mención.Para la Procuraduría, Adriana Meza Consuegra tendría responsabilidad disciplinaria en la comisión de la falta gravísima por presuntamente desconocer los principios que rigen la contratación estatal, al abrir la licitación con estudios previos insuficientes y pliegos de condiciones carentes de reglas objetivas y completas.Lo anterior, teniendo en cuenta que fueron modificadas las conclusiones, recomendaciones y observaciones técnicas, financieras y jurídicas definidas por el estructurador que había sido contratado por el FonTIC.Por su parte, Carlos Alberto Jiménez Santofimio, director de Infraestructura del MinTIC y supervisor del contrato, quien tenía a cargo la estructuración de los estudios previos y pliego de condiciones del proceso contractual en cuestión, aparentemente permitió que fueran modificadas las conclusiones, recomendaciones y observaciones dispuestas por el consultor consorcio TELBROAD-PROFIT, sin mediar estudios que sustentaran la modificación, desconociendo las reglas de la contratación.En el caso de Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de gestión contractual del MinTIC, habría incurrido en irregularidades en la etapa precontractual al desconocer los principios de selección objetiva, economía y responsabilidad, al habilitar, mediante evaluación jurídica, la propuesta presentada por la Unión Temporal “Centros Poblados Colombia 2020”, pese a que, al parecer, no cumplía con los requisitos exigidos, toda vez que con su propuesta presentó garantía bancaria de seriedad de la misma, sin que esta hubiese sido expedida realmente por el Banco Itaú CorpBanca Colombia S.A, como lo aseveró el licitante en la oferta que presentó a la entidad contratante el 28 de octubre de 2020.Por su parte, Luis Fernando Duque Torres, representante de la UT Centros Poblados Colombia 2020, la Procuraduría consideró que, presuntamente, falsificó las garantías bancarias por él suscritas y presentadas para amparar el buen manejo y correcta inversión del anticipo, el cumplimiento general del contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, respectivamente, del contrato estatal de Aporte No. 1043 de 2020, con el fin de acreditar la existencia de las mismas y posibilitar su inicio.Finalmente, para Paola Andrea Izquierdo Rivera, vinculada al proceso en su condición de representante convencional del Consorcio “PE 2020 C Digitales”, la Procuraduría le reprocha no haber verificado ni validado el cumplimiento de los requisitos para la realización del primer Comité Fiduciario del 26 de marzo del 2021.En el que se dio aprobación para que el contratista utilizara los recursos, con cargo al primer desembolso a título de anticipo, toda vez que no verificó, ni garantizó la correcta citación al Banco Itaú al comité, porque de haberlo hecho, se habría evidenciado la falsedad de la que adolecía la garantía bancaria, antes del desembolso del valor del anticipo por parte del FonTIC.En una semanas se definirá la fecha de iniciación del juicio disciplinario.Conozca más noticias de Colombia y el mundo:
A partir de la polémica desatada por el contrato de Centros Poblados con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la afirmación de dar este contrato al segundo mejor oferente para la adjudicación, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), el viceministro de Conectividad, Walid David Jalil, aseguró a BLU Radio que la firma y ejecución del contrato se dará en el mes de diciembre.Asimismo, el viceministro detalló que este proceso de una nueva contratación será posible para la región B, es decir, los 70.000 puntos que le corresponderían a Centros Poblados para conectar a los niños, niñas y jóvenes de distintas zonas del país.Sin embargo, aclaró que esto “depende de la liberación de los recursos que están atados al contrato caducidad”.“Para poder, legalmente, liberar los recursos se debe hacer la liquidación del contrato. La semana pasada se envió el acta de liquidación bilateral a Centros Poblados y estos respondieron que estaban listos para sentarse para acordar la liquidación bilateral", explicó Jalil. Escuche la información en el audio adjunto:
En el municipio de Mutatá, una pequeña población de 12.000 habitantes en Antioquia, hoy solo funciona uno de los 12 Centros Digitales prometidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en su contrato con la Unión Temporal Centros Poblados. Son 750 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de primaria y bachillerato de 14 sedes educativas de los corregimientos de Caucheras y Bejuquillo los que se quedaron sin internet.Pero más allá de las problemáticas políticas y legales por corrupción del contrato, el municipio pide una pronta solución para que cientos de niños y niñas puedan cumplir con sus objetivos de aprendizaje.Con esto, Mutatá es uno de los municipios del país donde tampoco se cumplió la meta de conectar 15.000 escuelas de los 32 departamentos con la construcción de 14.000 Centros Digitales y que le costó la salida a Karen Abudinen.
