A juicio del Ministerio Público, la exfuncionaria lesionó la autoestima e integridad moral de los servidores, por tanto, demeritó su valor personal y laboral mediante un maltrato constante.
La procuradora Martha Reyes, delegada para el caso, dijo que dando estricta aplicación a la ley penal vigente, el fiscal debe solicitar la medida nuevamente ante un juez de control de garantías.
Las víctimas presentaron recurso de reposición ante la decisión del magistrado, esto porque consideran que Mario Montoya debe comparecer ante la justicia ordinaria de manera individual.
La tutela fue negada inicialmente por el Consejo de Estado al considerar que no se podía pedir la personería con base en las votaciones a la Presidencia.
En reunión con la CIDH, el fiscal les informó que el organismo creó una estrategia de investigación con 11 líneas destacadas para casos que se presentaron en manifestaciones violentas en el país.
La Procuraduría también argumentó que esta controversia es eminentemente económica y no hace relación a una grave vulneración de los derechos fundamentales esenciales.
Con las pruebas de maltrato y violencia, un fiscal presentó a estas dos personas ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de homicidio agravado y violencia intrafamiliar agravada.
Familiares y amigos de Ana María Castro habían rechazado la posibilidad de que Paul Naranjo y Julián Ortegón quedaran libres por vencimiento de términos.
La queja interpuesta por la ministra señala que el juez actuó de manera irregular al asumir una competencia que no le establece la ley para el trámite de una acción legal.