La sala civil determinó que la petición de Prada "se torna improcedente" toda vez que su proceso se encuentra pendiente de decisión de la Sala Penal para enviarlo a la Fiscalía ante su renuncia al Congreso el pasado 21 de abril.
La Corte evaluó testimonios, chats, correos y extractos bancarios que las empleadas del Congreso de la República que comprueban que entregaban parte de su salario oficial o los destinaban a gastos que les eran señalados por la representante.
Así lo estableció Blu Radio, tras conocer una constancia secretarial del alto tribunal en la cual pone en conocimiento de los consejeros de Estado sobre las acciones constitucionales que se han repartido a cada despacho.
La Procuraduría ordenó la práctica de algunas pruebas, tales como la acreditación del senador Alexander López y una solicitud a la Policía del Valle para que informe las circunstancias en que intervino el senador.
La acción disciplinaria inició, luego de que el pasado 23 de mayo autoridades incautaran en isla de Providencia una aeronave que contenía un cargamento de 446 kilos de clorhidrato de cocaína y $102.752.000 millones.
La solicitud fue hecha dentro del incidente de desacato promovido por manifestantes en la tutela que interpusieron ante el Tribunal Superior de Bogotá, que amparó el derecho a la protesta pacífica.
BLU Radio conoció en primicia que hay serios problemas de constitucionalidad y de violación del principio de precaución, que advirtió el consejero Ramiro Pazos en su ponencia.
Las autoridades investigan versiones de organizaciones sociales que aseguran que la menor habría denunciado, antes de morir, que agentes de la Policía la violentaron sexualmente.
La Corte dispuso el 21 de agosto de 2020 que se presentó una vulneración del derecho al buen nombre de la Décima Séptima Brigada del Ejército Nacional y de sus integrantes.