A través de un video al mejor estilo del 'Periodista soy yo', de la popular sección en Noticias Caracol, los habitantes de la vereda Alto Guamito del municipio de Puente Nacional, Santander, denunciaron que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MinTIC, les prometió internet gratis a los estudiantes de la zona, sin embargo, les quitaron la señal. "Nosotros fuimos seleccionados para obtener internet gratis en la escuela, fue instalado el 13 de mayo de este año, pero nos quitaron el beneficio (...) Estos son los equipos que nos instalamos, ahí dice Centros Digitales Santander", contó Fabiola Vargas, líder de la vereda. Este es el video de la denuncia: "A partir del 2 de agosto se nos fue la señal, no tenemos el servicio vencido de internet, hemos reportado a estas empresas, pero nos han sacado excusas desde el primer momento que llamamos, gracias a ese subsidio se han beneficiado nuestros estudiantes y la comunidad en general", agregó la denunciante. Según los habitantes de la zona, los estudiantes son los más afectados por los problemas en el internet.
El parlamentario de Cambio Radical, quienes habían apoyado en su momento a la ministra Abudinem señaló que de llegar a realizarse la votación sobre la moción de censura en contra de la ex funcionaria del Gobierno Nacional es “inútil”.“Es inútil fundamentalmente porque en el numeral noveno, del artículo 135, (de la constitución), se observa que allí hay una posibilidad de que algo se realice o no se realice, es este caso la votación, por lo tanto, no es obligatorio” señaló el represéntate a la cámara, Cesar Augusto Lorduy Maldonado.“Estamos frente a una convocatoria y una votación que tiene esas características. Como la ministra renunció, la moción de censura no tiene objeto y hay carencia de objeto y en consecuencia yo no sé para qué va a servir la decisión” enfatizó Lordy.De acuerdo con el parlamentario barranquillero, se requiere una votación de más de 86 votos, cantidad que aparentemente no se podría alcanzar tras la renuncia de Karen Abudinen a MinTIC.“Sencillamente la decisión de la Cámara, de acuerdo con la constitución y los trámites del legislativo, debe ser negada”, especificó Lorduy.A pesar de que la mesa directiva del Congreso de la República a decidido citar a la votación de la moción de censura, el representante Lorduy considera que esa votación no tiene ningún sentido.Como ponente de un proyecto de ley que impediría que los funcionarios del estado renuncien antes de que proceda la moción de censura en su contra, el representante a la Cámara Cesar Augusto Lorduy Maldonado, afirmó que“me correspondió adaptarla y proponerla en la comisión 1 de la Cámara de Representantes, allí se hicieron unas modificadiones y desafortunadamente me quitaron la parte sustancial de que efectivamente la renuncia del ministro no implicaba que se renunciaba al trámite de la moción de censura”, concluyó el representante.En ese sentido, la moción de censura será un trámite que no tendrá efecto alguno contra los funcionarios del Estado, teniendo en cuenta que siempre van a poder renunciar antes de que esta proceda en su contra a través de una votación en el Congreso de la República.Escuche la entrevista completa
Como si fuera un campo de guerra, así se convirtió una discoteca ubicada en el municipio de Guacarí, Valle del Cauca, en la noche del pasado sábado, 25 de septiembre. Mientras los fiesteros disfrutaban de la música y el baile, un grupo de personas protagonizó una pelea que terminó en balacera. Las 300 personas que se encontraban en el establecimiento comenzaron a correr hacia la vía pública, donde continuó la riña. Al sitio llegó todo el personal de turno de la Policía quienes, en medio del procedimiento, fueron víctimas de una asonada, siendo necesario dispersar a estas personas con gases lacrimógenos. Según informaron las autoridades, en el hecho no se registraron personas heridas y no fue posible dar con el paradero de la persona que se dedicó a disparar indiscriminadamente el arma, al parecer traumática. Conozca más noticias de Colombia y el mundo:
