A través de un correo electrónico dirigido al presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, magistrado Julio Andrés Sampedro, la ministra de las TIC, Karen Abudinen, le pidió que inicie las investigaciones del caso contra el juez primero promiscuo de Puerto Colombia, Alberto Mario Ospino Soto, quien decretó como medida cautelar suspender la caducidad del contrato con Centros Poblados por 1.07 billones de pesos.
El magistrado le remitió por competencia a la presidenta de la Comisión Seccional del Atlántico, María José Casado Brajin, para que se le dé trámite a la queja y determine si hay razones para investigar al juez Ospino Soto.
La queja interpuesta por la ministra señala que el juez actuó de manera irregular al asumir una competencia que no le establece la ley para el trámite de una acción legal, igualmente que tomó decisiones contrarias a la ley, como la suspensión de un acto administrativo como lo es la declaratoria de caducidad del contrato con Centros Poblados, por lo que podría estar incurso en una falta disciplinaria e, incluso, de carácter penal.
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Cabe recordar que el mismo juez Alberto Mario reversó su propia decisión de suspender de forma provisional la caducidad del contrato del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con el consorcio Unión Temporal Centros Poblados, en una tutela interpuesta por el representante legal de la entidad, Luis Fernando Duque.
En su decisión, el juez remitió el caso al juez civil del circuito de Barranquilla, para que “conozca de la presente acción de tutela y sea sometida al reparto respectivo, por intermedio de la Oficina Judicial”, con lo cual corrigió su propio error que le causó la denuncia de la ministra.
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