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La Corte Suprema de Justicia dio 15 días al Gobierno para que informe las acciones o instrucciones que ha dado a la fuerza pública desde el 28 de abril para contrarrestar las marchas en el país.
Igualmente, las acciones desplegadas para evitar el uso desproporcionado de la fuerza pública, cronograma de reuniones de alto nivel con órganos de control, defensores de derechos humanos y organismos internacionales donde se haya tratado el tema de uso de la fuerza estatal en las manifestaciones pacíficas.
La solicitud fue hecha dentro del incidente de desacato promovido por manifestantes en la tutela que interpusieron ante el Tribunal Superior de Bogotá, que amparó el derecho a la protesta pacífica.
La Corte Suprema indicó que a pesar de que el trámite de desacato le corresponde definirlo al Tribunal Superior, es pertinente complementar las solicitudes que hizo antes de entrar a decidir sobre el incidente de desacato.
En tal sentido, pidió evaluar la situación del compromiso del Gobierno Nacional y las autoridades locales y regionales sobre la situación actual de las personas afectadas durante los actos de protesta en cada municipio y departamento y los riesgos existentes frente al incremento de la violencia como el vandalismo, bloqueos viales y el exceso desproporcionado del actuar del Esmad y, en general, de la fuerza pública.
Así mismo, si existe o no un plan metodológico que aborde las investigaciones penales y disciplinarias a partir de un contexto sistemático, generalizado y grave de abuso de la autoridad y violación de los derechos humanos y, de no ser así, que las autoridades expliquen las razones por las cuales no se abordó ese enfoque.
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Vea la solicitud de la Corte Suprema:
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