Como Yency Valery Osorio Naranjo, de 15 años de edad, fue identificada una de las dos menores de edad que murieron tras la incursión de un grupo armado ilegal en la vereda El Carmen, zona rural a 63 kilómetros del puerto nariñense de Tumaco.En estos lamentables hechos, otras cuatro personas, entre ellas tres mujeres y un hombre que se encontraban al interior de una discoteca perdieron la vida.El atentado fue cometido por hombres fuertemente armados que llegaron a bordo de una camioneta y que comenzaron a disparar indiscriminadamente al interior del establecimiento público en donde más de 30 personasm entre hombres y mujeres, departían alegremente de una reunión social.Pedro Espitia, gerente del hospital San Andrés de Tumaco, dijo que los heridos, 12 en total, comenzaron a llegar desde las 3:45 de la madrugada de este domingo, 26 de septiembre.Afirmó también que dos de ellos, entre ellos un menor de 17 años de edad, tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente debido a la gravedad de las heridas y su pronóstico de salud es reservado.El funcionario de la salud dijo que, de acuerdo al relato de los heridos, muchos de ellos tienen heridas de impacto de arma de fuego en sus extremidades inferiores que no revisten gravedad y se encuentran bajo observación médica.Altos mandos de la Fuerza de Tarea Hércules con sede en Tumaco no descartan que este hecho tenga relación con el ajuste de cuentas entre grupos armados ilegales que desde hace varios meses se declararon una guerra a muerte por el dominio territorial de esa parte del Pacífico en Nariño.Uno de los sobrevivientes narró los momentos que vivió luego que se acerca al establecimiento público a recoger a un sobrino.Precisó que estaba con tres amigos cuando comenzaron a escuchar “una plomacera” y que la moto en la que él viajaba se apagó y la tuvo que dejar tirada.En su testimonio, asegura que solo sitio un “quemonazo” en la pierna derecha, pero que más pudo el valor por salvar su vida y que de inmediato llego como pudo al hospital San Andrés de Tumaco solo.El Gobernador de Nariño, John Rojas, lamentó los hechos de violencia ocurridos, precisamente cuando se cumplen cinco años de la firma del acuerdo de paz con las extintas Farc.El mandatario, a través de su cuenta de Twitter, rechazó estos hechos y reiteró la solicitud al Gobierno Nacional, para que se dé una intervención integral que permita devolver la tranquilidad y la convivencia en esta zona de Nariño.Finalmente, Rojas pidió al estado una atención urgente a esta problemática y aseguró que la magnitud del problema de los grupos al margen de la ley y la disputa por las rutas de narcotráfico han sumido a la ciudadanía en hechos constantes de muertes, desplazamiento y violencia.Conozca más noticias de Colombia y el mundo:
Una nueva fuga de presos se registró, este domingo 26 de septiembre, en la Estación de Policía San Fernando, en la localidad de Barrios Unidos, Bogotá. El escape inició cuando un recluso solicitó una ambulancia para aliviar sus dolencias, una vez llegó el servicio médico, 27 presos saltaron sagazmente los muros del centro de detención y cayeron sobre los custodios que vigilaban al enfermo.En ese momento, que generó pánico entre la comunidad, los delincuentes agredieron a dos policías para volarse del lugar, pero cuadras más adelante las autoridades recapturaron a 20 de ellos y su plan de fuga se frustró."Las personas que se recapturaron, van a ser dejados a disposición de la autoridad por el delito de fuga de presos. Afortunadamente los dos policías recibieron lesiones menores y están fuera de peligro, esperamos que en el trascurso de la tarde, podamos dar con el paradero de los siete que faltan", dijo el comandante de la Policía de Bogotá, el general Eliécer Camacho.Cuatro, de los siete prófugos, son de nacionalidad venezolana y tienen antecedentes por hurto. Como el muro que saltaron los criminales era alto, uno de ellos resultó gravemente herido y se encuentra en un centro asistencial."Las siete personas privadas de la libertad, corresponden a tres colombianos y cuatro extranjeros. Dentro de los detenidos, uno resultó herido al momento de evadir la recaptura, ya que al saltar el muro tan alto, se golpeó y registró un trauma craneoencefálico severo, esperamos el reporte médico de su evolución", añadió el general Camacho.En las celdas de la Estación de Policía hay un total de 118 personas privadas de la libertad, de los cuales 32 son migrantes venezolanos.La Policía compartió las fotografías de estos peligrosos hombres, para agilizar la recaptura y evitar que posiblemente vuelvan a reincidir en el delito de hurto.Conozca más noticias de Colombia y el mundo:
Eduardo José González Angulo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, realizó sobrevuelo sobre la zona de desastre luego que la creciente del río Combeima que dejara 40 viviendas colapsadas y varias familias damnificadas.En ese punto se ha instalado un puesto de mando unificado para poder consolidar un censo real."Recorrimos la parte rural y urbana. Siempre ha sido la instrucción del presidente Iván Duque, estar al lado de la comunidad en el momento oportuno en los que se presentan estas emergencias", dijo el funcionario del orden nacional.Un balance entregado por las autoridades municipales da cuenta que fueron 200 familias damnificadas, 60 viviendas en riesgo de colapso y 40 destruidas luego las fuertes lluvias y el desbordamiento del Río Combeima en la capital del departamento del Tolima.Muchos ibaguereños han entregado hasta el momento kits con alimentos no perecederos en el cañón del Combeima y en barrios como el Matallana Baltazar e Industrial.Cabe resaltar que la administración municipal también ha entregado utensilios de cocina de aseo entre otros elementos.Los ciudadanos interesados en hacer donaciones de alimentos no perecederos ropa en buen estado cobijas almohadas y elementos de aseo personal o kit de cocina lo pueden hacer directamente con las familias afectadas en los puntos donde ya se hace presencia las autoridades como Policía y Ejército o también los pueden dejar en las instalaciones de la alcaldía municipal en Ibagué.Cabe recordar que mientras los organismos de emergencia en Ibagué atienden a los damnificados de la creciente del río Combeima, los delincuentes ya hacen de las suyas y desocupan las viviendas que quedaron abandonadas por riesgo a un posible colapso.La Alcaldía de Ibagué, la Ungrd, Cortolima, Gobernación del Tolima y demás entidades competentes, adelantan un nuevo consejo municipal extraordinario de gestión del riesgo, para establecer las acciones a emprender junto con el Gobierno Nacional.
La situación se presentó en Sherbrooke, Canadá, donde un hombre, de aproximadamente 35 años, asistió con su esposa a una farmacia, donde esta fue vacunada contra el COVID - 19, sin embargo, la situación causó molestia en él y agredió a la enfermera que suministró la dosis.Según reportaron medios locales, como ICI Estrie, el hombre al ver que a su esposa le aplicaron la vacuna, supuestamente sin consentimiento, atacó a la profesional de la salud y le propinó varios golpes en su cara.El agresor logró escapar antes que llegara la Policía, razón por la cual es buscado por las autoridades.Los testigos de la situación señalaron algunos rasgos físicos del personaje, ya que no pudo ser registrado por las cámaras de seguridad. Una estatura promedio de 1,81 m, cejas grandes, cabello y ojos oscuros. Según el portavoz de la Policía de Sherbrooke, Martin Carrie, tenía también un tatuaje de cruz en su mano.Escuche: FreeBuds 4: los audífonos inteligentes que analizan tu oído y graban sonidos en full HD
